Pascale Bonnefoy
Le Monde Diplomatique

Este año, el ex Secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger ha sido requerido por tribunales en Francia, Argentina y Chile para declarar como testigo en casos de violaciones a los derechos humanos en el Cono Sur, y hoy enfrenta una querella criminal en Chile por la Operación Cóndor . En Estados Unidos, se le cuestiona o acusa de complicidad por su rol en matanzas, crímenes y golpes de Estado desde Asia a Sud América. Sin embargo, hay un solo crimen en que las huellas de Kissinger han quedado estampadas sin lugar a dudas: el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército chileno, general René Schneider, el 22 de octubre de 1970.

El 10 de septiembre pasado, la familia de Schneider presentó una demanda civil en la Corte Federal de Washington, D.C. en contra del Asesor Presidencial de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, y el director de la CIA en 1970, Richard Helms, por su responsabilidad en la conspiración que llevó al secuestro con homicidio del entonces Comandante en Jefe del Ejército chileno. La acción legal -en que se acusa a Kissinger de "ejecución sumaria" y otros crímenes- se basa en evidencia documental que apunta no sólo a la complicidad, sino a la autoría intelectual, de Kissinger en el asesinato: decenas de documentos desclasificados entre 1999 y 2000 por el gobierno de Estados Unidos bajo el Proyecto de Desclasificación sobre Chile, ordenado por el ex Presidente Bill Clinton en enero de 1999 .

Aunque para Kissinger desembolsar US$3 millones en daños a la familia Schneider es un pelo en la cola considerando su exitosa carrera como conferencista y consultor internacional en las últimas décadas, la demanda civil en Washington , es tal vez -y hasta el momento- la única acción legal que podría establecer judicialmente, y para los registros históricos, la culpabilidad de Kissinger en una de sus tantas maniobras encubiertas en distintos puntos del planeta mientras fue asesor de Seguridad Nacional y posteriormente Secretario de Estado.

El 29 de mayo pasado, el juez francés Roger Le Loire, quien investiga la desaparición de cinco ciudadanos franceses en Chile, envió funcionarios judiciales al Hotel Ritz, donde se hospedaba Kissinger, para requerir su testimonio. Kissinger ignoró la solicitud.

El 9 de agosto, el juez argentino Rodolfo Canicoba requirió el testimonio de Kissinger como testigo para su investigación de la Operación Cóndor. Aún aguarda respuesta.

El 11 de septiembre, familiares de víctimas de la Operación Cóndor en Argentina, Paraguay y Chile, junto a la Fundación Rigoberta Menchú, la Asociación Americana de Juristas, y el National Lawyers Guild de Estados Unidos, presentaron en Santiago una querella criminal en contra de Kissinger -la primera que enfrenta- y otros, por su responsabilidad en subvertir la democracia en Chile y en la creación de la Operación Cóndor.

Tres días después, y luego de meses de inexplicable parálisis, la Cancillería chilena envió a Estados Unidos el exhorto a Kissinger preparado por el juez Juan Guzmán para que declare como testigo sobre el asesinato del periodista estadounidense Charles Horman en septiembre de 1973, un trámite administrativo pero no menos significativo, que pasó desapercibido, nuevamente gracias a los atentados en EE.UU..

Mientras tanto, Kissinger recibía el tipo de cobertura mediática que ninguna personalidad pública quisiera: el periodista británico Christopher Hitchens lanzaba el libro "El Juicio en Contra de Henry Kissinger" , en el que le enrostra su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad en Indochina, Timor Oriental, y Chile, y la revista neoyorkina "The Village Voice" dedicaba su portada del 21 de agosto pasado a Kissinger, llamándolo "El Milosevic de Manhattan", y explicando "cómo arrestar a Henry Kissinger por crímenes de guerra".

Preguntado en un programa radial de Washington sobre si consulta con un abogado antes de viajar al extranjero, Kissinger respondió: "Esa es una pregunta muy inapropiada. Yo fui Secretario de Estado. Encabecé importantes negociaciones. No soy un criminal".

