Las imágenes de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York,
Washington y Pensilvania corrieron como un reguero de pólvora en un mundo
conmocionado e incrédulo. Los atentados se cobraron la vida de al menos
3.000 personas de más de 60 países. Amnistía Internacional
unió la suya a las incontables voces que expresaron profundo pesar por
las víctimas y condena de los hechos.
Al intentar entender lo ocurrido, comenzaron a surgir las preguntas: ¿Quiénes
eran los responsables de los atentados? ¿Por qué los habían cometido?
Y ¿cuál debía ser la respuesta?
El presidente estadounidense George W. Bush y su gobierno no tardaron en señalar
a Osama bin Laden y la red de Al Qaeda como piezas clave en la planificación
de los atentados, y la atención se dirigió hacia Afganistán,
donde se creía que Osama bin Laden tenía su cuartel general.
Amnistía Internacional pidió a los gobiernos que entregaran a la
justicia a los responsables de los atentados del 11 de septiembre y se aseguraran
de que serían juzgados de acuerdo con las normas internacionales de derechos
humanos y sin peligro de ser condenados a muerte. La organización también
pidió a los Estados que ratificaran el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional y promovieran los mecanismos judiciales internacionales.
El 7 de octubre, Estados Unidos, en colaboración con una coalición
de aliados, comenzó una campaña de bombardeos sostenidos en Afganistán
como parte de la «guerra contra el terrorismo» declarada por el presidente Bush.
Al terminar el año, un número aún desconocido de civiles
afganos habían resultado muertos o heridos o habían perdido sus
casas o bienes en circunstancias que llevaron a Amnistía Internacional
a pedir que las autoridades competentes investigaran si se había violado
el derecho internacional humanitario.
Amnistía Internacional instó a los gobiernos a que se aseguraran
de que el uso de la fuerza no se añadiría a las violaciones de derechos
humanos que sufría la población afgana, y que cualquier intervención
militar se realizaría con el máximo respeto al derecho internacional
humanitario. Amnistía Internacional continuó pidiendo a los grupos
afganos que respetaran los derechos humanos, y a los demás gobiernos que
utilizaran su influencia para conseguir este objetivo. La organización
también continuó haciendo hincapié en que los gobiernos no
enviaran a Afganistán armas que pudieran ser utilizadas para perpetrar
abusos contra los derechos humanos y pidió que se suspendiera el uso de
las bombas racimo. Amnistía Internacional expresó su preocupación
ante la posibilidad de que ciertos ataques de Estados Unidos hubieran vulnerado
el derecho internacional humanitario y solicitó que se investigara el homicidio
de más de 200 prisioneros talibanes y otros presos durante los incidentes
que se produjeron en un fuerte controlado por el Frente Unido (más conocido
como Alianza del Norte) en Mazar-e-Sharif. En los incidentes estuvieron presentes
las fuerzas estadounidenses y también las británicas. Al concluir
el año aún no se había llevado a cabo ninguna investigación.
En noviembre, Amnistía Internacional puso en marcha una campaña
de gran alcance para promover un programa de derechos humanos en Afganistán.
En diciembre, los bombardeos de Estados Unidos combinados con nuevos ataques del
Frente Unido expulsaron a los talibanes del poder y en Bad Godesberg, Bonn, Alemania,
se creó una administración provisional para el país bajo
los auspicios de las Naciones Unidas. Amnistía Internacional pidió
a la comunidad internacional que se asegurara de que los derechos humanos fueran
parte integrante de todos los debates sobre el futuro de Afganistán. La
organización subrayó que era de vital importancia garantizar que
aquellos a quienes se les encomendase la dirección del país estuvieran
comprometidos con la protección de los derechos humanos y que no se discriminara
a las mujeres ni a las minorías étnicas y religiosas a la hora de
formar el gobierno y establecer las instituciones nacionales.
Amnistía Internacional ha documentado graves abusos contra los derechos
humanos a manos de los combatientes de todas las facciones enfrentadas en los
conflictos que durante décadas han devastado Afganistán. Aunque
es consciente de la necesidad de una reconciliación nacional tras años
de guerra y represión, la organización subrayó que cualquier
futuro acuerdo político deberá garantizar que se exigen responsabilidades
por estos abusos. Será preciso buscar una protección concreta contra
las represalias y la discriminación de grupos étnicos y religiosos,
así como tomar medidas para combatir la discriminación de la mujer.
Amnistía Internacional pidió la desmovilización de los niños
soldados, medidas internacionales para la protección de los refugiados
y la adopción de un enérgico programa de creación de instituciones
de derechos humanos. También pidió que se restringiera el suministro
de armas y se instituyeran programas de desarme y retirada de minas, dotados de
los medios adecuados y apoyados por la comunidad internacional, como importantes
componentes de cualquier acuerdo político.
Tras los atentados del 11 de septiembre se observó en todo el mundo una
oleada de agresiones racistas basadas en el aspecto físico de las personas.
En América del Norte, Europa y en otros lugares, musulmanes, árabes
y sijs fueron víctimas de homicidios, apuñalamientos y palizas.
Las paredes de las mezquitas se llenaron de pintadas racistas y fueron asaltadas
e incendiadas. En todo el mundo, los defensores de los derechos humanos pidieron
a sus gobiernos que se aseguraran de dejar claro que la violencia contra personas
originarias de Asia o de Oriente Próximo o Medio, o contra musulmanes u
otras comunidades, era totalmente inaceptable y no se toleraría.
Hacia finales de año preocupaba cada vez más que los gobiernos estuvieran
introduciendo medidas draconianas que limitaban los derechos humanos y las libertades
civiles. Por ejemplo, las autoridades estadounidenses introdujeron una ley que
permite al gobierno detener indefinidamente a los ciudadanos extranjeros con órdenes
de expulsión pendientes, y crear, para juzgar a los extranjeros, las llamadas
«comisiones militares», que no ofrecen las garantías básicas para
un juicio justo. En Gran Bretaña, el gobierno vulneró el artículo
5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos e introdujo una ley que permite detener
a los extranjeros indefinidamente sin cargos ni juicio. En Zimbabue, los partidarios
de la oposición política y quienes publicaron artículos criticando
el historial de derechos humanos del gobierno fueron acusados de apoyo al «terrorismo».
Al concluir el año, el gobierno zimbabuense estaba procediendo a la aprobación
de leyes que tipificaban un nuevo delito de «terrorismo» punible con la muerte;
castigaban con la cárcel la desobediencia civil no violenta, las críticas
al presidente y la perturbación de la paz, y convertían en delito
el periodismo ejercido por personas no autorizadas por el Estado. En la India
se promulgó una nueva ordenanza que confería a la policía
amplios poderes de detención y preveía hasta seis meses de detención
sin cargos ni juicio para los presos políticos. Amnistía Internacional
advirtió de que con estas medidas y otras similares tomadas por diversos
gobiernos se negaban derechos humanos fundamentales a las personas más
vulnerables.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de tomar medidas para proteger a sus ciudadanos
y evitar futuros atentados. Sin embargo, Amnistía Internacional y otras
organizaciones de derechos humanos continuaron subrayando que, al abordar cuestiones
de seguridad, los gobiernos deben asegurarse de que no se vulneran de ningún
modo las salvaguardias reconocidas internacionalmente para proteger los derechos
humanos. Asimismo, los gobiernos deben asegurarse de que no se convierte en blanco
de ataques a los miembros de minorías étnicas, religiosas u otras.
