Exiliado en México desde 1980. Escapó de la muerte en Guatemala tras sobrevivir a la lista negra del Ejército Secreto Anticomunista. Carlos Figueroa Ibarra, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla (México), visitó el país para participar en el IV Congreso Nacional de la Red Universitaria por la Paz, que se llevó a cabo la semana pasada en Bogotá.
Dialogó con El Espectador sobre la experiencia de vinculación de la sociedad civil en el conflicto guatemalteco, su incidencia en el escenario de la posguerra y las similitudes y diferencias con las actuales propuestas del Gobierno colombiano para manejar el orden público en el país.
¿Qué fueron las Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala? Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fue la organización de población básicamente campesina en función de la lucha contrainsurgente.
El objetivo fue que, a la par de los 40.000 soldados regulares que tuvo el Ejército guatemalteco en el contexto del conflicto armado, las PAC funcionaran como un dispositivo auxiliar para poder realizar labores de contrainsurgencia. En 1980 las PAC llegaron a tener 12.000 efectivos. El general Efraín Ríos Montt, quien gobernó el país entre 1982 y 1983, elevó la cifra de 400.000 a 1 millón de personas en 1986.
¿Las PAC fueron establecidas legalmente? Sí. Fueron un dispositivo legalizado por toda la maquinaria jurídica contrainsurgente en Guatemala. Y creo que, por su legalidad y su forma de funcionamiento, esta experiencia se asemeja a lo que he visto que en Colombia se quiere hacer con la red de informantes.
Jurídicamente, ¿qué funciones tenían asignadas las PAC? Funciones de vigilancia, supervisión de movimiento de personas y, en general, control de las comunidades. Cumplían una función de denuncia y tenían que rendir cuentas al jefe de la base militar más cercana. Pero también son sindicadas, de acuerdo con los datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, de un número muy significativo de masacres, ejecuciones y desapariciones. La diferencia con la red de informantes que se quiere hacer en Colombia, es que las PAC estaban armadas.
¿El reclutamiento de efectivos de las PAC fue forzoso? Sí. Aunque después dijeron que eran comités voluntarios de defensa civil, fue población reclutada forzosamente por el Ejército. Aunque no estaban acuartelados ni uniformados, tenían que cumplir un determinado número de jornadas de vigilancia y de actuación a la semana. Además, había una presión de carácter informal pero mucho más efectiva: en el seno de una comunidad indígena, quien dijera que no quería pertenecer a las PAC era una persona condenada a muerte. Aunque para el sector dirigente de las PAC ser de esa organización tenía privilegios: ejercían liderazgo en el poder local, incluso tenían la posibilidad de apropiarse de tierras de desplazados internos, y una relación fluida con los mecanismos de represión del Estado que les daba cierta preeminencia a nivel local. Las PAC sirvieron no sólo para actuar contra la guerrilla, también dirimían conflictos domésticos, de linderos o problemas personales dentro de la comunidad.
¿Cómo analiza las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano en materia de seguridad? Pese a las diferencias que existen entre el caso colombiano y el guatemalteco, la idea esencial es parecida: colocar población civil entre el Estado, representado en sus Fuerzas Armadas, y la insurgencia.
Es decir, que la población civil sirva como un colchón de contención.
Estas medidas son una forma de disputarle a la insurgencia lo que es fundamental en una guerra interna: la población. Es la disputa de las masas y la organización de población civil en función de contrarrestar la labor de la insurgencia.
Usted afirma que, tras la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, estas experiencias se heredaron a la sociedad posconflicto. ¿A qué se refiere? Este es un asunto muy importante y creo que para los colombianos debe ser una experiencia a ser examinada con cuidado para ver las repercusiones futuras. Armar a la población civil, u organizarla como dispositivo contrainsurgente, tiene implicaciones diversas. Se crea a nivel de las comunidades un poder local que tiene vasos comunicantes con aparatos represivos del Estado, y que ejerce acciones arbitrarias, no necesariamente contrainsurgentes. Pero hay otro elemento más grave: que toda esta maquinaria, aun después del conflicto, queda organizada informalmente, con lealtades recíprocas, que pueden convertirla en un dispositivo electoral y de acarreo de votos en función de determinado candidato. Y creo que este es un riesgo que está presente en Colombia.