Sin embargo, desistió de viajar a Argentina a fines de agosto pasado, donde se iba a reunir con ejecutivos de su firma consultora, por temor a repetir lo sucedido en París en mayo. Según fuentes judiciales argentinas, Kissinger pidió a abogados argentinos que consultaran al juez Canicoba sobre el carácter y contenidos del interrogatorio, y preguntaran si había posibilidad de que se presentaran cargos en su contra.

El informe "Acciones Encubiertas en Chile 1963-1973" , más conocido como el Informe Church, dio cuenta de las operaciones de la CIA en Chile, incluyendo el intento de fomentar un golpe militar en 1970 para impedir la presidencia de Allende. Sobre el asesinato de Schneider, concluye: "La CIA entregó tres armas a un grupo de oficiales militares que planeaban un golpe, comenzando con el secuestro del Comandante en Jefe René Schneider. Sin embargo, estas armas fueron devueltas. El grupo que llevó a cabo el abortado secuestro de Schneider, que terminó en su muerte, aparentemente no era el mismo grupo que había recibido las armas de la CIA".

El "Informe sobre Presuntos Planes de Asesinato que Involucran a Líderes Extranjeros" ofrece un detallado recuento de los esfuerzos de la CIA para evitar la llegada de Allende al poder y provocar un golpe militar en Chile en 1970. Respecto del secuestro y homicidio de Schneider, el comité llega a la misma conclusión: que el grupo que mató al ex comandante en jefe actuó de manera independiente y a pesar de la supuesta sugerencia de la CIA de que no lo hiciera.

No fue sino hasta la desclasificación de documentos secretos entre 1999-2000, y la publicación en septiembre del año pasado del Informe Hinchey -elaborado por la propia CIA a pedido de cuatro comités legislativos-, que la responsabilidad directa de Kissinger en la muerte de Schneider dejó de ser una especulación política.

Como ya se sabe, 11 días después de las elecciones presidenciales en Chile, el 15 de septiembre de 1970, Nixon citó en su despacho a su asesor en seguridad nacional, Kissinger, el director de la CIA, Richard Helms, y al Procurador General John Mitchell. En esa reunión, Nixon ordenó a la CIA a utilizar todos los medios posibles para impedir un gobierno de Allende, autorizando para ese fin US$10 millones o más si fuese necesario, sin informar a los Departamentos de Estado y Defensa, ni al Embajador de EE.UU. en Chile, el Demócrata Edward Korry.

Dos días después, Kissinger pidió y consiguió autorización de Nixon para crear un "Chile Task Force" (grupo de trabajo) bajo su dirección que "tomara decisiones, emitiera instrucciones [...] coordinara actividades y planificara la implementación de acciones. Trabajaría rápido y en secreto." Este grupo fue supervisado por el subdirector de operaciones encubiertas de la CIA, Thomas Karamessines, y el Jefe de la División del Hemisferio Occidental de la agencia, William Broe. El responsable último de este Task Force era Kissinger, quien fue informado y consultado regularmente sobre las acciones proyectadas e implementadas por la CIA en Chile para impedir un gobierno de Allende.

Las vías para lograrlo eran dos -Track I y Track II-, aunque ambas, al final, llegaban al mismo puerto: la necesidad de provocar un golpe militar. Los involucrados en Track I -la supuesta vía política-constitucional para resolver la "crisis"- evaluaron que no resultaría intentar sobornar a parlamentarios para que votaran por Arturo Alessandri en la sesión de ratificación del presidente electo que se llevaría a cabo en el Congreso el 24 de octubre, y que era imposible lograr los votos para Alessandri para que éste luego dimitiera (como el propio candidato anunció el 9 de septiembre), y diera paso a una nueva elección sin su participación, en las que se presumía ganaría el Presidente Eduardo Frei . Track I dependía de la voluntad y decisión de Frei para darle el visto bueno a un auto-golpe y la conformación de un gobierno militar que llamara a nuevas elecciones.

