DOS NOMBRES PARA UNA MISMA TRAMPA

VENTA Y CAPITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

- Existen alternativas viables a las privatizaciones

Diego Delgado Jara
ALTERCOM

Muchos trabajadores y ciudadanos han protestado con toda la razón sobre la pretensión de vender, rematar o subastar los activos de las empresas públicas; caso de las eléctricas. Empero aminoran su reclamo o dejan cualquier observación cuando escuchan que van a capitalizar esas mismas empresas. ¡Sin percatarse que en el fondo están proponiendo lo mismo! Demostrémoslo:

Supongamos que una familia desconocedora de negocios e inversiones, tiene una casa rentera en Quito que vale trescientos mil dólares, y existe un tipo interesado y muy sabido, que anhela comprar esa casa porque conoce de su rentabilidad. Esta propiedad tiene un administrador, que actúa a nombre de sus dueños que viven en provincia.

Se acerca el sabido comprador y le propone al administrador que le venda la casa. Este le dice que no es el dueño pero que puede convencer a sus propietarios para que la vendan; que además puede conseguir una rebaja de su precio real de 300.000 dólares. El ambicioso comprador descubre la codicia del administrador y le propone que le dará el 10% de toda rebaja que de ese precio consiga!

El administrador, estimulado por el negocio en ciernes, convence a la familia dueña -que reside en otra ciudad- que autorice la venta luego de tasarla o valorarla con un "experto"; la familia dueña le manifiesta que le autoriza la venta del 50% de la casa; pero además el administrador consigue, mediante engaños, el poder para en forma directa él vender el 50% de ese bien. Van entonces donde el "experto" tanto el comprador como el administrador y le piden que valore o avalúe la casa en 30.000 (treinta mil) dólares. Para que no refunfuñe el tasador el aspirante a comprador le coima con 5.000 dólares!

Y como la casa ha sufrido una rebaja de 270.000 dólares (pues ha reducido su precio de 300.000 a sólo 30.000), cumpliendo su palabra el comprador le entrega el 10% de la reducción del precio al administrador. ¡Este recibe entonces 27.000 dólares! Luego de esta trampa a la familia dueña, al hacerle vender el 50% de una casa de 300.000 dólares en un falso avalúo de sólo 30.000, hacen la escritura del 50% de la casa por sólo 15.000 dólares!

De este modo el comprador (las multinacionales) se llevan el 50% de una casa de 300.000 dólares en sólo 42.000 dólares, pues ha entregado 27.000 dólares al administrador cómplice (el gobierno privatizador) y 15.000 para la familia (el pueblo engañado), que también los deposita en manos del mismo administrador! ¡Es decir que gana mucho más el administrador que la familia propietaria!

Pero supongamos que la familia dueña se arrepiente de la venta. Entonces el mañoso administrador, para no perder su comisión o mordida, le plantea a la inocente familia dueña: "No vamos a vender el 50% de la casa; voy a capitalizarla, voy a conseguir un inversionista que me dé el 50% de su valor para hacer refacciones. En otras palabras, voy a conseguir un socio capitalista que arregle la casa, mediante una inversión igual al 50% del valor de la casa. ¿Les parece?", les pregunta a sus dueños. Estos, que no conocen las diferencias a cabalidad, le responden de modo dubitativo: "Bueno, con tal que no venda sino que capitalice o consiga un socio capitalista, eso está mejor".

Va el pícaro administrador donde el comprador anterior (las multinacionales) y le señala: "Ya está todo solucionado. Deme Usted los 15.000 dólares y sea el socio accionista o condueño del 50% de la casa. ¿Está de acuerdo?". Acepta encantado el comprador pues, comprando o capitalizando se queda en ambos casos, de idéntico modo, con el 50% del valor de la casa, y también con el 50% de las entradas o ingresos que produzca! Además que si, por ejemplo, los ingresos de la renta son altos en poquísimo tiempo habrá recuperado la inversión!