El principio de no discriminación por motivos de raza, color, origen étnico,
sexo, idioma, religión y condición social, que se repite prácticamente
en todos los principales tratados internacionales de derechos humanos, es el verdadero
cimiento del derecho internacional.
También se temió que los debates intergubernamentales sobre inmigración
y asilo se centraran en medidas restrictivas para combatir el «terrorismo», y
no en la protección a los refugiados. Amnistía Internacional subrayó
que debe permitirse la entrada a un país a todos los solicitantes de asilo
que así lo deseen para evaluar sus peticiones mediante un procedimiento
individualizado, justo y satisfactorio, como disponen las normas internacionales
sobre refugiados. Nadie debe verse privado de este derecho por el hecho de que
el grupo al que pertenece sea considerado una posible amenaza para la seguridad.
(En el Prólogo de Irene Khan encontrarán un análisis más
pormenorizado sobre las dificultades a las que se enfrentan los defensores de
los derechos humanos tras los atentados del 11 de septiembre y la respuesta de
Amnistía Internacional.) Refugiados
Poco antes de los atentados del 11 de septiembre, la atención de los medios
de comunicación se centró en la odisea de un grupo de más
de 430 solicitantes de asilo, la mayoría de ellos afganos, varados en un
barco frente a las costas de Australia. Estas personas se habían salvado
de morir ahogadas gracias a la tripulación de un carguero noruego, el Tampa,
al naufragar el 26 de agosto la embarcación en la que viajaban. Los gobiernos
de Australia e Indonesia se negaron a permitir que desembarcaran, y los pasajeros,
entre los que había 43 niños, permanecieron atrapados en el mar
más de tres semanas, primero a bordo del Tampa y luego en un barco de transporte
de tropas australiano. En el Tampa, con capacidad para 50 tripulantes como máximo,
los solicitantes de asilo permanecieron más de ocho días, protegiéndose
con lonas en la cubierta y adentro de contenedores vacíos. Las autoridades
australianas ordenaron que el barco saliera de las aguas territoriales de su país.
Mientras continuaban los trámites legales para que los solicitantes de
asilo dejaran de estar detenidos en el mar y pudieran ser llevados a Australia,
los trasladaron al Manoora, un barco australiano de transporte de tropas. A la
mayoría los llevaron a la minúscula y empobrecida isla de Nauru
para examinar sus peticiones de asilo, y al resto a Nueva Zelanda. En Nauru los
alojaron en condiciones de calor sofocante, en refugios de chapa de zinc y madera
construidos a toda prisa por el ejército australiano en un campo de deportes
abandonado. Allí seguían al terminar el año, rodeados de
pilares de caliza y pozos mineros de fosfato y custodiados por una empresa privada
de seguridad. Estas personas habían sobrevivido a un terrible viaje y ahora
se enfrentaban a un futuro incierto. Ante la situación de estos sobrevivientes
que esperaban el resultado de sus solicitudes para que se les reconociera la condición
de refugiados cabía preguntarse si el mundo había cambiado para
ellos tras los atentados del 11 de septiembre, al haber aumentado el conocimiento
sobre la situación de Afganistán en todo el mundo.
Según los informes, 20 de las personas varadas en el Tampa procedían
del pueblo de Ejan, situado en el desfiladero de Salang, en el nordeste de Afganistán,
donde al parecer las condiciones de vida eran tan terribles que sólo quedaban
50 familias en un pueblo donde en su día hubo 500. Millones de personas
buscaban refugio procedentes de un país que ofrece a su población
una esperanza de vida de 45 años, donde la mitad de los niños sufren
malnutrición y donde uno de cada cuatro muere antes de cumplir los 5 años.
En los últimos 10 años, unos 150.000 afganos habían solicitado
asilo en Europa Occidental. La inmensa mayoría de los refugiados afganos,
más de 3 millones, vivía en Pakistán e Irán.
¿Qué habrán sentido los solicitantes de asilo del Tampa al saber
la suerte corrida por otro grupo de unos 400 solicitantes de asilo, la mayoría
iraquíes, 350 de los cuales murieron ahogados el 22 de octubre al naufragar
su embarcación, que se dirigía a Australia?
Los derechos de solicitantes de asilo y refugiados fueron uno de los temas más
debatidos internacionalmente en el 2001. A Amnistía Internacional le preocupaba
mucho que la política de asilo se centrara cada vez más en impedir
que la gente cruce las fronteras, y no en proteger eficazmente a quienes huyen
de la guerra, de las convulsiones sociales y de graves abusos contra los derechos
humanos.
Con harta frecuencia el debate descendió al nivel de las diatribas populistas
que satanizaban y deshumanizaban a las personas más vulnerables del mundo.
En muchos países industrializados se acusó a los solicitantes de
asilo de «colarse» con falsedades y luego convertirse en parásitos. Su
odisea quedaba oculta tras llamativos titulares que hablaban de «oleadas» y «avalanchas»
de inmigrantes. En lugar de centrarse en lo que subyace a este movimiento de personas
por el mundo, los gobiernos y los políticos se lanzaron de lleno a utilizar
el lenguaje duro de las «medidas enérgicas». Las autoridades actuaron en
connivencia con los sectores de la prensa que manipulaban cifras engañosas
para alimentar el miedo y atacar a los opositores políticos acusándolos
de ser «blandos» con los refugiados.
Sin embargo, la desesperada situación de los pasajeros del Tampa debe inducir
a pensar en las razones por las cuales los peligros inherentes a semejante viaje
les parecieron a estas personas preferibles a quedarse en su país.
En el año 2001 se cumplió el cincuentenario de la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas. Desde 1951, 141 Estados
se han convertido en Estados Partes en esta Convención o en su Protocolo
de 1967. Sin embargo, para muchos gobiernos la promesa de cumplir con los derechos
y las salvaguardias establecidos en la Convención se ha quedado en meras
palabras. Amnistía Internacional instó a todos los Estados a renovar
su compromiso con el espíritu y la letra de la Convención de 1951
y pidió a los que aún no lo habían hecho que se adhirieran
a la Convención y a su Protocolo.
Aunque uno de los principios fundamentales que establece la Convención
—piedra angular de la protección internacional a los refugiados— es que
no se devolverá a nadie a un país donde corra peligro de sufrir
graves violaciones de derechos humanos, los gobiernos continuaron devolviendo
a personas que se enfrentaban a la cárcel, la tortura e, incluso, la ejecución.
