El ex canciller Blanco fue procesado con prisión por el secuestro de Elena Quinteros A 26 años, 3 meses y 20 días del secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros de los jardines de la Embajada de Venezuela en Uruguay, el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco fue procesado con prisión, como coautor de un delito de privación de libertad en este caso. La prisión preventiva se debe a que la sede judicial actuante estima que recaerá pena obstativa (prisión mayor a dos años y por ende inexcarcelable); la privación de libertad tiene una pena de 1 a 9 años de prisión.
El ex canciller de la dictadura debió concurrir a declarar varias veces al juzgado.
El fallo le fue comunicado, a él y a su abogado, en las primeras horas de la tarde de ayer en la sede judicial de la calle Misiones. Luego, el ex funcionario de la dictadura y senador durante el primer período legislativo (1985-1989) fue conducido en un vehículo policial hasta Cárcel Central, donde permanece recluido.
El fallo, produjo inmediatas reacciones, tanto a nivel político como de los organismos de derechos humanos. En cambio, en el gobierno la noticia fue recibida con "tranquilidad" y no generó ningún tipo de comentario. El doctor Carlos Ramela, integrante de la Comisión para la Paz, organismo oficial creado por el presidente Jorge Batlle para aclarar el destino de los desaparecidos, dijo que Blanco no aportó ningún dato al grupo respecto al caso de Elena Quinteros. Sí sostuvo que el juez "no entendió necesario esperar los términos del informe final" de la Comisión. La Comisión para la Paz elevará el lunes al presidente Jorge Batlle un preinforme con todo lo actuado, desde agosto de 2000 (ver páginas siguientes).
"Privación de Libertad" "A lo establecido en los artículos 15, 16 y 27 de la Constitución de la República, 1, 18, 61, 281, del Código Penal, 125 y siguientes del Código del Proceso Penal, SE RESUELVE: 1ro. Decrétase el enjuiciamiento y prisión del Sr. Juan Carlos Blanco imputado de ser autor de un delito de Privación de libertad", expresa la sentencia del juez penal de 1er. Turno Eduardo Cavalli, haciendo lugar al pedido de la fiscal Penal de 2º Turno Mirtha Guianze.
En el histórico fallo, el juez actuante marca la opción ética que tuvo Blanco, entre apoyar la falsa versión que le dieron los mandos militares de la época de que no detuvieron a Elena Quinteros o la información que llegaba desde el exterior. "Se considera que la realidad que asumió, la que puede asumir hoy y la que debió asumir siempre, es que los mandos de la época habían procedido a la detención de la maestra y para ocultar el error forzado por Quinteros, debían negar que la tenían y hacer desaparecer cualquier rastro de ella. Dos vías tuvo el Sr. Blanco para elegir. La que optó fue cooperar a propagar la verdad formal que se le decía, colaborar con los captores e instruir al cuerpo diplomático para que salieran al mundo a decir que quienes mentían eran los funcionarios extranjeros".
En ese sentido Cavalli agrega que "otro acto que supuso la colaboración con las personas que privaban la libertad de la Sra. Elena Quinteros lo constituye el libramiento de un comunicado de prensa el 6 de julio de 1976, por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores a su cargo, desvirtuaba hechos y atribuía responsabilidad en el episodio al embajador (de Venezuela) Ramos. Lo más relevante para el caso desde el punto de vista penal, es que la colaboración antes detallada, practicada en el Uruguay de 1976, suponía además, echar la suerte de la Sra. Elena Quinteros hacia un final presumiblemente trágico".
El magistrado dice que el delito de privación de libertad no está prescripto, y que aplica esta figura penal debido a que Uruguay aún no ha tipificado los delitos incluidos en la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas que nuestro país suscribió y ratificó.
Igualmente señala que cabe la posibilidad de que éste estuviera prescrito en mayo de 1996, cuando comenzó a regir para Uruguay la Convención antes mencionada, para lo que sería necesario saber si Quinteros vivía o no a mediados de 1981. Es decir que si militares prueban ante la Justicia que mataron a Quinteros antes de esa fecha el delito de privación de libertad habría prescripto.
