Amnistía Internacional
«Las autoridades argelinas deben actuar de inmediato para garantizar que las fuerzas de seguridad no ponen en peligro más vidas durante las manifestaciones», ha dicho Amnistía Internacional en un comunicado emitido la víspera del primer aniversario de la muerte bajo custodia de un escolar cabileño.
Más de 80 manifestantes desarmados fueron abatidos a tiros por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones de protesta que siguieron a la muerte del escolar el año pasado, pero aún no se ha procesado a los responsables. La persistente impunidad que disfrutan los autores continúa erosionando la confianza pública, ya casi inexistente, en el imperio de la ley.
La necesidad de actuar para proteger las vidas de los que protestan en Argelia se hace aún más apremiante tras el homicidio de unos 10 manifestantes desarmados, entre los que al parecer había un niño de 14 años, y de las lesiones causadas a decenas más a finales de marzo y principios de abril del 2002 por agentes de las fuerzas de seguridad. Los homicidios han tenido lugar en la región predominantemente amaziguita (bereber) de la Cabilia, en el nordeste de Argelia.
Según parece, algunos de los manifestantes han sido abatidos con munición real, otros han sido asesinados a golpes o con arma blanca, y otros más han perecido tras ser alcanzados por balas de caucho o por granadas de gas lacrimógeno lanzadas contra la cabeza de los manifestantes. Los homicidios se han producido al dispersar las fuerzas de seguridad las manifestaciones celebradas para protestar por el deterioro de las condiciones socioeconómicas y por la detención de centenares de manifestantes durante las protestas anteriores.
«Las violaciones de derechos humanos son un recordatorio escandaloso de la persistente falta de respeto que muestran las autoridades por los derechos humanos más fundamentales de sus ciudadanos», ha dicho Amnistía Internacional. «Parece haberse hecho un uso irresponsable e ilegítimo de fuerza letal contra los manifestantes, pese a que no había vidas en peligro.»
Se ha cumplido un año desde el homicidio del escolar Massinissa Guermah, abatido de un tiro por un agente de las fuerzas de seguridad mientras se encontraba bajo custodia en una gendarmería de la Cabilia. Su muerte hizo que estallaran protestas dentro y fuera de la región. Durante los meses de abril a junio del 2001, más de 80 manifestantes desarmados perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad y centenares más resultaron heridos.
La comisión oficial que establecieron las autoridades para investigar los homicidios del año pasado en la Cabilia, publicó un informe preliminar en julio del 2001 en el que -muy significativamente-, llegaba a la conclusión de que la gendarmería y otras fuerzas de seguridad habían recurrido reiteradamente al uso de fuerza letal. En su informe final de diciembre del 2001, la comisión se vio obligada a admitir que no podía completar su misión debido a que muchos testigos no se atrevían a prestar declaración por estar demasiado atemorizados.
Las autoridades anunciaron que los responsables de los homicidios serían llevados ante la justicia, pero no se ha dado seguimiento a tales promesas. Aunque las autoridades aseguran haber detenido a unos 25 gendarmes a los que se acusa de asesinato y abuso de armas de fuego en relación con las manifestaciones del año pasado en la Cabilia, 12 meses después de que comenzara aquella ola de homicidios en la región sigue sin haberse procesado a ningún agente de las fuerzas de seguridad por homicidio ilegítimo ni por ninguna otra violación de los derechos humanos.
Para evitar más muertes en las protestas que se están produciendo en Argelia, las autoridades deben garantizar, con carácter de urgencia, que las fuerzas de seguridad cumplen las normas internacionales que regulan la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el uso de la fuerza y de las armas de fuego, y de ese modo respetan y protegen el derecho a la vida. Estas normas internacionales estipulan que las fuerzas de seguridad deben, en la medida de lo posible, utilizar medios no violentos antes de recurrir a la fuerza, y sólo pueden hacer uso de fuerza letal cuando sea estrictamente necesario para proteger vidas y se hayan agotado todos los medios no letales.
«No cumplieron estas normas el año pasado. No las han cumplido de nuevo recientemente y, si las autoridades no hacen nada para garantizar que se cumplen ahora, corremos un gran riesgo de que más manifestantes desarmados pierdan la vida ilegítimamente», advierte la organización.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que garanticen que se realizan investigaciones exhaustivas e independientes de todos los homicidios de manifestantes que se han producido en las recientes protestas y que los presuntos responsables sean procesados conforme a las normas internacionales de justicia procesal.