Fuente: Patria Libre - Paraguay

BUSCAN IMPUNIDAD DEL PRESIDENTE, EX MINISTROS, FISCALES, POLICIAS Y MILITARES POR CASO DE TERRORISMO DE ESTADO!

El gobierno fascista y vendepatria de Gonzàlez Macchi ordenó el allanamiento del domicilio particular de una militante del Movimiento Patria Libre -MPL- en el barrio Obrero de la capital Asunción.
Dos conocidas fiscalas -Cintya Lovera y Sandra Quiñónez- ambas cómplices de un grupo de fiscales, policías, militares y exministros que ordenaron el secuestro y torturas de líderes de Patria Libre en enero pasado, estuvieron al frente del allanamiento con un grupo de policías.
En el operativo violentaron a numerosas familias obreras que alquilan piezas en el citado domicilio, a punta de pistolas amenazaron a niños y mujeres.
El hecho más lamentable se dio cuando uno de los oficiales de policía bajo órdenes de las dos fiscalas -conocidas como del grupo de Terrorismo de Estado- encañonaron con pistolas por la espalda y en la cabeza a un niño de unos 12 años que es sordo, le increparon a gritos que salga del lugar y, cuando estaba a punto de ser golpeado por los policías, los vecinos le alertaron que el mismo era sordo! Como en los mejores tiempos de la dictadura criminal de Stroessner, los policías al mando de las dos fiscalas interrogaron en forma ilegal a cuanta persona estaba en la casa incluídos niños!, supuestamente en busca de "gente sospechosa" y algunos "colombianos" que habrían sido vistos según denuncias anónimas que adjujeron para realizar el procedimiento a todas luces arbitrario.
En el citado domicilio se estaban reuniendo en forma permanente un grupo de militantes de Patria Libre que realizaban un trabajo en los barrios Obrero, L.Petit, Republicano y otros de la zona.
En el momento del allanamiento se hicieron presentes abogados de Patria Libre y gran cantidad de vecinos y trabajadores de la zona para repudiar la acción fiscal y policial contra los vecinos y militantes de Patria Libre.
Ante el repudio generalizado de los pobladores y militantes de Patria Libre las fiscalas y policías se tuvieron que retirar presurosos del lugar, llevando material político de propaganda de Patria Libre. Ante la exigencia de los abogados las fiscalas se negaron a hacer constar en el acta de allanamiento la incautación de material de propaganda política.
El hecho fue denunciado en forma inmediata a la prensa y fue duramente critidado por medios informativos y periodísticos, por constituir una grosera campaña de persecución y hostigamiento a la organización de izquierda Patria Libre.
Estas acciones demuestran la seria preocupación del Fiscal General del Estado Oscar Latorre Cañete, implicado junto con su brazo derecho el exdirector del Centro de Investigación Judicial (CIJ) en el grave hecho de terrorismo de Estado cuando fueran secuestrados y torturados Juan Arrom y Anuncio Martí en enero pasado. Javier Cazal esta plenamente identificado por testigos como miembro del grupo de secuestradores que tomaron por la fuerza en la vía pública de Asunción la noche del pasado 17 de enero. Numerosos policías y militares también estan acusados por estos hechos, además de los dos ex ministros de González Macchi Silvio Ferreira y Julio Fanego. Ambos ex ministros renunciaron a sus cargos luego de que aparecieran con vida Arrom y Martí el pasado 30 de enero del 2002 en una prisión clandestina a cargo del Sub Comisario Saturnino Gamarra.
Los otros implicados claves en el caso de Terrorismo de Estado son el Tte.
Coronel Mario Restituto González, conocido por haber conformado desde marzo de 1999 un grupo parapolicial y paramilitar que actuó en diversas ocasiones con respaldo de ministros y del presidente González Macchi. Este militar es hombre de confianza del ex ministro de Justicia Sivlio Ferreira del Partido Encuentro Nacional, aliado del gobierno de González Macchi. Otro jefe policial clave el Comisario Roberto González Cuquejo que en forma permanente proporcionaba información falsa sobre la desaparición de Arrom y Martí, diciendo que estaban prófugos y huyendo con un supuesto dinero cobrado en un secuestro extorsivo. Asimismo el Comisario Francisco Servián, otro jefe policial del grupo de secuestradores y torturadores que está identificado como quién le proporcionó a Arrom en la prisión clandestina un teléfono celular a Arrom con el cuál se comunicó con el ex ministro Fanego. Este último exigía a Arrom que realice una declaración ante fiscales asumiendo la preparación por parte de Patria Libre de un levantamiento armado contra el gobierno con apoyo de las FARC de Colombia, aliado a otros enemigos del gobierno como la facción colorada Oviedista y liberales.
El caso del secuestro y torturas de Arrom y Martí apunta además en forma directa al propio presidente González Macchi, quién estaba en permanente contacto con sus ministros Fanego y Ferreira en los días en que Arrom y Martí estaban desaparecidos. A los dos días de la aparición de Arrom y Martí el presidente González Macchi disolvió el SERVICIO NACIONAL DE INFORMACION (SIN) del cuál formaba parte el Tte. Coronel Mario Restituto González, miembro del grupo de secuestradores, además de otros militares del mismo organismo que se sospecha participaron de este caso de Terrorismo de Estado.