A su vez, Cavalli se refiere a la defensa de Blanco, la que ha insistido en su escrito sobre que los elementos de convicción llevan a una sola conclusión y ella es el fallecimiento de Elena Quinteros. Según Cavalli "esa circunstancia no ha sido probada. Pero en un sentido inverso a lo considerado por el indagado, si se probara la muerte de esta persona, circunstancia muy probable pero legalmente, se reitera, no probada, cabría preguntarse si la participación delictual del indagado no sería mucho más grave. Al contrario de lo que pretende demostrar con la prueba de informes solicitada por el Sr. Blanco, esa hipótesis, más que exculpatoria, podría agravar seriamente la responsabilidad del indagado".
Vistos y considerando Los vistos y considerando del fallo comienzan señalando que "De autos surgen elementos de convicción suficientes para entender que el Sr. Juan Carlos Blanco Estradé está incurso como coautor, en un delito de Privación de libertad muy especialmente agravado".
En el escrito el juez hace un racconto de los hechos, recordando primeramente que Elena Cándida Quinteros Almeida en julio de 1976 tenía 31 años, era titulada como maestra aunque no ejercía por habérselo impedido las autoridades de la época. También menciona las detenciones de Elena Quinteros en 1967, 1969 y 1972. Añade que en junio de 1976 estaba detenida por funcionarios de las fuerzas de seguridad que operaban en ese momento en forma conjunta y la forma que Quinteros ideó para una posible escapatoria pidiendo asilo en la Embajada de Venezuela y sacada a la fuerza de allí por efectivos militares o policiales, basándose en la lectura de los informes parlamentarios publicados por el Diario Oficial que acompañaron la denuncia y de las actuaciones judiciales ya clausuradas".
Cavalli afirma que "de cualquier modo, como señala la Fiscalía, los hechos que motivaron la desaparición de Elena Quinteros fueron cometidos por funcionarios militares o policiales, equiparados o asimilados, por móviles políticos, ya que el Poder Ejecutivo así lo determinó".
Luego el escrito nombra el expediente administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el interrogatorio de Blanco y la prueba testimonial aportada al caso, mencionando la reunión que Blanco mantuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el subsecretario Michelín Salomón, el asesor de la Cancillería Alvarez, y el embajador de Uruguay en Venezuela, Julio César Lupinacci (hasta hace poco tiempo embajador en el Vaticano). "En esa reunión, se dispone por el canciller la realización de un memorando a presentar a autoridades del gobierno analizando las ventajas o desventajas de la entrega de quien identifican como "la mujer". Luego de detallar cada una de ellas, culminan por recomendar la entrega y sugieren la explotación publicitaria de ese acto". En una reunión posterior en la que habrían estado presentes los ministros del Interior y Defensa, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Blanco y los otros mencionados, los funcionarios de Cancillería reciben la información por parte de los militares que Elena Quinteros no está detenida en ninguna dependencia, lo que según Blanco lo llevó a sostener que ninguna autoridad uruguaya había detenido a Elena Quinteros.
"Debe decirse que existe semiplena prueba de estos hechos, en el sentido que el Sr. Blanco, como canciller de la República, estaba por demás enterado de la denuncia de secuestros, detenciones y desaparición de personas en el Uruguay. El entonces canciller, sabía perfectamente la discordancia entre las afirmaciones de quienes ejercían el mando y lo que se denunciaba en el mundo, más precisamente, en una serie de naciones de fuerte tradición democrática. En otras palabras, sabía por fuentes que van más allá de la ola de rumores que sacudió Montevideo en aquellos días sobre el terrible destino de la Sra. Quinteros (hecho notorio), que el mundo entero sostenía la verdad que a lo largo de los años se fue confirmando, hasta ser ratificada por el propio Sr. Blanco en esta indagatoria: la desaparición forzada por los órganos de represión de la Sra. Quinteros".
