Tratos peligrosos: Cambios en la asistencia militar estadounidense después del 11 de septiembre

Human Rights Watch

Desde el 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos ha concedido nueva asistencia militar a gobiernos involucrados en graves abusos a los derechos humanos, entre ellos la tortura, los asesinatos políticos, la detención ilegal, la persecución religiosa y los ataques contra civiles durante conflictos armados, aseguró Human Rights Watch en un informe publicado recientemente.
En el informe de 15 páginas, Tratos peligrosos: Cambios en la asistencia militar estadounidense después del 11 de septiembre, se señala que el Congreso y el gobierno han degradado su política de derechos humanos al levantar las sanciones sobre la transferencia de armamento a países con malos historiales de derechos humanos y reducir los plazos de aprobación establecidos para dichas transferencias.
El 9 de enero, por ejemplo, Estados Unidos recompensó a Tayikistán por su apoyo a la guerra contra el terrorismo con el levantamiento de una prohibición de ocho años de la venta de armamento a este país del Asia Central. Tayikistán tiene un historial de torturas, represión de la oposición política y los medios de comunicación y detenciones por motivos religiosos.
"Estas transferencias no van a aumentar la seguridad de Estados Unidos a largo plazo," dijo Joost R. Hiltermann, Director Ejecutivo de la División de Armamento de Human Rights Watch. "Y hacen que Estados Unidos sea cómplice del abuso a civiles en otros países." En los últimos meses, Estados Unidos ha anunciado casi a diario paquetes de ayuda militar al extranjero, lo que incluye entregas de equipo de defensa, propuestas de ventas de armamento, apoyo financiero y entrenamiento militar. Ha tenido que levantar las sanciones a varios países para permitir la entrega de dicha ayuda. Además, Estados Unidos ha aumentado drásticamente la asistencia militar a viejos aliados que han ganado nuevamente importancia desde el 11 de septiembre.
Aunque Human Rights Watch no tiene una posición con respecto a todas las transferencias de asistencia militar, se opone a la asistencia a gobiernos involucrados en prácticas sistemáticas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario.
En octubre, Estados Unidos empezó la entrega de armas y municiones a las fuerzas antitalibán de Afganistán. Aunque las instó a que respetaran los derechos humanos, Estados Unidos hizo pocos esfuerzos por mantener el equipo fuera del alcance de los peores violadores a los derechos humanos. Algunos señores de la guerra están maniobrando para minar las iniciativas del nuevo gobierno afgano para restaurar el Estado de Derecho.
En Asia Central y el Sur de Asia, el gobierno de Estados Unidos ha recompensado el apoyo político y militar con promesas de asistencia militar. Sin embargo, no ha condicionado dicha ayuda a la mejora de los derechos humanos a nivel local. Uzbekistán, por ejemplo, recibirá ayuda de seguridad por valor de 43 millones de dólares, lo que incluye 25 millones en asistencia y entrenamiento militar y 18 millones para seguridad fronteriza, como resultado de su cooperación en la guerra contra el terrorismo. Uzbekistán tiene un terrible historial en materia de derechos humanos, que incluye torturas y una intensa persecución religiosa.
Los efectos de la nueva política estadounidense se extienden al resto del mundo. En noviembre, el Presidente George Bush prometió a Filipinas un paquete de 100 millones de dólares en ayuda militar. Estados Unidos ya ha suministrado aeronaves y cientos de armas pequeñas e inició recientemente una misión de entrenamiento antiterrorista conjunta con tropas filipinas. No obstante, en su informe más reciente sobre derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que los abusos por parte de las fuerzas militares y policiales de Filipinas incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, y arrestos y detenciones arbitrarias.
En respuesta a su guerra contra el terrorismo, Estados Unidos también ha establecido mecanismos para agilizar los trámites (fast-track) de la asistencia militar que pueden ayudar a acelerar las aprobaciones de ventas de armas a Oriente Medio por valor de miles de millones de dólares; tales como la venta de cazas F-16, misiles y bombas por valor de 1.120 millones de dólares a Omán.