Latinoamérica

Miguel Concha
La Jornada

Coincidiendo con la conmemoración del denominado Día de la Raza, en el que por cierto múltiples organizaciones de México y Centroamérica realizan diferentes actividades de educación y de protesta contra el Plan Puebla-Panamá, el día 12 de octubre arranca en México la Consulta Popular Nacional sobre el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), con una primera jornada de votación en el Zócalo de la ciudad de México. La captación de votos ciudadanos se hará de manera acorde con los procesos sociales en curso, y con la celebración de efemérides nacionales significativas, y por ello se han previsto actividades diversas de información y consulta en asambleas de instituciones y organizaciones sociales, gremiales, civiles, políticas y comunitarias, así como la realización de talleres de difusión y discusión sobre el tema, y reuniones convocadas para tal fin. No se excluyen, desde luego, el trabajo personal, realizado durante periodos y en lugares determinados, ni la instalación de mesas de consulta en sitios públicos.
Se llevarán a cabo igualmente otras tres jornadas nacionales más de votación, el 20 de noviembre, el 5 de febrero y el 18 de marzo, día en el que concluye la consulta. Cada semana un centro nacional de cómputo, ubicado en la Fundación Arturo Rosenblueth, al que según un procedimiento escrupuloso, semejante al de una elección, hay que reportar los resultados, actualizará el conteo, con el fin de informar a la oficina nacional los totales de las consultas realizadas, el número de participantes y las respuestas para cada una de las preguntas.
El ALCA es un proyecto inspirado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que de manera equivocada pone al libre comercio y a la inversión extranjera desregulada como principales motores del desarrollo y erige un sistema de privilegios para las corporaciones multinacionales, particularmente de Estados Unidos, que reduce la capacidad de los estados para formular políticas públicas en beneficio de la totalidad de sus poblaciones: salud, educación, uso de la tierra, acceso al agua potable, recursos energéticos y bio-diversidad. Su dinámica económica posterga la distribución equitativa de la riqueza y conduce a una mayor degradación del ambiente.
A casi nueve años de su aplicación en México, con el TLCAN, dicho modelo, como se ha visto, no ha cumplido con las promesas de quienes lo promovieron, y muestra que los grandes ganadores han sido las empresas trasnacionales, y los perdedores los campesinos, pequeños productores, mujeres y trabajadores. Creará más bien un solo bloque comercial "desde Yukón hasta la Patagonia", bajo la tutela de Estados Unidos, para poder enfrentar así a sus rivales comerciales más cercanos, como son los europeos y los asiáticos. Tiene además una dimensión geopolítica de gran importancia para los proyectos de dominación imperial del vecino país, pues, como lo expresó con inusitada franqueza a comienzos de este año el secretario de Estado Colin Powell, "nuestro objetivo con el ALCA es garantizar a las empresas estadunidenses el control de un territorio que va del Polo Artico hasta la Antártida, y el libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio". Una de sus características, sin embargo, es el ser acordada por los gobernantes de la región a espaldas de sus pueblos, e incluso la pretensión de volverla obligatoria, a partir de supuestas leyes aprobadas sin el consentimiento de la ciudadanía.
Ante esta situación, la Alianza Social Continental, de manera conjunta con otras redes hemisféricas, incluso de Estados Unidos y Canadá, se ha empeñado en realizar una verdadera consulta amplia e incluyente, como el plebiscito nacional que se realizó hace un mes en Brasil, en el que participaron 10 millones de personas, 98 por ciento de las cuales rechazó que el gobierno brasileño firme un acuerdo para el ALCA. La consulta mexicana es parte de este movimiento popular continental.
Para la Alianza Social Continental son posibles en cambio otras opciones para las Américas, sobre la base de principios rectores fundamentales como la democracia, la soberanía, la equidad y la sustentabilidad, ignorados actualmente en las negociaciones del ALCA. Sus propuestas concretas para cada uno de los capítulos encontrados en el borrador del mismo integran temas cruciales como el trabajo, el ambiente, el respeto a los derechos humanos, la inmigración y el género.
En Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos, Veracruz, Puebla, Quintana Roo y Distrito Federal se llevarán a cabo marchas hoy en rechazo a la reforma constitucional en materia indígena y por el reconocimiento de los derechos de los indios conforme a lo establecido en la iniciativa de la Cocopa, así como por la desmilitarización de las regiones y en repudio al Plan Puebla-Panamá y al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Por su parte, en el taller de reflexión y planeación estratégica del Congreso Nacional Indígena (CNI), organizaciones indias de 10 estados del país determinaron seguir con la "política del silencio" -acordada con el Ejército Zapatista de Liberación Navional- y volver a sus comunidades "no como derrotados, sino para reforzar la defensa de nuestros territorios e identidad", y para construir en los hechos la autonomía, avanzando en la creación de normatividad propia, frente a las reformas "en cascada" que se prevén, tras las reformas constitucionales y a leyes secundarias.