"A pesar de las manifestaciones del indagado en el sentido que ni sospechaba que la Sra. Elena Quinteros hubiera sido detenida por funcionarios uruguayos, si se aprecia el texto del memorando, se verá que de ningún modo pensó de esa forma. Efectivamente, en el mismo se decía: "... No puede persistirse en la posición de alegar que la acusación venezolana carece de elementos de juicio ante las determinaciones concretas de datos contenidos en la última nota de Venezuela".
Para Cavalli "los hechos relatados encuadran típicamente en el delito de Privación de libertad muy especialmente agravado pues el hecho obedece... a móviles políticos o ideológicos". La participación del indagado fue la de coautor pues hubo una cooperación directa en el período de la consumación.
Como se dijo antes, se trató de una cooperación material, al llevar adelante, como cabeza de la Cancillería, un plan para distorsionar los hechos, negando la realidad". El abogado defensor de Blanco, el doctor Carlos Curbelo Tammaro, se negó a hacer declaraciones, aunque trascendió que va a apelar en el entendido de que el fallo, al procesar a Blanco por el delito de privación de libertad, parte de la hipótesis absurda de que Quinteros está viva cuando lamentablemente no es así.

" A las 16 y 42 minutos Compacto 1410, el informativo de AM LIBRE se contactó con el general (r) Iván Paulós, quien al conocer la detención del ex canciller Juan Carlos Blanco dijo "que si siguen así van a empezar a hablar los hechos".
Este fue el diálogo que Raúl Legnani, jefe del informativo, mantuvo con el militar retirado: ¿Usted cree que con este procesamiento comienza un revisionismo? -Van a hablar los hechos, amigo. Que tenga buenas tardes.
¿Que quiere decir con eso? -No no, no tengo nada que declarar, yo. Pero si empiezan así van a empezar a hablar los hechos.
¿Qué quiere decir con "los hechos"? -Lo que a usted le parezca.
El informativo también se contactó con el ex dictador Juan María Bordaberry, quien se negó a realizar declaraciones, pero al finalizar el breve diálogo dijo que no hablaba con 1410 AMLIBRE porque "vive diciendo pavadas y estoy trabajando".

Puig: "Es el puntapié inicial para que en Uruguay empiecen a ser procesados los criminales" El PIT-CNT celebró el fallo judicial En la sede del PIT-CNT ayer se vivía un clima de profunda emoción ante el procesamiento y reclusión del ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. El dirigente de la central sindical, Luis Puig, le comunicó a los medios de comunicación que sentía "satisfacción ante el primer procesamiento de alguien que hasta el momento había estado amparado por la impunidad".
Para el PIT-CNT Blanco es uno de los "responsables de las grandes violaciones de los derechos humanos".
"Esto da el puntapié inicial para que en Uruguay empiecen a ser procesados los criminales" y agregó, "ahora falta que también se juzgue a todos aquellos que cometieron crímenes aberrantes y que han sido protegidos desde el poder.
El sindicalista sostuvo que Blanco es uno de los "responsables de las grandes violaciones de los derechos humanos que se cometieron en Uruguay durante la dictadura. Después de más 25 años de cometidos esos crímenes: desapariciones, torturas, asesinatos y secuestros de niños, la Justicia procesó al ex canciller de la dictadura por su activa participación en el secuestro de la maestra Elena Quinteros".
Puig recordó que la causa judicial, que venía de la década de 1980, fue desarchivada a pedido de "Tota" Quinteros y de la secretaría de los Derechos Humanos del PIT-CNT. Y, finalmente culminó con el procesamiento de uno de los "responsables del secuestro de Elena Quinteros. Ahora queda esperar que se tomen medidas similares con el personal que en ese tiempo trabajaba en la Cancillería y que hoy siguen siendo funcionarios diplomáticos como Julio César Lupinacci y Alvaro Alvarez". El dirigente remarcó que en el caso también tuvieron activa participación los mandos militares" .