¿Qué efectos tuvo esta experiencia en la sociedad guatemalteca posconflicto? Hay tres ejemplos claros. La paz en Guatemala se firmó en 1996 y las PAC dejaron de existir en el transcurso de las negociaciones. Sin embargo, en 1995 esa red informal fue utilizada para apoyar al candidato del partido del general Efraín Ríos Montt, el actual presidente Alfonso López Portillo. Aunque no ganó, sacó una votación muy alta que evidenció cómo esas redes de relaciones con los antiguos patrulleros de las PAC ya estaban presentes. De igual manera, en la consulta popular de 1999 para incorporar o no reformas constitucionales que recogieran el espíritu de los acuerdos de paz, ganó el No. Y es sabido que en la consulta popular esta red de relaciones estuvo presente. Y ahora, para las elecciones presidenciales de 2003, el Frente Republicano Guatemalteco, el partido de Ríos Montt y del cual hace parte el actual presidente López Portillo, quiere romper con una maldición de hace 40 años: la falta de continuidad en el gobierno, pues partido que gana las elecciones, siempre es derrotado después. Y creo que lo harán utilizando aproximadamente 350.000 patrulleros como dispositivo no sólo para votar sino para forzar a poblaciones a hacerlo por determinado candidato. Incluso el gobierno planteó, como una forma de movilizar toda esta fuerza, darles un resarcimiento económico a los ex patrulleros de las PAC por los servicios prestados durante la contrainsurgencia. Esto las ha vuelto a organizar de manera formal para gestionar ese resarcimiento económico.
Es un sistema de redes clientelares entre Estado y PAC: yo te doy pero tú me ayudas a generar votos a favor.
El conflicto colombiano se diferencia de las experiencias centroamericanas en que la violencia contra la población civil proviene de todos los actores armados. ¿Cree que esto legitima las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano? En efecto, la gran diferencia entre el caso colombiano y el centroamericano es que en este último el actor fundamental de esa violencia ha sido el Estado. En Colombia hay múltiples actores ejerciendo violencia: el Estado, la insurgencia, las bandas de sicarios, las autodefensas, el narcotráfico. Y esto crea una situación muy compleja, porque este tipo de medidas entorpecen cualquier proceso de negociación porque agregan un problema en que todos están involucrados.
Pero lo que veo es que este tipo de medidas son una justificación para evadir un problema espinoso que es el de la impunidad.
¿Por qué? En términos generales, los conflictos internos han terminado con impunidad. En Uruguay terminó con un plebiscito que votó por olvido. En Chile todo se solucionó con leyes de perdón y olvido, y obediencia debida. En El Salvador se hizo un recuento de las violaciones a los DH por una Comisión de la Verdad, pero de los señalamientos no se desprendió ninguna acción jurídica. Y en Guatemala el acuerdo fue que la comisión de esclarecimiento histórico mencionaría los hechos pero no individualizaría responsabilidades. Este tipo de soluciones pueden ser prácticas en el sentido de que viabilizan un escenario de posguerra pues, como no hay gente que se siente amenazada, no se conspira para entorpecer ese escenario que se ha construido. Pero los efectos son tremendos en la sociedad, en las víctimas sistemáticas del conflicto. El problema es que, cuando no se castiga a todos los que participaron en los desafueros, el aparato de terror permanece. Como me dijo un funcionario en el caso guatemalteco, "es un monstruo que sabe hibernar y de cuando en cuando salir de su caverna, dar un zarpazo y regresar a su guarida". La impunidad alienta a los actores del terror.
