En junio de 1972 era posible escuchar, en el ámbito del Senado uruguayo, indignados reproches: el ministro de Defensa Nacional "no podía tolerar" que el senador Juan Pablo Terra "insulte a los componentes de las Fuerzas Armadas de este país". Terra había denunciado que el embajador de Paraguay visitaba cuarteles aconsejando a los oficiales que se prepararan para un golpe de Estado. El legislador frenteamplista indudablemente mentía, como demostraba un simple silogismo: si tal cosa hubiera ocurrido, los oficiales "inmediata y automáticamente" lo hubieran denunciado. No hubo denuncia, por lo tanto no hubo visitas diplomáticas a cuarteles y no había, claro, preparativos de golpe.
Ninguno de los legisladores blancos y colorados (desde Juan Adolfo Singer a Martín Recaredo Etchegoyen, desde Eduardo Paz Aguirre a Dardo Ortiz) que alimentaron el coro, hicieron un amague de autocrítica cuando, un año después, sobrevino la disolución de las cámaras y ellos mismos quedaron desocupados.
Hubo igual determinación cuando Terra denunció, en el mismo debate, en las mismas sesiones del Senado, las actividades del Escuadrón de la Muerte. Tal cosa no existe, decían los mismos incrédulos, y argumentaban que las confesiones del fotógrafo policial Nelson Bardesio a los tupamaros, durante un interrogatorio del Tribunal del Pueblo, eran inventos de un individuo "muerto de miedo", capaz de decir cualquier cosa. Como Terra esgrimió en sala la confesión de otro componente del Escuadrón, el comisario Benítez, confesión brindada en forma independiente pero que coincidía con la versión de Bardesio, el Senado, tras un mes de debates, terminó instalando una comisión investigadora.
Treinta años después es imposible recapitular los hechos de aquel turbulento período; los militares de la dictadura se cuidaron de esconder cualquier papel, cualquier documento que cuestionara "su" versión histórica, que los enfrentara a la realidad de sus actos por oposición a la retórica pomposa de sus discursos o la prosa lineal de sus comunicados; aquello que no pudo esconderse está debidamente clausurado bajo los candados del secreto; y, por si fuera poco, hay quienes sufren una amnesia tan selectiva como oportuna.
Como muchos otros episodios de entonces, la historia del Escuadrón de la Muerte se reduce a un simple invento de quienes, gratuita y demencialmente, sembraban la violencia porque sí. Aunque parezca extraño, todavía hoy cualquier voz que no sea la que ayer autorizaron los militares está automáticamente descalificada. Por eso será necesario apoyarse en documentos "insospechables" para corroborar punto por punto lo que insistentemente se denunció: ahora finalmente podemos admitir que el Escuadrón de la Muerte sí existió, porque lo dicen documentos diplomáticos estadounidenses.* Dicen más, todavía, como se podrá apreciar. Entre otras cosas, que la embajada de Estados Unidos detectó que el side argentino y el sin brasileño habían entrenado a miembros del Escuadrón y habían suministrado dinero, armas y explosivos para los atentados, secuestros y asesinatos, que pusieron en peligro la ayuda oficial estadounidense a la Policía.
Un resumen sobre la situación de la seguridad interna en Uruguay, elaborado por la embajada estadounidense en Montevideo para el Departamento de Estado, fechado el 1 de diciembre de 1972, incorporó todo un capítulo para analizar "la asistencia de terceros países en seguridad interna". Los asesores capitán Morgan, coronel Kerr y teniente coronel Haynes se manifestaban incapacitados para estimar el monto de la "asistencia abierta" que las fuerzas policiales y militares uruguayas recibían de sus vecinos, aunque suponían que, "en todo caso, no es ni grande ni decisiva para los esfuerzos antiterroristas de las Fuerzas Conjuntas".
El mayor volumen de ayuda consistía en el suministro de municiones, armas cortas, gases lacrimógenos, y equipo de transporte y comunicaciones, e involucraba "varios milllones de dólares"; pero la principal "es el entrenamiento en las escuelas militares argentinas, así como en las de Brasil y España".
