Jim Cason y David Brooks, La Jornada

Abogada demandó a autoridades por ocultar información del asesinato de su esposo

El abogado de más alto rango del gobierno de Estados Unidos argumentó hoy ante la Suprema Corte que el Poder Ejecutivo podría verse obligado a mentir para proteger el interés nacional y que los estadunidenses no siempre tienen un derecho legal para conocer la verdad completa por parte de su gobierno.
"La realidad tal vez desafortunada es que la emisión informativa incompleta y hasta la desinformación por parte del gobierno podría, a veces, ser percibida como necesaria para proteger intereses vitales", declaró Theodore B. Olson, fiscal general y subsecretario de Justicia, ante la Suprema Corte.
El tribunal más alto de la nación estaba escuchando argumentos sobre el caso de una demanda legal contra el ex secretario de Estado Warren Christopher y otros ex altos funcionarios del gobierno de Bill Clinton, presentada por Jennifer Harbury, abogada y activista.
Harbury, abogada educada en Harvard, acusó a Christopher, entre otros, de haber ocultado deliberadamente información sobre su esposo, el guerrillero Efraín Bámaca Velásquez, desaparecido en Guatemala a principios de los noventa.
En su presentación de media hora ante la Suprema Corte, Harbury explicó que Bámaca fue capturado por militares guatemaltecos y detenido durante años, torturado y finalmente asesinado por orden de un oficial del ejército que también estaba en la nómina de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Durante todo ese periodo, Harbury realizó huelgas de hambre y otros protestas en este país y en Guatemala para demandar la presentación de su marido, y si no su liberación, por los menos un juicio público. Pero durante años el gobierno estadunidense negó saber del caso o del paradero de Bámaca.
Después de creciente presión pública y de la intervención en favor de Harbury por parte de algunos legisladores federales, el gobierno de Washington anunció que investigaría el caso, y finalmente el Departamento de Estado y la CIA acabaron reconociendo que tenían información sobre su marido, y que la habían ocultado del Congreso y de Harbury.
"Sabían que todavía estaba vivo mientras me decían a mí y al Congreso de Estados Unidos que no había información sobre él", explicó Harbury al resumir la esencia de su demanda legal contra los ex altos funcionarios de Washington.
Señaló que si el gobierno no hubiera mentido al insistir en que no contaba con información sobre su marido, ella podría haber presentado una demanda ante una corte estadunidense para tratar de salvar la vida de Bámaca.
Al negarle que contaban con la información indicando que su marido estaba vivo, el ex secretario de Estado Christopher y otros funcionarios no permitieron que ella ejerciera su derecho legal de intentar salvar a Bámaca en los tribunales estadunidenses, sostiene Harbury en su demanda.
"Si hubiera sabido que estaba vivo, yo hubiera podido acudir a los tribunales para obtener una orden judicial de urgencia para que la CIA instruyera a su empleado (un oficial militar guatemalteco) a dejar de torturarlo y presentarlo ante las cortes," insistió Harbury en declaraciones a La Jornada. Aunque inicialmente no se esperaba que esta demanda prosperara en los tribunales conservadores, un tribunal federal de apelaciones falló a favor de Harbury en diciembre de 2000, acordando que la abogada tenía el derecho de demandar a estos ex funcionarios.
"Nosotros pensamos que debería ser obvio para los funcionarios públicos que no pueden engañar a ciudadanos con el propósito de defenderse", escribieron los tres jueces del tribunal federal de apelaciones al dar a conocer su decisión sobre el caso. Christopher y sus coacusados apelaron de este fallo ante la Suprema Corte, la cual aceptó escuchar argumentos orales de Harbury, los abogados de los acusados, y del fiscal general, quien se presentó en apoyo del ex secretario de Estado.
Harbury decidió presentar su propio caso ante la Suprema Corte. Ahí insistió en que los tribunales no deberían permitir a funcionarios proteger a torturadores. "Si no me hubieran mentido, yo habría podido salvar la vida de mi esposo. Los funcionarios estadunidenses no deberían poder bloquear el rescate de personas en celdas de tortura", insistió ante el supremo jurado. La Unión Americana de Derechos Civiles y la Asociación Americana de Abogados de Juicios también registraron documentos legales en apoyo del caso de Harbury.
Richard Cordray, abogado de Christopher, sostuvo que este caso no se trata de la tortura, sino sobre si el gobierno reveló todo lo que sabía sobre Bámaca.
El gobierno, añadió, debe tener la opción de mentir deliberadamente a sus ciudadanos si eso fuese necesario para proteger el interés nacional de Estados Unidos. Este punto fue respaldado hoy por el fiscal general Olson al comparecer en apoyo de Christopher ante la Suprema Corte.
Poco después de su comparecencia, Harbury comentó a La Jornada: "parece que nos fue bastante bien. Varios de los jueces parecieron apoyar". Pero no es optimista: "Me sorprendería si la Corte se fuera contra la CIA, particularmente después del 11 de septiembre". No se prevé ningún fallo de la Suprema Corte sobre este caso antes de mayo o junio.