La vieja Europa

Mariano Rajoy califica la exigencia de "irresponsable y auténtico despropósito"
Ultimátum del Parlamento vasco al Estado español para alcanzar el autogobierno

Propone un referéndum sobre libre determinación; Batasuna se abstiene de apoyar la iniciativa
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL/LA JORNADA

Madrid, 8 de julio. El Parlamento vasco dio hoy dos meses de plazo al Estado español para que se aplique la totalidad de las competencias contempladas en el Estatuto de Gernika de 1978, con la pretensión de que la región alcance el máximo autogobierno permitido, y sugirió la celebración de un referéndum de autodeterminación. El Ejecutivo español y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) calificaron la iniciativa de acto de "ruptura" y "una irresponsabilidad que traspasa la legalidad".
Después de ocho meses de debates en la denominada Mesa de Autogobierno, propuesta por el presidente del gobierno vasco, el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe -quien logró su primera releción en los comicios del 3 de mayo de 2001- las bancadas gubernamentales sacaron adelante una ponencia en la que además de exigir todas las competencias del estatuto, advierten que de no cumplirse esta petición la administración vasca las asumirá de hecho.
La ponencia fue aprobada con los votos en favor del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida-Esker Batua (IU-EB), mientras que la coalición nacionalista Batasuna, considerada brazo político de ETA, se abstuvo, y el Partido Popular y el PSOE votaron en contra. En el documento se afirma que ha quedado en "evidencia" en estos 25 años "el incumplimiento" del estatuto, al tiempo que denuncia al Ejecutivo español de "haber propiciado unilateralmente el bloqueo del proceso transferencial".
En la resolución se insta al Ejecutivo del conservador José María Aznar a que defina "un proyecto operativo y calendario de cumplimiento y desarrollo completo" del Estatuto de Gernika y, de no ser así, la sociedad vasca podrá entender que el consenso estatutario queda "quebrado definitivamente" y la administración vasca asumirá de hecho las transferencias pendientes.
Las formaciones vascas también sostienen que el pueblo tiene derecho a ser consultado para "poder decidir libre y democráticamente su estatus político desde su derecho a la libre determinación", una propuesta a la que no se le pone fecha, si bien advierten que las instituciones vascas elaborarán un nuevo marco "jurídico-político a través de un proceso abierto a agentes políticos, económicos, sindicales, sociales y culturales".
El texto incluye otra propuesta de resolución en la que insta al Parlamento de Vitoria a reconocer "la existencia de un pueblo vasco o Euskal Herria" con una "identidad propia" perteneciente "por igual" a "los vascos de los siete territorios", en referencia a los de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y el País Vasco-francés.
Entre las competencias que todavía no se han transferido al gobierno del País Vasco destacan las referidas a trabajo y seguridad social -como prestaciones por desempleo, formación ocupacional profesional, Instituto Nacional de la Seguridad Social e Inspección del Trabajo-; de infraestructuras, responsable de la meteorología, autopistas, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y transporte marítimo y fluvial; las relativas a cuestiones económico-financieras, como crédito y banca, seguros y mercado de valores; la regulación de la industria, la educación y otras competencias relacionadas con la seguirdad interior, turismo y la impartición de justicia.
El vicepresidente del gobierno, Mariano Rajoy, opinó que es "una enorme irresponsabilidad y un auténtico despropósito'' por parte del gobierno vasco "pretender asumir competencias saltándose los procedimientos establecidos en la legislación vigente''.
El propio Aznar se refirió a la ponencia del Parlamento antes de su aprobación, al sostener que esta iniciativa es "un viaje a ninguna parte" pues, señaló, "resulta un poco curioso que haya que convocar mesas sólo para hablar de cómo se protege a los amenazados, pero sin hablar de la primera protección, que es cómo terminar con los que amenazan".
Para los representantes del PP y el PSOE en el País Vasco, la situación es "muy grave" tras la aprobación del dictamen.
Garzón pide "amparo"
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, solicitó hoy "amparo" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las reiteradas críticas surgidas desde el gobierno vasco y las formaciones políticas de la región por sus recientes actuaciones judiciales, sobre todo por la decisión del magistrado de embargar todos los bienes de Batasuna.
Las críticas a las que se refiere el juez Garzón surgieron desde el PNV, EA, IU, Batasuna y el propio gobierno vasco, que coincidieron que las medidas tienen un trasfondo político y responden a una estrategia coordinada por el Ejecutivo, con lo que ponen en duda la independencia del magistrado.
Ahora corresponde a la Comisión Permanente del CGPJ, que se reúne mañana, estudiar el escrito de Garzón y elevar, en su caso, una propuesta al pleno del órgano de gobierno de los jueces sobre si procede o no otorgar el amparo solicitado.
Asimismo, el juez Garzón recibió el inventario de los supuestos bienes de Batasuna una vez que pidió una relación a la Unidad Central de Información (UCI), con lo que sería cuestión de días para que el embargo de los bienes de la formación independentista sea firme.
El magistrado exigió a la coalición el pago de una fianza de 24 millones de dólares para evitar esta medida, adoptada al considerar que Batasuna es la "responsable civil solidaria" de los actos de violencia callejera llevados a cabo en las ciudades de la región en los últimos dos años.