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Se inicia juicio oral contra ciudadanos chilenos detenidos en Perú
El día 28 de octubre se inicia juicio oral contra los chilenos detenidos en el vecino país desde 1993.
El mismo se realizará en el Penal de Lurigancho, situado a unas 5 cuadras de Castro-Castro, donde se encuentran actualmente recluidos los hombres procesados por el delito de terrorismo con agravio al estado. La pena solicitada por el fiscal es de 30 años, más una cuantiosa indemnización al estado peruano.
Este nuevo juicio busca responder al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictado en mayo 1999, que declaraba nulo el proceso anterior (por el que habían sido condenados a cadena perpetua) y ordenaba la conformación de la ley antiterrorista a la Convención Americana, como requisito para un juicio justo, respetuoso del debido proceso.
Sin embargo, nada de esto ha pasado.
En al menos 3 oportunidades, desde que se inició el nuevo proceso en mayo 2001, la Corte Interamericana ha manifestado sus aprehensiones respecto a la forma en que se ha ido desarrollando este segundo juicio. Ha llamado la atención sobre aspectos tales como el carácter provisional de los miembros del poder judicial involucrados en el proceso, puesto que la ausencia de titularidad en el cargo les resta autonomía e independencia para fallar acorde a conciencia. Esto ha sido reiteradamente desoído, no olvidemos que la jueza que llevó a cabo la etapa de investigación era provisional y que el fiscal que sustenta la acusación tiene la misma categoría.
Por otro lado, ha insistido en el hecho de que nuevamente se les estaría juzgando por las mismas leyes, sin haberlas modificado de acuerdo a los estándares internacionales establecidos para tal efecto y a las exigencias del fallo CIDH. Como se recordará esta ley es cuestionada por violar el principio de legalidad, puesto que son leyes poco acotadas e imprecisas, quedando sujetas a posibles (mal) interpretaciones judiciales y políticas.
Igualmente, viola el principio indubio pro-reo (favorecer al reo), de presunción de inocencia y no estipula ningún tipo de beneficios penitenciarios, una vez emitida la condena, cuestionando el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Sumado a lo anterior, los "medios de prueba", corresponden esencialmente a los utilizados en el juicio primero, es decir ATESTADOS POLICIALES, cuyas manifestaciones se ejecutaron bajo presión policial o tortura y DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE ARREPENTIDOS, de cuestionado valor probatorio ya que no cumplen con la condición esencial de no tener interés directo en el resultado del conflicto, puesto que es sabido que esto se realiza bajo la promesa de mejorarle al arrepentido su situación procesal.
Lo anterior, se da en un contexto poco alentador, recordemos que hay acusaciones por prevaricato presentadas contra los vocales de la Sala Antiterrorista, Hábeas Corpus acogidos por el Tribunal Constitucional que no han sido resueltos hace meses, solicitudes de excarcelación no acogidas, etc..
Los abogados están solicitando a la sala antiterrorista se declaren nulos los atestados policiales como medio probatorio, en este segundo juicio.
Igualmente, pidiendo respuesta a la acción de cumplimiento emitida hace al menos 5 meses al Congreso de la República peruana, exigiendo al Presidente de esta entidad, acatara el fallo CIDH e hiciera las modificaciones a la ley antiterrorista ordenadas por esta instancia supranacional, petición que a la fecha no ha sido respondida ni se ha ejecutado.
En las actuales condiciones, quedan pocas dudas de cual va a ser el resultado de este nuevo juicio, si nadie interviene para impedirlo.
Nuevamente serán violados los derechos de nuestros familiares y amigos, con el agravante de que esta vez el atropello será legitimado por un tribunal civil. Ninguna herramienta jurídica puede ayudarlos, ante la decisión política del estado peruano de pasar por sobre sus propias leyes para ejercer venganza contra ellos.
Se requiere la decidida intervención del estado chileno para garantizar los derechos de sus ciudadanos en el extranjero. Es hora que el gobierno chileno se manifieste frente a este atropello, que los parlamentarios demócratas extiendan su preocupación humanitaria a lo que ocurre con nuestros familiares y amigos. Hasta ahora no lo han hecho, a pesar de nuestras reiteradas demandas.
También requerimos la asistencia de veedores (observadores) de organismos supranacionales del ámbito jurídico y de Derechos Humanos a este nuevo juicio, como una forma de, por un lado, cautelar el cumplimiento del fallo CIDH y por otro, lo más probable, avalar una nueva concurrencia a la Corte Interamericana dada las características esencialmente políticas y xenofóbicas de este nuevo juzgamiento.
Finalmente, requerimos de las iniciativas y acciones que cada uno de ustedes pueda proponer y realizar, para enfrentar la apatía y arbitrariedad de los estados frente a los derechos de las personas.
Los convocamos a iniciar un nuevo esfuerzo para lograr encontrar una salida a esta situación, que no signifique dilatar indefinidamente este proceso, a costa de la vida y los derechos de nuestros familiares y amigos.
Comité de familiares y