El juicio por el caso Arrom-Martí que conmocionó a la población paraguaya está en su fase terminal para que se realice la acusación fiscal, el próximo mes de noviembre. Sin embargo fuertes presiones del gobierno y el fiscal general Latorre Cañete pretenden congelar el caso para llevarlo a la impunidad. Los fiscales encargados del caso Arrom-Martí no realizaron numerosas diligencias investigativas que pueden servir de base para la acusación y condena al grupo completo que fue partícipe material, intelectual y a responsables políticos como el presidente por estos hechos.
_______________________________________________ De: Servicio Informativo "alai-amlatina" Paraguay: Un nuevo periodo de una vieja crisis Adolfo Giménez ALAI-AMLATINA, 17/10/2002, Asunción.- Un prolongado estancamiento económico que lleva casi 20 años, la aplicación de medidas neoliberales, la crisis de un régimen político con mas de 50 años en el poder y la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas de la clase dominante se unieron al derrumbe de la economía argentina para dejar al gobierno de Luis González Macchi (del Partido Colorado) al borde del abismo, con pocas chances de enfrentar los reclamos populares, mientras el Estado va quedando sin recursos para atender el crecimiento de las necesidades básicas como educación y salud públicas.
La renuncia del vicepresidente Julio Cesar Franco (del opositor Partido Liberal), con el objetivo de ser candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2003, abre otra fase de una crisis política que forma parte de la vida cotidiana del país. Como no había ocurrido en mucho tiempo, este año la economía tendrá un decrecimiento de -3 por ciento.
Al mismo tiempo se articuló un amplio bloque de organizaciones sociales golpeadas por los planes de ajuste y las recetas del FMI que en cada una de sus movilizaciones desequilibran y hacen temblar los cimientos del debilitado gobierno.
En efecto, el movimiento popular organizado tuvo una importante recuperación en los últimos años, luego de la decadencia de las centrales sindicales a finales de la década de los años 90 golpeadas por la corrupción, el manejo burocrático de sus dirigentes y la crisis económica que cada año deja a miles de trabajadores en la calle (el sector industrial no supera el 14 por ciento de la economía).
El hecho mas importante fue la movilización de los meses de mayo y junio que logró la paralización de la venta de la empresa telefónica Copaco, mediante la articulación de un bloque de organizaciones como no se veía hace años: el Congreso Democrático del Pueblo (CDP). Si bien muchos de sus integrantes en los últimos meses se han vuelto a cobijar en sus "territorios", la experiencia victoriosa demostró que es posible la unidad y la movilización por objetivos comunes que se repetirán en un futuro muy cercano por las condiciones en que se desenvuelve la situación económica, política y social del país.
En setiembre se movilizaron los productores agrícolas, camioneros, taxistas y otras pequeñas organizaciones por la reducción del precio del gasoil y del servicio de agua potable, la modificación de un proyecto de ley denominada "De transición económica" enviada al congreso por el gobierno para aumentar sus ingresos mediante la suba de los impuestos y de las tarifas públicas. Luego de dos días de huelga se logró un acuerdo en la mesa de negociaciones para reducir los niveles de incremento.
Asimismo, los sindicatos de choferes del transporte público de pasajeros hicieron una huelga los días 10 y 11 de octubre por la liberación de dirigentes detenidos, la reposición de algunos despedidos y el cumplimiento de las leyes laborales en las empresas, en particular, las ocho horas diarias de trabajo y el pago del seguro social. Luego de un poco más de 12 horas de paro total del servicio en la capital y el área metropolitana, los sindicatos en la mesa de negociaciones llegaron a un acuerdo para analizar cada uno de los problemas planteados a través del Ministerio de Justicia y Trabajo.
El año concluirá con más reclamos y protestas por la modificación del presupuesto general de gastos de la Nación para ampliar las inversiones sociales y reducir los gastos innecesarios. Además, contra el proyecto de modificación del seguro social que aumenta el descuento a los trabajadores del 9,5 por ciento al 18 y deja sin obligación similar a las patronales, como parte de un nuevo proceso de privatización.
Sin embargo, falta conocer si las dos principales organizaciones componentes del CDP (el Frente por la Defensa de los Bienes Públicos y la Plenaria Popular contra el Terrorismo de Estado) volverán a realizar acciones unitarias como ocurrió en mayo y junio pasados o cada una corre por senda separada, dejando de lado la emblemática experiencia anterior ante otra ofensiva neoliberal, apenas recuperada de los últimos golpes recibidos.
A medida que la situación económica se acerca peligrosamente a un derrumbe similar a la Argentina, la crisis política no se resuelve y los reclamos populares aumentan, la salida se vuelve incierta y se acerca un periodo aun más borrascoso que antes.
Un solo ingrediente más para agregar al panorama señalado.
Desde los primeros días de octubre, Brasil y Argentina cerraron sus mercados a la carne paraguaya (el tercer rubro en importancia de producción) por rumores de aparición de l fiebre aftosa en el ganado, situación que pone al borde de la paralización a los frigoríficos y a un amplio sector de productores. Chile, uno de los principales compradores de Paraguay, no puede recibirla porque los camiones tienen prohibido cruzar territorio argentino.