Internacional

Los abusos contra los derechos humanos aumentaron en muchos países de Asia y Oceanía, especialmente en el contexto de conflictos armados. Los atentados del 11 de septiembre y la necesidad de mayor seguridad se utilizaron para justificar la promulgación y aprobación de leyes severas en materia de seguridad en varios países como Singapur, Pakistán, India y Malaisia.
En Afganistán, los ciudadanos corrientes sufrieron mucho a lo largo del año como resultado del conflicto y de las consecuencias acumuladas de años de sequía.
Mientras los talibanes estuvieron en el poder, las minorías religiosas y étnicas fueron el blanco de homicidios en masa y se llevaron a cabo ejecuciones y amputaciones. La circulación, el empleo y la educación de las mujeres se restringieron gravemente. El Frente Unido (Alianza del Norte) también fue responsable de abusos contra los derechos humanos.
Un número desconocido de civiles murieron o vieron destruidas sus casas o propiedades como consecuencia de la campaña de bombardeos dirigida por Estados Unidos. Este país y sus aliados quizá vulneraron las leyes de la guerra. En un incidente ocurrido el 29 de diciembre, un portavoz de la ONU informó de que algunos familiares habían identificado 52 cadáveres, entre ellos los de 25 niños, tras el bombardeo que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo en un pueblo cerca de la localidad oriental de Gardez. Los informes diarios de muertes de civiles que iban llegando de Afganistán motivaron que Amnistía Internacional solicitara al gobierno de Estados Unidos que ofreciera explicaciones sobre las muertes pero no se ha recibido ninguna información.
El trato dispensado a los presos capturados o que se habían rendido en Afganistán suscitó honda preocupación. Se recibieron informes según los cuales el Frente Unido había ejecutado sumariamente a combatientes capturados de Al Qaeda heridos o que se habían rendido. Amnistía Internacional pidió que se llevara a cabo una investigación sobre los sucesos registrados en el fuerte de Qala-i-Jhangi, donde algunos presos fueron hallados muertos con las manos atadas a la espalda. El director de la prisión de Shibargan reveló en diciembre que 43 presos habían muerto a causa de las lesiones o asfixiados al ser transportados en contenedores de transporte.
Tras el 11 de septiembre, todos los países vecinos cerraron sus fronteras a los refugiados y los programas de ayuda internacional se redujeron radicalmente, con lo que aumentó el número de desplazados internos.
Al centrarse la atención pública mundial en la guerra de Afganistán, se presto incluso menos atención de la habitual a otros conflictos. Los civiles se vieron atrapados en los conflictos internos de Nepal, Sri Lanka, India, Filipinas y Myanmar.
La «guerra popular» declarada por el Partido Comunista de Nepal (maoísta) en 1996 entró en una fase nueva más sangrienta tras el fracaso de las conversaciones de paz y la declaración del estado de excepción en noviembre. Ambas bandos han cometido secuestros, torturas y homicidios deliberados.
El gobierno suspendió el derecho a la libertad de expresión y detuvo a decenas de periodistas, activistas de derechos humanos y abogados. Mientras tanto, los maoístas mantuvieron el control de una parte apreciable del país, dirigiendo «gobiernos populares» paralelos dotados de su propio sistema fiscal y con «tribunales populares».
El conflicto en Cachemira, India, suscitó un interés pasajero de la comunidad internacional al enfrascarse los gobiernos de la India y Pakistán en un tenso fortalecimiento de sus fuerzas militares. Sin embargo, se prestó escasa atención a las más de cien víctimas civiles que morían al mes.
El prolongado conflicto en Sri Lanka entre los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y el gobierno empeoró a partir de mayo. Aumentaron notablemente los casos de violación cometidos por la policía, el ejército y la armada y los casos de tortura se denunciaban prácticamente a diario. Los Tigres llevaron a cabo toma de rehenes y recurrieron al reclutamiento de niños soldados de forma generalizada.
Los conflictos separatistas en las provincias indonesias de Aceh y Papúa empeoraron en el 2001 y centenares de civiles fueron víctimas de «desapariciones», homicidios ilegítimos y torturas. En ambas provincias se destruyeron viviendas y medios de subsistencia como forma de castigo colectivo por los ataques perpetrados por los separatistas armados contra la policía y el ejército. Los disturbios políticos paralizaron en la práctica al gobierno durante buena parte del año, obstaculizando el proceso de reforma en materia de derechos humanos y las iniciativas para resolver los conflictos. Se recurrió a leyes que habían sido utilizadas en años anteriores para silenciar a los disidentes, y amparándose en ellas se presentaron cargos contra activistas favorables a la independencia y se encarceló a otros por expresar pacíficamente sus opiniones.
En el 2001 aumentaron en China las violaciones graves de derechos humanos. La campaña de mano dura contra la delincuencia provocó un aumento masivo de las ejecuciones: se consumaron al menos 2.468 de ellas. Se llevaron a cabo ejecuciones por delitos no violentos como soborno, proxenetismo, malversación, fraude fiscal, venta de alimentos nocivos y delitos de narcotráfico. Muchas ejecuciones se llevaron a cabo tras actos públicos de imposición de sentencias ante grandes multitudes. El 20 de abril se ejecutó a más de 200 personas tras la celebración de actos públicos de este tipo por todo el país.
Prosiguió la represión de grupos espirituales y religiosos y de los activistas de derechos humanos mediante detenciones, tortura y encarcelamiento. Al parecer, unos 200 seguidores de Falun Gong murieron bajo custodia como resultado de tortura, mientras centenares de monjas y monjes seguían encarcelados en Tíbet. El gobierno chino utilizó la «guerra contra el terrorismo» para justificar la represión contra los «separatistas» de la etnia uigur alegando que estaban vinculados al «terrorismo internacional». Se detuvo a muchos presuntos separatistas y algunos fueron ejecutados.
Centenares de solicitantes de asilo, posiblemente miles, que huían del hambre en Corea del Norte fueron devueltos a la fuerza para enfrentarse a un futuro incierto.
En agosto, el gobierno australiano comenzó a enviar buques de guerra para interceptar a más de 1.800 «refugiados del mar» a los que se detuvo y negó el derecho a solicitar asilo en territorio australiano. La armada mandó de vuelta a unos 600 posibles solicitantes de asilo y varios centenares fueron desviados a islas remotas de los océanos Índico y Pacífico en lo que ha llegado a conocerse como el «arreglo Pacífico». Al menos otras 356 personas, entre ellas 70 niños, se ahogaron cuando su precaria embarcación se hundió en el trayecto de Indonesia a Australia. Ahmed al-Zalime, refugiado que vivía en Australia y cuyas tres hijas se habían ahogado en el incidente, no pudo visitar a su esposa en Indonesia, que había logrado salvarse, debido a que los visados temporales para refugiados concedidos por Australia prohíben regresar al país tras cualquier viaje al extranjero.
Violaciones de derechos humanos en Asia y Oceanía detalladas en el Informe Anual 2002 de Amnistía Internacional
Ejecuciones extrajudiciales
Hubo ejecuciones extrajudiciales, posibles o confirmadas, en al menos 9 países.
«Desapariciones»
En 6 países se dieron casos de «desaparición» o continuaron sin resolverse otros casos ocurridos en años anteriores.
Tortura y malos tratos
Según los informes, las fuerzas de seguridad, la policía u otras autoridades del Estado infligieron torturas o malos tratos en 19 países de la región.
Presos de conciencia
En 15 países había presos de conciencia o personas que podían serlo.