Latinoamérica

Gregory Wilpert
Rebelión

"El mayor error de Chávez ha sido joder a la clase media," dice Carlos Escarrá, un prominente abogado constitucionalista y antiguo juez de la Corte Suprema, quien se describe a sí mismo como partícipe del "proceso," aunque no como chavista. El "proceso" es el proceso de transformación social que fue iniciado por el movimiento que llevó a Chávez al poder.
Cuando Chávez fue electo, por primera vez, hace casi cuatro años, parecía que una inmensa mayoría estaba con "el proceso". Pero, ahora, grandes sectores que en principio apoyaron a Chávez, principalmente de la clase media, parecen haberse unido a la oposición. Un claro indicio de esta oposición fue la marcha del 10 de octubre, la cual atrajo, desde todas partes, entre 400.000 (según lo estimado por el gobierno) y 1.000.000 de participantes (estimado de la oposición). Todos ellos, en su mayoría, pertenecientes a la clase media. Sin importar el número exacto, existen pocas dudas en cuanto a que ésta ha sido una de las grandes marchas en la historia venezolana. ¿A qué se debe esto? Las razones son numerosas y tiene que ver con la economía, las políticas gubernamentales y los medios de comunicación.
La Economía
El año 2002 fue y continúa siendo un año difícil para Venezuela. La moneda local se ha devaluado en un 50% durante los seis primeros meses; la inflación se disparó de un 12% en el 2001 a un 35% o más en el 2002 y la tasa de desempleo se elevó de un 13% a un 16%. Al contrario de lo que mucha gente en Venezuela parece creer, estas tendencias económicas han afectado más a la clase media que a los pobres. En otras palabras, la devaluación de la moneda tuvo un mayor impacto negativo en la clase media porque ésta tiende a adquirir más productos en dólares: carros, computadores, bienes raíces o unas vacaciones en USA. Repentinamente, ellos no pueden realizar dichas compras porque su precio es ahora más alto de lo que era antes de la devaluación.
Además, debido a que la devaluación acarrea una inflación general de los precios y a que Venezuela importa casi un 70% de sus bienes de consumo, la inflación se hace más acuciante en aquellos productos que la clase media consume porque ésta tiende a adquirir más bienes importados que los pobres. Otra razón por la cual la inflación afecta más a la clase media es la de depender de un salario que se establece a principios de año. Los pobres, quienes se emplean en la economía informal, pueden ajustar sus ingresos a la par de la inflación, simplemente cobrando más por sus productos y servicios–no necesitan esperar por un aumento de salario.
Los pobres, además, tienden a formar redes sociales que amortiguan el impacto de la inflación, grandes comunidades y familias extendidas quienes se ayudan unas a otras y, también, en forma de servicios públicos gratuitos de salud y educación.
Por otro lado, la clase media tiende a confiar en la educación privada y en los servicios privados de salud; los cuales son de mejor calidad, aunque éstos tienden a descontinuarse debido al incremento en sus precios, de acuerdo a los ingresos de la clase media.
El gobierno venezolano desempeña un gran rol dentro de la economía, lo que significa una fluctuación en el gasto público y tiene repercusiones casi inmediatas en la actividad económica en general. En otras palabras, los recortes gubernamentales en el gasto público tienden a llevar la economía a una recesión. Debido a que una tercera parte del ingreso gubernamental proviene de la renta petrolera, cualquier fluctuación en el precio del petróleo se aprecia en el resto de la economía. Por ejemplo, a finales de 2001, el precio del petróleo venezolano descendió de $18 a $16 por barril. Esto provocó un déficit en los ingresos, al punto que el ingreso del sector público descendió en un 13% en el primer trimestre del año 2002, comparado con lo ocurrido durante el mismo período en año pasado. La mayor parte de esta pérdida se atribuyó a un descenso en el ingreso petrolero que bajó en 46% durante el primer trimestre, comparado con el mismo período del año anterior. Como resultado de ello, el presupuesto estatal para el 2002 hubo de ser reducido hasta en un 7% por el año. Al mismo tiempo, a finales de 2001, la oposición decidió intensificar su campaña en contra del gobierno mediante el llamado a un paro general y la organización de grandes manifestaciones. Esta crisis económica y política produjo una fuga masiva de capital que, a su vez, hizo empeorar la situación. El Banco Central no pudo sostener más a la moneda local, ante la presión que la fuga de capitales estaba causando y cuando éste cesó en sus esfuerzos por defender la estabilidad de la moneda, la moneda se devalúo y la inflación se disparó.
