La decisión tomada por una corte de apelación de Guatemala de anular todas las condenas en el caso del asesinato del obispo Juan José Gerardi Conadera representa un grave retroceso para la justicia en el país, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Ayer, la corte ordenó que las condenas a 30 años de prisión impuestas al coronel retirado Byron Disrael Lima Estrada, a su hijo, el capitán Byron Miguel Lima Oliva, y al ex guardaespaldas presidencial José Obdulio Villanueva, por el asesinato de Monseñor Gerardi en abril de 1998 fueran anuladas y se celebrara un nuevo juicio debido a lo que describió como irregularidades, entre ellas las ocurridas en el testimonio de un testigo clave. La condena de 20 años impuesta al sacerdote católico Mario Orantes Nájera por complicidad en el crimen también fue anulada.
«La indignación que sienten las organizaciones de derechos humanos de Guatemala es una respuesta justificada ante una decisión que muestra total desdén por los años de lucha para obtener justicia en el país», ha dicho Amnistía Internacional. La organización ha manifestado sin ambajes que la anulación de las condenas simplemente demuestra que no existe compromiso por parte de las autoridades guatemaltecas de poner fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos.
«La decisión judicial nos ha causado profunda decepción, por ser típica de las tácticas del pasado que no pretendían sino desanimar, agotar y arruinar a los que trataban de luchar contra la impunidad en Guatemala», ha manifestado Amnistía Internacional.
«Uno de los propósitos de esta acción podría ser dar aún más tiempo para intimidar o sobornar a los testigos cuyos testimonios fueron vitales para obtener las declaraciones de culpabilidad», añade la organización, recordando cómo por lo menos nueve testigos relacionados con el caso fueron asesinados y cómo varios profesionales del derecho se vieron forzados a huir del país.
Las condenas fueron el resultado de la gran determinación y el firme propósito de los defensores de los derechos humanos guatemaltecos, entre ellos la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, que continuó trabajando en el caso pese a las reiteradas amenazas, hostigamiento y ataques.
«Estas convicciones se celebraron a nivel nacional e internacional como una señal de que la justicia era posible en Guatemala después de todo, y como un paso alentador en la lucha para poner fin a esa impunidad generalizada que han disfrutado los responsables de las atroces y masivas violaciones de los derechos humanos que se cometieron en Guatemala durante el prolongado conflicto que vivió el país», explica Amnistía Internacional.
Haciendo referencia a la condena impuesta la semana pasada a un oficial militar por ordenar en 1990 el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, Amnistía Internacional ha comentado que «la esperanza que la judicatura guatemalteca ofreció con una mano, se la ha llevado ahora con la otra».
«Es de vital importancia pues que la comunidad internacional y, particularmente, los países que han apoyado el proceso de paz, envíen un claro mensaje a las autoridades guatemaltecas declarando que la consecución de justicia en todos los casos de violaciones de derechos humanos es un prerrequisito para lograr una paz verdadera y duradera en el país y debe ser una consideración fundamental para seguir prestando su apoyo al proceso de paz guatemalteco», ha dicho la organización.
Información adicional
Monseñor Juan José Gerardi encabezó la investigación que la iglesia guatemalteca realizó sobre los abusos que se cometieron durante los años del conflicto. Monseñor Gerardi fue asesinado a golpes en abril de1998, dos días después de presentar las conclusiones del proyecto de investigación.
Los oficiales militares Lima Estrada, Lima Oliva y el ex oficial Obdulio Villanueva fueron condenados en junio del 2001 por planear el asesinato. Fueron los primeros militares condenados en Guatemala por una violación de los derechos humanos. En la época de las condenas, se mantuvieron abiertas las actuaciones contra otros oficiales, de mayor graduación, presuntamente implicados en el asesinato, pero no se ha sabido más sobre cómo progresaron dichas actuaciones.
Desde el principio, los que exigían una verdadera investigación fueron sometidos a constantes amenazas y hostigamiento; los testigos fueron asesinados y varios profesionales del derecho tuvieron que exiliarse. Las investigaciones oficiales parecían tener el propósito de ocultar, más que de revelar, los motivos de la muerte de Monseñor Gerardi.
Las grandes manifestaciones de los militares en apoyo de los colegas acusados en los casos Gerardi y Mack parecen haber exacerbado las tensiones ya existentes en la sociedad guatemalteca. Estas tensiones y el clima de impunidad se han puesto aún más en evidencia tras la reciente concesión hecha por el presidente Portillo de las demandas de compensación de antiguos miembros de las «patrullas civiles», que fueran ellos mismos responsables de enormes atrocidades durante el conflicto armado.