Nelson Cesin
Brecha

Un sindicato -la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (adeom)- que aplicó una "metodología de lucha" cuya irracionalidad contribuyó a desenfocar su legítimo reclamo y terminó volcándose a un pueblo en su contra. Un gobierno municipal de izquierda que mostró en las relaciones con sus trabajadores una conducta errática y contradictoria, y que jamás contó con el respaldo explícito de la fuerza política que representa, el Frente Amplio (FA). Una fuerza política que, en los umbrales del gobierno nacional, fue incapaz de resolver su ubicación en este conflicto de intereses, propició a un tiempo el respaldo a los "compañeros del gabinete" y a "los compañeros del sindicato" y demostró cuánto le cuesta acompasar su voluntad con su responsabilidad de gobierno.
Una fuerza política y su administración municipal que, a caballo de sus contradicciones, contribuyeron a propagar el incendio que querían evitar. La esquizofrenia política y la irracionalidad sindical con que se encararon este conflicto salarial derivaron en éstas y otras tantas paradojas, incluida la de su resolución, que supuso la derrota política -de un modo u otro- de "todos los compañeros". Hay muchos que están tomando debida nota de los enormes déficit del conjunto de la izquierda en este conflicto, sobre todo en materia de su real capacidad de gobierno en momentos sumamente críticos.
LA MADRE DEL BORREGO. La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) firmó en diciembre de 2001 un convenio con sus funcionarios que, entre otos beneficios, establecía un reajuste salarial semestral por el 100 por ciento del ipc, o cuatrimestral, en caso de que la inflación se ubicara por encima del porcentaje que efectivamente alcanzó. En marzo de este año la IMM ya sabía que el convenio era impagable, según admitió el director comunal Ernesto de los Campos, primer suplente del intendente Marino Arana (véase entrevista en BRECHA, 11-X-02, páginas 14- 15). Entonces De los Campos esgrimía como motivo del incumplimiento la bancarrota económica y financiera del país a partir de julio, lo cual reducía notoriamente los ingresos del municipio, sin perjuicio de reconocer el "error político" del ejecutivo comunal al firmar un acuerdo de ese tipo en momentos en que la propia izquierda pronosticaba un panorama económico desastroso. Sostuvo además, de manera sugerente, que el convenio no había sido respaldado por la unanimidad del gabinete municipal, y agregaba que entre los motivos principales para firmarlo estaba el de "comprar paz sindical".
El socialista De los Campos fue el único jerarca municipal en plantear públicamente y con crudeza la disyuntiva que se avecinaba (aunque sus conceptos fueron con frecuencia matizados por otros integrantes del gabinete, incluido el intendente Arana): cumplir con el convenio, sostuvo, supone aplicar un "mazazo impositivo" que la "población montevideana no está en condiciones de soportar". El municipio de izquierda, siguiendo su lógica de razonamiento, ya no podía contemplar a un tiempo los intereses de la población y el de sus funcionarios, como lo había hecho en los 12 años precedentes, y había llegado el momento de realizar una "dolorosa opción de gobierno" en favor del "interés general de la población".
Desde la perspectiva del FA, esa opción resultaba doblemente dolorosa: implicaba recurrir a la rebaja salarial de los funcionarios (o utilizar la fuerza laboral como "variable de ajuste"), un recurso históricamente rechazado por los postulados de la izquierda, al tiempo que un incumplimiento del convenio suponía minar la credibilidad de los futuros compromisos electorales de las fuerzas progresistas.
A partir de ésas y otras cavilaciones, el conflicto en ciernes enfrascó al FA en un berenjenal conceptual sin solución de continuidad. ¿Quién es el encargado de ejercer el gobierno, la fuerza política o el gabinete municipal? ¿Cuál debe ser el papel del FA en una situación de conflicto como la planteada, mediar y contemplar los intereses de trabajadores y autoridades, o respaldar la gestión de su gobierno? ¿La administración municipal, en momentos de crisis, debe privilegiar los intereses de sus funcionarios a los de la población, o viceversa? Los dilemas atravesaron el FA de un extremo a otro, y su falta de resolución operó como una de las principales mechas del incendio posterior.
Una vez planteado el conflicto de intereses, el FA en su conjunto no quiso o no supo optar por el respaldo a la conducta del gobierno municipal que lo representa; eligió en cambio el camino de los dobles o triples mensajes, conducta que alimentó la idea de que se estaban legitimando las demandas sindicales en detrimento de las posturas sustentadas por las autoridades municipales. En los hechos, varios "compañeros" del gabinete sintieron que quedaban "colgados del pincel" ante la opción del FA por los intereses de los "compañeros" del sindicato. La izquierda se comportó en esta ocasión como lo acaban de hacer los blancos con respecto a sus socios colorados: "A este gobierno lo puse yo, pero no soy responsable de su conducta ni de sus resultados", pareció ser el mensaje.
