Latinoamérica

Por Marcelo Pereira

El país está más cerca que nunca de cruzar una frontera establecida sin base jurídica, para afrontar que el terrorismo de Estado tuvo cómplices y coautores civiles en los partidos. Cinco mujeres son figuras principales en una historia que comenzó hace casi 26 años y desemboca en el pedido de procesamiento de Juan Carlos Blanco, ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura de 1973 a 1976 y senador pachequista de 1990 a 1995. La primera es Elena Quinteros, maestra y militante del Partido por la Victoria del Pueblo (pvp), secuestrada en los jardines de la embajada venezolana en Montevideo el 28 de junio de 1976, cuando intentaba pedir asilo político, y desaparecida desde entonces. La segunda es María -"Tota"- Almeida de Quinteros, la madre de Elena, quien batalló sin descanso por esclarecer lo que había ocurrido con su hija, hasta su muerte en enero del año pasado.
La tercera es María del Luján Flores de Sapriza, del Departamento Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cuya tenacidad se debe un expediente de cientos de fojas, iniciado en agosto de 1987 por orden del ministro Enrique Iglesias, en el cual constan elementos más que suficientes para determinar la responsabilidad del Estado uruguayo en la desaparición.
La cuarta es Mirtha Guianze, fiscal en lo penal de segundo turno, quien pidió a fines de 2001 el procesamiento de Blanco por el delito de privación de libertad -al cual corresponden de un año de prisión a nueve de penitenciaría- debido a su responsabilidad en el secuestro y a partir de lo averiguado por Flores. La quinta es María del Rosario Berro, jueza en lo penal de primer turno, quien debe decidir en el caso.
LA CARTA ROBADA
Son muchas más las personas que han intervenido, durante más de un cuarto de siglo, en la tarea colectiva de destacar lo evidente: que Blanco es por lo menos responsable de haber encubierto el secuestro y la desaparición de Quinteros. El cargo que ocupaba y las tareas que desempeñó en el caso no permiten imaginar otra cosa, y se han acumulado sobradas evidencias de que conocía los hechos cuando discutió el "caso Venezuela" el 3 de julio de 1976, en aquel Consejo de Seguridad Nacional de triste memoria con los comandantes en jefe Víctor González Ibargoyen, Dante Padini y Julio César Vadora, los generales Hugo Linares Brum y Walter Ravenna, el contralmirante Francisco Sangurgo y subordinados en la cancillería Álvaro Álvarez, Julio César Lupinacci y Guido Michelín Salomón.
De tal reunión se conserva el memorando secreto redactado por Álvarez sobre las "ventajas" y "desventajas" de "entregar" y "no entregar a la mujer", que se hizo público en junio de 1990, cuando Blanco era senador. Alguien lo entregó a militantes del pvp, terminó publicado en el semanario tupamaro Mate Amargo, y su autenticidad y autoría fueron confirmadas por Flores. Ese breve texto analizaba la crisis causada por quienes sacaron por la fuerza a Quinteros de la embajada venezolana, tras lo cual el gobierno de Carlos Andrés Pérez exigió que se le entregara a la secuestrada y terminó por romper relaciones con la dictadura uruguaya, que no aceptó liberarla. Blanco nunca pudo convencer a nadie de que el memorando planteaba sólo una hipótesis de trabajo, elaborada en total ignorancia del paradero de "la mujer", como sostuvo en 1990 ante la comisión del Senado que investigó el asunto.
"No tengo información adicional que pueda agregar con respecto a Elena Quinteros", dijo al diario El País, después de que el semanario Búsqueda dio a conocer la semana pasada el pedido de Guianze. Se duda, una vez más, de la veracidad de sus dichos, pero a los efectos de probar su responsabilidad en el delito no hace falta que agregue nada. Que los secuestradores "estaban haciendo un operativo" no es un secreto. Lo admitió el 1 de diciembre de 1981, ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el entonces embajador uruguayo Carlos Giambruno.
Ni sombra. En 1990 la mayoría del Senado -nueve blancos y ocho colorados- consideró que no había elementos probatorios de la responsabilidad del excanciller, o invocó una vez más la "lógica de los hechos", contra la opinión de los siete frenteamplistas, de los dos nuevoespacistas y de cuatro blancos, del Movimiento de Rocha y Por la Patria. "En el Senado no hay ni sombra de solidaridad con la actuación del hoy senador Juan Carlos Blanco", aseguró en aquella sesión, que terminó en la madrugada del 7 de setiembre, el entonces vicepresidente Gonzalo Aguirre. Pero preguntó: "¿A título de qué se está creando todo este problema para juzgar con la óptica de 1990 la responsabilidad en los hechos en que incurrió en 1976? ¿Qué es lo que se busca? ¿Hacer justicia? No -se respondió-, porque los supuestos delitos están prescriptos, la realidad indica que no puede haber procesamiento".
"¿Qué es lo que quieren? ¿Obtener citaciones de militares en sede penal?", volvió a preguntar. Y explicó en cierta medida qué quería decir: "Si el señor senador Blanco es citado a comparecer ante un juzgado penal en la calle Misiones, se deberá llamar también a jerarcas militares del período de la dictadura. Por un momento me sentí tentado a decir que no sabemos qué ocurrirá; sin embargo, sí sabemos qué pasará, pero no queremos decirlo". "Lo que hay es un afán de reabrir un proceso que se clausuró con el veredicto popular", concluyó.
