Un tribunal internacional para la deuda externa

Kintto Lucas
IPS

Organizaciones sociales y no gubernamentales de Africa, América Latina, Asia y Europa acordaron este martes en esta ciudad de Ecuador promover un tribunal internacional para juzgar la legitimidad de la deuda externa de los países subdesarrollados.
Ningún sistema legal civilizado permite que una de las partes involucradas en un conflicto decida sobre sus derivaciones como ocurre con la deuda externa, en la cual "los acreedores son juez y parte", advirtió el portavoz del Movimiento Jubileo 2000 de Austria, Kunibert Raffer.
"Con la excepción de los países del Sur, a ningún otro deudor se le exige que haga morir de hambre a sus hijos para pagar a sus acreedores", sostuvo Kunibert.
Algunos países endeudados "protegen la dignidad humana" mediante leyes de insolvencia que reservan cierta cantidad de recursos para cubrir sus necesidades básicas, observó el activista de Jubileo 2000, organización internacional que promueve la condonación de la deuda externa del mundo en desarrollo.
Por su parte, el dirigente de Jubileo 2000 de Alemania Jurgen Kaiser recomendó mecanismos de renegociación que tengan en cuenta la voz de los acreedores, entre ellos "una investigación independiente sobre los daños causados a la sociedad y al ambiente al cumplir los requisitos de los acreedores".
La reunión en Guayaquil, que comenzó el sábado y concluyó este martes, fue organizado por el Movimiento Internacional Jubileo 2000, la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales de Ecuador, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales internacionales.
Los participantes de la reunión propusieron elaborar una norma internacional que tome como ejemplo una ley de Estados Unidos que brinda beneficios en la negociación a las municipalidades deudoras y que no les exige que dejen de prestar servicios básicos de salud y educación para honrar los créditos.
La norma prohíbe, además, que esas municipalidades aumenten los impuestos para cubrir sus deudas "al punto de reducir la calidad de vida" de la población, explicó Raffer.
"Con una ley de insolvencia como ésa hay un equilibrio entre los intereses de los acreedores y deudores. Además, la población afectada por el endeudamiento puede opinar sobre los perjuicios, lo que es muy democrático", argumentó.
Raffer afirmó que los representantes de los deudores del Sur en desarrollo pueden opinar pero, en realidad, no negocian, pues los supuestos acuerdos responden a decisiones de los acreedores del Norte industrializado. "Esa no es una negociación justa", sostuvo.
Según la ley estadounidense puesta como ejemplo por Raffer, "tanto los contribuyentes como los empleados de la municipalidad tienen derecho a ser oídos en defensa de sus intereses, y los acreedores reciben lo que razonablemente se puede esperar de acuerdo con las circunstancias", afirmó el activista.
Kaiser, por su parte, indicó que es necesaria la creación de "una institución imparcial que asegure una solución justa al problema de la deuda", constituida como comisión internacional de arbitraje.
"Los acreedores deben renunciar al control que ejercen sobre los deudores en favor del sentido común económico", argumentó.
La economista Wilma Salgado, integrante de Jubileo 2000 Ecuador, explicó que la necesidad de obtener recursos para honrar una deuda externa estimada en más de 15.000 millones de dólares ha causado en su país "lamentables efectos sociales, económicos y ambientales".
"Los acreedores presionan a los países deudores como Ecuador por el pago de la deuda y por la apertura de los mercados a sus exportaciones, pero se cierran a las exportaciones de los deudores", afirmó Salgado.
Ecuador destinó el año pasado 31 por ciento de sus ingresos al pago de intereses de la deuda y apenas 17 por ciento a la inversión social, según el Banco Central.
Los participantes en la reunión también aseguraron que la condonación de la deuda externa a cambio de obras sociales realizadas con esos ahorros, propuesta por algunos gobiernos europeos y latinoamericanos, no soluciona el problema de fondo que significa el peso de la deuda para los países en desarrollo.
El integrante de Jubileo 2000 Ghana Akoto Ampan aseguró que el problema de la deuda externa sólo se puede solucionar con medidas de fondo que involucren en las decisiones a la sociedad civil de los países deudores.
Kaiser indicó que en un procedimiento de arbitraje internacional la población de los países deudores debería estar representada por organizaciones no gubernamentales, comunidades de base, sindicatos y movimientos populares.
"El servicio de la deuda debe depender de la capacidad de ganar divisas, y la reducción de la deuda debe ser suficientemente amplia para garantizar un desarrollo sustentable a largo plazo", afirmó.
Los detonantes de la crisis de la deuda externa se encuentran en las políticas e intereses de los países acreedores y de las instituciones multilaterales de crédito, sostuvo el economista ecuatoriano, Alberto Acosta.
"Son sus intereses los que condicionan los procesos de endeudamiento y de ajuste en los países subdesarrollados", aseguró Acosta.
"Las acciones de los organismos multilaterales de crédito han estado destinadas a proteger intereses de los acreedores antes que las necesidades de los países empobrecidos, obligándolos, por ejemplo, a abrir sin restricciones sus cuentas de capitales y sus mercados para productos procedentes del mundo industrializado", agregó.
Entre 1980 y 1990, América Latina realizó una transferencia de 238.000 millones de dólares a los acreedores, mientras la deuda crecía casi 220.000 millones.
La suma transferida equivale "a tres veces el Plan Marshall, con el que Estados Unidos financió entre 1948 y 1953 la reconstrucción de Europa" tras la segunda guerra mundial (1939- 1945), afirmó Acosta.
"Las continuas renegociaciones, el Plan Baker, los canjes de deuda, el Plan Brady o el Programa para Países Pobres Altamente Endeudados (del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) no han resuelto el problema, a pesar de haber sido presentados pomposamente, cada uno a su tiempo, como 'la solución definitiva'", arguyó.
Teniendo en cuenta esos fracasos, Acosta se sumó al pedido de un arbitraje internacional como forma de encontrar una solución definitiva. Sin embargo, aseguró que el paso inicial de cualquier proceso al respecto deberá ser la realización de una auditoría independiente.
"No todas las deudas merecen similar tratamiento. Muchas deben ser desechadas desde el inicio, sobre todo aquellas que caen en la categoría de deudas corruptas. Con lo cual este tribunal de arbitraje serviría también para juzgar casos de corrupción relacionados con las finanzas internacionales", concluyó el economista.