Esta confusión de lealtades (hija de otras confusiones históricas, como la hermandad política entre partido y sindicato, que la izquierda pudo administrar sin accidentes mientras era oposición) llegó a un punto sin retorno cuando dos semanas atrás adeom arrancó del presidente del FA, Tabaré Vázquez, el compromiso público de que el convenio habría de cumplirse. Algo similar había dicho por esos días el intendente Arana para salir del paso, pero nadie podía desconocer la potencialidad política cargada de futuro del nuevo compromiso. Más allá de sus intenciones, la palabra empeñada de Vázquez, sumada a la estrategia prescindente de sectores de peso del FA, potenció las demandas de adeom y ambientó su escalada confrontativa: en su asamblea del 17 de setiembre, tres días después de aquel compromiso de Vázquez, el gremio municipal encomendó a sus dirigentes lanzar la huelga desde el 24 de octubre, en caso de que la IMM no respetara íntegramente las condiciones del convenio, cosa que finalmente ocurrió. A esa altura había abundantes indicios de que el conflicto se encaminaba hacia un callejón sin salida, y ninguno de sus actores podía desconocer las características "aguerridas" de un gremio que, aun en épocas de bonanza y de guiños complacientes por parte de sus "patrones", había demostrado una formidable capacidad de batalla, con métodos de barra brava, en pos de sus reivindicaciones.
EL BORREGO ANDA EXALTADO. En la última semana el enfrentamiento cambió radicalmente su lógica (¿por razones casuales o causales?), muchos "compañeros" del sindicato se revelaron contra los mandatos de los "compañeros" del partido, y la izquierda en su conjunto padeció uno de sus mayores papelones políticos. La irracionalidad sindical y la esquizofrenia política se apoderaron del conflicto. El gremio pretendió difundir y convencer sobre la pertinencia de la huelga recurriendo a la seducción de la fuerza; quiso persuadir de la obligación de respetar lo pactado mediante el agravio constante contra sus interlocutores; quiso demostrar la firmeza de su conducta, la espesura moral de su medida, ofreciendo facilitar el ingreso a la comuna sólo del personal encargado de liquidar sus sueldos; propició el ambiente ideal para la ocurrencia de graves incidentes en las puertas de la comuna, y aun puertas adentro de la sede sindical, pero luego deslindó invariablemente su responsabilidad en esos episodios. adeom, en otras palabras, parecía controlada por el enemigo.
En esas especialísimas circunstancias, la conducción municipal atravesó la etapa de mayor aislamiento político. El intendente aseguró en la mañana del lunes 28 de octubre, a la salida de la reunión del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), que tenía el "respaldo pleno" de toda la fuerza política, una afirmación que horas más tarde era desmentida en la sesión de la Mesa Política (mp) del FA. Allí, y por tercera semana consecutiva, volvía a fracasar una moción de respaldo a la conducta de la IMM en el conflicto, producto de las severas divergencias entre los principales sectores frenteamplistas. En la valoración del Movimiento de Participación Popular (mpp), por ejemplo, la mayor responsabilidad por la situación correspondía al equipo de gobierno, que practicó un manejo "muy desprolijo" del conflicto y promovió el "enfrentamiento entre trabajadores y vecinos". El mpp no estaba dispuesto a "brindar un apoyo irrestricto a nadie", y creía que el FA debía adoptar una actitud mediadora sin inclinarse por ninguna de las partes en conflicto. En el otro extremo, la Vertiente Artiguista, el sector de Arana, promovía un "respaldo cerrado" a la gestión municipal, propiciaba un "cuestionamiento frontal" a las actitudes de adeom, jerarquizaba en medio del conflicto la prestación de los servicios básicos a la población y el mantenimiento de las políticas sociales, y se pronunciaba a favor de las mejoras salariales pero "en el marco de las posibilidades" de la comuna. Vázquez, a todo esto, se retiró de la reunión antes de que comenzara el debate.
Así las cosas, en la Mesa Política volvió a primar el pronunciamiento político por la vía de la ausencia de pronunciamiento. Ausencia que demostró la incapacidad del FA para enfrentar de manera conjunta una serie de episodios que transcurrían a una cuadra de su sede, pero cuya trascendencia política rebasaba las fronteras de Montevideo. La mayor fuerza política del país no pudo articular una respuesta acerca de si, por ejemplo, el convenio salarial debía ser reconocido o desconocido; de si era pertinente o no salvaguardar el derecho de quienes querían entrar a trabajar, y en caso de que lo fuera cómo instrumentarlo (¿recurriendo a la Policía?, ¿persuadiendo a los "compañeros" de los piquetes?); o si correspondía condenar o aplaudir los métodos de lucha empleados por el gremio.
