Traducción de un análisis de Stratfor sobre las medidas aplicadas hace pocos días por el gobierno norteamericano, que ponen en evidencia la "toma" de control de buena parte de la soberanía y la independencia políticas de Colombia, como contrapartida a la ayuda financiera para la guerra, entregada por parte del imperialismo norteamericano, con el beneplácito del gobierno de Uribe Vélez
Stratfor, noviembre 15 de 2002

Sumario
La administración Bush ha tomado la determinación de rediseñar la política colombiana de defensa y seguridad con el fin de obtener los mayores beneficios. También espera que Colombia haga las próximas compras relacionadas con su seguridad en Estados Unidos. Los colombianos están entendiendo poco a poco que el precio que tendrán que pagar por el incremento de la ayuda militar y económica de Estados Unidos es la pérdida de buena parte de su independencia y de su soberanía políticas.
Análisis
La mayor parte de las medidas recientes tomadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. y el Pentágono indican que la administración Bush ha tomado la determinación de poner bajo su control las políticas de seguridad y defensa del presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez. Éste es el precio que Colombia tiene que pagar por la ayuda de Estados Unidos en la lucha contra los grupos guerrilleros y los traficantes de drogas. Algunos funcionarios colombianos están empezando a objetar lo que perciben como una pérdida de la soberanía y la independencia políticas.
El debilitamiento de la autoridad presidencial de Uribe Vélez por parte del gobierno de Bush incitará a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a otros grupos irregulares armados a luchar con mayor empeño, en el comienzo de la que probablemente será -- por lo menos en la próxima década -- la campaña de mayor envergadura en una guerra contrainsurgente que cuenta con el respaldo estadounidense. Está política podría echarle más gasolina al fuego y provocar gradualmente un incremento del sentimiento antinorteamericano en toda Colombia y atraer la violencia directamente hacia los ciudadanos y las empresas norteamericanas.
Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formulado cargos contra Jorge Briceño Suárez, uno de los líderes de alto rango de las FARC, acusándolo de secuestro y tráfico de drogas. Buscando la extradición de uno de los jefes de la cúpula de las FARC con acusaciones que podrían acarrearle la pena de muerte, la administración Bush ha eliminado la autoridad discrecional de Uribe Vélez para las negociaciones futuras de paz, quitándole toda posibilidad de maniobra.
La opción de adelantar negociaciones de paz con participación de la dirigencia actual de las FARC queda descartada definitivamente. Por otra parte, los líderes de la dirección nacional de las FARC interpretarán la acusación federal de EE.UU. a su colega como una amenaza directa a sus vidas y podrían responder utilizando su fuerza armada donde sea posible. Los dirigentes de las FARC habían ordenado ya a sus fuerzas secuestrar o matar a miembros del personal militar de Estados Unidos destacados en Colombia cuando se les presente la oportunidad, pero ahora la motivación para atacar a los ciudadanos y empresas norteamericanas es incluso mayor.
Además de reformular las opciones del gobierno colombiano para la lucha contra las FARC, la administración Bush espera con seguridad que Colombia "compre americano", cuando se trate de las compras relacionadas con las fuerzas militares. El diario El Tiempo de Bogotá divulgó recientemente que el General James T. Hill, comandante del Comando del Sur, de los EE.UU. ha sugerido al Ministerio de Defensa de Colombia que desista de la compra de 24 aviones de ataque liviano, Super Tucano EMB-314 a la empresa brasileña Embraer por $234 millones.
Hill dijo, según la nota de prensa, que esa compra perjudicaría el apoyo del congreso norteamericano para aprobar miles de millones de dólares en ayuda militar en los próximos cuatro años. Según EL Tiempo, recomendó específicamente que los fondos destinados a dicha compra fueran gastados en el mejoramiento y la actualización de la flota colombiana de aviones C-130, OV-10 y A-37, de origen norteamericano.
La Ministra de Defensa de Colombia, Martha Lucia Ramírez, negó inicialmente el informe de EL Tiempo, pero dos días más tarde se vio obligada a retractarse de su declaración y tuvo que aceptar que el Pentágono había objetado la compra de los aviones brasileños. También tuvo que aceptar que oficiales norteamericanos visitarían pronto a Bogotá para definir qué tipo de avión necesita Colombia para combatir con eficacia a las FARC y a los traficantes de droga.
Traducción de FVM