Las gestiones de los organismos internacionales para lograr una salida a la provocación fascista y reaccionaria que amenaza a Venezuela se diluían ante los provocativos anuncios de la oposición fascista de salir a las calles y considerar la posibilidad de adelantar la anunciada huelga general indefinida, y que sigue sin fecha porque no consiguen el apoyo popular, en protesta por la decisión del gobierno del presidente Hugo Chávez de intervenir la policía de Caracas.
Con la medida, el gobierno le arrebató el control de la policía al fascista y traidor alcalde de Caracas, Alfredo Peña, que se atrevió a calificar esta decisión del gobierno como "una acción inconstitucional", de una Constitución que dice que hay que derogar por no favorecer los intereses de la derecha económica fascista.
Los ya conocidos grupos de alborotadores pagados por la supuesta "Coordinadora Democrática" salieron a la calle y profirieron insultos contra el legítimo presidente Hugo Chávez Frías. "Chávez quiere acabar con la policía para poder matarnos" era una de las consignas coreadas por estas bandas paramilitares, para obstaculizar la labor de militares que allanaron las principales sedes policiales de la capital.
Esta nueva medida de seguridad tomada por el gobierno amenaza con truncar el diálogo que mantienen con la oposición, promovido por el secretario general de la OEA, César Gaviria, que busca lograr una salida electoral que evite un desenlace violento.
La fascista "Coordinadora Democrática", descartaron "por ahora" la posibilidad de abandonar la mesa de negociaciones, pero dijeron que van a "instrumentar una serie de acciones de calles para demostrar nuestra inconformidad".
Américo Martín, uno de los seis negociadores fascistas, afirmó que no "abandonaremos la mesa de negociación, como tampoco podemos permitir que cosas como está continúen sucediendo".
El proceso de diálogo se ha desestabilizado desde el pasado día 11 de noviembre, tras los ataques sufridos por cabecillas fascistas de la secta de la iglesia católica y los violentos disturbios que sucedieron a comienzos de semana en Caracas.
La línea de mando de la Policía Metropolitana de Caracas se encuentra en un limbo luego que los jefes de las principales unidades del cuerpo desconocieron el sábado la autoridad del gobierno del presidente Hugo Chávez para destituir a sus comandantes y nombrar un nuevo alto mando policial.
El destituido comandante, Henry Vivas es nuestro "legítimo líder y una vez más quiero ratificarle mi apoyo", dijo Emigdio Delgado, quien rechazó su nombramiento como nuevo director de la fuerza policial de parte del ministro de Interior y Justicia.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Alcides Rondón, anunció el nombramiento del comisario Gonzalo Sánchez en el cargo de comandante de la policía, el tercero en un lapso de 24 horas.
El gobierno, en tanto, ordenó el despliegue de tropas y vehículos blindados del ejército y la guardia nacional para tomar el control de la sede principal de ese cuerpo de seguridad y las comisarías ante el evidente desacato de los parapolicías de las nuevas autoridades designadas por el gobierno.
El ministro Cabello reconoció que "existe un cierto clima de incertidumbre entre los policías, pero esto se resolverá en las próximas horas". Indicó que la Guardia Nacional tomará el control de la policía para evitar nuevos enfrentamientos entre policías.
El mandatario venezolano ha acusado a parte de la policía de ser utilizada por sus opositores como "instrumento de perturbación" y de "atropellar" a sus partidarios, quienes casi a diario se concentran en sitios públicos y bloquean calles para manifestar en favor del gobierno.