El administrador hace la escritura cediendo la mitad de la propiedad, cobra los 27.000 dólares de la rebaja del precio, y recibe los 15.000 dólares del "inversionista" para, con ese dinero en sus mismas manos, refaccionar la casa que administra!

En los dos casos la familia dueña (el pueblo ecuatoriano) pierde el 50% de su patrimonio por una ínfima parte de su valor, pues vendiendo, rematando o aceptando la capitalización o "inversión", se queda sin el 50% de su patrimonio subvalorado por el tasador! (Tasador que se llama "Banco de Inversión" o entidad encargada de calcular el precio de las empresas públicas, y que es escogida con la expresa supervisión del Banco Mundial, representante de las transnacionales!)

El 10% de la comisión para el pícaro vendedor o capitalizador que haga rebajar el precio de las empresas públicas, es un monto común de coima aceptada internacionalmente, según lo ha denunciado Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía del año 2001. Por eso el sector eléctrico del Ecuador calculado en 7.700 millones de dólares hasta el año 1996, ahora se lo pretende transferir en una miseria! ¡Porque el "administrador" (privatizador de turno) se lleva el 10% de lo que hace rebajar! ¡Y Stiglitz lo denuncia por conocer el asunto al haber sido autoridad en el mismo Banco Mundial y, además, jefe del equipo de asesoría económica del ex presidente Bill Clinton, demostrando una vez más que no existe mejor guarda de estancos que aquel que ha sido contrabandista!

Lo que sucede en este ejemplo es lo que pretenden cometer con el sector eléctrico del Ecuador y otros países como México. Como no pudieron vender el sector eléctrico, ahora dicen que lo van a capitalizar! Se aprecia entonces a varios candidatos presidenciales proponer una serie de variantes en esta campaña electoral, para no perder votos: "No vamos a vender las empresas del sector público; sólo vamos a concesionar su administración a "compañías solventes y experimentadas" por 30 años"! Es decir pretenden buscar un "administrador" privado, de preferencia una multinacional, que se haga cargo de la casa rentera por 30 años! ¡Se distribuyen pues, a su gusto, sabor y capricho, la vaca lechera, como si fuese propiedad de quienes pícaramente manejan la política nacional! ¿Existen opciones distintas frente a este plan entreguista de despojo compartido? Miremos que sí.

Francia: una experiencia a considerar

¿Cómo procedió Francia en el pasado con ciertos tramos de la electricidad o telefonía, que todavía es propiedad de este país? Concedió o encargó la administración, esto es sin transferencia de dominio, por uno o dos años de tope, a las universidades fiscales de ese país, mediante concurso abierto y apertura de sobres en forma simultánea con posibilidad -en ese mismo momento- de recibir contrapropuestas entre los concursantes u oferentes. La universidad fiscal (una o varias) que administra cobra el 2 o 3% del total de la ganancia. A más ganancia mayores ingresos a favor de las universidades fiscales que administran. Y el monto restante (el 97 o 98%) se divide en tres partes: un tercio para reinvertir con tecnología de punta en el mismo sector; un tercio para financiar la educación fiscal; y un tercio para costear la salud popular en los hospitales públicos! ¡He allí una propuesta alternativa y de beneficio social y nacional! De este modo las ganancias no salen del país ni permiten que exista una comisión o participación de beneficios para los adjudicatarios del gobierno de turno!

Pero no sólo que vender o capitalizar son dos formas sinónimas de perder el mismo patrimonio, sino que debemos recordar que en el Ecuador están vigentes todas las leyes privatizadoras (de Modernización, Trole I, Trole II, y otras), así como la tramposa reforma constitucional de la Asamblea vendepatria de 1998, que "autoriza", sin cumplir con las mismas formalidades constitucionales, la venta de dichos bienes sociales! Y la razón más segura de tánta candidatura presidencial privatizadora de la hora presente (la dirigencia de la "izquierda", dueña de las estructuras legales, hizo el sospechosísimo "favor" de no sacar un sólo candidato de sus filas en contra de los vendepatrias!), es precisamente la posibilidad de que cualquier aspirante que sea presidente puede vender todas las empresas públicas que desee, pues ninguna ley privatizadora se ha derogado!