Junto con la asistencia abierta -afirma el documento desclasificado por el Departamento de Estado- "hay también evidencia de que Argentina, Brasil y quizás Paraguay, hayan dado alguna clase de soporte para los grupos uruguayos clandestinos antiterroristas. Tal ayuda no ha llegado a través de los canales militares regulares, pero sí a través de las respectivas agencias de seguridad en los dos países, el Servicio de Información del Estado (side), de Argentina, y el Servicio Nacional da Informação (sin) de la Policía Federal de Brasil". El informe evaluaba que debía existir una "variedad de grados de coordinación en inteligencia" entre los servicios uruguayos y los de los vecinos.
El documento afirma que "esta clase de asistencia", desde Argentina, estuvo "limitada al entrenamiento de unos pocos oficiales". En cambio afirma el documento que "los brasileños entrenaron a militares y policías uruguayos vinculados a grupos antiterroristas que pusieron bombas, secuestraron y hasta mataron a sospechosos de ser miembros de grupos terroristas de la izquierda radical". La afirmación no deja lugar a dudas: existía un Escuadrón de la Muerte integrado por policías y militares, tal como Enrique Erro denunció en el Senado, en mayo de 1972, cuando leyó en Cámara las llamadas "actas de Bardesio" que hoy, algunos, quieren reducir a un simple "invento".
Según la información que manejaba la embajada estadounidense, los brasileños habían facilitado al Escuadrón de la Muerte "fondos, vehículos, armas, municiones y explosivos"; tenían conocimiento de que "altos oficiales uruguayos visitaron Brasil en 1971 para interiorizarse de las medidas que el gobierno de Brasil había utilizado contra la amenaza insurgente".
Precisamente, en su testimonio ante el Tribunal del Pueblo, el fotógrafo Nelson Bardesio había detallado que cuatro agentes de la Dirección de Información e Inteligencia habían recibido cursos en Buenos Aires, incluido él mismo, y que otros dos policías, cuyos nombres no conocía, habían recibido cursos en Brasil antes de participar directamente en la tortura y desaparición de Héctor Castagnetto, una de las cuatro víctimas conocidas del Escuadrón de la Muerte.
El último párrafo del informe contiene una sugestiva apreciación: "Aunque este tipo de asistencia, particularmente desde Brasil, ha ayudado sin dudas a desarrollar las actividades clandestinas de los grupos antiterroristas en Uruguay, existen en cambio serias dudas de que tales grupos hayan sido eficaces contra los tupamaros o los otros izquierdistas que constituyeron sus principales objetivos".
El balance, en opinión de los asesores estadounidenses, era negativo: "La acción en menor escala de estos grupos distrajo la atención oficial y el esfuerzo por mejorar los programas antisubversivos de la policía normal, y a la vez despertaron cierta simpatía del público por las víctimas izquierdistas del 'Escuadrón de la Muerte'".
El documento remata: "Tales actividades, conectadas oficialmente, pudieron haber puesto en peligro la asistencia estadounidense para la seguridad pública". Bardesio había revelado los nombres de los fundadores del Escuadrón de la Muerte: el subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara; el coronel aviador Walter Machado, enlace militar en el Ministerio del Interior; el comisario Hugo Campos Hermida, jefe del D-5; José Pedro Macchi, jefe del D-6; el subcomisario Óscar Delega; el oficial inspector Pedro Fleitas; un funcionario llamado Washington Grignoli, y dos civiles, el paraguayo Ángel Crosas Cuevas y el militante fascista Miguel Sofía. El Escuadrón se nutrió con otros policías y militares que ejecutaron los atentados, los secuestros y los asesinatos, pero su grupo fundador confirma las afirmaciones de la embajada estadounidense sobre los vínculos oficiales del aparato terrorista paramilitar.
La última frase del informe expresa que "desde mediados de abril de este año no han ocurrido más incidentes" atribuibles al Escuadrón, y la fecha coincide con el momento en que se dieron a conocer en el Parlamento las confesiones de Bardesio. * Los referidos documentos desclasificados fueron aportados para este informe por la profesora Clara Aldrighi, quien prepara un libro sobre la historia del Uruguay entre los años 1970 y 1973.