Track II trabajaría con grupos de oficiales golpistas en servicio activo y en retiro para provocar un golpe militar, con o sin Frei. Pero para que los militares chilenos se movieran, se requería en primer lugar, sacar del camino al general Schneider, quien postulaba el respeto irrestricto a la Constitución y la voluntad popular.

Entre el 5 y 20 de octubre, según el Informe Hinchey, la CIA "orquestó numerosos contactos con oficiales chilenos claves en las Fuerzas Armadas y Carabineros para convencerlos de llevar a cabo un golpe". La CIA envió a cuatro experimentados agentes encubiertos con pasaportes de países latinoamericanos para vincularse de manera compartimentada con los oficiales chilenos. El agregado militar en Santiago, y a su vez, oficial de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), coronel Paul Wimert, fue instruido a trabajar junto con la CIA y comenzó a responder ante la Casa Blanca, bypaseando a la DIA y al propio Embajador Korry.

El jefe de la estación de la CIA en Santiago, Henry Hecksher, los cuatro agentes encubiertos, y Wimert se contactaron con militares de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros: el general del ejército Camilo Valenzuela, el almirante Hugo Tirado Barros, el general de la Fuerza Aérea, Joaquín García, el Director General de Carabineros, Vicente Huerta, y el Director de la Academia de Guerra del Ejército, general Alfredo Canales. Igualmente, los agentes de la CIA mantuvieron un fluido contacto con oficiales en retiro, liderados por Roberto Viaux y Arturo Marshall -este último apresado poco antes del ataque a Schneider. Viaux, a su vez, coordinaba un grupo de estudiantes universitarios y nacionalistas, a quienes se les encargó preparar el clima para un eventual golpe a través de una serie de atentados terroristas. Muchos de esos jóvenes participarían después en la operación para secuestrar a Schneider.

Korry ignoraba por completo lo que hacían los representantes de la CIA y la DIA en su propia Embajada como parte de los esfuerzos de Track II, porque fue expresamente excluido por el propio Kissinger, quien desconfiaba de él. A principios de octubre, cuando el embajador comenzó a sospechar de lo que sucedía debajo de sus narices, se contactó con Washington, advirtiendo que intervenir en Chile para provocar un golpe militar sería un "fracaso igual al de Bahía de Cochinos [Playa Girón]". Korry incluso dio órdenes terminantes a Hecksher y Wimert de que no continuaran los contactos con los golpistas chilenos. Sin embargo, según uno de los documentos desclasificados, Kissinger pidió que las instrucciones del embajador fueran "ignoradas".

Kissinger siempre ha alegado que él ordenó terminar con las operaciones encubiertas para fomentar un golpe en Chile el 15 de octubre de 1970, y cita un documento sobre una reunión que sostuvo ese día 15 con Karemessines, en que decidieron que había que detener los planes de Viaux, por el momento, y darle mayor impulso a Valenzuela. Es esta versión la que los informes Church y Hinchey recogen: que se estaba trabajando con distintos grupos de golpistas de manera independiente y paralela, y que lo que hacía uno no tenía ninguna vinculación con los demás. Por lo tanto, la Casa Blanca no tendría ninguna responsabilidad por lo que haría Viaux después del 15 de octubre.

En un cable enviado a la CIA en Santiago el día siguiente, 16 de octubre, se expone lo acordado con Kissinger el día anterior: se instruye a los agentes de la CIA a transmitir un mensaje a Viaux:
"Hemos revisado sus planes, [...] y llegamos a la conclusión de que sus planes para un golpe en estos momentos no tendrán éxito [...] Nos mantendremos en contacto. El momento llegará en que usted y sus amigos puedan hacer algo. Continuará teniendo nuestro apoyo." Pero a la vez, el mismo cable establece: "Es política firme y permanente que Allende sea derrocado a través de un golpe. Sería preferible que esto sucediera antes del 24 de octubre, pero los esfuerzos al respecto continuarán vigorosamente después de esa fecha. Debemos generar la máxima presión posible para este fin, utilizando todos los recursos adecuados. Es imperativo que estas acciones sean implementadas de manera clandestina y segura para que la mano del gobierno de Estados Unidos se mantenga bien oculta." El cable señala que ese día se enviarían seis máscaras anti-gas a Santiago vía un "courier especial".

