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El reciente homicidio de uno de los principales testigos de las investigaciones de la policía federal sobre los «escuadrones de la muerte» en el estado de Espírito Santo amenaza con eclipsar los escasos progresos realizados en el caso, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Manoel Corrêa da Silva Filho, sospechoso que testificaba contra miembros de la organización policial Scuderie Detetive le Coq (una organización que, según se cree, está implicada en delincuencia organizada, homicidios ilegítimos y violaciones de derechos humanos), fue golpeado hasta morir menos de dos horas después de ser trasladado a la prisión estatal de Cachoeiro, en Espírito Santo. Según los informes, su traslado no había sido autorizado por ningún juez, y la policía federal no dio a las autoridades de la prisión instrucciones sobre las medidas de seguridad que debía tener el recluso.
Amnistía Internacional ha declarado: «La manera en que la policía federal trató a un testigo tan importante fue, en el mejor de los casos, de una negligencia extrema, y en el peor, una posible complicidad». La organización ha instado al gobierno federal a garantizar que esta deplorable falta de seguridad y profesionalidad no se produce también en lo relativo a los defensores de los derechos humanos que luchan por poner fin a la impunidad en el estado y que han confiado su protección a las autoridades federales. «Hace dos meses, las autoridades federales informaron a Amnistía Internacional de su pleno compromiso de respaldar la presencia continuada de la delegación especial federal en Espírito Santo. Hoy, la muerte de un testigo clave en las investigaciones de la policía federal y la noticia de una drástica reducción de la fuerza policial federal en el estado arroja serias dudas sobre el compromiso real del gobierno federal y su capacidad de cumplir con su deber», ha añadido la organización, al tiempo que subrayaba que los progresos realizados hasta el momento en la investigación han sido en gran medida resultado de la presión constante ejercida por la sociedad civil.
Amnistía Internacional ha declarado: «El hecho de que las autoridades policiales del estado se hayan hecho cargo de investigar las circunstancias en torno al homicidio de Manoel Corrêa da Silva Filho plantea la cuestión de quién está realmente a cargo de llevar a cabo las investigaciones en el estado y poner fin a su largo historial de violaciones de derechos humanos e impunidad». Además, la organización ha añadido: «Es esencial que los miembros de la Fiscalía Federal se responsabilicen de todas las investigaciones en torno a éste y otros incidentes».
Aunque Amnistía Internacional es consciente de que el Ministerio de Justicia ha tomado medidas -como la destitución del director de la delegación federal especial en el estado- para poner remedio a algunos de los motivos de preocupación suscitados por el reciente homicidio, la organización se siente consternada al observar que ha sido necesario el homicidio de un testigo esencial para que las autoridades demuestren que se toman en serio su responsabilidad para con la situación en Espírito Santo.
Información general
Este mismo año, el Consejo Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos del Ministerio de Justicia federal recomendó una intervención federal completa en Espírito Santo. Amnistía Internacional manifestó su satisfacción ante esta medida, por considerarla un paso crucial en la lucha contra la delincuencia organizada, las violaciones de derechos humanos y la impunidad en Brasil (comunicado de prensa AMR 19/009/2002/s, publicado en el Servicio de Noticias 115/02, del 5 de julio de 2002; pueden encontrarlo en http://www.edai.org/centro/news.html).
No obstante, el procurador general federal se retractó de su decisión de seguir adelante con esto tras mantener una reunión con el presidente Fernando Henrique Cardoso. Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la posibilidad de que la decisión del procurador general estuviera directamente influenciada por consideraciones políticas y electorales, ya que no se ha hecho público ningún motivo judicial aparente (comunicado de prensa AMR 19/010/2002/s, publicado en el Servicio de Noticias 117/02, del 9 de julio de 2002; pueden encontrarlo en http://www.edai.org/centro/news.html).
El ministro de Justicia, el director de la policía federal y numerosas autoridades federales más dimitieron de sus cargos como protesta por esta decisión. En lugar de llevar a cabo una intervención federal completa, el nuevo ministro de Justicia envió una delegación especial de investigación al estado. Esta delegación especial, compuesta principalmente por agentes de la policía federal, tiene como mandato investigar la delincuencia organizada y proteger a quienes corren peligro.