La combinación de la inflación y la reducción del gasto público constituyeron un duro golpe a la economía, debido a ello muchos negocios se vieron forzados a cerrar y el desempleo se incrementó de manera drástica. Aunque la tasa de desempleo se redujo de un 18%, cuando Chávez llegó al poder en 1999, a un 13% en el año 2001, dicha tasa se incrementó a 16%, a finales del año 2002, de acuerdo a las estadísticas gubernamentales. Además, se produjo una contracción en la economía en un alarmante 7% en la primera mitad del 2002. Obviamente, el intento de golpe de estado del 11 de abril de 2002 exacerbó la situación económica y la incertidumbre política en el país. Actualmente, el precio del barril se ha incrementado a casi $27 por barril y la deflación ha permitido que el gobierno pueda cubrir los gastos del presupuesto de 2003, más fácilmente, con lo proveniente de la renta petrolera. La economía debería crecer, significativamente, de nuevo a finales del año 2002 y a comienzos de 2003.
Políticas gubernamentales
Como se mencionó anteriormente, la recesión no es la única causa por la que la clase media se opone al gobierno de Chávez. Otro factor sería que las políticas del gobierno no han beneficiado mucho a la clase media. En efecto, las reformas más importantes que el gobierno ha introducido, tienden a beneficiar a los pobres mucho más que a la clase media, aquéllas que involucran: la nueva constitución, la educación, la salud o la reforma de la tierra.
Las políticas en el área de salud pública y educación han beneficiado más a los pobres que a la clase media, debido a que ésta confía más en los servicios de salud y educación privados. A diferencia de ello, los pobres se han beneficiado de los servicios públicos y gratuitos de salud y educación, por primera vez en la historia de Venezuela. Aún cuando éstos sigan siendo relativamente precarios, ahora, por lo menos, son más accesibles a los pobres. La situación es similar en el campo educativo. El gobierno ha creado miles de "Escuelas Bolivarianas", a lo largo y ancho del país. Estas escuelas proveen de tres comidas completas a sus estudiantes, hecho que no podría ser garantizado si éstos permanecieran en sus casas. Como resultado de ello, un millón de nuevos estudiantes, quienes nunca antes habían formado parte de sistema escolar, se han inscrito en estas escuelas.
Uno de los logros más significativos de la nueva constitución es haber acabado permanentemente con el bipartidismo y esto ha permitido, entonces, la participación de grandes sectores de la sociedad que, tradicionalmente, habían sido excluidos por el gobierno. Es importante a este respecto, además, la inclusión constitucional de las mujeres, los pueblos indígenas y de los homosexuales, quienes de acuerdo a constituciones anteriores, habían logrado detentar pocos derechos reales. De nuevo, estos son los cambios que les son indiferentes a una gran mayoría de la clase media.
Otra área prioritaria en la agenda de Chávez, que excluye a la clase media, es la reforma de tierras. El gobierno ha propuesto dos tipos de programa para la reforma de tierras – urbana y rural. La reforma de tierra rural ha captado un poco más de atención y su promulgación en noviembre de 2001 fue, indiscutiblemente, el principio de la campaña de la oposición en contra del gobierno. La ley para la reforma de la tierra está encaminada a redistribuir la tierra ociosa en las manos de los campesinos sin tierra, si los propietarios de la tierra se rehúsan a ponerla a producir. Su propósito básico es incrementar la justicia social y la producción agraria del país.
