Latinoamérica

Jorge Lofredo
Resumen Latinoamericano
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A pesar de la cancelación de los canales institucionales y del rezago histórico al que son sometidas las comunidades indígenas, lo que configura un escenario político con alto riesgo de violencia, su recurso no guarda correspondencia con la realidad; en tanto si se considera como sujetos de esa violencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o los grupos guerrilleros asentados en la geografía del sureste mexicano. Las armas de la insurgencia siguen calladas desde hace tiempo ya y, según la lógica política que manejan las organizaciones clandestinas, existieron razones anteriores que hubiesen justificado su recurso; no obstante la coyuntura supone que el silencio militar de los encapuchados está íntimamente condicionado por una imposibilidad propia a consumar acciones armadas.
Aún cuando no existen registros inmediatos de enfrentamientos, su mera existencia actúa como el catalizador de las invocaciones a un estallido social e indígena, pero también resulta funcional para las corporaciones de seguridad policial y militar: ejecutada por decisión política, resulta la excusa recurrente y otorga una razón legitimadora para la militarización.
Sin embargo, el silencio también puede ser el resultante del desprendimiento entre las comunidades indígenas y los núcleos armados, donde Chiapas, a la vez, manifiesta una estrategia diferenciada con la situación planteada en Guerrero y Oaxaca. Si las "comunidades en resistencia" son los rostros del EZLN, establecidas como comunidades autónomas de hecho, no existe una expresión similar de trascendencia por parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR) u otros grupos armados, a excepción de la promoción de "organizaciones de superficie". En este sentido, no corresponde establecer un equivalente entre una situación y la otra, pues sería minimizar la notable práctica que se viene manifestando a través de los municipios autónomos zapatistas y negar al indígena su capacidad como sujeto de esta construcción histórica.
Así pues, las "organizaciones de superficie" responden exclusivamente a las decisiones y tácticas políticas y militares de los núcleos armados; en tanto que, aún cuando se considera los "municipios autónomos" como la expresión más acabada del zapatismo, responden a las necesidades propias de cada comunidad. En igual sentido, la experiencia de los "territorios liberados" tampoco alcanza para explicar el desarrollo y la trascendencia de la realidad chiapaneca, pues éstas resultan una expresión de la cultura y derechos indígenas por sobre la dinámica militar impuesta por los grupos alzados en armas.
Acteal y El Bosque, sumadas las constantes denuncias de agravios que intentan socavar a las bases zapatistas, constituyen razones insoslayables que habrían otorgado argumento y legitimidad a una respuesta armada por parte del EZLN, aún de autodefensa; situación que plasma las "condiciones objetivas" para volver a las armas. También el EPR, o alguno de sus desprendimientos, tuvieron en la región Loxicha una consideración concluyente para una ensayar acciones militares. Pero en ninguna de las circunstancias hubo respuesta.
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A partir de las detenciones de la cúpula del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y el apresamiento de los cinco presuntos responsables de la colocación de los petardos frente a las sucursales de Banamex, reivindicados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), ninguna de las dos agrupaciones volvieron a registrar actividades militares; lo que puede explicar, al menos en parte, que la superioridad logística de las corporaciones de seguridad mexicanas asestaron un duro golpe, e irreversible hasta el momento, que no les permite continuar con sus actividades insurreccionales.
Y mientras que el EPR anunció públicamente un cambio de táctica, el salto a la "guerra popular prolongada", el accionar policiaco-militar alcanzó a sus fuerzas; a lo que debiera sumársele el proceso de descomposición interna que diezmó el proyecto armado original. Sin embargo, al momento del despliegue de la represión sobre la región Loxicha, los eperristas mostraban una capacidad de fuego que había alcanzado para realizar el ataque en Bahías de Huatulco y La Crucecita.
Otros grupos insurgentes se han manifestado a través de acciones militares conjuntas pero aisladas -el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP) y el Comando Justiciero 28 de Junio (CJ-28) que, en conjunto a las FARP, integran la "Coordinadora Guerrillera Nacional José María Morelos y Pavón-; y también quienes sólo han dado a conocer su estrategia a través de comunicados, tal los casos de Tendencia Democrática Revolucionaria y el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, o acciones de "propaganda armada", como la Nueva Brigada Campesina de Ajusticiamiento en Guerrero.