¡Y si todos los actuales candidatos ecuatorianos esconden sus verdaderas intenciones en esta campaña, eso se debe al recelo de perder votos ante sus mentirosos competidores de candidatura, que salivan, de idéntico modo, por engullirse semejantes bocados! ¡Todos ellos saben cuán acaudalados son Carlos Menem, Carlos Salinas de Gortari o Alberto Fujimori, y cómo solucionaron problemas para cien generaciones a costa del robo a los países que dirigieron! ¡Asistimos pues a un concurso de voraces privatizadores camuflados, sean con la modalidad de subastadores o capitalizadores!

Existen alternativas

¿Que hace falta dinero para el sector eléctrico o telefónico? ¡Pues realicen concesiones sin transferencia de dominio y por el tiempo limitado hasta que recuperen la inversión, sin décadas de regalo! No olvidemos que en el caso ecuatoriano existen ejemplos históricos probados de alternativas razonables, como fué el caso de la construcción del puente sobre el río Guayas, donde se adoptó esta modalidad. La empresa italiana que ganó el concurso la construyó poniendo el dinero del financiamiento, y administró el puente citado hasta que, cobrando el pontazgo, recuperó toda su inversión y legítima ganancia. Se creyó que recuperaría la inversión en quince años; total que recuperó todo lo invertido en varios años menos. Entonces devolvió el puente a su único dueño: el Estado ecuatoriano. ¡He allí otra posibilidad! ¡Y no como estan feriando los bienes e ingresos fiscales entregando concesiones de obras ya realizadas para treinta y cuarenta años, en beneficio de compañías privadas que no han arriesgado ni invertido un sólo centavo! ¡Revísese el caso de aeropuertos, puertos, vías, empresas de agua y otros bienes colectivos y nacionales, y se encontrarán escándalos mayúsculos que han sido tapados hasta el momento pero que es indispensable destaparlos!

Es importante pues que ninguna concesión para construcción de obras nuevas entrañe transferencia de dominio, y que la administración ejercite la empresa constructora exclusivamente hasta que recupere la inversión y sus intereses concertados, como debe constar en precisa cláusula expresa. Así actuó también el general Eloy Alfaro en 1895 en la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito cuando él carecía de dinero y encomendó la conclusión de referida obra al Ing. Archer Harman, quien obtuvo el financiamiento en Inglaterra y otros países, y luego su compañía "Guayaquil and Quito Railway" administró la obra en servicio con la modalidad aludida.

Esta es una posibilidad alternativa a las privatizaciones o capitalizaciones. Demos ejemplos concretos de su funcionamiento. Supongamos que en Quito, Guayaquil, Caracas, Bogotá, Santiago, México o Sao Paulo, hacen falta un millón de teléfonos en cada ciudad. Ahora los privatizadores sostienen que como no hay dinero deben venderse las empresas públicas, rentables y en funcionamiento, para obtener fondos para ampliar los servicios y modernizarse. Lo que es una suprema ingenuidad, pues equivaldría a que un padre de familia venda su casa para construir una terraza o un piso adicional en la propiedad que acaba de transferir! Pero ¿cómo funcionaría este concurso de concesión sin transferencia de dominio con administración hasta que se recupere la inversión? Del siguiente modo.