El dirigente del PIT-CNT señaló que en este tiempo existió una investigación dentro de la Cancillería y allí se estableció que en aquel entonces se manejó un expediente en el cual se decía "que hacer con la mujer (Elena).
Las alternativas eran la libertad o, lo que ellos llamaban, darle el destino final".
Durante la conferencia de prensa, en la que participaron los dirigentes Ivonne Passada, Jorge Castro, el abogado Pablo Chargonia y Puig, el representante de la central sindical afirmó que "es sumamente importante que se de el puntapié inicial para que en Uruguay empiecen a ser procesados los criminales. Hasta ahora la impunidad había campeado en el país. Por ello el procesamiento del primer responsable de estos crímenes nos reafirma en la posición de seguir luchando contra la impunidad y nos da fuerzas para reclamar el procesamiento de los criminales; muchos de los cuales ya tienen el pedido de extradicción de algunos países". * ##################################################### Abogado de Serpaj, Guillermo Paysée "La decisión judicial rompe el ancla establecida por la Ley de Caducidad" El abogado del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Guillermo Paysée, dijo a LA REPUBLICA que el procesamiento del ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco -por coautoría de un delito de privación de libertad en la desaparición de la maestra Elena Quinteros- es un hecho auspicioso, que "abre brechas en el esclarecimiento de la violación a los derechos humanos, en el período de facto. Además es un hecho que hace bien al sistema democrático".
Para Paysée la actuación de la Justicia en el caso, es demostrativa de la independencia de dicho poder y prueba que es el ámbito para avanzar en esos aspectos, ya que el sistema político se muestra cerrado a cualquier modificación de la Ley de Caducidad. En su opinión, la decisión judicial rompe el ancla establecida por dicha ley y permite vislumbra un camino a la investigación y la Justicia, que parecían cerrados.
El procesamiento de Blanco, añadió, muestra que las pruebas contra el ex canciller son muy importantes, pues pese a la negativa de aquel, el juez encontró motivos para su procesamiento. En cuanto a las posibilidades de que el ex funcionario aporte indicios sobre el paradero de los restos de Quinteros, Paysée no cree que de sus dichos surja alguna pista al respecto.
Finalmente, el abogado de Serpaj recordó que están pendientes varias denuncias, entre ellas las presentadas contra el ex dictador Juan María Bordaberry por el asesinato de ocho comunistas en la seccional 20 del PCU, en 1972. También, contra el coronel Manuel Cordero por apología del delito, cuando en un reportaje en el semanario Búsqueda justificó la tortura y manifestó su disposición a repetirla, si las circunstancias, a su entender, lo exigieran. * ##################################################### Opinan Edgar Bellomo, Rafael Michelini, González Alvarez, Ruben Díaz y García Pintos Legisladores de todos los partidos, excepto del Colorado, valoraron acción de la Justicia El procesamiento con prisión del ex canciller de la República, Juan Carlos Blanco por el delito de privación de libertad, vinculado al caso de la maestra Elena Quinteros, generó inmediatas repercusiones a nivel político.
Con distintas valoraciones, legisladores de todos los partidos, con excepción del Partido Colorado, valoraron positivamente el pronunciamiento de la Justicia.
Michelini (Nuevo Espacio): "La Justicia da todas las garantías.
En la víspera, el juez Eduardo Cavalli procesó con prisión por el delito de privación de libertad al ex ministro de Relaciones Exteriores durante la pasada dictadura, Juan Carlos Blanco por el caso del secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros y lo remitió a Cárcel Central.
Consultado al respecto, el senador Rafael Michelini, del Nuevo Espacio sostuvo que "confía en la Justicia en la medida que da todas las garantías del debido proceso al ex canciller, de un hecho absolutamente horroroso el cual terminó con la vida de la maestra Elena Quinteros".
