La vieja Europa

Batasuna, por una ofensiva democrática y popular en favor de la autodeterminación
Serenidad, solicita el PSOE a curia y gobierno; la polémica alienta a ETA y entorno, dice
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 7 de junio. El portavoz de la Mesa Nacional de Batasuna, Arnaldo Otegi, pidió al Partido Nacionalista Vasco (PNV) que aclare si va a acudir a la manifestación contra la ley de partidos políticos que busca la ilegalización de esa coalición de izquierda, programada para el 15 de junio en Bilbao.
El presidente del gobierno español, José María Aznar, recibió como una cubetada de agua fría el comunicado de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en el que manifestó su apoyo a los sacerdotes católicos vascos que criticaron la inminente ilegalización de Batasuna, considerado el brazo político de la organización vasca ETA.
Los obispos de las tres diócesis del País Vasco, apoyados por la mayoría de los sacerdotes de la región, emitieron la semana pasada una pastoral en la que advirtieron de las "consecuencias sombrías" que traería a la región la disolución de la coalición de la izquierda separatista vasca mediante la nueva ley de partidos políticos.
Los curas vascos no sólo advirtieron que la medida significará más crispación y ruptura social en la región, sino que, a pesar de que condenaron los atentados y la violencia ejercida por ETA, consideraron que servirá para alejar un futuro proceso de paz que ponga fin al histórico conflicto en Euskadi.
Esta postura fue tildada por Aznar como una "perversión moral e intelectual grave", por lo que decidió manifestar su inconformidad ante el nuncio del Vaticano en España, Manuel Monteiro, quien sin embargo decidió mantenerse al margen y respetar la soberanía de las diócesis católicas.
El presidente señaló desde Lisboa que a pesar de las críticas vertidas por los prelados "el Ejecutivo no tiene que modificar su posición, ya que está respaldada por 95 por ciento del Congreso de los Diputados", que el miércoles dio luz verde para que la normativa pase al Senado y sea finalmente re-frendada por la Cámara para su aprobación definitiva en el próximo verano.
Consideró que el pronunciamiento de la CEE no "justifica" ningún cambio en la posición del gobierno contra la postura de los obispos y, por tanto, siguen considerándolos como personas que han suscrito un texto "moral e intelectualmente perverso".
Desde las filas socialistas, que apoyan esta iniciativa, se pidió "serenidad", ya que a su entender esta "polémica alienta a ETA y a su entorno", y sugirió al presidente Aznar que "debió haber llamado discretamente a la CEE e incluso a los obispos vascos para explicarles la razón de fondo de la ley de partidos políticos".
Advierten contra venganza de Aznar


El líder del PNV, Xabier Arzalluz, consideró este viernes que a raíz de estas diferencias Madrid tomará "represalias en materia económica o bien por medio de alguna ley contra los intereses de la Iglesia", ya que a su entender Aznar pretenderá "vengarse" de lo que "él considera una ofensa".
El ministro portavoz, Pío Cabanillas, aseguró que el gobierno no tiene un conflicto con la CEE, y expresó su deseo de que la Iglesia católica tampoco busque la confrontación con el Ejecutivo.
Igualmente, aconsejó al episcopado una "reflexión" pues, dijo, la mayoría de los españoles son partidarios de la ilegalización de Batasuna.
Otegi, por su parte, pidió al PNV que aclare si va acudir o no a la manifestación contra la ley de partidos políticos, tras destacar la necesidad de realizar una "ofensiva democrática, general y popular" en favor de la autodeterminación y frente a la contraofensiva del Estado para terminar con el proceso de liberación nacional y social del pueblo vasco.
Dijo no entender a qué se refiere Arzalluz cuando afirmó en una entrevista que el inconveniente para que su partido acuda a la movilización radica en la actuación que va a tener Batasuna, ya que teme que dicha formación "despliegue sus efectivos, salga con todos su carteles, su parafernalia, sus gritos a ETA y todo lo demás".
No obstante, a la ley de partidos políticos propuesta por Aznar, refrendada por el Partido Socialista Obrero Español, se han opuesto diversas organizaciones civiles y políticas que sufren a diario la trágica situación del País Vasco, como el Consejo de la Juventud, sindicatos y asociaciones pacifistas de diversa índole, e incluso Amnistía Internacional.
En otro asunto, dos presuntos miembros de ETA sospechosos de haber asesinado al periodista español José Luis López de La-calle, en mayo del 2000, fueron inculpados hoy en París por un juez antiterrorista, y serán enjuiciados por asociación de malhechores con fines terroristas, infracción de la legislación sobre armas y posesión de do-cumentación falsa.
Mientras, el gobierno español reclamó a Francia la extradición del etarra José María Zaldúa, por su presunta participación en dos asesinatos en 1979 y 1980, quien fue puesto en libertad el 31 de mayo por razones de procedimiento.