José Steinsleger

En el mundo existe una megaburguesía internacional para la que si algo es bueno para ella es bueno para todos. Su visión consiste en tratar a los países (incluyendo los ricos) como mercados de conquista. Esta megaburguesía actúa por sobre los Estados y sus leyes y cuenta con un brazo ejecutor llamado Fondo Monetario Internacional (FMI).
El FMI y el Banco Mundial (encargado de desembolsar el dinero) son corresponsables del hambre, la miseria y la muerte de tres cuartas partes de la humanidad. De vocación intervencionista, conspirativa y desestabilizadora, la prioridad de ambos organismos consiste en encauzar el capítulo financiero del llamado "pensamiento único" o globalización excluyente.
Con el prefijo "co" se alude a las oligarquías nativas y testaferros políticos que prestan al FMI sus servicios. Por esto, cuando una economía de "libre mercado" como la argentina (que hasta ayer era exhibida de ejemplo) se colapsa y entra en cuestionamiento el sentido del contrato social, el FMI se deslinda de culpa y se la endosa a la "ineptocracia" del país donde opera.
"Nosotros somos 'técnicos'... no intervenimos en política interna", dicen sus numerólogos con dudosa candidez. ¿Cuán cierto es esto? A propósito de la crisis argentina, el lobbysta Felipe González, coideario de Charles Chaplin (alias de José María Aznar) en el asunto de las inversiones españolas, dijo en Buenos Aires: "es muy fácil echarle la culpa de todas las crisis al FMI". Al servicio de los peores intereses, Felipillo acertó. Claro que es muy fácil. Veamos por qué.
El 7 de enero pasado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul O'Neill, planteó desde Washington la resolución de los problemas de incumplimiento de la deuda soberana de los Estados a través de las disposiciones de la ley federal de bancarrotas de Estados Unidos. Quince días después, el director general del FMI, Horst Köhler, propuso que "...se abra proceso por insolvencia a los países que vayan a la quiebra o registren severas crisis económicas, como es el caso de Argentina".
Lo cual sugiere que los prestamistas podrían cobrarse con los activos físicos y las rentas públicas de las naciones deudoras. Es decir, que para Estados Unidos y el FMI los países son empresas (como Enron).
Por su lado, la subdirectora general del FMI, Anne Krueger, envió a Jorge Remes Lenicov, ministro de Economía de Argentina, una carta confidencial en la que puso las condiciones para otorgar nueva ayuda financiera: flotación del peso, una salida del corralito que no destruya el sistema bancario, la aplicación de medidas fiscales y monetarias muy duras, una ley de coparticipación con las provincias y un sistema impositivo que ponga fin a la evasión fiscal.
La carta de Krueger no fue hecha pública. Pero el Washington Post tuvo acceso al contenido y publicó un artículo titulado: "Le dicen a Argentina cuáles son las condiciones de la ayuda". Según el diario, el FMI exige también una solución a los enormes gastos de las provincias "acostumbradas a pasar luego la factura al gobierno central". Como fuere, lo importante no es esto.
Lo que cuenta es el estado deliberativo del pueblo argentino de un lado, y el discurso del gobierno argentino por el otro. Tanto el FMI como la Casa Blanca temen que las protestas populares y el "populista" presidente Eduardo Duhalde contagien a la subregión. Colofón: Argentina no es "confiable".
La megaburguesía mundial desconfía de discursos "antimodelo de libre mercado". El viceministro de Economía, Jorge Todesca, por ejemplo, criticó al FMI como ningún funcionario de la democracia argentina se había atrevido y le pidió que "hable menos", además de calificar de incoherente a Krueger preguntándose si al organismo que dirige le interesa el desarrollo del país.
"Francamente -observó Todesca- no necesitamos que cada dos minutos un funcionario del FMI nos esté diciendo cómo tenemos que recorrer el camino en el cual estamos... haciéndolo a 10 mil kilómetros de distancia sin un buen conocimiento de la situación... Necesitamos un programa de desarrollo y no sé si a la señora Krueger le interesa, pero nos interesa a los argentinos".
Insolencia que en este mundo de borregos no pasó inadvertida para el presidente George Bush.
El 16 de enero, ante la OEA, Bush advirtió que si se trata de un apoyo vendrá con muchas condiciones: "...quienes prometen proteccionismo sin dolor o seguridad a través del estatismo sólo garantizan un futuro de debilidad y estagnación" (recesión con inflación).
Dos días más tarde, en Santiago de Chile, la señora Krueger destacó la disciplina de la economía trasandina, a modo de contraste. Y repitió las palabras de O'Neill y de Bush: "Argentina debe lograr un plan sustentable". Es decir, más ajuste interno para pagar la deuda, la misma receta que llevó a la explosiva situación actual.
Lawrence Lindsey, presidente del Consejo Nacional Económico y asesor número uno de la Casa Blanca en materia económica, declaró en una entrevista a la cadena de televisión Fox: "El problema fundamental en Argentina tiene que ver en la forma como los argentinos manejan las cosas". Claro. ¿Qué esperaba?
La Jornada