Latinoamérica

Hernando Calvo Ospina

La decisión se dio el 25 de Marzo pasado. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su 74° período de sesiones (*), decidió que el Estado colombiano era nuevamente culpable.
Así el Comite le da razón a la denuncia de Luis Asdrubal Jimenez Vaca, quien como abogado de los sindicatos de trabajadores de las plantaciones bananeras y de las organizaciones de campesinos de la región de Urabá, región del noroeste de Colombia, fue víctima de un atentado criminal. Los varios disparos realizados por dos sicarios, penetraron el cuerpo de Jimenez Vaca quien milagrosamente salvó la vida, pero le dejaron graves e irreversibles secuelas físicas. Ante las amenazas que continuó recibiendo en los centros asistenciales colombianos, totalmente inválido debió dejar el país y exiliarse en Europa.
El único que hasta el día de hoy "no sabe" quien pudo haber cometido tal atentado, y sus motivaciones, es el Estado colombiano. Y claro, no lo puede saber porque no le conviene: Los indicios no le son para nada favorables. Ahí no existen venganzas personales, ni una retaliación de los jefes del narcotráfico, ni mucho menos "agentes oscuros" que intentan sabotear la paz, como es clásico en los comunicados gubernamentales. El atentado se enmarca, simplemente, dentro de la política de guerra sucia y terrorismo impulsado por el Estado Colombiano, desde las primeras luces de la decada de los ochenta en la región de Urabá. Allí se implantó un plan destinado a eliminar los 'factores de perturbacion de la paz social', exigencia del capital nacional e internacional interesado en sus riquezas y en los megaproyectos económicos diseñados en tan estratégica y extensa zona.
Desde 1984 se lanzó en Urabá el "plan de desarrollo regional", que le garantizaba a los inversionistas el "imperio de la ley" y la paz laboral. Entonces se declara "zona de emergencia y de operaciones militares", y se impulsa el desarrollo del paramilitarismo, teniendo a los hermanos y narcotraficantes, Fidel y Carlos Castaño, como cabezas visibles. Es así como llegan los crimenes contra dirigentes sindicales, y las masacres de trabajadores y pobladores. Todo dentro de la máxima impunidad, a pesar de saberse, como siempre, quienes eran los responsables.
En la década de los setenta habían nacido los sindicatos Sintrabanano y Sintagro, que sólo pudieron a ejercer sus funciones de representación de los obreros a partir de 1985. Esa posibilidad se da como producto de la llamada "apertura democrática", que abrió el gobierno de Belisario Betancur (1982-86) al firmar acuerdos de "tregua y cese al fuego" con las fuerzas insurgentes. Organizaciones guerrilleras que ya, para ese entonces, tenían gran presencia e influencia tanto en el país como en la región de Urabá. Pero una vez que los diálogos gobierno- insurgencia se rompen, se reanuda la guerra sucia contra la población civil y con mayor intensidad A ello se sumó la legalización por el gobierno de Ernesto Samper (1994-98) del accionar paramilitar, bajo la etiqueta de las organizaciones "Convivir". Y fue el entonces gobernador del departamento de Antioquia –hoy presidente de la República- Alvaro Uribe Vélez, su más dinámico auspiciador. Mientras terratenientes, narcotraficantes, y transnacionales aplaudían tal criminal situación, la gran prensa la sustentaba. Y la región se volvía el centro exportador preferido de cocaína...
No es que los trabajadores y pobladores estuvieran en contra de los megaproyectos. En Urabá se daban desde muchos años atrás una serie de problemáticas que tenían su origen en unas constantes de los conflictos sociales en Colombia: la concentracion de las mejores tierras en unas poquísimas manos, en las condiciones de explotación del trabajador, y en las precarias condiciones de vida que soportaban la inmensa mayoría de la población. Mientras las riquezas se evaporizaban. Simplemente los obreros luchaban para que se les dieran las condiciones laborales que ya estaban dictadas como leyes de la Nación. Pero también por la defensa de la soberanía e intereses de la Nación, que a la oligarquí poco o nada le han importado.
A partir de 1995, el gobierno estadounidense intensifico su interes por Urabá. Un documento del Departamento de Estado describe a Urabá como una de las zonas más ricas y estratégicas de Colombia: segundo productor mundial de bananos, gigantescas reservas madereras, pesqueras y auríferas, sin descontar la posibilidad de contar con grandes reservas de petróleo. Además, allí está planeado el futuro canal interoceánico que, a partir de dos inmensos ríos, uniría los oceános Atlántico y Pacífico, en reemplazo del obsoleto canal de Panamá. Y donde Estados Unidos tendría absoluta prioridad para sus intereses civiles y militares.
El abogado Jimenez Vaca, además de sus actividades como asesor jurídico sindical, era un activista político y social. Hizo parte de las comisiones que los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco contituyeron para estudiar y formular recomendaciones tendientes a superar las condiciones de violencia en la región. Recomendaciones que nadie sabe donde terminaron, pues nunca se pusieron en práctica.
De esa voragine de sangre que impusieron el Estado colombiano y sus grupos paramilitares, en asocio con los capos del narcotráfico, no podía escapar el abogado. Y una tarde de sol, el 4 de abril de 1988, mientras viajaba en un taxi en la ciudad de Medellín, intentaron cumplir las amenazas de muerte que durante varios años había soportado. Como en tantos otros miles de casos, los organos de administración de justicia no adelantaron investigación alguna para descubrir, procesar y sancionar a los responsables de la tentativa de homicidio. Como tampoco se tomaron la molestia para identificar a los autores de las amenazas de muerte. Algo que un policía del pueblo más recóndito hubiera logrado en menos de una semana, pues las evidencias eran más que claras.
Es culpable el Estado colombiano. Por no haberle garantizado el derecho a residir y ejercer su profesión en el país; por no haberle garantizado el derecho a la vida y seguridad personal; y por no ofrecer ni el derecho a una independiente y efectiva administración de justicia, el Comité ha condenado al Estado Colombiano. Es violador del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y más exactamente: El caso del abogado Luis Asdrubal Jimenez Vaca puede considerarse un caso especial para la jurisprudencia internacional, al sancionar a un Estado para que responda por el exilio forzado e involuntario a que se vio obligado el ciudadano, y "adoptar medidas adecuadas para proteger su seguridad personal y su vida de manera que sea posible su regreso al pais…".
La Comisión pidió al Estado colombiano, entre otras cosas, de hacer pública la decisión. Pero no puede obligarlo. Entonces se tiene en el total silencio, bajo la complicidad de los grandes medios de información, lo que tampoco es novedad. Tal desprecio es otra forma de impunidad e incentivación al crimen social y político.
Hernando Calvo Ospina.
Periodista y escritor colombiano residente en Francia.
Septiembre 2002.
Hcalvospina@hotmail.com
Para leer la decisión del Comité de derechos Humanos de la ONU:
En castellano:
http://www.unhchr.ch./tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc311/65e48e7a505af3c0c1256c100039 378f?OpenDocument
En francés
http://www.unhchr.ch./tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc311/da75c139dc3feccdc1256c100043 5084?OpenDocument
En Inglés:
http://www.unhchr.ch./tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc311/b8708c80eebeec9ec1256c1b004c520f?OpenDocument