Las voces emanadas desde los comunicados de los "municipios en resistencia" en cambio, no abrevan en acciones guerrilleras aún cuando la táctica de hostigamiento y asedio se traduzca en muertes cotidianas de los integrantes de bases desarmadas. Así, el "mandar obedeciendo" le impide actuar militarmente al núcleo armado zapatista, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), y parece mostrar que su estrategia ya no son las armas.
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Sin embargo todo ello no alcanza a dar respuestas acerca de la inacción de los grupos declarados por las armas. ¿Acaso las relaciones políticas están tan devaluadas para que un grupo armado no ejecute una estrategia armada, aún de resistencia o autodefensa, en defensa de sus bases de apoyo, como son los casos de las bases zapatistas o los loxichas? A pesar que la presencia del EPR nunca fue comprobada en la comunidad zapoteca de la sierra sur oaxaqueña, el territorio formaba parte de la "zona de influencia" del eperrismo. En tal caso, ¿no correspondía que el EPR elabore una estrategia de resistencia a los planes represivos que azotaron y provocaron la ruptura del tejido social de la comunidad cuando la versión oficial indicaba que eran un "bastión" de la guerrilla?; ¿cuál es la evaluación política insurgente cuando se asesinaba indígenas sindicados como "miembros del EPR" ?; ¿qué circunstancia o estrategia condona la muerte de los propios en manos de las fuerzas represivas, aún cuando ello se evalúe como una "provocación" por parte del Estado?; ¿cuánto vida vale un conflicto?
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Sin embargo, el actor social de transmisión de violencia indígena son los paramilitares y los otros grupos armados, pistoleros y guardias blancas, que se hallan enmarcados en la estrategia contrainsurgente de la "guerra de baja intensidad" y responden a una decisión política de aniquilamiento de la insurgencia a través de la intervención castrense indirecta.
Recientemente, se conformó una nueva organización, la Unión Regional de Comunidades Indígenas (URCI), producto de un desprendimiento de Paz y Justicia. Según informa el reporte periodístico de Janet Schwartz (La República en Chiapas, 27 de septiembre de 2002), una de las razones fundamentales esgrimidas es consecuencia de "la posición radical y beligerante de algunos compañeros que le siguen apostando al método de la violencia para la solución de los problemas."
El comunicado de URCI señala que la "decisión se fundamenta en que le hemos apostado a la paz y reconciliación de nuestras comunidades, poniendo por delante el diálogo y la negociación para la solución de nuestras diferencias."
Y concluye: "reprobamos el uso de la fuerza y de la violencia como método de solución de nuestras diferencias como indígenas, y solicitamos ante las instancias gubernamentales dar inicio a un acercamiento que nos permita solucionar los conflictos intercomunitarios."
Con anterioridad ya se había producido otra escisión de Paz y Justicia: la Unión de Comunidades Indígenas, Agropecuarias y Forestales (UCIAF), encabezados por Samuel Sánchez y Marco Albino Torres López, ex líderes del grupo paramilitar original fundado en 1997, y luego de ser apresados fueron puestos rápidamente en libertad: ello supone una estrategia de impunidad para los agresores de las bases zapatistas. (La Jornada, 29 de septiembre de 2002). De la misma manera puede considerarse la captura de 27 integrantes del grupo, el 13 de este mes, en el momento que renovaban autoridades, cuya situación planteó la decisión de capturar a una corriente interna del grupo y no necesariamente a los responsables de la violencia.
Por voz propia, los integrantes que acaban de separarse señalan con claridad la responsabilidad de Paz y Justicia en la violencia chiapaneca, aún cuando los gobiernos federal y estatal continúen desconociendo, oficialmente, la existencia de grupos paramilitares. Como fuere, el hostigamiento y asedio a las comunidades no ha cesado desde el inicio del conflicto, y es funcional a la "guerra de baja intensidad" que se viene librando contra el zapatismo.
El reconocimiento explícito de que la banda recurre a métodos violentos aporta una contribución valiosa y notable para desentrañar la vorágine ininterrumpida, y que ha venido cobrando múltiples formas: disputa por la tierra y el régimen de tenencia, conflicto intra/intercomunitario, enfrentamientos religiosos, etcétera.
En el fondo subyace un elemento primordial, que refiere a dos conceptos distintos de forma de vida y comunidad. Uno, se manifiesta arraigado a las viejas formas de los caciques y el uso de la fuerza; el otro trata de un cambio social que también es cultural. Dos proyectos en pugna que siguen dirimiéndose a partir de las armas.