El día 27 de agosto de 2002, la Comisión de Presupuesto del Senado -que integro - comenzó a analizar el proyecto de Rendición de Cuentas del ejercicio 2001. Como esto ocurrió no hace mucho tiempo - exactamente 49 días cuando escribimos esta nota- me parece bueno recordarlo, porque, de acuerdo con la "táctica" de la coalición todas las semanas tenemos tres proyectos de ley a tratar con "urgencia". El objetivo es desbordar a la oposición, enredarla discutiendo veinte temas a la vez y mientras tanto consagrar leyes impresentables donde figuran desde la megaconcesión de las carreteras, el IVA al transporte fluvial, los nuevos peajes, el IVA a la salud, la venta del aeropuerto de Carrasco, la consagración - no de la primavera - sino de la posibilidad de que los agentes privados presenten iniciativas sobre la concesión de servicios públicos. Y a renglón seguido amenazar con que "vencen los plazos para los bancos suspendidos", todo con un tono amable y una sonrisa amplia del ministro de Economía.

Hago mención a la fecha 27 de agosto porque ya había sancionado el Parlamento la ley de "Fortalecimiento del sistema Financiero", ya se había conocido la actuación delictual de los banqueros Rohm y Peirano, ya se había logrado del FMI, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo 3.500 millones de dólares adicionales de préstamos. En aquella oportunidad le preguntamos al ministro que queríamos "conocer exactamente el nivel total de endeudamiento del sector público al 31 de agosto, discriminando luego cual era al 31 de diciembre de 2002 y a cuanto asciende el endeudamiento contraído, por todo concepto, desde esa fecha al presente".

Como estamos en pleno "ajuste", gestión de ahorros en el Parlamento que seguramente salvará las finanzas del país pero dejará a los parlamentarios sin enterarse de datos fundamentales porque no hay papel para realizar repartidos, cuando el ministro señaló que en el cuadro 69 constaba la parte de la Deuda Pública que "se expresa en la Rendición de Cuentas" y que alcanzaba a U$S 7.535:000.000, el presidente dijo "ese material no ha sido repartido". Y entonces comenzó un esfuerzo grande del ministro para explicar el endeudamiento contraído entre enero y 31 de agosto de 2002. Remito al lector a la página respectiva del distribuido 1738/2002.

Yo dije que de toda la nada clara explicación dada sacaba la conclusión de que la suma de los compromisos contraídos era de cuatro mil doscientos millones de dólares, adicionales (4.200:000.000 U$S) Nadie me desmintió, por lo que tomé por buena la cifra.

Pero - más allá de las imprecisiones tanto del ministro como del director de Planeamiento sobre capital, intereses y plazos, cosa comprensible dado lo repentino de las preguntas y lo escaso de tiempo en el cargo - nos quedaron dudas sobre varios temas. Pedimos la ayuda del economista J. Etchevers para que rastreara los "datos" existentes en el Banco Central y otras cifras oficiales. En esto se juega gran parte del futuro del país. Se trata de lo que el Uruguay tendrá que pagar de aquí al 2005 incluido. Los dos últimos años de esta administración y el primero del gobierno que ¿comenzará? en marzo del 2005.

Nos dice Etchevers: De acuerdo al BCU en el año 2003 se deberán pagar U$S 2005 millones" Luego nos remite a un calendario "corregido" con los nuevos compromisos, diciéndonos que desde octubre de 2002 y hasta 2005, el panorama sería el siguiente:

En especial, al próximo gobierno le espera el "regalo" de 2002 por 2.470 millones de dólares.

Etchevers nos aporta algunos datos más: En una nota al pie dice: "Entre enero y junio de 2002 la asistencia a la Banca Privada alcanzó a U$S 1030 millones. (435 del BCU y 595 del gobierno) Esto último es expresión de una actuación al margen de la ley u de las disposiciones presupuestales. El Presidente y el Ministro de Economía y Finanzas, por sí y ante sí le transfirieron a la Banco Privada - y ladrona - 595 millones de dólares, recaudados con impuestos a la gente. Allí están los medicamentos que faltan, el atraso del pago a los proveedores, la falta de plata en ministerios, organismos como INAME, Poder Judicial, Universidad, ANEP, etcétera. Lo hecho no solo es ilegal, tiene visos de rozar o tocar profundamente el Código Penal y la Constitución de la República. La plata pública no se dispone como la propia, y si se hace, se paga.

No es preciso investigar mucho. Lo que también está probado es que se tiró plata ¿al mar? O ¿a los bolsillos de algunos avivados? Mientras unos ochenta mil ahorristas del BROU y el Banco Hipotecario quedaron atrapados por dos mil doscientos millones en el "corralazo" dictado por la coalición de gobierno. Porque fue una ley sancionada con los votos de todo el Partido Nacional y de todo el Partido Colorado la que expropió a los pequeños y medianos ahorristas que confiaron en la Banca Pública. Lo hecho muestra muchas cosas. Delitos y una soberbia incompetencia.

Lo expuesto es suficiente para interpretar las previsiones de la Carta de Intención que hizo firmar el FMI comprometiendo la "venta de activos", o las dramáticas y cínicas -en el mejor sentido de la expresión - del editorial de "Búsqueda" del jueves 10 de octubre, donde nos recomienda, para "salvar el honor del país" y "cumplir con los compromisos", vender las populares "joyas de la abuela". Es decir el patrimonio público, Ancap, OSE, UTE ANTEL, etc. Ahh, también las carreteras, los peajes, el aeropuerto de Carrasco…

En fin que no son ventas. Son concesiones. Por treinta años. Que como diría el tango de Gardel, actualizado: "no son nada…que es febril la mirada…"

Esta realidad es la que hay que tener en cuenta cuando de definir una estrategia política se trata. El dilema está en dos opciones: a) O se detiene esta "huida hacia delante" y empezamos ya a parar la mano de este gobierno alienado o b) ayudamos a la tarea del gobierno de coalición a vender todo lo vendible, desregular todo lo regulado y como decía el inefable Ignacio de Posadas "abrimos definitivamente toda la economía". En este último caso, ¿qué quedará?.