En los últimos años, los gobiernos han aprobado políticas
cuyo efecto ha sido impedir que quienes huyen de la persecución lleguen
a un lugar seguro y consigan la protección a la que tienen derecho. Los
gobiernos han tratado de limitar el acceso a sus territorios, han aplicado criterios
sumamente estrictos para la concesión de asilo y han multado a las compañías
de transporte por permitir a sus pasajeros viajar sin la documentación
adecuada. En una palabra, la protección a los refugiados ha bajado muchos
puestos en su lista de prioridades, hasta situarse por debajo de la de mantener
a los refugiados lejos de sus fronteras.
A comienzos del 2001 se calculaba que la cifra de refugiados y solicitantes de
asilo en todo el mundo era de 17 millones. La inmensa mayoría (más
del 70 por ciento) viven en el Sur, muchos en los países más pobres
del mundo, y lejos de la mirada de los medios de comunicación internacionales.
En Oriente Medio o Próximo no se encontró solución duradera
para la situación de los más de 3.700.000 refugiados palestinos
y 100.000 refugiados saharauis. Irán continuó teniendo una de las
mayores poblaciones de refugiados del mundo, con más de 1.482.000 afganos
y 386.000 iraquíes.
La dimensión de la crisis de refugiados en África es pasmosa. En
la República Democrática del Congo, donde se calcula que han muerto
unos 2,5 millones de personas a consecuencia del conflicto armado desde 1998,
las represalias contra la población civil siguieron siendo una reacción
habitual de todos los bandos ante los reveses militares. Al acabar el 2001 la
población civil desplazada era nada menos que de dos millones de personas,
incapaces de mantenerse y fuera del alcance de las organizaciones humanitarias.
Muchas de estas personas se morían de hambre. Miles habían huido
a países vecinos. La guerra continuó devastando Burundi y se cobró
la vida de centenares de civiles desarmados. Todos los bandos del conflicto siguieron
mostrando un total desprecio por los derechos humanos. Cientos de miles de personas
continuaron desplazadas y miles siguieron huyendo del país. En Sudán,
la guerra civil, que ha segado aproximadamente dos millones de vidas desde 1983,
se ha caracterizado por abusos masivos contra los derechos humanos, incluidos
secuestros, violaciones y homicidios arbitrarios. En el año 2001, se calculaba
que había 4,5 millones de desplazados en Sudán y que unos 500.000
sudaneses habían buscado refugio en el extranjero.
Los refugiados de Sierra Leona que huyeron del atroz conflicto de su país,
caracterizado por homicidios generalizados, secuestros, violaciones y amputaciones,
buscaron refugio en Guinea. A mediados del 2000 quedaban en Guinea unos 500.000
refugiados sierraleoneses y liberianos, muchos de los cuales llevaban varios años
en este país. Aunque Guinea es uno de los países menos desarrollados
del mundo, su gobierno accedió a acoger a los refugiados. A pesar de algunos
incidentes de violencia y tensión que se habían producido durante
los últimos diez años, hasta septiembre del 2000 Guinea había
sido un país de refugio relativamente seguro. Según los informes,
el 6 de septiembre del 2000 el Frente Revolucionario Unido, grupo armado de Sierra
Leona autor de abusos masivos contra los derechos humanos en su país, atacó
una población guineana situada en la zona fronteriza cercana a Conakry.
Tras el ataque, el presidente guineano Lansana Conté, en un discurso transmitido
por radio, pidió a los guineanos que defendieran su país y repelieran
a los invasores. El presidente acusó a los refugiados de ayudar y apoyar
a los atacantes y afirmó que debían ser recluidos en campos y devueltos
a su país. La opinión general fue que el discurso suponía
un giro decisivo en la política nacional sobre refugiados y enviaba un
mensaje implícito a las fuerzas armadas y a la opinión pública
guineanas para el inicio de una ofensiva contra los refugiados en el país.
Tras él vinieron redadas y detenciones de refugiados y reiterados acosos
y ataques contra ellos. Refugiados y campesinos guineanos se vieron obligados
a huir de campo en campo y de pueblo en pueblo, intentando desesperadamente eludir
los combates. Incontables refugiados murieron o fueron secuestrados por los rebeldes,
mientras que otros «desaparecieron» tras llevárselos los soldados guineanos.
Hombres, mujeres y niños guineanos fueron secuestrados, violados y asesinados
durante las incursiones de los miembros del Frente Revolucionario Unido en Guinea.
Durante el 2001, unos 300.000 guineanos tuvieron que abandonar sus hogares.
En abril, Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional
que protegiera a los cientos de miles de refugiados de Sierra Leona y Liberia
y a los civiles guineanos atrapados en el sangriento conflicto de Guinea. La organización
trató de atraer la atención mundial sobre la acuciante necesidad
de que los refugiados y los guineanos desplazados recibieran una protección
y una ayuda adecuadas. La comunidad internacional debe velar por que los organismos
de las Naciones Unidas, las organizaciones de ayuda y el gobierno guineano estén
dotados de los recursos adecuados para prestar la ayuda necesaria.
La relación existente entre la huida de los refugiados y la falta de protección
de los derechos humanos no podía estar más clara. Mientras que en
sus declaraciones sobre los problemas de los refugiados los gobiernos de la mayor
parte del mundo industrializado se centraban en levantar barreras aún mayores
ante ellos, Amnistía Internacional trató de subrayar la importancia
de enfrentarse a las causas del temor y la miseria que obligan a la gente a huir
y cómo el hecho de no hacerlo condena a millones de personas a sufrir unos
abusos aún más graves y una desesperación aún más
profunda. La Intifada
En septiembre del 2001, al cumplirse el primer aniversario de la Intifada (levantamiento)
de Al Aqsa, se agravó la ya trágica situación de los derechos
humanos en Israel y los territorios ocupados.
En los 15 meses transcurridos hasta diciembre del 2001, las fuerzas israelíes
de seguridad habían matado a más de 750 palestinos, en la inmensa
mayoría de los casos ilegítimamente en situaciones en que no corría
peligro ninguna vida. A manos de grupos armados y particulares palestinos habían
muerto más de 220 israelíes, 166 de ellos civiles. Entre las víctimas
había muchos niños: más de 160 palestinos y 36 israelíes.
Al menos otras 18.000 personas habían resultado heridas y, en muchos casos,
quedado lisiadas de por vida.