Olvidó Aguirre, tan versado en leyes, o quizá no quiso recordar, que podía -como aún puede- haber procesamiento, porque la privación de libertad es un delito continuado hasta que cesan sus efectos. Esa es la tesis que acepta en forma pacífica la doctrina jurídica, la sostenida por Guianze y la apoyada en 1990 por los especialistas Alejandro Artucio, Jacinta Balbela, Gonzalo Fernández y Rodolfo Schurmann Pacheco, y hace un par de meses por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia Milton Cairoli. Olvidó también Aguirre, o tampoco quiso recordar, que la ley de impunidad sólo abarca delitos cometidos por "funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados", y que como Blanco no era nada de eso en 1976 ningún presunto veredicto popular de clausura lo ampara.
Una denuncia penal contra Blanco presentada en principio por los legisladores del Frente Amplio, y luego respaldada por unas 200 personas más, comenzó un lento e intermitente trámite, yendo y viniendo entre los tres poderes del Estado. El 20 de junio de 2001 el abogado Pablo Chargoña, de la Comisión de Derechos Humanos del pit-cnt y exrepresentante de María Almeida, pidió la reactivación del proceso, y luego Guianze llegó a la única conclusión posible desde 1990. Y he aquí que el ex-senador está hoy más cerca que nunca de la cárcel, por el único acto criminal de la dictadura en el cual se sabe que estuvo involucrado con algún leve atenuante.
PARADOJA
Blanco firmó alegatos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en los cuales intentó, sin éxito alguno, convencer a ese organismo de que Leonardo dos Santos, Nibia Sabalzagaray y álvaro Balbi no habían sido asesinados por la dictadura en 1973, 1974 y 1975, respectivamente. Avaló en 1976 la inverosímil versión de que las personas asesinadas por la dictadura argentina que aparecieron en nuestras costas eran coreanos y una prostituta,
muertos tras una orgía en alta mar. Presentó en septiembre de 1974, en Uruguay y ante la OEA, testimonios obtenidos en sesiones de tortura de una veintena de presos políticos, con la intención de probar que Cuba había entrenado y asesorado a guerrilleros uruguayos. Anuló la validez de los pasaportes de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, quienes quedaron por eso más acorralados en Argentina, y visitó Buenos Aires, con fines inconfesados, 11 días antes del secuestro de los dos legisladores asesinados (pero dijo años después que si hubiera tenido alguna relación con sus muertes, "no habría podido rezar más"). Cometió, en suma, fechorías que justifican con creces los adjetivos "servil" y "genuflexo", de moda en estos días, y otros mucho peores. Pero no está expuesto a ser procesado por esos desmanes, sino por el caso de Quinteros, en el cual el ministerio que dirigía se inclinó, tras valorar pros y contras en el famoso memorando, por "entregar a la mujer". Así paga la vida, por primera vez, a un colaborador civil de la dictadura, y es también la primera ocasión en que hay pedido fiscal de procesamiento por un acto de terrorismo de Estado en Uruguay.
FRONTERAS.
El hallazgo en Argentina de Simón, el hijo de Sara Méndez, fue la cima simbólica de años de búsqueda de niños arrebatados a sus familias por la dictadura. Antes, la creación de la Comisión para la Paz y sus actuaciones habían terminado con lustros de cerrado rechazo estatal a la asunción de responsabilidades en la cuestión de los desaparecidos. Ahora el país está muy cerca de cruzar la frontera que ha impedido, sin base legal alguna, el juicio a civiles responsables de terrorismo de Estado, que fueron muchos en el caso emblemático de Elena Quinteros. Según demostró la investigación de Flores, no sólo Blanco y militares conocieron el memorando de Álvarez. Y en otros muchos casos la lista es larga.
Aún es posible, por ejemplo, que una declaración oficial de que Elena Quinteros está muerta cambie el rótulo de secuestro por el de homicidio, con la intención de establecer que el delito continuado de Blanco dejó de cometerse hace años. Sea como fuere, temprano o no muy tarde habrá que tomar decisiones ante esa frontera y ante otras, ulteriores, porque los tiempos han cambiado en el país y en el mundo. Quienes defienden la "lógica de los hechos" quizá comprueben que se trata de un arma con doble filo, y la lógica del derecho, nacional e internacional, nunca permitió plantear la caducidad de la pretensión punitiva en casos de detenidos hace muchos años, pero desaparecidos hoy como el primer día.
Aun otras lógicas, contrarias a la pretensión de caducidad de los hechos y de su memoria, tienen sólido apoyo en la experiencia histórica, en los derechos de los pueblos, en la ética y en las leyes de la política.
Todo eso significa que las vidas de los responsables de terrorismo de Estado terminarán mucho antes que los esfuerzos para aclarar qué hicieron, cuándo, cómo y por qué, y para lograr que afronten consecuencias de sus actos. A esta altura temprana del largo partido, la esperanza que empieza a quedarles es que el resultado de esos esfuerzos no los alcance en vida. Se baten en retirada.
Informativo electrónico Políticaconosur Nº 599 del 13 de abril de 2002.