¿Qué opinión le merece la reserva que hizo el Gobierno colombiano frente a la CPI, sobre la base de no cerrarle las puertas a una posible negociación? La paz no se puede conseguir a cualquier costo y menos sobre la base de la impunidad. La apuesta de ese tipo de acciones es no irritar a una de las partes, que es la que se ha visto involucrada en las violaciones de DH. Pero a la par, lo que sucede es que la sociedad no ajusta cuentas consigo misma, las víctimas no logran resolver el asunto y el problema continúa en la posguerra. Y en los casos más tremendos el aparato del terror sigue siendo un factor de poder. Yo me imagino un escenario de la posguerra en Colombia donde, a lo mejor, los distintos actores digan borrón y cuenta nueva. Pero lo único que hará es que esos actores estén con la mano abierta para seguir actuando igual en un escenario de posguerra. Aunque es claro que, en una guerra, los juicios se han podido hacer sólo cuando una de las partes se ve derrotada militarmente, por ejemplo, como los Juicios de Nüremberg contra los nazis.
Los dos factores que originaron el conflicto guatemalteco, la miseria y el autoritarismo, han escalado. ¿No fue la paz que esperaban? Los saldos son ambiguos en Guatemala, y aunque todos los sueños que tuvimos los que nos involucramos en exigir un cambio en el país no se vieron cumplidos, hay que decir que Centro América ya no es la misma de antes. Ahora la situación de los pueblos indígenas es mejor y, aunque el aparato de terror se ha mantenido, por lo menos está agazapado y metido en una caverna. Antes actuaba en las calles y de la manera más impune.
Las elecciones eran fraudulentas y hoy son libres y limpias. La oposición legal era asesinada, y hoy es respetada.
¿No es paradójico que sea precisamente la guerra la que genere esos posibles escenarios de cambio? Sí. Pero hago votos porque, de aquí a unos años, en Colombia se pueda decir lo mismo. Sin embargo, en Colombia el conflicto todavía está muy caliente, aún tienen que llegar a aquel punto en que las partes reconozcan que no se pueden derrotar militarmente y decidan negociar seriamente. Y eso dependerá de cómo le vaya a Uribe en el desarrollo de la guerra y de cómo les vaya a las Farc aguantando esta confrontación.
[Fuente: Por Laura Zapata, diario El Espectador, Bogotá, Col, 31otc02] --------------------------------------------------------------------- ii) EL GOBIERNO FRANCES NO DESMIENTE QUE HAYA UNA INTERMEDIACION PARA UN CAJE DE PRISIONEROS ENTRE LAS FARC Y EL GOBIERNO COLOMBIANO.
París "no tiene ningún comentario" que hacer sobre la eventual participación de Francia en negociaciones para intercambiar prisioneros entre el poder y la guerrilla en Colombia, indicó el lunes el ministerio de Relaciones Exteriores francés.
"No hago comentarios sobre artículos de prensa", declaró el portavoz del ministerio, François Rivasseau, interrogado sobre informaciones dadas por fuentes gubernamentales en Bogotá y la prensa colombiana sobre la eventual participación de Francia en negociaciones para un intercambio de prisioneros.
Rivasseau dijo, sin embargo, que el gobierno francés está actuando para tratar de obtener la liberación de la ex candidata de los Verdes a la presidencia colombiana, Ingrid Betancourt. "El gobierno mantiene una gran vigilancia respecto a la situación de la señora Ingrid Betancourt y trata, con sus gestiones, de obtener la liberación de nuestra compatriota".
Añadió que París ha tenido "en los últimos meses contactos a todos los niveles con las autoridades y la administración colombiana". Secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) el 23 de febrero, Betancourt, ex esposa de un diplomático francés, posee la nacionalidad francesa. Fuentes oficiales en Bogotá dijeron a la AFP que Francia se encuentra en la primera línea para un intercambio de prisioneros entre el gobierno y la guerrilla en Colombia, con un proyecto secreto sobre el envío de rebeldes a ese país.
El gobierno del presidente Alvaro Uribe ha entrado en contacto desde hace un mes "con países extranjeros, en especial Francia", para facilitar un intercambio de rehenes de las FARC y los guerrilleros detenidos en las prisiones del país, según dijo la misma fuente oficial a la AFP. Otra fuente gubernamental, que también solicitó el anonimato, confirmó la existencia de "contactos al más alto nivel" entre París y Bogotá en el mismo sentido.