Manuel Ramos Filippini
Una ejecución equivocada La primera víctima mortal del "Comando Caza Tupamaros" (uno de los nombres con los que funcionó en Uruguay el Escuadrón de la Muerte) apareció en las rocas de la costa, sobre uno de los extremos de la playa de Pocitos, el 31 de julio de 1971. El cuerpo de Manuel Ramos Filippini presentaba diez impactos de bala en la cabeza, en los brazos y en el cuerpo. Los asesinos se habían identificado como "Comando Caza Tupamaros Óscar Burgueño", según un papel mimeografiado que fue encontrado junto al cuerpo. El cadáver de Ramos Filippini inauguró la serie de asesinatos que siguió con la desaparición de Abel Ayala y Héctor Castagnetto, y la tortura y muerte de Íbero Gutiérrez, en febrero de 1972.
La elección de Ramos Filippini como la víctima inicial con la que se daría a conocer formalmente el Escuadrón de la Muerte fue atribuida durante mucho tiempo a una cuestión de oportunidad. Manuel Ramos, un joven estudiante, había sido detenido a comienzos de 1970 porque se le encontró en su poder unos volantes firmados por el mln Tupamaros. La justicia lo procesó y Ramos permaneció unos meses recluido en la cárcel de Punta Carretas; fue liberado en junio de ese mismo año.
Ramos Filippini siempre negó su vinculación con el mln, y una prueba de ello es que un año más tarde, el 30 de julio de 1971, cuando unos policías que vestían de particular y que se movilizaban en dos vehículos con chapas falsas, llegaron a su domicilio y lo invitaron a concurrir a la Jefatura para un trámite de rutina, él aceptó, le pidió a su madre un pulóver, y la tranquilizó, asegurándole que regresaría pronto. Cuando el cadáver acribillado apareció horas después, los familiares de Ramos Filippini denunciaron la falsa detención y aportaron la descripción física de los policías; pero la investigación no prosperó.
La conjetura, a comienzos de agosto de 1971, era que el Escuadrón de la Muerte había salido indiscriminadamente a buscar una víctima, a modo de respuesta por la fuga de 38 presas políticas de la Cárcel de Mujeres, ocurrida ese mismo 30 de julio. Ahora, un documento desclasificado, fechado en Montevideo el 17 de febrero de 1972 y referido al secuestro de Dan Anthony Mitrione, el agente de la cia destinado en el Ministerio del Interior como instructor de policías en técnicas de interrogatorios, que incluían clases prácticas de torturas, ofrece otra explicación.
El secuestro ocurrió en la mañana del 31 de julio de 1970 y su chofer, el sargento Emilio González, identificó las fotos de Emigidio da Rosa, Raúl Bidegain y Manuel Ramos Filippini como tres de los integrantes del comando que había secuestrado al agente de la cia. El sargento González se había equivocado en la identificación: Emigidio da Rosa había sido detenido en otra operación militar, la misma tarde del 31 de julio; y en cuanto a Ramos Filippini, su situación quedó aclarada días después cuando, trasladado a la Jefatura de Policía, no pudo ser identificado por el sargento González durante un "manyamiento", es decir, la observación de sospechosos a través de un falso espejo. Ramos Filippini fue nuevamente liberado, pero su nombre quedó asociado al secuestro de Mitrione en los registros policiales, y así fue consignado en los despachos de los funcionarios diplomáticos estadounidenses.
Un año después, Ramos Filippini era secuestrado y asesinado "por la gente de Campos Hermida y Delega", según Bardesio, y nadie relacionó el episodio con el primer aniversario del secuestro de Dan Mitrione. Sin embargo, en un informe de la embajada de Estados Unidos, referido a las actividades de julio de 1971, se establece que la víctima había participado en el secuestro, y se sugiere que ésa puede haber sido la razón por la cual "un nuevo grupo llamado 'Comando Caza Tupamaros' lo torturó y mató". Aquella errónea identificación inicial fue una anticipada condena de muerte.
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