El gabinete municipal, políticamente debilitado, quería operar desde otra lógica, la de la "responsabilidad" de gobierno, en el entendido de que estaba a prueba la capacidad de gobierno de la izquierda en momentos de turbulencia. "No podemos perder esta pulseada, porque si ahora claudicamos ante un sindicato la gente se preguntará, con razón, cómo haremos en un gobierno nacional para bancar la presión de cientos de gremios", decía un director municipal a BRECHA en medio de una balacera verbal en su contra.
Cabe por lo menos la duda de que la IMM haya demostrado capacidad de gobierno en medio de este incendio. El intendente Arana manifestó una y otra vez a lo largo de la semana su voluntad de diálogo y de negociación para salir del conflicto, a la vez que expresó su "profunda preocupación y el frontal rechazo por las violentas actitudes de algunos integrantes" de adeom, las cuales "no sólo han atentado contra el derecho constitucional a la libertad de trabajo, sino también han afectado la integridad física de funcionarios y no funcionarios municipales". Pero en la práctica el municipio mostró su desorientación a la hora de resolver qué y cómo haría para desterrar esas "violentas actitudes" y aplicar "el derecho constitucional a la libertad de trabajo", el cual no se pudo ejercer durante ocho días.
¿DÓNDE ESTÁ EL BORREGO? "Todos sabemos que en estos casos operan los servicios (de inteligencia) para cambiarnos los ejes de discusión", sostuvo el comunista Eduardo Arbes, secretario general de adeom, cuando se lo consultó sobre el atentado que casi cuesta la vida de un recolector de basura de la empresa Bimsa. El problema precisamente era identificar, después de tanto desconcierto, los "ejes de discusión", a cuya distorsión contribuyeron decisivamente "los servicios" prestados por la dirección sindical. Los "ejes de discusión", al menos desde la perspectiva de la población, habían trascendido notoriamente la negociación salarial, pero de algún modo había que regresar al punto de partida para devolver al conflicto un barniz de racionalidad.
La última oferta de la IMM demandó negociaciones múltiples, y terminó siendo acordada en una reunión entre el intendente y la bancada de senadores del EP-FA, en la noche del martes 29 de setiembre. El encabezamiento de la propuesta alude elípticamente a las condiciones demandadas por la mayoría de la dirección de adeom "para hacerla potable" ante una asamblea gremial ("Se cumple con el convenio de diciembre de 2001, en el marco de los acuerdos que realice la Comisión de Seguimiento sobre la base de...", se tituló la propuesta), pero su formulación no deja dudas de que se trata de un cumplimiento muy parcial del convenio o, visto de otro modo, de su incumplimiento futuro. En efecto, el planteo consiste en otorgar una partida única de mil pesos por funcionario y en incorporar al salario básico, a partir de marzo y abril de 2003, el incremento del 20 por ciento generado desde octubre pasado, pero condicionando ese aumento a determinados índices de recaudación de la comuna. El ejecutivo de adeom, en medio de una reunión tumultuosa, decidió por mayoría aceptar la propuesta como "base de negociación", articuló una contrapropuesta -que la comuna rechazó- y convocó para hoy, viernes, a una nueva asamblea, a efectos de resolver cómo organiza su retirada.
Es muy posible, para dolor de muchos, que la asamblea de hoy centre la expectativa pública en la dosis de sangre que pueda correr en las instalaciones del Cilindro. Pues, por lo demás, ya no caben dudas de que adeom perdió el conflicto de manera rotunda y en todos los planos imaginables. Su lógica de acción, asentada en el precepto de que el fin justifica los medios, terminó legitimando la conducta y los postulados de su "enemigo de clase".
La derrota del sindicato, en este caso, no significa un triunfo para el gobierno de izquierda. Más bien, y en un análisis en perspectiva, parece todo lo contrario. El tiempo lo dirá pero, entre las tantas derivaciones del conflicto, es posible esperar el descabezamiento de algunos directores municipales, el cobro recíproco de facturas entre las principales fuerzas del FA y el ajuste de cuentas entre los "compañeros" del sindicato y los del partido. Entre otros déficit, la capacidad de gobierno no emerge de este conflicto como uno de los principales atributos de la izquierda. Quizá el desafío para la izquierda resida en "trabajar" sus incapacidades, para superarlas, y no recurrir al frecuente y peligroso recurso de que ellas queden minimizadas por los horrores de la derecha en el gobierno nacional.