Las autoridades israelíes continuaron respondiendo a la Intifada y al homicidio
de civiles israelíes hiriendo y matando a palestinos en manifestaciones,
puestos de control y fronteras, y bombardeando zonas residenciales y comisarías
de policía. La Fuerza de Defensa Israelí aplicó una política
de ejecuciones extrajudiciales selectivas contra palestinos que se suponía
que estaban planeando atentados o habían perpetrado alguno. Más
de 40 palestinos fueron asesinados por medio de ataques selectivos de este tipo,
en los que resultaron muertas también más de 20 personas que se
encontraban casualmente en el lugar, incluidos niños. No se investigó
debidamente ningún homicidio cometido en los territorios ocupados, y se
sucedieron las denuncias y contradenuncias. En respuesta a los ataques contra
asentamientos israelíes, las fuerzas israelíes bombardearon poblaciones
palestinas y aislaron del mundo exterior a casi todas las ciudades y pueblos palestinos
por medio de puestos militares de control o barreras físicas de tierra,
bloques de cemento o vallas metálicas. Se impuso el toque de queda en pueblos
y barrios de ciudades palestinas, por lo que sus habitantes no pudieron salir
de su casa ni ir a trabajar durante días, semanas o meses. En aras de la
seguridad se demolieron centenares de viviendas palestinas y se prohibió
a los palestinos viajar por determinadas carreteras de los territorios ocupados.
Aumentaron los abusos cometidos por grupos armados palestinos, que dispararon
deliberadamente contra automóviles con matrícula israelí
que circulaban por las carreteras de los territorios ocupados e hicieron detonar
bombas en centros comerciales, restaurantes y otros lugares públicos, convirtiendo
deliberadamente a la población civil en objeto de sus ataques. Los colonos
israelíes agredieron y mataron a palestinos con casi total impunidad.
Desde la firma del Acuerdo de Oslo en 1993, con la que dio comienzo el actual
proceso de paz, Amnistía Internacional ha subrayado la necesidad de basar
las negociaciones de paz en el respeto de los derechos humanos proclamados en
las normas internacionales. La organización ha reiterado que, a su juicio,
un grave fallo de dicho proceso es que no está basado en la necesidad de
garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos. Lo ocurrido
en el 2001 ha puesto de manifiesto, más claramente que nunca, que no habrá
paz ni seguridad si para conseguirlas se sacrifican los derechos humanos. El hecho
de que no se respeten derechos humanos básicos aviva el odio y perpetúa
los abusos. Amnistía Internacional ha pedido que se preste especial atención
a los derechos humanos en el programa internacional de paz y se envíen
a los territorios ocupados observadores internacionales con la misión precisa,
transparente y pública de vigilar que se respetan el derecho internacional
humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. Campaña contra la Tortura
A la vez que se esforzaba por responder a las crisis que dominaron gran parte
del 2001, Amnistía Internacional trató de permanecer fiel a su compromiso
de ocuparse de los abusos contra los derechos humanos que se dan desde hace largo
tiempo y de forma persistente y crónica en países situados lejos
del alcance del examen internacional. Los miembros de la organización en
todo el mundo continuaron dedicando gran parte de su energía a la Campaña
contra la Tortura, una campaña mundial que se inició en octubre
del 2000 y continuó durante todo el año 2001.
Un punto de atención fundamental de la campaña fue la vinculación
existente entre la discriminación por motivos de identidad y la tortura
y los malos tratos. En marzo, Amnistía Internacional conmemoró el
Día Internacional de la Mujer con la publicación de un informe titulado
Cuerpos rotos, mentes destrozadas: Tortura y malos tratos a mujeres. Como muestra
el informe, la violencia contra la mujer es a veces infligida por agentes del
Estado, como policías, guardias de prisión o soldados. Otras veces,
los torturadores son miembros de grupos armados que luchan contra el gobierno.
Sin embargo, gran parte de los abusos físicos, mentales y sexuales que
sufren las mujeres son cometidos por personas a las que conocen.
La violencia contra la mujer se basa en la discriminación y la refuerza.
Cuando el Estado no garantiza a la mujer las mismas oportunidades de educación,
vivienda, alimentación, empleo y acceso al poder, está mostrando
otra faceta de su responsabilidad en los abusos contra la mujer. Hacer oír
la voz de las mujeres a todos los niveles de gobierno es fundamental para que
la mujer pueda contribuir a la formulación de políticas que contrarresten
los abusos y combatan la discriminación.
Las mujeres económicamente más desfavorecidas y socialmente marginadas
corren especial peligro de sufrir torturas y malos tratos. En muchos casos, políticas
y prácticas racistas y sexistas agravan la violencia que sufren las mujeres
y aumentan su vulnerabilidad frente a más violencia. Las normas sociales
y culturales que les niegan la igualdad de derechos frente a los hombres también
las hacen más vulnerables a los abusos físicos, sexuales y mentales.
El hilo conductor es la discriminación de la mujer, la negación
de los derechos humanos básicos a ciertas personas por el mero hecho de
ser mujeres.
Los Estados tienen la obligación de garantizar que nadie sufre torturas
ni malos tratos, sea a manos de sus agentes o de particulares. Sin embargo, en
todo el mundo las autoridades permiten que las palizas, las violaciones y otros
actos de tortura continúen sin trabas. El informe de Amnistía Internacional
propone un plan de acción para combatir la tortura a las mujeres. El plan
se basa en la premisa de que en las manifestaciones, métodos, causas y
consecuencias de la tortura a las mujeres influye decisivamente el género
de la víctima. También se basa en el conjunto de normas internacionales
de derechos humanos que prohíben dichos abusos.
Las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transexuales de todo el mundo están
expuestos a la persecución y la violencia por el simple hecho de ser quienes
son. Como parte de su Campaña contra la Tortura, Amnistía Internacional
trató de poner de manifiesto los abusos sufridos por miembros de la comunidad
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales a manos de agentes del Estado y
en la sociedad en general. Si bien los torturadores y las circunstancias de los
abusos pueden variar, la base de toda forma de violencia homofóbica es
la ignorancia y el prejuicio existentes en la sociedad, la discriminación
y la represión oficiales y la impunidad de que disfrutan quienes cometen
estos actos.
En todo el mundo han surgido defensores de los derechos humanos que luchan para
que se termine la violencia homofóbica y para garantizar igual dignidad
y derechos para todos. En junio, Amnistía Internacional presentó
el informe titulado Crímenes de odio, conspiración de silencio:
Tortura y malos tratos basados en la identidad sexual como parte de su contribución
a los crecientes esfuerzos internacionales para terminar con estos abusos. El
informe fue presentado en Buenos Aires, Argentina, en colaboración con
miembros de la comunidad local de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales,
y durante el acto Amnistía Internacional reiteró su petición
a las autoridades de Rumania para que revocaran las leyes discriminatorias basadas
en la orientación sexual, en aplicación de las cuales se había
encarcelado a presos de conciencia en ese país. En junio, el gobierno rumano
aprobó una ordenanza de emergencia que abolía el artículo
200 del Código Penal. Además de prohibir las relaciones homosexuales
de mutuo acuerdo entre adultos «si el acto se cometiera en público o provocara
escándalo público», el artículo 200 tipificaba como delito
punible con entre uno y cinco años de cárcel el hecho de «atraer
o seducir a una persona para que practique actos sexuales de carácter homosexual,
así como formar asociaciones de propaganda o participar en otras formas
de proselitismo con el mismo objetivo».