Se convoca a todas las empresas productoras de tecnología, sin restricciones. Puede concurrir la Ericcson de Suecia, la Siemmens de Alemania, la General Electric de Inglaterra, la Nec do Brasil, la Mitsubishi de Japón, la Alcatel Cit de Francia, la empresa estatal de China, y todas las que deseen vender un buen paquete de sus productos. La empresa ganadora podrá administrar por sí misma o por encargo la utilización de ese millón de teléfonos, hasta que recupere la plenitud de su inversión, intereses incluidos. ¡La administración no puede durar o entregarse por décadas sino sólo y estrictamente hasta recuperar lo invertido; nada más! Si la empresa ganadora señala que ella sólo coloca la infraestructura, que no anhela administrar, y que el Estado le abonará lo invertido conforme vaya recaudando, es otra posibilidad a tomar en cuenta en la convocatoria del concurso internacional de oferentes. ¡Un país no puede renunciar a entendimientos justos, éticos, razonables y de mutuo interés; más aún cuando elimina la perspectiva de perder su patrimonio o hipotecar su futuro con deudas externas innecesarias!

¿Cómo abaratar los precios de los oferentes? Una modalidad sería la de establecer un concurso en sobre cerrado y apertura simultánea de ofertas, donde todas las propuestas se lean el mismo día y hora, y se puedan aceptar hasta dos o tres rebajas o contrapropuestas a formalizarse por escrito en un lapso de cinco, 12, o 24 horas. Se analizan las garantías y las propuestas técnicas y se decide de cara a la nación y la ciudadanía toda.

¿Que el Estado es mal administrador y debe modernizarse? El Estado no es mal administrador en sí; muy malos son los que defendiendo intereses privados administran el Estado al estar encaramados en el mismo. Por ello mientras no se desprivatice el Estado éste no podrá modernizarse! Y precisamente para que no existan quejas o pretextos al respecto hemos sugerido la posibilidad de que la administración de las empresas públicas la asuman las Universidades fiscales, las que incluso podrían asociarse a gremios profesionales calificados, y donde cualquier perjuicio económico en este campo se asimilaría en el campo legal al delito imprescriptible de peculado!

De este forma se obtendrían los siguientes beneficios y ventajas para el país:

1. Se precautela la propiedad y titularidad del patrimonio social y nacional al no venderse las empresas fiscales más rentables, beneficiándose el país de sus cuantiosos y crecientes ingresos en forma cotidiana.

2. Se amplía el patrimonio social y nacional al incorporarse las nuevas inversiones y con tecnología de punta, obtenidas con la modalidad de la concesión sin transferencia de dominio e integradas a manos del Estado una vez que se han cubierto las obligaciones con los inversionistas.

3. El Estado no tiene razón alguna para incrementar su plantilla burocrática, pues no va a ejercer la administración en forma directa -al quedar en manos de las universidades con especialización afín, aunque sí deba fiscalizar con la mayor seriedad, rigurosidad y eficiencia.

4. Las universidades fiscales que tienen especializaciones de alto nivel y relacionadas a estos campos científicos específicos ejercitan a sus profesionales en sus especialidades correspondientes.

5. Las universidades fiscales podrán disponer de ingresos que tanta falta le hacen y que podrían canalizarse en forma preferente para labores de investigación científica, cenicienta de las actividades universitarias y puntal de cualquier proyecto de independencia tecnológica nacional.

6. El Estado preserva jurídicamente sus bienes y recursos mediante la eventual penalización como peculado de cualquier manejo erróneo o doloso.

7. El Estado mantiene su patrimonio y soberanía sobre campos tan vitales como es el de las comunicaciones, energía y servicios, que no deberían estar jamás en manos extranjeras de las grandes multinacionales, que obedecen a otros regímenes y otros intereses! ¡Se adopta por lo tanto una modalidad de preservación de la autonomía e independencia nacional a todo nivel!

¡He allí propuestas precisas y viables que no demandan disponer de recursos en efectivo sino que requieren de un sólo requisito: profundo amor a la Patria e indomable voluntad política para defenderla, por todos los medios posibles, de la irreprimible voracidad de las grandes transnacionales y los círculos financieros más poderosos del planeta!

*Diego Delgado Jara: ecuatoriano, doctor en jurisprudencia, profesor de la Universidad de Cuenca, ex-legislador, escritor y analista de varios medios de comunicación, asesor de organizaciones laborales.