En esta reunión, a la que asistieron unos 50 representantes de organizaciones y comunidades indígenas de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Michoacán, Yucatán, Chiapas, Chihuahua, estado de México, Jalisco y Distrito Federal, se afirmó que los pueblos indios "quisimos ayudar al Estado mexicano a que entienda que tiene que enmendar su error histórico ante nuestros pueblos. Le entramos, aceptamos el reto del Estado de discutir y no fueron capaces de aceptar las propuestas, sino que continuaron con sus vicios de seguir conduciendo el país como ellos quieren.
"Ya conversamos con ellos, quisimos ayudarles a entrar en razón y no quisieron. Ya dimos la batalla fuera de nuestra cancha y ahora volvemos a la nuestra, a nuestras comunidades. Hay que decirle a la sociedad civil, que está muy desesperada, que para los pueblos indios no ha acabado nada", añadieron.
Se discutió si se haría un pronunciamiento en nombre del CNI al respecto. Después de una docena de intervenciones, se recordó que el CNI no tiene voceros y se dijo que el taller no tenía representatividad suficiente para hacerlo -hubo voces que cuestionaron cuántas tenía que haber para considerar que sí-. Finalmente, el consenso fue que las organizaciones que quisieran formular un pronunciamiento lo hicieran en su nombre y no del CNI. Algunos reclamaron que para eso las organizaciones tienen autonomía y no hacía falta discutirlo en el taller.
En este contexto se dio a conocer, por otra parte, el pronunciamiento de 18 organizaciones de Oaxaca y la Coordinación Regional de los Altos de Chiapas en relación con la efeméride del día: a 510 años del inicio de la colonización de América "y ante la negativa del Estado mexicano" de reconocer sus derechos colectivos en la Constitución, los pueblos indios del país exigen a los poderes Ejecutivo y Legislativo, federal y estatales, que "corrijan el agravio" cometido en su contra aceptando sus garantías conforme a lo establecido en la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).
El documento, suscrito por Servicios del Pueblo Mixe; el Consejo Indígena Popular Ricardo Flores Magón; la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca y la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, entre otras, afirma: "los actuales gobiernos neoliberales han establecido las bases legales para que los pueblos indios seamos despojados por las grandes compañías trasnacionales de nuestras tierras y riquezas naturales", mencionando las modificaciones al artículo 27 constitucional; la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y la reforma Cevallos- Bartlett-Ortega, que consideran contraria a los acuerdos de San Andrés y a la iniciativa de la Cocopa.
"El Estado mexicano no quiere reconocer los derechos colectivos de nuestros pueblos, porque prefiere garantizar a las empresas trasnacionales, a través de la firma de nuevos tratados comerciales como el ALCA, que sigan saqueando con mayor facilidad los recursos humanos y materiales de los pueblos indios y del pueblo de México", añade.
Subraya: "los megaproyectos económicos (construcción de presas, carreteras, puertos aéreos y marítimos, minas, saqueo de biodiversidad, contaminación por transgénicos, privatización de la energía eléctrica y el petróleo e instalación de corredores de maquiladoras, entre otros) se están realizando sin tomar en cuenta a los que vivimos en estas tierras, pasando por encima de los derechos que costaron la vida de millones de mexicanos, lesionando la economía de los más pobres e incluso de la pequeña y mediana industrias, y pisoteando la economía nacional".
Critica que cada día se destinen menos recursos para apoyar a los sectores desprotegidos y que los programas de política social "estén encaminados a privatizar los servicios sociales elementales y a desarticular los procesos de organización de hombres, mujeres y pueblos, prefiriendo otorgar limosnas individualizadas como Procampo, Oportunidades y Empleos Temporales, entre otros, al tiempo que se destinan más fondos para fortalecer el aparato represivo del Estado".
Mientras tanto, informa Herman Bellinghausen, la mayor parte del estado de Chiapas quedó paralizado el pasado 11 de octubre al cumplirse 510 años del "descubrimiento de América" (como se conoce el arribo de Cristóbal Colón a las islas del Caribe). Miles de indígenas, pertenecientes a decenas de organizaciones, realizarán bloqueos hasta de 24 horas en los accesos a las principales ciudades, carreteras internacionales y fronterizas, cruceros y cabeceras municipales.