Las líneas divisorias entre el grupo de militares en servicio activo, los oficiales en retiro, y un tercer grupo mencionado en los informes , eran, por decir lo menos, extremadamente permeables.

Aunque durante la investigación judicial en Chile, Valenzuela y Tirado siempre negaron haber participado en cualquier plan para secuestrar a Schneider junto al grupo operativo de Viaux, los propios involucrados en el asesinato reconocen que siempre se coordinaron con los oficiales en servicio activo. "Eramos un mismo grupo, sólo que cada uno asumía roles diferentes", afirmó uno de los involucrados.

El coronel (r) Raúl Igualt Ramírez, cuñado de Viaux, declaró durante la investigación de la Corte Marcial que culminó en 1972: "Hubo unas ocho reuniones principales, asistidas por el general Camilo Valenzuela, el Almirante Tirado, el general Joaquín García, y el general Vicente Huerta; no todos ellos fueron a todas las reuniones, pero parece que el general Camilo Valenzuela asistió a todas". En su testimonio, Viaux declaró que se reunió al menos ocho veces con Valenzuela, siempre de noche y nunca en uniforme.

De hecho, el primer intento fracasado de secuestro, el 19 de octubre de 1970, fue propuesto -e informando a la CIA- por el propio Valenzuela, quien se auto-asignó la misión de retener a los invitados a una comida de honor que se le brindaba a Schneider en la casa de los Comandantes en Jefe esa noche, mientras el grupo operativo -compuesto por los muchachos vinculados a Viaux- lo secuestraba.

Valenzuela había pedido dinero, armas y municiones a Wimert para llevar a cabo el secuestro de Schneider, originalmente planificado para esa noche, 19 de octubre. La CIA entregó 8 a 10 granadas de gas lacrimógeno y US$50.000 a Valenzuela y Tirado. En la madrugada del 22 de octubre, seis horas antes del ataque a Schneider, la CIA entregó a Valenzuela seis subametralladoras y municiones, que habían llegado por valija diplomática. Después del asesinato de Schneider, estas armas y dinero fueron devueltos sin haber sido utilizados -un hecho que Kissinger utiliza como escudo ante cualquier posible acusación.

En sintonía con el plan que la CIA tramaba como parte de Track II, los golpistas chilenos intentaron crear un clima propicio para un golpe, originalmente a través de una secuencia de atentados terroristas, pero, al no provocar el caos deseado, acordaron -tal como también lo decidía la CIA- que la opción más factible sería secuestrar a Schneider. Al sacarlo del teatro de operaciones, se anularía el principal obstáculo para que el Ejército se decidiera a dar un golpe, al tiempo dañando la imagen de Allende y la Unidad Popular -ya que el secuestro sería atribuido a grupos de izquierda- y abriendo el pretexto ideal para que Carabineros -y por eso era importante contar con el general Huerta en la conspiración- realizaría allanamientos masivos en las poblaciones en busca de supuestas armas.

Los golpistas esperaban que se produjera un estado de conmoción nacional y violentos enfrentamientos entre izquierdistas y policías, lo cual justificaría la entrada de los militares al gobierno. Los conspiradores emitirían una declaración pública obligando al a Frei a entregar el gobierno a un gabinete militar. Frei renunciaría y sería llevado fuera del país. El almirante Tirado se convertiría en Jefe de Estado, el general Camilo Valenzuela en Ministro del Interior, y el general (r) Roberto Viaux sería el nuevo Ministro de Defensa.

Viaux realizaría cambios en el Alto Mando del Ejército y en la Policía de Investigaciones. "Viaux dijo que había llegado a un acuerdo al respecto con el general Camilo Valenzuela", declaró durante el juicio Juan Enrique Prieto, uno de los civiles involucrados en el complot.

El gobierno militar llamaría a nuevas elecciones, y Frei retornaría para presentarse, y supuestamente, ganarlas. Según reconocieron algunos de los conspiradores años después, Frei no sólo sabía del plan -porque había sido consultado-, sino que le dio luz verde, con la condición de que fuera sacado del país para así parecer como una víctima, y no un cómplice, del golpe.