Este programa es apoyado por una variada gama de créditos agrícolas y de programas de entrenamiento.
El programa de reforma de tierra urbana, por el contrario, está diseñado para conferir títulos de propiedad de la tierra que los pobres de las ciudades ocupan ilegalmente, a través de las invasiones de tierra, y ayudarles a mejorar sus comunidades con la autogestión. La reforma urbana instaló comités de tierra, de hasta 200 familias, en los barrios pobres que les ayudan a medir los terrenos, a determinar la propiedad comunal, a negociar con el gobierno para obtener servicios tales como agua y electricidad y así crear una identidad comunal. Esta democratización de la propiedad se combina con la democratización de los gobiernos locales a través de procesos de planificación participativa para los proyectos locales, tales como los auspiciados en Brasil, por el partido laborista de allí.
Otros grandes programas gubernamentales que, principalmente, benefician a los pobres –aunque no a la clase media- son los programas de vivienda y los programas de micro-créditos.
Un programa que directamente afecta los intereses de la clase media alta está relacionado con el esfuerzo del gobierno por recaudar mayores impuestos sobre la renta, por primera vez en la historia venezolana. Sólo aquellos que perciban ingresos por encima del salario mínimo están obligados a pagar impuestos.
Los Medios y la Guerra Psicológica
Conjuntamente al declive de la clase media y la falta de programas gubernamentales que le beneficien, existen unos medios de comunicación virulentos en contra de Chávez. Como si el abandono político y económico de la clase media no fueran suficientes razones para oponerse al régimen de Chávez, los medios de comunicación social proveen justificaciones adicionales a diario. Acusaciones de incompetencia gubernamental, falta de gobernabilidad y corrupción se aglutinan en los periódicos constantemente. Estas acusaciones serían un ejemplo de unos medios serios realizando su trabajo, si no fuera por el hecho que, en su gran mayoría, éstos adoptan la forma de reportes no verificados, por parte de los políticos de la oposición. Estos medios, raramente, comprueban los hechos y contraponen las respuestas del acusado a la acusación.
El efecto acumulado del asalto mediático es la guerra psicológica según la cual los medios plantean a la opinión pública la imagen de una sociedad venezolana al borde del colapso y que el gobierno ha perdido todo el apoyo popular y su legitimidad. No son inusuales las acusaciones, no sustentadas que ocupan las primeras planas, tales como las de Carlos Ortega, líder de la Confederación de Trabajadores (CTV), afirman que el gobierno estaba planificando asesinar a dos o tres mil personas en la marcha del 10 de octubre y que los organizadores se las arreglaron para impedir la masacre. Muchos sectores de la oposición parecen creer auténticamente que Venezuela está bajo un régimen de dictadura "castro-comunista".
La sociedad venezolana ha estado siempre dividida por líneas divisorias clasistas y racistas. Por primera vez en su historia, las clases (y las razas) se encuentran ahora divididas por claras líneas ideológicas. Muchos venezolanos y observadores foráneos han tenido dificultad para entender la razón por la cual la sociedad venezolana está tan polarizada y en su extrañeza argumentan que éstos simplemente deberían encontrar el camino al diálogo. Este es un sentimiento bastante loable. No obstante, existe un obstáculo fundamental, si una de las partes no desean aceptar algunas reglas básicas para sostener un diálogo en lugar prioritario. Es decir, la oposición a Chávez tiene la firma creencia de que es la mayoría y, de allí, que tenga el derecho a exigir la remoción del presidente, antes que éste haya concluido su período legal. La oposición no parece comprender que aun cuando ellos sean la mayoría, lo que es dudoso, una regla fundamental del juego democrático es que los líderes son electos para un período pre-definido y que si uno quisiera nuevos líderes, se debería esperar hasta la elección para el próximo período constitucional. Hasta la actualidad, la oposición en Venezuela constantemente se rehúsa a reconocer esta regla básica, lo que hace virtualmente imposible al diálogo.