Documento del EP-FA elaborado por economistas será discutido el lunes por la Mesa Política
Suspensión por dos años del pago de intereses de la deuda y renegociación

La suspensión del pago de intereses de la deuda externa por dos años y la renegociación con los acreedores internacionales son parte de las iniciativas que los economistas del EP-FA recomiendan a la fuerza política, como forma de obtener fondos para la reactivación económica. Por otro lado, el borrador tiene divergencias con los legisladores de la izquierda en la forma de resolver el endeudamiento interno.
El documento fue entregado a la direccion frenteamplista por la Comisión de Programa del EP-FA.
El borrador comienza por describir la situación del país, particularmente a partir del feriado bancario del pasado agosto, la suspensión de cuatro bancos y el establecimiento de un corralito light en la banca estatal.
"A la hora de la verdad, el país no sólo quedó sin ese crédito al que había generado adicción, sino que dichos acreedores (inversores en bonos del tesoro o depositantes no residentes) reclaman que se les devuelva lo que antes prestaron. Siendo el único crédito disponible el que proviene de los organismos internacionales y por lo tanto sumamente condicionado, su utilización para meramente sustituir a los acreedores que se retiran no deja espacio alguno para la reactivación", dice el texto.
En esas condiciones, agrega, el país debe buscar una salida reactivadora, "aun en condiciones particularmente difíciles, donde los márgenes de maniobra han sido muy estrechados, porque no admite déficits en sus cuentas con el exterior, ni en sus cuentas internas, por la sencilla razón de que no tendrán financiamiento genuino".
Por tanto, la tarea es para los técnicos frentistas, "restablecer las bases de la nueva economía, la del Uruguay productivo".
Para ello es necesario, sostiene el texto, fijar cinco ejes temáticos: en el plano social; en las relaciones económico-financieras con el exterior y su relación con el equilibrio financiero interno; en la recomposición del crédito para la reactivación económica; en la solución del endeudamiento interno; en el fortalecimiento del mercado interno.
Moratoria de intereses
El borrador no precisa las medidas para resolver la emergencia social, en el entendido que ellas han sido anunciadas reiteradamente por el EP-FA, pero abre un capítulo especial en lo que considera un punto crucial de la posible reactivación económica: "las relaciones económico-financieras con el exterior y su relación con el equilibrio financiero interno".
Al respecto afirma que "el país debe afrontar requerimientos totales de financiamiento en moneda extranjera (por servicio de deuda con residentes y no residentes) por una suma cercana a dos mil millones de dólares al año. Como hemos indicado, sustituir los vencimientos de esa deuda con crédito de organismos internacionales, no sólo no alcanzaría sino que, además, no dejaría espacio crediticio para la reactivación y, por consiguiente, compromete el destino del país. Por otra parte, los intereses de esa deuda imponen una carga del 5% del PBI, similar al déficit fiscal, con el agravante de que todo déficit en esa área requeriría nuevo financiamiento y provocaría la interrupción del cronograma de desembolsos del crédito del FMI. Y en ese terreno, si bien hacia el mediano plazo seguiremos insistiendo en medidas de reestructura progresiva en los ingresos y de racionalización en los gastos públicos, en el corto plazo nos seguiremos oponiendo a nuevos ajustes fiscales como los últimamente realizados por el gobierno, que resultan procíclicos y atentatorios contra la reactivación".
Los economistas de la coalición de izquierda coinciden en que en la actual situación "la única alternativa de honrar los compromisos de la deuda en moneda extranjera del Estado uruguayo es su renegociación. Ello es posible en el marco de una negociación con los agentes financieros internacionales, en la cual los acreedores deberán reconocer que su crédito tiene menor valor y que sólo una extensión para el plazo de pago podría mejorarlo hasta cierto punto, lo que implica reconocer una espera y una quita. Dicha espera debería incluir los intereses por los próximos dos años, ya que el país necesita descongestionar su balance fiscal".
El crédito necesario a la reactivación
Una de las preocupaciones del borrador es la recomposición del crédito a la producción. En esa perspectiva propone la "rehabilitación del espacio constituido por las instituciones bancarias actualmente suspendidas, que se caracterizaban por haber prestado a la producción". No obstante fija algunas condiciones para la reiniciación de actividades de uno o varios de los cuatro bancos suspendidos, por ejemplo, cese de toda asistencia financiera adicional a los mismos; recomposición patrimonial sobre la base de los fondos estatales ya volcados; reprogramación voluntaria de los depósitos a plazo fijo, en forma similar al BROU.
Asimismo, y teniendo en cuenta los más de mil millones de dólares existentes en el país, aunque fuera del sistema financiero, "desestimular con un fuerte impuesto la salida de capitales al exterior"; gestionar nuevos créditos con el BID; sustituir el Imaba por la imposición de los débitos bancarios y el Iric bancario por un impuesto a las ganancias (spread) de los bancos.
El texto propone, además, la desdolarización de la economía, estableciendo entre otras medidas, la limitación de los préstamos en moneda extranjera salvo que el deudor tenga ingresos en ella; disponer que sólo el veinte por ciento de los activos de las Afap sean en dólares u otras divisas.
Planteos polémicos
El endeudamiento de empresas y particulares y la imposibilidades generadas a partida de la libre flotación del dólar, es el capítulo más controvertido en la izquierda cuando de buscar soluciones se trata.
Para los economistas, "el problema del endeudamiento era ya grave antes de la crisis institucional y se vio profundizado luego de la devaluación de la moneda (...) Proponemos establecer los criterios generales para la refinanciación, estímulos para concretarla, pero ser muy selectivos en los beneficiarios, lo cual supone un análisis caso por caso".
Más adelante plantean: "promover acuerdos entre deudores y acreedores en dólares, tales que habiliten un nivel de repago en el que se reparten equitativamente los costos y las ganancias por diferencias de cambio, sobre la base de que los deudores demuestren voluntad de pago en relación a su compromiso inicial y los acreedores, reconozcan que el valor real de su crédito es menor al valor contable y desistan de obtenerlo mediante la ejecución de las garantías otorgadas.
La contribución estatal debería reflejarse en exoneraciones tributarias en caso de concretarse dichos acuerdos".
Los principales cuestionamientos ("a un borrador técnico sin aprobación de la dirección política", comentó el diputado Carlos Pita, de la Corriente Popular) surgen de la ausencia en las medidas de la suspensión de ejecuciones, la indexación de las deudas, la no eliminación del IVA e Imaba.
Para Pita, y así lo aprobó la bancada de diputados del EP-FA (en la víspera lo ratificó), la refinanciación de los deudores debe hacerse mediante una ley y no dejar la negociación librada a acreedores y deudores, pues la relación entre ambas partes es asimétrica. Por tanto, añadió, la misma debe ser regulada legalmente, de lo contrario "sería dejar que los tiburones arreglen el diferendo con las sardinas".
También manifestó su oposición a atar las deudas a las UI, pues el acrecentamiento del ritmo inflacionario tornaría nuevamente ingobernables las deudas para personas o empresas.
La discusión del material se hará el lunes en la Mesa Política del FA.