Internacional

Los centros de retención de migrantes esconden una terrible realidad, asegura Amnistía Internacional. Policías agresores se sienten protegidos por el espíritu solidario de sus compañeros o jueces

Armando G. Tejeda
La Jornada
Madrid, 16 de abril. Miriam Rosa Verástegui Templo, una joven de origen peruano que emigró hace cinco años a España para poder mantener a los dos hijos que dejó en su país, fue víctima de las prácticas ilícitas que, según Amnistía Internacional (AI), utiliza buena parte de la policía española: las torturas, los malos tratos y el abuso sexual.
Los calabozos españoles y los llamados centros de retención de migrantes, señala AI, esconden una terrible realidad, que sufren sobre todo los de origen magrebí, subsahariano y latinoamericano, así como minorías étnicas, entre ellas los gitanos.
Crisis de identidad: tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado es el título del informe de esta organización de defensa de los derechos humanos, el tercero que realiza en España desde 1984. En este documento se detallan 321 casos, entre los que se destacan seis muertes bajo custodia, cinco violaciones y decenas de casos de torturas, que afectaron a personas procedentes de 17 países distintos.
"Hombres, mujeres y niños han sido sometidos a abusos verbales, maltratados físicamente, detenidos de forma arbitraria y, en algunos casos, torturados y violados, ya que los policías españoles tienden a considerar que el color de la piel y las características faciales, así como otras diferencias de apariencia, son pretextos legítimos para detener y maltratar a individuos", agrega el texto.
El caso de la joven peruana es representativo: en junio de 1998, cuando caminaba por una calle de Madrid, fue interceptada por agentes de la policía nacional por el simple hecho de tener apariencia latinoamericana. Miriam, ingeniera agrónoma que trabajaba aquí en el servicio doméstico, estaba a la espera del permiso de residencia; sin embargo, fue detenida y trasladada a una comisaría del centro de la ciudad. Ahí fue atacada sexualmente por un agente, quien ante la acusación posterior de ella alegó que todo era "falso" y que la mujer buscaba con esto "quedarse en España".
AI considera que "los casos de violación o asalto sexual continúan ocurriendo porque algunos agentes creen que es poco probable que las mujeres inmigrantes cuyos documentos no están en orden -y que tal vez temen más ser deportadas que violadas- presenten denuncias, o que aunque las presenten el espíritu solidario de los policías y jueces los protegerá de ser sancionados". Esta afirmación se sustenta en el hecho de que algunos uniformados declarados culpables de estos delitos o que se encuentran bajo investigación continúan en sus puestos.
Reclamo de justicia
Otro caso es el de Antonio Augusto Fonseca, un joven de Guinea Bissau, detenido una noche por policías españoles. Su familia no volvió a verlo con vida, pues murió en los calabozos, sin que hasta la fecha haya sido esclarecido el caso, cuya investigación estuvo plagada de "contradicciones". También está el episodio de Karim Boutali, un pequeño marroquí de nueve años, que fue abandonado y maltratado por agentes en un punto fronterizo, y "esa misma noche fue visto llorando, empapado y entumecido de frío bajo una lluvia torrencial, aferrándose a la valla fronteriza".
Además hubo un caso que involucró a un hombre de color estadunidense, músico de la Sinfónica de Barcelona, "golpeado con tal contundencia" por la policía, que no pudo asistir a los conciertos de la orquesta.
El informe documenta 321 casos ocurridos entre 1995 y 2002, pero no incluye denuncias de torturas procedentes de miembros de la organización separatista vasca ETA, ya que, según dijo Gilian Fleming, investigadora de AI, se buscaba destacar los ataques por motivaciones racistas.
La elección de España para realizar el informe tomó en cuenta que el gobierno del conservador José María Aznar es el actual presidente de la Unión Europea, que este país es la puerta de entrada de los migrantes magrebíes y africanos, y que recientemente se han producido hechos alarmantes de carácter racista, con la aparente connivencia de las autoridades, como sucedió en El Ejido, Almería, en el verano de 2000.
Aunque el problema de racismo es similar en el resto de Europa, "nos preocupa que España, como puerta clave para la entrada de inmigrantes a la UE, parece estar todavía lejos de reconocer la existencia de estas prácticas y abusos en sus instituciones, y también lejos de reconocer la específica vulnerabilidad de los miembros de minorías étnicas", explicó Fleming.
Sin embargo, el gobierno de Aznar presentó recientemente ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU y ante el Comité contra la Tortura, en Ginebra, un informe en que limitó los incidentes racistas a los grupos llamados skinheads o neonazis, y lo atribuyó "a un fenómeno más espontáneo, relacionado con temas laborales". Incluso aseguró que en España hay "ausencia casi total de torturas y malos tratos, salvo casos muy aislados".
Esto provocó sorpresa en AI, ya que "hablando claro -señaló el organismo-, no es verdad que los casos de malos tratos sean aislados, sino frecuentes y extendidos en el territorio español".