Las FARC tienen en su poder a unos 800 civiles, 23 políticos, entre ellos a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, y 47 oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía. 300 rebeldes purgan penas de prisión en este país andino. De lograrse tal acuerdo, permitiría a los rebeldes liberados ser transferidos a Francia, a cambio de la liberación de todos los rehenes que mantienen las FARC, precisaron las mismas fuentes a la AFP. Bogotá no ha ocultado jamás su intención de lograr un acuerdo que permita el intercambio humanitario entre los rehenes de las FARC y los guerrilleros detenidos en las prisiones de Colombia, pero siempre bajo el auspicio de la ONU.
La guerra civil en Colombia ha dejado más de 200.000 muertos en 38 años, con un promedio de 3.000 secuestros de civiles por año.
[Fuente: Agencia AFP, Paris, Fra, 04nov02] --------------------------------------------------------------------- iii) FRANCIA ESTARIA EH PRIMERA LINEA DE UN INTERCAMBIO DE PRISIONES EN COLOMBIA.
Francia se encuentra en la primera línea para un intercambio de prisioneros entre el gobierno y la guerrilla en Colombia, con un proyecto secreto sobre el envío de rebeldes a ese país, dijeron fuentes oficiales a la AFP. La embajada de Francia en Bogotá, contactada el domingo por la AFP, afirmó "no tener ningún comentario" a propósito de esta hipótesis, mencionada hoy por el semanario el El Espectador de Bogotá.
El gobierno del presidente Alvaro Uribe ha entrado en contacto desde hace un mes "con países extranjeros, en especial Francia", para facilitar un intercambio de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), y los guerrilleros detenidos en las prisiones del país, según dijo la misma fuente oficial a la AFP. Otra fuente gubernamental, que también solicitó el anonimato, confirmó la existencia de "contactos al más alto nivel" entre París y Bogotá en el mismo sentido.
Las FARC tienen en su poder a unos 800 civiles, 23 políticos, entre ellos a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, y 47 oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía. 300 rebeldes purgan penas de prisión en este país andino.
De lograrse tal acuerdo, permitiría a los rebeldes liberados ser transferidos a Francia, a cambio de la liberación de todos los rehenes que mantienen las FARC, precisaron las mismas fuentes a la AFP.
Antes de la ruptura en febrero de los diálogo entre las FARC y el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe, Francia integró un grupo de diez países encargados de aportar sus "buenos oficios" para mantener esas conversaciones en Colombia. Esos contactos de "facilitación" tuvieron como escenario la zona desmilitarizada de 42.000 km2, tan grande como Suiza, ubicada a unos 700 km al sur de Bogotá.
"Dominique de Villepin, ministro francés de Relaciones Exteriores, respetado en todos los círculos políticos europeos, está ayudando en la búsqueda de alternativas", aseguró El Espectador. Alvaro Uribe "también busca la ayuda del Vaticano" en el marco de sus contactos internacionales, agrega el semanario.
Francia sería el país más viable, "por su presión para la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt", secuestrada desde hace ocho meses por la guerrilla, según ese medio de prensa. Bogotá no ha ocultado jamás su intención de lograr un acuerdo que permita el intercambio humanitario entre los rehenes de las FARC y los guerrilleros detenidos en las prisiones de Colombia, pero siempre bajo el auspicio de la ONU.
Secuestrada por las FARC el 23 de febrero pasado, Ingrid Betancourt fue vista con vida una sola vez en la televisión el 23 de julio, al lado de Clara Rojas, su directora de campaña, en un video que fue grabado el 15 de mayo por los guerrilleros.
La guerra civil en Colombia ha dejado más de 200.000 muertos en 38 años, con un promedio de 3.000 secuestros de civiles por año.
[Fuente: Por Jacques Thomet de la agencia AFP, Paris, Fra, 03nov02]