Las periodistas españolas Teresa Cendrós y Francesc Valls
han hecho público que el régimen de Francisco Franco, con la colaboración
de la iglesia española, fue responsable del secuestro de más de
12 mil niños hijos de republicanos asesinados por el régimen del
"generalísimo." Orfanatos católicos y familias adictas a la dictadura
franquista se hicieron luego cargo de esos niños, que generalmente eran
inducidos a seguir la carrera eclesiástica.
La investigación de Cendrós y Valls ha revelado que en principio
los niños eran llevados directamente a las cárceles con sus madres,
en donde sobrevivían en condiciones infrahumanas. A modo de ejemplo, el
informe señala que "en los años cuarenta, en la madrileña
cárcel de Ventas, que tenía una capacidad para 500 reclusas, había
más de cinco mil detenidas, y sus hijos vivían con ellas." En 1943
estaban tutelados por el Estado en centros religiosos y establecimientos públicos
12.042 niños y niñas. Los niños "desaparecidos" de España
no fueron asesinados, o por lo menos no hay testimonios de ello, pero tampoco
fueron devueltos a las familias de sus padres, sino que el Estado los "reeducó"
para que fueran fieles al régimen.
El fraile capuchino Gumersindo de Estrella relató en sus memorias que tuvo
a su cargo dar la extremaunción a las republicanas Selina Casas y Margarita
Navascués, fusiladas en la cárcel de Torrero el 22 de setiembre
de 1937. El monje escuchó sus gritos mientras se alejaba: "ˇHija mía!
ˇNo me la quiten! ˇPor compasión, no me la roben! ˇQue la maten conmigo!
ˇMe la quiero llevar al otro mundo! ˇNo quiero dejar a mi hija con estos verdugos!"
Las hijas de Casas y Navascués fueron llevadas a "la casa de la maternidad"
por las monjas. Lo mismo sucedió con la hija de una joven anarquista fusilada
en la cárcel de Ventas, en Madrid. Trinidad Gallego, enfermera y militante
del Partido Comunista, recuerda que antes de ser ejecutada en el Cementerio del
Este la joven "consiguió que, como última voluntad, el oficial que
estaba al mando del pelotón, el que le dio el tiro de gracia, se comprometiera
a llevar a la niña con su abuela. Inmediatamente después de la ejecución,
cuando el militar volvió a la cárcel, la niña ya no estaba".
Algunas mujeres que se negaron a entregar a sus hijos debieron resignarse a verlos
morir en las cárceles, sufriendo el constante acoso de las monjas que pretendían
llevárselos. La catalana Carme Riera, presa en Saturrarán por haber
sido la compañera del dirigente sindical Horacio Callejas, se negó
a entregar a su hija a las religiosas que regenteaban la maternidad de Les Corts,
en Barcelona. Riera recuerda: "Tuve un buen parto pero después sufrí
una infección que me mantuvo en cama seis meses. Con la excusa de que yo
no estaba bien, las monjas quisieron quitarme a la niña, decían
que yo no la podía criar. Yo me negué y por eso no me daban racionamiento
para mi hija. Era su manera de presionarme para que se las entregara pero nunca
lo hice". Su hija Aurora murió junto a otros 29 niños de un virus
que atacó la cárcel de Santurrarán cuando sólo tenía
un año de edad.
La legislación de la época establecía que los padres de los
niños que ingresaran al Auxilio Social perderían la patria potestad
y que se podría cambiar el apellido de los niños "siempre y cuando
la familia adoptante fuera profundamente católica y adicta al régimen".
En pocos años, las cárceles quedaron sin niños y se multiplicó
la cantidad de seminaristas. Cuentan Cendrós y Valls que "al asturiano
Uxenu Alvarez, de 72 años, le tocó ver a sus dos hermanos, Arcadio
y Rodolfo, vestidos de cura". Su padre fue condenado a muerte por haber "ayudado
con su coche a las fuerzas legales" y como eran huérfanos de madre, el
gobierno ingresó a los tres hermanos "en el hospicio de Pravia (Asturias).
Poco después a Arcadio y a Rodolfo se los llevaron al seminario. A mí,
con sólo siete años, me vistieron de falangista y a mis hermanos
de curas. Ni ellos ni yo teníamos ni idea de qué nos estaban haciendo".
Internacional