"Naturalmente no sólo hemos bregado para que se sepa la verdad, sino que nos alegramos que la Justicia tomara el caso y actuara con toda la imparcialidad que ha demostrado. Hemos peleados porque el Estado Uruguayo y las Fuerzas Armadas reconozcan las violaciones de los derechos humanos más allá de nombres y apellidos", añadió el parlamentario.
Tiempo atrás Michelini responsabilizó, en un seminario ante el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), a las Fuerzas Armadas por la violación de derechos humanos en el Uruguay y citó algunos de los casos más notorios de esas operaciones.
"Una flor" y "un poco de paz" Por su parte, el diputado Edgar Bellomo (Alianza Progresista) opinó que el caso Elena Quinteros constituye "uno de los episodios más dolorosos y vergonzosos de la época dictatorial no solo por el hecho en sí mismo, sino por lo que supuso en el ámbito internacional y que fue un desencadenante de la ruptura de relaciones con la hermana república de Venezuela".
"Además, no podemos pasar por alto implicancias y vinculaciones entre personeros de aquél momento nefasto con algunos partidos políticos en la actualidad", añadió el legislador encuentrista.
Por otro lado, resaltó que se atiene el dictamen emanado de la Justicia, y opinó que el mismo constituye "un paso positivo y un aliciente para seguir analizando responsabilidades que todavía deben seguir siendo investigadas.
"Esto es como depositar una flor en la tumba de María Almeida "Tota" Quinteros, y recordar que aún falta la de Elena", puntualizó.
Por su parte, el diputado Carlos González Alvarez (Herrerismo) también integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes expresó que "es un fallo judicial al cual hay que respetar, porque se habrán tenido en cuenta todos los elementos del caso. Es decir, si la Ley de Caducidad lo comprendía o lo amparaba".
"Tenemos que tener confianza en los Jueces en que actúen y si está bien realizado el procesamiento desde el punto de vista legal, va a poder traer un poco de paz a la gente que hace años está luchando por el tema", señaló el legislador nacionalista.
Alberto Scavarelli (Foro Batllista) componente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados prefirió no hacer comentarios "por el momento hasta que se conozcan los fundamentos del magistrado actuante, porque se trata de un tema muy importante y de trascendencia".
"Hacia el enfrentamiento" Sin embargo, el diputado también forista, Ruben Díaz opinó que "se trata de una medida negativa, injusta y que no beneficia al país". Si bien señaló que respeta la autonomía del Poder Judicial y los magistrados que actuaron, resaltó que "tiene el derecho de opinar sobre las decisiones que se toman al respecto".
"Esto va contra toda la política que ha seguido el país en materia de pacificación y reinstitucionalización desde hace quince años. Además, el delito es muy discutible como así también lo es la constitucionalidad de la norma que se invoca, razón por la cual en la Justicia se darán instancia definitorias en etapas posteriores". Agregó: "Es un paso gigantesco hacia el enfrentamiento entre los uruguayos que nos conduce al proceso que ha tenido la consagración popular en la ley de Caducidad, creo además que es un acto de injusticia personal". Si bien resaltó que en su momento discrepó con el golpe de estado de 1973 y mantuvo con Juan Carlos Blanco "todas las discrepancias del caso", de todas maneras señaló que Blanco no "estuvo ni directa ni indirectamente vinculado a hechos donde se lesionara la integridad de las personas y es un hombre de bien".
En el mismo sentido, el diputado Daniel García Pintos (Fuerza Nueva Colorada) subrayó que el procesamiento de Blanco es "verdaderamente lamentable" "Sigo teniendo el mismo buen concepto que he tenido siempre sobre Blanco como profesional del derecho que es, como ex legislador y ex canciller de la República. Por lo que ha sido una decisión producto de la enorme presión que hay en la sociedad uruguaya", opinó. El legislador afín al batllismo, Lista 15 añadió que en la actualidad "hay grupo pequeño de gente de extrema izquierda que está presionando enormemente sobre los tres poderes del Estado". *