Internacionales

5 de febrero del 2002
Europol controlará oficialmente internet:
represión a la antiglobalización

Endika Zulueta. Abogado

El aumento de competencias de la Europolicía es una obsesión del ejecutivo español, y en el presente semestre, y con la manida excusa de la llamada lucha antiterrorista, se va a proceder a su lanzamiento definitivo como la principal Unidad policial en el control de la disidencia.
Así, dentro de las múltiples reuniones, conferencias, seminarios, redes, jornadas, consejos y cumbres a celebrar en el semestre de presidencia española de la Unión Europea, entre los días 21 y 24 de enero de 2002, y organizadas por el Ministerio del Interior español, se ha celebrado en Madrid la "Conferencia europea sobre el uso de nuevas tecnologías asociadas a la actividad criminal, especialmente al tráfico ilícito de drogas", que contó con la participación de representantes de todos los Estados miembros de la U.E., de la Comisión europea, de países candidatos de la U.E., de EE.UU. de la propia Europol, así como de "responsables operativos de agencias policiales que tienen competencia en la administración y gestión de medios técnicos especiales para la investigación y labor de inteligencia", siendo propósito declarado de la presidencia española profundizar en estos llamados medios técnicos especiales de control a través de las nuevas tecnologías.
La Conferencia realizó un recorrido por las diferentes estrategias policiales en el control a través de las nuevas tecnologías, en las que se incluyeron exposiciones sobre técnicas de interceptación policial de las nuevas comunicaciones, a las que buscan dar cierto soporte legal.
En el documento de conclusiones de la conferencia cabe destacar, por una parte, la subscripción de acuerdos de colaboración entre las autoridades nacionales y los operadores y agentes del sector de las comunicaciones, (lo cual no es novedoso, teniendo en cuenta que las grandes firmas que controlan el sector siempre han estado a disposición de las autoridades policiales), y, por otra, una propuesta de control sobre los usuarios de tarjetas telefónicas de pago anticipado.
Pero la propuesta estrella de la Conferencia fue de la Delegación española: el establecimiento de un CENTRO DE ALERTA E INVESTIGACION TECNOLÓGICA a escala de la U.E., que sería situado en La Haya (Holanda), en la mismísima sede de Europol, calificada ya como "figura preventiva contra el cibercrimen", propuesta que fue acogida con gran interés por todos los asistentes (de forma especial, sin duda, por los representantes estadounidenses, pioneros del control telemático con su protagonismo en la Red Echelon), que propusieron un desarrollo de la misma con la idea de elevarlo a las instancias decisorias correspondientes de la U.E..
El citado Centro de Alerta e Investigación, controlado por Europol, no sería más que oficializar el control que la Europa policial hace de los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías, especialmente Internet y la telefonía móvil, intentando dar una cobertura legal a lo que todas luces vulnera diferentes derechos fundamentales.
Esta Conferencia policial es la primera de un abundante calendario en el que el Ministerio del Interior español ha puesto toda la carne en el asador, si bien, no deja de ser llamativo que haya aprovechado la dedicada al tráfico de drogas para lanzar la propuesta de un Centro policial de control de las comunicaciones que, evidentemente, traspasaría el ámbito del control de los delitos contra la salud pública.
Si esta propuesta ha salido de una simple conferencia, que no sucederá en la Reunión de Ministros de Justicia e Interior, que se celebrará entre los días 13 y 15 de febrero de 2002 en Santiago de Compostela, teniendo en cuenta que entre los puntos más importantes de su orden del día se encuentra "Europol.
Presente y perspectivas de futuro"; así como en la Reunión Ministerial U.E.-EE.UU. que se celebrará en Madrid el 10 de abril de 2002, o en las Jornadas sobre "La seguridad europea tras el 11 de septiembre" previstas en Madrid para los días 29 y 30 de mayo, teniendo en cuenta que la citada fecha, además de a unos atentados, está unida a una legislación restrictiva o limitadora de derechos fundamentales, tanto en EE.UU.
como en diferentes países de la U.E., incluyendo el control policial de las telecomunicaciones.