Uno de los principales objetivos de la Campaña contra la Tortura de Amnistía
Internacional fue que se aprobaran en Europa directrices para prevenir la tortura.
En abril del 2001, la Unión Europea aprobó un conjunto de directrices
para la prevención y erradicación de la tortura en terceros países,
que supusieron un importante avance de la política de derechos humanos
en la Unión Europea y dotaron a esta organización de instrumentos
prácticos para poder mostrar su oposición a la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Los miembros de Amnistía Internacional también hicieron campaña
para animar a los gobiernos a que ratificaran sin reservas la Convención
de las Naciones Unidas contra la Tortura. Durante el 2001, Lesoto, Nigeria, San
Vicente y las Granadinas y Sierra Leona se convirtieron en Estados Partes en la
Convención. Transferencias militares, de seguridad y policiales
Una de las cuestiones que se destacaron en la Campaña contra la Tortura
de Amnistía Internacional fue la necesidad de impedir que el material de
«seguridad» y capacitación que puede emplearse para facilitar la tortura
llegue a los perpetradores de abusos contra los derechos humanos en cualquier
parte del mundo. En muchos países, los torturadores dependen de las empresas
y gobiernos extranjeros para que los provean de material de seguridad y capacitación.
Hay gobiernos que consienten directamente este comercio de la tortura y otros
que prefieren volver la vista hacia otro lado. Pocos han mostrado la voluntad
política de poner fin a un comercio cuyos beneficios se obtienen a costa
del sufrimiento de innumerables víctimas de tortura. En febrero, Amnistía
Internacional publicó un informe titulado Un comercio execrable: El comercio
de la tortura. En él se daban a conocer nuevas investigaciones que demostraban
que el número de empresas de todo el mundo que se sabe que producen o suministran
material de electrochoque ha pasado de las 30 existentes en la década de
los ochenta, a más de 130 en el año 2000. Desde 1990 se utilizan
dispositivos de electrochoque para torturar o maltratar en cárceles, centros
de detención o comisarías de al menos 76 países de todas
las regiones del mundo. Las modernas armas de electrochoque de alto voltaje pueden
utilizarse para infligir un gran dolor sin dejar señales permanentes en
el cuerpo de la víctima. Por esta razón se han convertido en el
instrumento favorito de muchos torturadores. Amnistía Internacional pidió
a los gobiernos que tomaran medidas para erradicar la tortura, como suspender
el uso y la exportación de material de seguridad de electrochoque e introducir
directrices estrictas relativas a las transferencias de material que pudiera utilizarse
para torturar o maltratar.
En julio se celebró en Nueva York, Estados Unidos, la primera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas
y Armas Ligeras en Todos sus Aspectos. Se calcula que estas armas matan cada año
como media a unas 500.000 personas, en su mayoría civiles desarmados, y
que hieren y dejan inválidas y en la indigencia a muchas más. A
pesar de estos efectos devastadores, el número de fábricas que las
producen continuó aumentando en países que carecen de los controles
básicos para la fabricación y la transferencia de armas ligeras.
Amnistía Internacional se unió a otras organizaciones no gubernamentales
para pedir un plan de acción que supusiera una verdadera mejora para las
vidas de quienes sufren represión en países desgarrados por la guerra.
En esta campaña se pidió, entre otras cosas, un pacto internacional
legalmente vinculante para controlar las exportaciones de armas y una convención
que regulara el turbio mundo de los intermediarios y traficantes de armas. Sin
embargo, la presión de algunos países, especialmente Estados Unidos,
China y Rusia, consiguió que la Conferencia de las Naciones Unidas acordara
un programa de acción menos enérgico, centrado en medidas tales
como el marcado, la localización y el rastreo de las armas, unas disposiciones
que, por sí solas, pueden tener poco efecto. Amnistía Internacional
continuó argumentando que, según las disposiciones vigentes del
derecho internacional, ningún gobierno debe autorizar transferencia alguna
de armas pequeñas o ligeras a ningún país en el que haya
un claro peligro de que sus probables destinatarios las utilicen para cometer
graves abusos contra los derechos humanos, crímenes de guerra o crímenes
de lesa humanidad. El racismo, problema mundial
Amnistía Internacional ha documentado las violaciones de derechos humanos
basadas en la raza de la víctima y ha hecho campaña contra ellas
en todo el mundo. En julio, la organización publicó el informe titulado
El racismo y la administración de justicia, un estudio de algunos aspectos
del trabajo que la organización ha realizado en los últimos años
sobre este tema, que incluye recomendaciones para ayudar a los Estados a cumplir
con su deber internacional de aplicar las medidas necesarias para erradicar la
discriminación racial.
No poner barreras al racismo puede provocar tragedias masivas. En 1994, el mundo
asistió horrorizado a la matanza en Ruanda de un millón de personas,
la mayoría de la etnia tutsi, en sólo 13 semanas. Pero los abusos
cotidianos que son total o parcialmente consecuencia del racismo en la administración
de justicia rara vez ocupan los titulares, aunque sus efectos continúan
arruinando millones de vidas cada año en todo el mundo. En la India, unos
160 millones de dalit (antes llamados «intocables») están expuestos a sufrir
toda una serie de abusos contra los derechos humanos a manos de los miembros de
su propia comunidad y de los funcionarios del Estado debido a su casta. Gran número
de estos abusos nunca se investigan. Se calcula que en el mundo hay 300 millones
de indígenas que siguen sufriendo discriminación en casi todos los
aspectos de su vida, y que muchos son blanco de abusos contra los derechos humanos.
La falta de protección del Estado aumenta su vulnerabilidad.
El racismo, en diversos grados y formas, contamina prácticamente todos
los países. En todas partes del mundo los extranjeros, incluidos los trabajadores
migratorios y los solicitantes de asilo, viven en ambientes xenofóbicos,
algunas veces fomentados por las autoridades y que casi siempre se reflejan en
la administración de justicia. De modo creciente se detiene durante meses
o años a los solicitantes de asilo mientras se examinan sus peticiones
de protección.
La ley y la administración de justicia, que deben defender los valores
de justicia e igualdad, son fuerzas fundamentales para contrarrestar los efectos
del racismo. Pero con harta frecuencia los sistemas de justicia no cumplen este
fin, sino que reflejan los prejuicios de la sociedad a la que sirven. La discriminación
racial en la administración de justicia niega a ciertas personas sus derechos
humanos a causa de su color, raza, etnia, ascendencia u origen nacional. La investigación
realizada por Amnistía Internacional en los últimos años
ha demostrado que, a menudo, el número de miembros de minorías étnicas
o nacionales que sufren torturas, malos tratos y hostigamientos a manos de la
policía es desproporcionado. En muchas partes del mundo se enfrentan a
juicios sin garantías y sentencias discriminatorias que aumentan el riesgo
de que sean condenados a duras penas e incluso a la pena de muerte.
