Una nueva visita del FMI al Ecuador lo encuentra sin posibilidades de alcanzar las metas gubernamentales.Medidas fondomonetarias no acaban de implantarse totalmente en nuestro país. El gobierno ecuatoriano es aliado del FMI en la implementación de medidas neoliberales. Para la negociación tiene como logros un superávit presupuestario superior a 100 millones de dólares y la aprobación de la Reforma Fiscal que asigna el 70% del Fondo Petrolero para la recompra de la deuda externa ecuatoriana. Ambas exigencias de este organismo internacional.Tal actitud rastrera no le ha traído mejores relaciones con el FMI. Al contrario el gobierno del Ecuador es acusado de algunos incumplimientos de carácter estructural traducidos en poca firmeza en su política económica lo cual le ha impedido modernizar el Estado, también de no reducir el tamaño del mismo. Ambas medidas significan que el gobierno no ha logrado la venta de las empresas estatales que, según los planes presentados a ese organismo multilateral, debió estar por culminar a estas fechas. El otro incumplimiento se refiere al despido de miles de empleados de instituciones y dependencias gubernamentales que tampoco se ha iniciado.
Bob Traa, representante del FMI, ha vuelto para "tratar" de entender cómo un gobierno que se dice dispuesto a cumplir el recetario neoliberal no lo hace al pie de la letra. De entrada ya está exigiendo el cierre del Filanbanco para el 30 de este mes. También el nombramiento del funcionario que estará a cargo de la negociación de los créditos vencidos a cientos de empresarios. Este personaje denominado "el zar de las deudas" tendrá el suficiente poder como para declarar vencido un crédito, ordenar la coactiva o hacerse de la vista gorda dependiendo de quien esté en frente suyo.
No a los aumentos de sueldos
El incremento en el gasto que realice el gobierno es visto por el FMI como un factor que aumenta la inflación y no como una alternativa de reactivación económica.La comisión del FMI considera que los gastos que el Estado realiza son demasiado elevados por lo que cualquier incremento salarial lo rechaza de antemano pues, según ellos, implica alejarse de las metas inflacionaria menores a dos dígitos, propuestas para este año. En consecuencia si de este organismo se trata, el incremento salarial que corresponde en julio no se dará.Por necesidad de supervivencia los ecuatorianos debemos exigir los respectivos incrementos salariales, pero ahora con mucha más fuerza, pues el FMI está metiendo la mano en nuestros propios bolsillos.
Crédito Stand By
Pese al oscuro panorama de la relación con el FMI el gobierno sigue las negociaciones para la entrega de un nuevo crédito Stand By por 240 millones de dólares (a un año plazo). Si se logra el acuerdo contribuirá para obtener otros 280 millones de dólares de diversos organismos internacionales lo cual, a su vez, servirá para aliviar la presión de pago de unos 854 millones de dólares en amortizaciones este año. Tal es la visión en la inversión de los gobernantes ecuatorianos.
Hablan las cifras
20 millones de dólares debe el Filanbanco a bancos extranjeros
250 millones de dólares adeuda al Estado ecuatoriano
240 millones de dólares debe a los depositantes
Si las coactivas no recuperan los créditos entregados por este banco el Estado perderá más de 500 millones de dólares. Cantidad suficiente para pagar a todos los maestros del país por dos años.
El proyecto neoliberal
Fracaso tras fracaso
El Gobierno de los hermanos Noboa no ha podido concretar nuevamente su política neoliberal. Los intentos por vender y concesionar las empresas estatales se enfrentaron, en primer lugar, a la oposición de los trabajadores y la opinión pública a quienes expresaron su desacuerdo con la privatización de los servicios,por otro lado, con la falta de transparencia en estos procesos que evidentemente fueron amarrados para beneficiar a grupos económicos determinados, representados en el gobierno.
Debemos tomar en cuenta, también, el hecho de que tras los reiterados intentos por rifar las empresas públicas se ha evidenciado una profunda pugna interburguesa. Para citar un ejemplo podemos enunciar el último proceso de concesión de Pacifictel, en la cual el Partido Social Cristiano y el PRE,escudados en el discurso de proteger los intereses nacionales han denunciado las irregularidades de este proceso, no porque no estén de acuerdo con la rifa de la Empresa Estatal Pacifictel, sino porque dentro de la negociación no fueron beneficiados y su aspiración para hacerse de un buen negocio no les resultó.
Así las acusaciones entre Ricardo Noboa (Presidente del CONAM) y de los "perjudicados" José Alvear (PSC) y Adolfo Bucaram (PRE) han dejando a la luz del día la serie de irregularidades que estuvieron ocultas hasta el último momento. Por un lado Ricardo Noboa acusa a los Socialcristianos y al PRE de echar abajo la concesión de Pacifictel, de proteger la troncha que estos partidos tienen en la empresa, los acusó que con sus mafias ha logrado amedrentar a las compañías internacionales que participaban en el proceso;mientras por el otro, Bucaram, Sicouret y el hijo del diputado José Alvear denunciaron, cada quien a su estilo y manera, que el negocio redondo se daría,si el proceso de concesión llegaba a su fin , pues detrás de las compañías internacionales American Movil y Swedtedel que participaban, se encontraban las operadoras del servicio de telefonía móvil Porta y Bell South quienes intentan también participar en el negocio de la telefonía fija, área que le ofrece mejores réditos, pues según un estudio del Deutsche Bank los mejores réditos obtenidos en el sector es precisamente la telefonía fija, que en un período de 1998 al 2001 invertir un dólar implica obtener un 43 % de ganancia. Otra de las denuncias fue que la concesión no establecía que las empresas beneficiarias de ésta no están obligadas a invertir en las empresas telefónicas, lo que contó incluso con la aceptación del Procurador General de Estado y además se permitía a las concesionarias tercerizar los servicios de Pacifictel sin ninguna restricción lo cual pone a la empresa en el riesgo de quedar solo como un membrete, sin ningún servicio operativo.
Si bien los procesos de concesión impulsados por el gobierno han fracasado y no han podido ser aplicados todavía, no podemos perder de vista que el Gobierno seguirá insistiendo hasta poner en práctica el modelo económico impuesto por el imperialismo y por la necesidad de proteger los intereses de su grupo.Por ello es necesario que advirtamos que el riesgo está latente, la concesión de los servicios públicos hace que éstos se transformen en negocios lucrativos. Las experiencias internacionales nos permiten afirmar esto. A raíz de la crisis en Argentina las concesionarias de las empresas de luz, agua, gas, amenazan con cortar el servicio si el gobierno no dolariza las tarifas y, lo que es más, han demandado internacionalmente al Estado Argentino por las supuestas pérdidas en sus inversiones.
La concesión no es más que una privatización disfrazada, pues a la larga estos servicios quedan en manos privadas. El Estado pierde todo el control de su patrimonio, quedando los ecuatorianos a merced de los apetitos económicos de las transnacionales y de los grupos que controlan estas áreas.