Represión antiglobalizadora de la presidencia española de la U.E.

En el Estado español, anticipándose incluso a la creación del citado Centro de Alerta e Investigación Tecnológica, los cuerpos policiales creados al efecto reconocen estar controlando la disidencia política a través de la Red. Así al menos se desprende en una nota de la agencia de noticias Colpisa distribuida el pasado 13 de enero, y que no ha sido negada por instancia policial alguna. Según la citada agencia, tanto los servicios de policía como los de la Guardia Civil se dedican a rastrear las comunicaciones de ocho Servidores alternativos dentro de la Red, por el simple hecho de estar canalizando telemáticamente parte del movimiento antiglobalización, bajo el burdo pretexto de que a través de esos servidores se difunden "tácticas de guerrilla urbana y formas de sabotaje".
La excusa para el citado control estaría basada en "los graves desórdenes públicos del pasado mes de julio durante la reunión del G-8 en Génova, y los importantes fallos en el despliegue de los antidisturbios italianos por la falta, precisamente, de información". Realmente es preocupante lo que sucedió en Génova el pasado mes de julio durante la cumbre del G-8: el Gobierno italiano desplegó más de 20.000 efectivos, entre carabineros, policías y militares "para controlar a los radicales", llegando a cerrar su sus fronteras, e instalando una batería de misiles tierra-aire Spada, como los empleados en la guerra de Kosovo para proteger el aeropuerto de la ciudad. Como consecuencia de la actuación policial posterior, cientos de personas resultaron heridas de diversa consideración, más de 600 detenidas, denunciando una buena parte de ellas malos tratos y torturas a su paso por diversas dependencias policiales; un joven de 20 años, Carlo Giuliani resultó muerto a manos de la policía. Las organizaciones de Derechos Humanos más importantes de Europa denunciaron los hechos protagonizados por las Fuerzas del Orden, existen muchas denuncias con investigaciones abiertas, y el Gobierno italiano se vio obligado a destituir a algunos de sus máximos responsables.
Teniendo como referencia lo sucedido en Génova, los responsables del Ministerio del Interior han diseñado la llamada "operación añil", previendo la participación de 10.000 efectivos policiales en las grandes cumbres señaladas para este semestre (especialmente en Barcelona, 15 y 16 de marzo, Sevilla, 21 y 22 de junio, más las múltiples reuniones en Madrid). Los cerca de 2.500 agentes de las Unidades de Intervención Policial (antidisturbios) que llevarán el peso directo de la represión llevan seis meses entrándose en Linares (Jaén); los máximos responsables policiales participan en un largo curso (enero y febrero) en El Escorial (Madrid) denominado "gestión no militar de crisis"; e inmediatamente antes de la Cumbre de Barcelona, concretamente entre los días 11 y 13 de marzo, el Ministerio del Interior organiza en la Isla de La Toja un Seminario denominado "el papel de la policía europea en la gestión civil de crisis (Las fuerzas robustas de policía multinacional)" Mucho nos tememos que, todas estas iniciativas, no indican que al Gobierno español esté preocupado por las múltiples detenciones arbitrarias, ni las torturas denunciadas, ni la muerte de un joven a manos de las fuerzas policiales en Génova, sin embargo, esta sería una buena ocasión para aprender de aquella experiencia e intentar solucionar pacíficamente los conflictos sociales, teniendo en cuenta que, la situación es tan preocupante que por primera vez en la historia de la Unión Europea, el 15 de enero de 2002 Amnistía Internacional presentó una campaña bajo el lema "Más Europa., ¡Más justa!", solicitando al Gobierno español que incluya los Derechos Humanos en su agenda de trabajo, considerando que "el incremento de seguridad en la U.E., está recortando los Derechos Humanos", apuntando como algunas de las cuestiones más preocupantes las denuncias por malos tratos y torturas que se producen en el ámbito de la U.E. Que tomen nota, que estamos a tiempo.