La publicación del informe de Amnistía Internacional se hizo coincidir
con la tercera conferencia sobre el racismo organizada por las Naciones Unidas
(Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia
y las Formas Conexas de Intolerancia), que se celebró en agosto y septiembre
en Durban, Sudáfrica. En ella se aprobaron una Declaración y un
Programa de Acción, formulados con las aportaciones de varias reuniones
preparatorias, aunque al terminar el año seguía siendo objeto de
disputa la colocación de varios párrafos.
A pesar de las dificultades, la Conferencia consiguió poner de manifiesto
el alcance del racismo en todo el mundo. También obligó a que en
el programa de derechos humanos del mundo figurara la situación que atraviesan
grupos como los dalit, palestinos, romaníes, tibetanos, indígenas
y los que sufren varias formas de discriminación al mismo tiempo, como
refugiados, mujeres, gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Amnistía
Internacional y otras organizaciones no gubernamentales se comprometieron a continuar
luchando para asegurarse de que los gobiernos no olvidan su obligación
de combatir el racismo. Todas las personas que se han comprometido a luchar contra
el racismo deben poner ahora manos a la obra para asegurarse de que este aumento
de la conciencia del tema se traducirá en medidas concretas que influyan
realmente en la vida de la gente. Impunidad
Amnistía Internacional lleva años luchando junto con otras organizaciones
no gubernamentales para poner fin a la impunidad de los autores de abusos contra
los derechos humanos.
En su Campaña contra la Tortura, por ejemplo, la organización hizo
hincapié en la impunidad —la inexistencia de responsabilidad penal por
parte de los autores de abusos graves contra los derechos humanos—, por considerarla
uno de los principales factores que perpetúan la tortura, y formuló
recomendaciones sobre cómo se podría acabar con ella. Las víctimas
de tortura tienen derecho a ver que se hace justicia, a que se reconozca la verdad
de lo que les ha ocurrido y a recibir una reparación. Sin embargo, como
mostró Amnistía Internacional en su informe de noviembre del 2001
titulado Acabar con la impunidad: Justicia para las víctimas de tortura
(Índice AI: ACT 40/024/2001/s), lo cierto es que, vergonzosamente, los
casos en que se hace justicia son la excepción, no la regla. La mayoría
de los torturadores cometen su delito con la tranquilidad de saber que jamás
serán detenidos, procesados ni condenados.
Sin embargo, aunque muy lentamente, las cosas parecen estar cambiando. Cada vez
son más los gobiernos que reconocen la importancia de enjuiciar a los presuntos
autores de abusos contra los derechos humanos, si no ante sus propios tribunales,
ante otros establecidos fuera de su territorio.
En teoría, cuando se inicia un enjuiciamiento por delitos que constituyen
crímenes graves según el derecho internacional, es preferible hacerlo
dentro del país donde se han cometido los delitos. Esta opción constituye
una de las mejores formas de demostrar a la sociedad civil que se hace justicia;
con frecuencia, es el modo más eficaz de reunir pruebas y testimonios;
por lo general es también la manera más económica de hacer
participar a las víctimas y los testigos en los procedimientos penales
y, por último, permite a los acusados ser juzgados en un ordenamiento jurídico
y en un idioma que tanto ellos como sus abogados conocen bien.
Si no se puede llevar a cabo el enjuiciamiento en el lugar donde se ha cometido
el delito, hay que buscar otra forma de garantizar que se hace justicia. Durante
el siglo pasado se recurrió por primera vez en la edad moderna a tribunales
penales internacionales especiales como complemento de los nacionales. Así,
tras la Segunda Guerra Mundial se establecieron tribunales de este tipo en Núremberg
y en Tokio, y posteriormente se crearon otros para juzgar a quienes habían
cometido genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad
en la ex Yugoslavia a partir de 1991 y en Ruanda en 1994.
En junio del 2001, el ex presidente Slobodan Milosevic fue puesto bajo la custodia
del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Esta medida fue un primer
paso en los esfuerzos por poner fin a la impunidad de los altos cargos políticos
presuntamente responsables de las violaciones en gran escala del derecho internacional
cometidas durante el conflicto de la ex Yugoslavia. Slobodan Milosevic se encontraba
bajo custodia en Serbia desde su detención el 1 de abril del 2001, sometido
a investigación por delitos como corrupción y abuso de poder. El
24 de mayo de 1999, el Tribunal Penal Internacional había dictado acta
de acusación formal contra él y contra otras ex autoridades del
gobierno por crímenes de lesa humanidad y violaciones de las leyes y costumbres
de la guerra cometidos en Kosovo por fuerzas que actuaban bajo su mando, a instancias
suyas y con su apoyo. Slobodan Milosevic fue acusado también de crímenes
de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra y violaciones
de las leyes y costumbres de la guerra cometidos en Croacia y en Bosnia y Herzegovina.
En el acta de acusación por los delitos cometidos en Bosnia figuraba también
el cargo de genocidio.
En noviembre del 2000 se eligió de nuevo la opción de establecer
un tribunal internacional especial, aunque con una variante, al proponer el secretario
general de las Naciones Unidas que el Consejo de Seguridad creara uno en Sierra
Leona, con jurisdicción y composición mixtas, es decir, internacionales
y nacionales. El derecho aplicable en él sería la legislación
de Sierra Leona y el derecho internacional, y los jueces, los fiscales y el personal
serían ciudadanos de Sierra Leona y personas de otras nacionalidades. Este
enfoque del «tribunal mixto», con participación nacional y de las Naciones
Unidas, fue también el propuesto para Camboya y era análogo al componente
internacional de Timor Oriental. En agosto del 2001, el rey de Camboya firmó
una ley, aprobada por el Parlamento, por la que se permitía el enjuiciamiento
ante un tribunal compuesto por jueces nacionales e internacionales de algunos
ex miembros del Gobierno de Kampuchea Democrática (Jemer Rojo), que habían
gobernado Camboya desde abril de 1975 hasta enero de 1979, periodo en el que millones
de camboyanos fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, incluidas
torturas y homicidios políticos. Sin embargo, siguió habiendo motivos
de gran preocupación, pues la ley no se ajustaba al derecho internacional
ni a las normas internacionales.
El principio de jurisdicción universal permite a los Estados iniciar investigaciones
y enjuiciamientos contra presuntos autores de delitos, incluidos los crímenes
graves comprendidos en el derecho internacional, independientemente de su nacionalidad,
de la nacionalidad de la víctima y del lugar donde se hayan cometido los
delitos. En los últimos años ha habido varios casos de ejercicio
de la jurisdicción universal. Por ejemplo, en el 2001 cuatro ruandeses
fueron declarados culpables en Bélgica de crímenes de guerra cometidos
en el contexto del genocidio de Ruanda de 1994. También se han iniciado
procedimientos penales en virtud de la jurisdicción universal contra ex
jefes de Estado como Augusto Pinochet, de Chile, y Hissein Habré, de Chad,
y contra autoridades todavía en el poder, como el primer ministro de Israel,
Ariel Sharon.
