Internacional

Amnistía Internacional denuncia que Estados Unidos y Gran Bretaña utilizaron los atentados del 11-S para imponer legislaciones represivas

Agencias. La Jornada 
Estados Unidos y Gran Bretaña aprovecharon los atentados del 11 de septiembre del año pasado, los cuales fueron "un crimen para la humanidad", como una excusa para implantar legislaciones contrarias a los derechos humanos, ejemplo seguido también por otros países, afirmó este martes Amnistía Internacional (AI) en su informe anual de 2002. 
"La universalidad de los derechos humanos está enfrentando su mayor desafío hasta ahora. Los dobles estándares y la selectividad se están convirtiendo en la norma", aseguró la secretaria general de AI, Irene Khan. 
El organismo humanitario, con sede en Londres, sostiene en su informe que "sin lugar a dudas, el mundo cambió en forma radical después del 11 de septiembre. Y sin embargo ciertas cosas no cambiaron: desprecio por la vida y dignidad humanas, lo mismo para los derechos económicos, culturales y sociales, y cada vez existen más situaciones amenazadoras en Levante, Afganistán y Colombia". 
El documento, que trata de acontecimientos ocurridos en 2001, registra "ejecuciones extrajudiciales en 47 países, ejecuciones judiciales en 27 y 'desapariciones' en 35, casos de tortura y malos tratos en 111 naciones y prisioneros de conciencia por lo menos en 56 países". 
En conferencia de prensa, Khan señaló que la organización deplora los atentados con aviones secuestrados contra Nueva York y Washington, que desataron la campaña antiterrorismo liderada por Estados Unidos, pero indicó que le preocupan los abusos cometidos por algunos países tras esos ataques. 
"La disposición de los gobiernos para comerciar con los derechos humanos en interés de la seguridad no es nada nuevo. Esta vez la diferencia radica en darse cuenta de que no son regímenes autocráticos sino democracias establecidas las que encabezan la imposición de leyes draconianas para restringir las libertades civiles en nombre de la seguridad pública", agregó. 
Presos políticos y xenofobia  
Amnistía Internacional señala que Washington y Londres "crearon un sistema judicial sombrío, rodeado de secreto, que esquiva adrede los principios de derechos humanos y es muy peligroso", con legislaciones que permiten la detención de extranjeros sospechosos sin someterlos a proceso judicial. 
El informe expresa su preocupación ante la falta de información sobre las más de mil 200 personas, sobre todo extranjeras, que se encuentran detenidas en Estados Unidos en el contexto de las investigaciones del 11 de septiembre. 
También considera que la ley antiterrorista estadunidense, que crea comisiones militares especiales para juzgar extranjeros sospechosos de terrorismo, "conculca las normas internacionales de procesos equitativos". 
Agrega que países como Corea del Sur, Jordania e India han concedido casi plenos poderes a las fuerzas de seguridad bajo una muy vaga definición de terrorismo que también permite adoptar medidas drásticas contra opositores. 
Para Khan, la "guerra contra el terrorismo" dio nacimiento "a una tendencia de hacer pasar a los extranjeros, en particular a los refugiados y solicitantes de asilo, por terroristas". Este clima de sospecha "alentó el racismo, la xenofobia, la intolerancia y la violencia". 
Asimismo, en el contexto de la crisis en Medio Oriente, "se produjeron ataques racistas y antisemitas contra árabes y judíos provocados por el rechazo de las diferencias religiosas, raciales, culturales y nacionales", según el informe. 
En Israel y los territorios ocupados, precisa AI, "asesinatos cometidos por fuerzas israelíes y grupos armados palestinos, la tortura y los juicios injustos continuaron". 
Denuncia además "las sanciones colectivas infligidas a los palestinos", como el bloqueo de ciudades y pueblos, la demolición de más de 350 casas por militares y los toques de queda prolongados. 
En Irak "se seguía aplicando ampliamente la pena de muerte, los presos políticos eran sistemáticamente torturados y muchas personas, incluidos oficiales del ejército, fueron ejecutadas", prosigue. En el caso de Egipto, la pena de muerte también se aplica de manera corriente, según AI, que destaca ciertas "mejoras" en Siria y Líbano. 
El organismo también critica a Túnez, Emiratos Arabes Unidos, Irán y Arabia Saudita, país este último donde "fueron ejecutadas al menos 79 personas" 
Khan recordó que los gobiernos "que denuncian los ataques a los derechos fundamentales de las mujeres inflingidos por el régimen talibán en Afganistán nada han dicho sobre el triste destino de las mujeres en Arabia Saudita". 
Por otro lado, durante el conflicto de Afganistán, las leyes internacionales vigentes, como por ejemplo las convenciones de Ginebra, fueron "cuestionadas". 
"El tratamiento de los detenidos en Guantánamo parece haber conducido a ciertos gobiernos a pensar que el tratamiento inhumano de los prisioneros es aceptable en la actualidad ", sostiene AI. 
La situación más preocupante en América Latina se vive en Colombia, donde siguieron registrándose "graves violaciones a los derechos humanos perpetradas tanto por el ejército y sus aliados paramilitares, como por los grupos de oposición armada", señala el informe. 
AI teme que "el clima imperante desde los atentados del 11 de septiembre contribuya a exacerbar la crisis de los derechos humanos" en ese país sudamericano, donde "300 personas desaparecieron y más de 4 mil civiles fueron asesinados sin tomar parte en combate, la mayoría por formaciones paramilitares". 
También da parte de "desapariciones" en Venezuela y denuncia ejecuciones ilegales perpetradas por "responsables de la aplicación de las leyes" en Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Jamaica, República Dominicana, Salvador y Venezuela. 
En Brasil, "solamente en el estado de Sao Paulo, hubo 481 homicidios cometidos por policías". 
En Chile la policía de carabineros fue señalada por AI por hacer uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones pacíficas, mientras que muchos detenidos sufrieron malos tratos, reporta el corresponsal Enrique Gutiérrez. 
El informe reporta la existencia de personas presas por sus opiniones en Argentina, Cuba y Perú. En este último, unas "200 personas injustamente declaradas culpables de terrorismo están encarceladas". 
Reconoce "algunos avances"  
Pese a todo, AI reconoce "algunos avances" en la lucha contra la impunidad, como el caso de Argentina, donde el año pasado un juez declaró inconstitucionales y nulas las dos leyes de amnistía para los militares represores. 
Señala AI que en Estados Unidos se registraron casos de brutalidad policial y malos tratos contra presos comunes. Al menos tres personas fallecieron después de ser atadas a sillas y más de 20 mil están encarceladas en condiciones de aislamiento extremo en zonas de alta seguridad. 
"Estados Unidos sigue violando las reglas internacionales al aplicar la pena de muerte a deficientes mentales, quienes eran menores en el momento del crimen y otros que no fueron defendidos de manera correcta", afirma el documento. 
Khan llamó finalmente a que, en momentos en que se extiende la globalización, "los activistas de derechos humanos tienen que promover no solamente la justicia legal, sino también la social". 
"No dejemos que nos venza el miedo. No dejemos que se degraden las libertades fundamentales ni que prevalezcan los prejuicios ni la intolerancia (...) No puede existir trueque entre derechos humanos y seguridad, entre justicia e impunidad", escribió. 
El informe completo en español del organismo puede leerse en www.edai.org/centro/infoanu/2002/info02.htm