Pocas fechas históricas han experimentado transformaciones más profundas en el imaginario colectivo. El 12 de octubre pasó de ser "el Día de la Raza" (y no propiamente la indígena, sino la de los criollísimos Caballeros de Colón) a significar la cuenta regresiva de medio milenio de ignominia contra los pueblos indios. Ya ningún empresario o político se atrevería a vestir las ridículas galas de las "mulitas de don Cristóbal" (como el ingenio popular rebautizó a los miembros de la orden de los Caballeros de Colón, que eran algo así como los Caballeros de Malta, pero sin Malta).
Los indios, reacios a "desaparecer", se han vuelto el principal desafío a los poderes de la Nación. De un tiempo a acá expropiaron la conmemoración y la convirtieron en un hito de protesta, movilización y afirmación de su existencia como pueblos. Desde finales de los años 80, al creciente movimiento indígena mexicano le dio por echarle a perder la fiesta a los "descubridores", pero el año cero del viraje fue, curiosamente, 1992. Los 500 años. Hay aniversarios que todavía muerden.
En forma paralela a la celebración trasatlántica, encabezada muy apropiadamente por su alteza el rey Juan Carlos de España y los presidentes de América Latina como pequeños o grandes virreyes, millones de indígenas en el continente maduraron una nueva manera de concebir su futuro.
Después de aquel despertar indígena, ya nada ha vuelto a ser igual en México. Hace 10 años, en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, la manifestación del 12 de octubre adquirió el carácter de una sublevación simbólica. Miles de indígenas, portando arcos y flechas, detuvieron la marcha al pie de la estatua de don Diego de Mazariegos, conquistador español de la que sería Ciudad Real. Elocuentes, treparon al pedestal e hicieron caer el bronce cuan largo era.
Dos años después, esos mismos indígenas se revelaron como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En enero de 1994, tomaron por las armas ésta y otras ciudades chiapanecas. Después, expresaron sus demandas. Desde entonces siguen esperando la respuesta del Estado mexicano.
No sólo ellos. Sus demandas fueron asumidas por indígenas de todo el país. Hoy, la demanda nacional y chiapaneca es el reconocimiento a los derechos y cultura de los pueblos indios, el fin de la guerra de exterminio y la defensa del patrimonio nacional.
A una década de la cuenta regresiva, decenas de organizaciones indígenas agregan su oposición al ALCA y al PPP. Este año, junto con los indígenas, muchas otras organizaciones políticas, culturales y religiosas se sumarán a una movilización latinoamericana de lucha y resistencia.
En Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y en al menos nueve estados del sur mexicano se esperan movilizaciones y bloqueos en las principales vías terrestres.
Aparte de las marchas en San Cristóbal de las Casas, Palenque y Ocosingo, en Chiapas han anunciado acciones la Coalición de Organizaciones Autónomas de Chiapas (Coech, que aglutina a las agrupaciones afines al gobierno chiapaneco) y la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO), que a su vez reúne a la ARIC- Independiente, la Orcao, la CNPI y otros grupos indígenas.
También lo ha hecho el Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) en la frontera y Marqués de Comillas. Sus miembros efectuarán plantones en la carretera fronteriza sur, a la altura de Chancalá, San Javier y Playas de Catazajá.
Se espera incluso la participación de un grupo de lacandones disidentes en el bloqueo que varias organizaciones establecerán en el crucero de San Javier. Conocidos por su apoyo irrestricto a los gobiernos y sus planes (incluido el PPP), esta será la primera vez que los lacandones protestarán un 12 de octubre junto con los demás indígenas.
Las Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP), reunidas en las instalaciones del Instituto Nacional Indigenista de San Cristóbal de las Casas, anunciaron que se adherirán a estas acciones.
Las Coordinadoras Regionales de Chiapas de la Sociedad Civil en Resistencia dieron a conocer su participación en siete bloqueos carreteros, junto con CNPI, CIOAC- Independiente, OCIPA (Organización Campesina Independiente para los Pueblos Autónomos), OCEZ, Pueblo de Oxchuc y decenas de organizaciones de Los Altos, zona norte, frontera, costa y selva Lacandona.
Estos bloqueos se establecerán en los cruceros de Pulpitillo, Trinitaria, Arriaga, Mazatán y el Framboyán, así como en San Felipe Ecatepec (entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez) y en las inmediaciones de los ejidos La Nueva Unión y Francisco J. Grajales (entre Palenque y Marqués de Comillas).
El Comité Regional de Ciento Cincuenta Comunidades, afectadas por la construcción de tres represas a lo largo de la frontera con Guatemala, efectuará bloqueos en Nuevo Orizaba y Comalapa, y se sumará a los plantones en los cruceros de Trinitaria y San Javier.