La detención de Augusto Pinochet en octubre de 1998 en el Reino Unido cambió
la idea que tenía la opinión pública sobre las posibilidades
de vencer la impunidad tanto dentro de Chile como internacionalmente. Aunque el
ex jefe de Estado fue devuelto a Chile en marzo del 2000, los esfuerzos por someterlo
a juicio por violaciones de derechos humanos no cesaron. La Corte de Apelaciones
de Santiago decidió que debía retirársele la inmunidad parlamentaria
y, a comienzos del 2001, fue puesto bajo custodia en espera de juicio por cargos
relacionados con la denominada «Caravana de la Muerte», operación militar
de octubre de 1973 en la que «desaparecieron» 19 personas. En el 2001, Augusto
Pinochet figuraba como acusado en 241 acciones judiciales. Aunque la Corte de
Apelaciones de Santiago decidió en julio del 2001 anular todos los cargos
presentados contra él por considerar que no estaba en condiciones de ser
sometido a juicio —decisión contra la que se apeló—, el caso Pinochet
continúa sirviendo de estímulo para quienes luchan contra la impunidad.
En un futuro próximo, otro mecanismo para enjuiciar a presuntos autores
de delitos graves comprendidos en el derecho internacional será la Corte
Penal Internacional, tribunal permanente, establecido en virtud de un tratado.
Con sede en La Haya, Países Bajos, la Corte quedará establecida
cuando 60 Estados hayan ratificado su Estatuto, aprobado en Roma en 1998. En diciembre
del 2001 el número de ratificaciones ascendía a 48, y habían
firmado ya el Estatuto 139 Estados, por lo que se esperaba que en el 2002 estuviera
establecida ya la Corte. Ésta tendrá competencia respecto del genocidio,
los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Pena de muerte
Hubo importantes avances en el año 2001 en la tendencia mundial hacia la
abolición de la pena de muerte. En abril, la Corte de Apelaciones del Caribe
Oriental declaró inconstitucional la pena de muerte como castigo preceptivo.
En palabras del juez J. Saunders: «La pena de muerte preceptiva priva a aquellos
a quienes se impone de cualquier oportunidad de que el tribunal tenga en cuenta
en algún momento circunstancias atenuantes, aunque el castigo impuesto
sea irrevocable. La dignidad de la vida humana se ve menoscabada por una ley que
obliga a un tribunal a condenar a la horca a toda persona declarada culpable de
asesinato, sin ofrecer a nadie la oportunidad de que el tribunal que debe dictar
sentencia examine las circunstancias individuales que concurren en su caso». En
mayo, Chile abolió la pena de muerte para delitos comunes, sustituyéndola
por la de cadena perpetua, y en junio los electores irlandeses votaron a favor
de eliminar toda referencia a la pena capital en la Constitución del país.
También en junio se celebró en Estrasburgo, Francia, el primer Congreso
Mundial contra la Pena de Muerte. A esta reunión, organizada por la organización
no gubernamental Ensemble contre la peine de mort (Juntos contra la Pena de Muerte)
bajo los auspicios del Consejo de Europa, asistieron ex presos condenados a muerte
de Estados Unidos y Japón, así como miembros del Parlamento Europeo,
la Asamblea Nacional de Francia y numerosas organizaciones no gubernamentales,
incluida Amnistía Internacional. Quince presidentes de asambleas legislativas
nacionales e internacionales firmaron un llamamiento en favor de una suspensión
mundial de la pena de muerte con vistas a su abolición universal.
En Estados Unidos, cinco estados (Arizona, Connecticut, Florida, Misuri y Carolina
del Norte) se sumaron a los otros 13 —y al gobierno federal— que han instituido
leyes que prohíben el uso de la pena de muerte contra acusados que sufren
retraso mental. Sin embargo, en Texas, estado en el que se ha llevado a cabo un
tercio de las ejecuciones en Estados Unidos desde 1997, el gobernador Rick Perry
vetó un proyecto de ley que prohibía la ejecución de discapacitados
psíquicos. En el año 2001, fue ejecutado en Estados Unidos un delincuente
menor de edad. Desde comienzos de 1998, nueve de las 14 ejecuciones de delincuentes
menores de edad —personas que tenían menos de 18 años en el momento
en que se cometió el delito— que se sabe que se han llevado a cabo en todo
el mundo tuvieron lugar en Estados Unidos. En el año 2001 hubo informes
de otras dos ejecuciones de delincuentes menores de edad, una en Irán y
otra en Pakistán. En diciembre, el presidente paquistaní Pervez
Musharraf anunció que las penas de muerte dictadas contra aproximadamente
un centenar de delincuentes menores de edad se conmutarían por penas de
cadena perpetua.
Por su parte, China continuó desafiando la tendencia mundial abolicionista
e intensificó el uso de la pena de muerte en el 2001. El número
de ejecuciones aumentó radicalmente tras el lanzamiento de una campaña
nacional de «medidas enérgicas» contra el delito. Entre abril y julio del
2001, fueron ejecutadas al menos 1.781 personas, cifra que superaba el total de
personas ejecutadas en el resto del mundo en los tres años anteriores.
Durante el año se condenó a muerte a más de 4.015 personas
por delitos como malversación, fraude y soborno, y también por delitos
violentos. Probablemente muchos de los condenados habían sido torturados
para conseguir que confesaran. Muchas ejecuciones tuvieron lugar tras actos públicos
de imposición de sentencias y en presencia de grandes multitudes concentradas
en plazas públicas y estadios de deporte. A menudo los reos aparecían
con grilletes y se los humillaba haciéndolos desfilar delante del público.
El futuro de Amnistía Internacional «Este sueño de justicia ha unido a los activistas de derechos humanos
de todas las culturas, orígenes y condiciones sociales. Nuestra diversidad
cultural es la fuente de nuestra fuerza, inspiración y determinación
[...] Necesitamos encontrar nuevas formas de crear solidaridad internacional,
para seguir transformando la desesperación en esperanza y la compasión
en acción.»
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional
La xxv Reunión del Consejo Internacional de Amnistía Internacional
se celebró en un momento en que el movimiento se encontraba en una encrucijada.