Kissinger asegura que no hubo ninguna acción para fomentar un golpe en Chile o para secuestrar a Schneider después del 15 de octubre. De creerle, habría que suponer que después de esa fecha, la CIA actuó por su cuenta, a espaldas de la Casa Blanca. Sin embargo, los documentos desclasificados demuestran que Kissinger fue informado permanentemente durante la última semana previa al asesinato, y no se registran objeciones de su parte. Después del fracasado tercer intento del 22 de octubre, Kissinger no pidió explicaciones a nadie sobre lo sucedido, ni mucho menos fustigó a Helms, Karemessines, Hecksher, o Wimert.

Al contrario, el subordinado de Kissinger en el Chile Task Force, William Broe, envió un cable a la estación de la CIA en Santiago el 28 de octubre, ordenando que el destinatario (nombre tachado) y otro nombre censurado "deben negarlo hasta el fin" si "cualquiera de los aspectos del acuerdo salen en la prensa o son mencionados por autoridades del gobierno chileno [...] Aún en el caso de 'pruebas' tangibles, como grabaciones o la eventual 'confesión' de alguno de los operativos, debe prevalecer el 'sin comentario' y la negación absoluta estará a la orden del día, incluso con el embajador y colegas de la embajada [...] La revelación de Prensa Latina sobre las máscaras anti-gas y las metralletas encontradas en los autos de los atacantes de Schneider hacen que los detalles de las reuniones en que se entregaron estos materiales sean de la mayor importancia, especialmente cualquier conocimiento específico de exactamente quiénes sabían que habían sido entregados".

Los puntos señalados en este cable, escribió Broe, "provienen de una autoridad de alto nivel": Kissinger.

La relación de la CIA con Viaux no terminó con la muerte de Schneider. En noviembre de 1970, señala el Informe Hinchey, "un miembro del grupo de Viaux que había evitado arresto se recontactó con la Agencia [CIA] y pidió asistencia económica para el grupo. Aunque la Agencia no tenía obligación alguna con este grupo porque había actuado por su cuenta, en un esfuerzo por mantener en secrreto el contacto previo con este grupo, y por razones humanitarias, se le entregó US$35.000".

El apoyo del gobierno estadounidense a los asesinos de Schneider no se limitó sólo a este "gesto humanitario". Según uno de los civiles involucrados en la operación, la CIA también entregó US$80.000 para la defensa legal de Viaux, acusación que jamás fue negada por él, a pesar de que cuando la información se filtró a la prensa en esa epoca, se le pidió a Viaux varias veces que lo desmintiera públicamente.

Esto concuerda a grandes rasgos con la investigación del periodista estadounidense Seymour Hersh. Según Hersh, Bruce MacMaster, uno de los cuatro agentes encubiertos de la CIA que llegaron a Chile en octubre de 1970 con pasaporte latinoamericano, informó en febrero de 1971 al encargado para México de la CIA en Washington, John Murray, que se había reunido fuera de Chile con uno de los socios de Viaux. Este socio le dijo a MacMaster que los detenidos por el asesinato de Schneider estaban pidiendo cerca de US$250.000 para apoyar a las familias de los detenidos. En un memo enviado a William Broe, Murray relata que "MacMaster dijo que probablemente podríamos lograr pagarles unos US$10.000 por familia".

Hasta el día de hoy, los conspiradores niegan haber tenido alguna vinculación con el gobierno estadounidense o con la CIA, y mucho menos haber recibido su dinero, aunque Viaux debe guardar más de algún secreto. El 28 de octubre de 1970, cuando Viaux ya estaba detenido, su abogado, Sergio Miranda Carrington, dijo que Viaux le había entregado "importantes documentos, en los que figuran algunos nombres de personajes extranjeros, documentos que yo envié al extranjero".

Hasta el momento, la respuesta de Kissinger ha sido un conspicuo silencio.

Le Monde Diplomatique, edición chilena, octubre de 2001