En el mismo sentido, las 60 organizaciones y comunidades que clausuraron hoy el primer Encuentro chiapaneco contra el neoliberalismo determinaron sumarse a la marcha indígena independiente en San Cristóbal. Entre ellas se encuentran Las Abejas, médicos y parteras tradicionales, cooperativas de artesanos de los Altos y la mayoría de las ONG de la región.
Sin pronunciarse al respecto, el EZLN y sus municipios autónomos reverberan en las demandas de los indígenas movilizados ahora. A fin de cuentas, el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y la desmilitarización de las comunidades chiapanecas son demandas unánimes en marchas y plantones. En realidad todos los indígenas, no sólo los zapatistas, siguen esperando que el gobierno cumpla su palabra.
También en el contexto de la conmemoración del Día de la Raza, organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y de departamentos fronterizos de Guatemala informaron que bloquearán los principales pasos entre México y Guatemala para protestar por el Plan Puebla-Panamá (PPP), el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la construcción de presas hidroeléctricas en Chiapas y Guatemala. En otros estados se anunciaron marchas.
Del lado guatemalteco serán bloqueados los puntos fronterizos y la carretera interamericana de la Mesilla, la principal vía de comunicación entre la frontera mexicana y la capital guatemalteca.
Hasta el momento se han confirmado los bloqueos de de puntos fronterizos de Guatemala con México (Tecún Uman y la Mesilla, en los departamentos de San Marcos y Huehuetenango), El Salvador (Ciudad Pedro de Alvarado, en el departamento de Jutiapa), Honduras (el Florido, en el departamento de Chiquimula) y Belice (Melchor de Mencos, en el departamento de Petén).
El gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía hizo un "respetuoso" llamado a las organizaciones que se movilizarán en la entidad este 12 de octubre para que las acciones las realicen "dentro de cauces de la ley".
En Chilpancingo Guerrero, unos 500 militantes del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena (CG500ARI), hicieron marchas y bloqueos para demandar al Congreso del estado la aprobación de una amnistía local y apoyos productivos para 300 comunidades de la Montaña de la entidad.
El dirigente indígena, Amador Cortés Robledo sostuvo que a un mes de la conclusión de los trabajos de la Legislatura local, la promesa que hicieron diputados locales de aprobar una ley de amnistía local, no se ha cumplido, "tienen más interés en asuntos de índole político que resolver las demandas de los presos políticos de la entidad". El contingente venía de la región Montaña Alta, Costa Chica, Zona Centro del estado y de la Zona Norte.
En Veracruz organizaciones no gubernamentales e indígenas de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos se movilizarán en el sur del estado contra el PPP y el ALCA.
La marcha tendrá lugar en la carretera transístmica, de Oteapan a Cosoleacaque, donde se concentrarán indígenas de Zaragoza, Soteapan, Cosoleacaque, Oteapan y de Tatahuicapan de Juárez, uno de los municipios del país que presentaron controversia constitucional contra la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas. Todos son integrantes del Consejo Regional Indígena Nahua y Popoluca.
El Movimiento Agrario Indígena Zapatista de Veracruz agregó que esa manifestación será simultánea a las de organizaciones de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero.
En Sonora, como condición para reiniciar la mesa del diálogo en la búsqueda de una solución a la problemática de la tribu yaqui, el gobernador de la etnia, Octaviano Jécari Espinoza, exigió a las autoridades estatales la destitución del titular de Educación Indígena, Juan Silverio Jaime León.
El líder yaqui que mantiene desde hace más de cuatro meses un plantón a un costado de una carretera al sur de Hermosillo, sostuvo que esta petición representa una condicionante para continuar las pláticas con el gobierno del estado.
Por su parte, Xóchitl Leyva, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-sureste), entrevistada en San Cristóbal de las Casas, sostuvo que a 510 años de la llegada de los españoles la cultura de los pueblos indígenas de Chiapas "tiene futuro porque no está anclada en raíces ancestrales pasadas de moda".
Comentó que los indígenas están "como muy anclados en sus tradiciones pero éstas ya están puestas en un discurso y en una búsqueda universal de identidades, porque eso es lo que ahora está pasando en el mundo: la búsqueda de identidades ancladas en raíces".
Porfirio Encino, secretario de Pueblos Indios del gobierno de Chiapas, aseguró que las etnias "seguirán viviendo, aunque en cierta forma nos afecta la globalización, como la entrada de la Coca Cola, la Pepsi Cola, el alcoholismo, las Sabritas y toda esa comida chatarra".
Afirmó que el mestizaje también les afecta "por la discriminación y exclusión, pues si uno no viene con su ropa como mestizo no lo tratan igual por el racismo".