En agosto, delegados de 72 países se reunieron en Dakar, Senegal, para
hablar sobre los cambios que se habían producido en el panorama político,
económico y social internacional, incluido el ámbito de los derechos
humanos, en los últimos años. Presente por encima de todo en la
mente de los delegados estaba la necesidad de llevar a cabo una cuidadosa evaluación
crítica de los puntos fuertes y débiles de Amnistía Internacional
a fin de garantizar que la organización continuara estando en condiciones
de defender eficazmente los derechos humanos. En concreto, los delegados debatieron
diferentes formas de integrar mejor en Amnistía Internacional los principios
de universalidad e indivisibilidad de todos los derechos humanos. Esforzándose
por subrayar que los derechos civiles y políticos y los económicos
tienen la misma importancia, los delegados estudiaron la forma en que Amnistía
Internacional podría incorporar mejor ambos tipos de derechos en su trabajo,
hasta ahora desarrollado fundamentalmente en la esfera de los derechos civiles
y políticos. La definición revisada de la misión de Amnistía
Internacional condensa todo el trabajo de la organización hasta la fecha
y al mismo tiempo proporciona un marco que refleja un punto de vista de la defensa
de los derechos humanos que abarca una gama más amplia de derechos, incluidos
los económicos, sociales y culturales, y mayor flexibilidad:
«La misión de Amnistía Internacional consiste en realizar labores
de investigación y acción centradas en impedir y poner fin a los
abusos graves contra el derecho a la integridad física y mental, a la libertad
de conciencia y de expresión y a no sufrir discriminación, en el
contexto de su trabajo de promoción de todos los derechos humanos.»
El propio carácter de la comunidad de derechos humanos ha sufrido enormes
cambios. El número de organizaciones no gubernamentales se ha incrementado
radicalmente en los últimos 10 años, pasando de 6.000 a unas 26.000.
La creación de redes mundiales de organizaciones no gubernamentales formadas
por organizaciones locales, regionales e internacionales es una de las principales
tendencias en el ámbito de los derechos humanos en la última década.
Amnistía Internacional, que sigue siendo la mayor organización internacional
de derechos humanos, con miembros en todos los rincones del planeta, ha tratado
de responder con una mayor participación en las redes locales y regionales
de organizaciones de derechos humanos y en las campañas colectivas.
Los delegados asistentes a la Reunión del Consejo Internacional debatieron
la forma de garantizar que la información de alta calidad por la que es
famosa Amnistía Internacional va unida a un mayor enfoque estratégico
de sus campañas, y decidieron que en el futuro la organización debe
planear su trabajo de campaña en torno a un grupo de grandes campañas
temáticas sobre cuestiones fundamentales. Se espera que con estas campañas
temáticas los miembros de Amnistía Internacional tengan más
facilidad para vincular las preocupaciones de la organización con las cuestiones
locales, fomentar el trabajo estratégico sobre una cuestión que
abarca al movimiento y sacar el máximo partido de los conocimientos de
la organización. «Han transcurrido 40 años desde entonces, y Amnistía Internacional
ha logrado muchas victorias. Sus archivos están repletos de cartas de personas
que fueron presos de conciencia o víctimas de la tortura, en las que agradecen
el esfuerzo de la organización y el cambio que ésta llevó
a sus vidas. Hoy la tortura está prohibida por un acuerdo internacional.
Cada año rechazan la pena de muerte más países. El mundo
dispondrá pronto de una Corte Penal Internacional para garantizar que las
personas acusadas de los peores crímenes del mundo rinden cuentas ante
la justicia. La existencia misma de la Corte tendrá un efecto disuasivo
para la comisión de ciertos delitos.
Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme: la tortura está prohibida,
pero en dos terceras partes de los países del mundo sigue cometiéndose
en secreto, y aún son demasiados los gobiernos que permiten que sus agentes
encarcelen arbitrariamente, asesinen y cometan "desapariciones" con impunidad.
Pero los que hoy sienten esa amarga impotencia pueden hacer algo: pueden apoyar
a Amnistía Internacional. Pueden ayudarla a alzar su voz en defensa de
la libertad y la justicia.»
Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional, mayo del 2001
FRASES
«Como en todos los casos de delitos violentos y abusos y violaciones de derechos
humanos, el sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las personas
que han perdido a un ser querido exige compasión y justicia [...]. Le pedimos
que [...], al frente de su gobierno, tome todas las precauciones necesarias en
materia de derechos humanos para procurar justicia, no venganza, a las víctimas
de estos terribles actos.»
Carta de Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, a George
W. Bush, presidente de Estados Unidos. Septiembre del 2001
«El mundo no necesita una guerra contra el "terrorismo", sino una cultura de la
paz basada en derechos humanos y justicia para todos.»
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional
«No nos podemos quejar de la enorme cantidad de gente que se desplaza por el mundo
si no estamos dispuestos a proporcionar los fondos necesarios para solucionar
los problemas que afectan a las regiones de donde proceden estas personas.»
Ruud Lubbers, alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, entrevistado
en el programa de la BBC The World This Weekend, citado en el periódico
The Guardian, 3 de septiembre del 2001
«En el marco del 11 de septiembre [esta Declaración y Programa de Acción
de Durban] se ha vuelto aún más significativa, aún más
adecuada para hacer exactamente aquello que necesitamos hacer. Exige que nos enfrentemos
a males como la fobia al islamismo, los sentimientos antiárabes y el antisemitismo,
que nos ocupemos de las minorías, sean romaníes, sintis, nómadas
en Europa, sean descendientes de africanos en América, indígenas,
emigrantes, trabajadores migratorios, inmigrantes indocumentados, refugiados,
solicitantes de asilo.»
Mary Robinson, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
en una rueda de prensa, Ginebra, 25 de septiembre del 2001
«El Estado no debe asumir un derecho que sólo corresponde al Todopoderoso:
el de acabar con una vida humana. Ésta es la razón por la cual me
declaro firmemente en contra de la reinstauración de la pena de muerte
en Rusia.»
Presidente ruso Vladimir Putin, julio del 2001
PENA DE MUERTE Al concluir el año 2001, 74 países y territorios habían
abolido la pena de muerte para todos los delitos. Quince países más
habían abolido la pena de muerte para todos los delitos salvo los de carácter
excepcional, como los cometidos en tiempo de guerra. Al menos 22 países
podían considerarse abolicionistas en la práctica dado que no habían
consumado ninguna ejecución en al menos los últimos 10 años;
se creía que esos países tenían como norma establecida no
llevar a cabo ejecuciones o que habían contraído un compromiso internacional
de no hacerlo. Ochenta y cuatro países seguían aplicando la pena
capital, aunque no todos impusieron condenas de muerte ni llevaron a cabo ejecuciones
en el 2001.
En el 2001 fueron ejecutadas al menos 3.048 personas en 31 países y fueron
condenadas a muerte al menos 5.265 personas en 68 países. Estas cifras
sólo son las de casos que conoce Amnistía Internacional; las cifras
reales serán sin duda más altas.
La inmensa mayoría de las ejecuciones en todo el mundo se llevaron a cabo
en un reducido número de países. En el 2001, el 90 por ciento de
todas las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en China, Irán, Arabia Saudí
y Estados Unidos.
— En China, las cifras provisionales indicaban que fueron ejecutadas al menos
2.468 personas, aunque se cree que la verdadera cifra es muy superior.
— En Irán fueron ejecutadas al menos 139 personas.
— En Arabia Saudí hubo informes de 79 ejecuciones.
— En Estados Unidos el número de ejecuciones ascendió a 66.
Internacional
