(segunda parte y última)

Jorge Lofredo (corresponsal de Resumen Latinoamericano)

Los grupos guerrilleros mexicanos se hallan sumergidos en una inactividad que indica las distintas etapas que vienen sobrellevando cada uno en su interior. Similar con lo que sucede en torno al silencio zapatista, son muchas las especulaciones que se tejen en referencia al proceso de ruptura y escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y la explosión de siglas que sucedió a esa circunstancia.
Sin embargo, esta situación plasmó una coyuntura donde no constituyen riesgo militar para el Estado mexicano ni parecen demostrar una logística capaz de alterar la asimétrica relación de poder; tampoco se vislumbra una expansión y desarrollo de sus bases y cuadros, tanto políticos como militares, aún cuando la lógica del trabajo clandestino impide notar en forma nítida las variaciones cuantitativas y cualitativas de este desarrollo.
Y es aquí, precisamente, donde puede hallarse un crecimiento (si es que existe) que logra pasar desapercibido, fundamentalmente al escrutinio de las corporaciones de seguridad: la formación de pequeñas células armadas, al viejo estilo de las guerrillas latinoamericanas y de Centroamérica, extendiéndose como una red sobre el tejido social pero con preeminen-cia en la población rural e indígena.
Luego del apresamiento de los cinco presuntos integrantes de las Fuerzas Armadas Revo-lucionarias del Pueblo (FARP), por la colocación de artefactos explosivos en algunas sucur-sales del Banamex en el DF en agosto del año pasado, durante los cateos a las "casas de seguridad" se dieron a conocer algunos "documentos" que ponían en duda las escisiones del EPR. Esas líneas de investigación sostienen que se trata a una estrategia del grupo, creando células y columnas con distintas denominaciones pero que responden a una única dirigencia centralizada, lo que redunda en una percepción de acoso por parte de muchos grupos guerrilleros cuando en realidad se trate del mismo.
Estos argumentos resultan ficticios y a la vez funcionales a una política que entiende a la guerrilla en clave delincuencial y como una amenaza a la seguridad nacional, sobredimen-sionando sus alcances para así convalidar actividades ilegales en el combate a los alzados en armas. Las acciones emprendidas por el Estado contra los insurgentes muestra en forma clara como la crueldad asume distintas caras represivas en nombre de la ley. Las huelgas de hambres, marchas y acciones emprendidas por los indígenas de la región Loxicha por todas las atrocidades e injusticias cometidas en su contra, sindicados como miembros del EPR; las denuncias constantes por las irregularidades en el proceso contra los hermanos Cerezo Contreras, presuntos autores materiales de las explosiones a los bancos y señalados como miembros de las FARP; y las denuncias de apremios ilegales y torturas del que fueron obje-to quienes son indicados como miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI); son algunos de los ejemplos, aunque de ninguna manera los únicos, que sirve para indicar las formas a la que se recurren contra la actividad de las guerrillas.
[ 2 ] Los documentos dados a conocer por los propios grupos armados en cambio, sí señalan que las rupturas ocurrieron. Tanto Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR) como el ERPI y el mismo EPR dejaron traslucir que los conflictos internos desembocaron en la expulsión o renuncia de varios de sus integrantes, que en muchos de los casos implicó a miembros de la conducción original y hasta consejos estatales completos, lo que decantó en la conclusión del proyecto armado eperrista original.
Frente a estas disyuntivas, es diferente la situación de cada uno de los grupos. El EPR sopesa el proceso de ruptura interna que parece no superar todavía, lo que explica en parte su inmovilidad. TDR se encuentra en un momento de afianzamiento y ampliación de base social y política; al igual que el Comando Justiciero 28 de Junio (CJ-28), la Nueva Brigada Campesina de Ajusticiamiento (NBCA) y el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP).
Las FARP y el ERPI enfrentan una situación muy comprometida que los obliga a no po-der llevar a cabo ningún tipo de acción, aún la emisión de sus escritos. Ello confluye tam-bién en el silencio que mantiene la Coordinadora Guerrillera Nacional "José María More-los", de la cual las FARP, el CJ-28 y el EVRP forman parte.
El Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MR-LCB), luego de la emi-sión de dos comunicados a finales del año pasado, no ha realizado ninguna actividad; de igual forma que el Ejército Socialista Insurgente (ESI), que hizo su anuncio público por las armas en el estado de Morelos en abril de 2001.
Del Ejército Revolucionario del Sureste (ERS), que distribuyó un comunicado en Oaxaca también en el 2001 y que en vez de referirse así mismo como "ERS" lo hizo como "EPR", tampoco se supo de alguna acción posterior.
De los estados donde los grupos insurgentes registran presencia, se destacan Guerrero, Oaxaca y Chiapas; pero también puede rastrearse la actividad de algunas células en More-los, Veracruz, Puebla y el DF. Sin embargo, hoy no se encuentra ninguna instancia geográ-fica que sirva de unificación de los insurgentes para concluir en la operatividad armada conjunta. Tampoco se vislumbra una instancia política que los empuje a emprender accio-nes armadas, aunque la caravana al DF de los zapatistas y la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a reconocer los derechos indígenas supuso un momento de crucial tensión para la actividad guerrillera.
No ha habido ninguna respuesta armada por parte de los grupos guerrilleros, lo que hace suponer que la situación actual es de imposibilidad de actuar, ya por la evaluación política que se percibe del escenario político sino también por encontrarse estos grupos en una etapa que no tiene que ver con acciones armadas sino la de (re)acumulación de fuerzas.
Su trascendencia no ha logrado concitar la atención política nacional, excepto cuando se trató del argumento castrense de magnificarlos para justificar actividades militares contra-insurgentes, esencialmente contra los movimientos sociales, indígenas y también zapatistas.
Estos jamás lograron amenazar la seguridad nacional como se ha pretendido hacer creer, aunque han logrado generar momentos de zozobra. Por ello sí existen; en tanto que se ela-boran planes contra guerrilleros porque tienen capacidad de subvertir una realidad local.
[ 3 ] La violencia indígena y contra los indígenas sin embargo no proviene de sus armas, sino de las bandas paramilitares que se articulan y ejecutan como políticas contrainsurgentes, junto a los grupos armados que responden a cacicazgos locales, guardias blancas, bandas de pis-toleros mercenarias o decididamente dedicadas a la actividad delictiva, son utilizadas para contraponer a los proyectos de autonomía en Chiapas, incentivan conflictos fronterizos co-mo en Chimalapas, o intracomunitarios como en Agua Fría; todo ello sin contar con la es-trategia de militarización, acoso y hostigamiento a las comunidades como sucede en los estados que cuentan con mayor población indígena. Ello lleva a considerar a movimientos indígenas y sociales como "insurgentes" para ejecutar su represión: es recurrente que algu-na instancia gubernamental rotule de "guerrilleros" a un movimiento de inconformidad y protesta como sucedió, por ejemplo, con la comunidad que reclama su autonomía en Playa San Vicente, Veracruz.
A la vez, se pretende desconocer la existencia de grupos paramilitares y todo se busca reducir a "conflictos comunitarios". En este aspecto, pocas dudas quedan sobre este argu-mento, en tanto que los propios integrantes de estas bandas reconocen el recurso a la vio-lencia como forma de intervención política. Un reciente desprendimiento de "Paz y Justi-cia" inculpa al otro sector de no comprender "una nueva realidad" que deje atrás el uso de la violencia: este ejemplo mínimo viene a confirmar, en voz propia, lo que las autoridades siempre han negado desde el levantamiento zapatista del primero de enero.
La irrupción del EZLN resultó el parteaguas de la guerrilla en México: ya nada es posible entender sin su influencia, menos aún si se trata de grupos insurgentes. Su actividad condi-ciona el movimiento de estos grupos quienes reconocen su iniciativa; y, más aún, la expe-riencia acumulada por el zapatismo constituye una circunstancia que se refleja al interior de los grupos clandestinos.