Pablo Kundt / La Haine

La existencia en España de un volumen muy importante de presos antifascistas es una constante desde hace décadas y ha generado importantes experiencias de lucha, así como una tradicional corriente de solidaridad, apoyo y colaboración hacia ellos y sus familiares por parte del pueblo que nunca ha cesado.
Los presos políticos entraron en las cárceles en tres oleadas sucesivas. Primero fueron los republicanos derrotados en la guerra; luego los opositores al franquismo y, finalmente, los que se enfrentaron a la reforma que llevó a cabo el régimen para simular su cambio. Esta evidencia se ha venido imponiendo, por más que desde las esferas oficiales se haya negado siempre su existencia. Y naturalmente, un problema que no existe no se puede solucionar; por eso, lo mejor es liquidarlo, eliminarlo. La lucha por la amnistía en España no ha sido, pues, más que una lucha por impedir el exterminio silencioso de los presos políticos.
Durante la transición, algunos presos políticos salían por una puerta aclamados como antifascistas, mientras otros entraban por la otra, vituperados como "terroristas". Sólo entre militantes del PCE(r) y de los GRAPO, la policía política detuvo a unas 3.000 personas, que en su mayor parte pasaron largos periodos de cárcel. Aunque resumida, ésta es la historia.

1. Los primeros pasos

A finales de 1974 existían unos 2.500 presos políticos aproximadamente en España. Por aquellas fechas, a las luchas obreras que venían desatándose por todos los rincones desde hacía diez años, vino a sumarse la lucha por la liberación de los presos políticos. El detonante es la huelga de hambre de 154 presos políticos vascos el 24 de noviembre de 1974.
El gobierno no tarda en dar muestras de su debilidad. El 26 de noviembre de 1975, tras la muerte de Franco, se ve forzado a promulgar un indulto limitado; con cuentagotas, salen de prisión 235 presos, menos del 10% de los antifascistas encarcelados. Fraga, sin embargo, declaró que dentro sólo quedaban 500, que no podían ser liberados porque estaban implicados en "delitos de sangre". Este principio, muy aireado durante la transición, descubría claramente la esencia del cambio político: mientras los antifascistas eran tachados de "criminales", no eran considerados como "delitos de sangre", por ejemplo, los 350.000 fusilados después de la guerra, cuyos responsables se quedarían sin sancionar y, lo que es peor, sin depurar. El mismo Presidente del gobierno que Franco dejó a su muerte no era otro que Arias Navarro, fiscal en los consejos de guerra de los años cuarenta, apodado "el carnicerito de Málaga". Todos los crímenes del fascismo no sólo quedaban impunes sino que los criminales estaban en las más elevadas instancias del "nuevo" Estado.
El gobierno confirmó que no habría más indultos porque los presos "verdaderamente políticos" ya habían salido. Tras el indulto, ABC proclama que "se ha dado satisfacción a muy amplios sectores nacionales y también a reiteradas peticiones de caridad y perdón surgidas de la Iglesia Católica. Desaparece con ello, y a través de tan generosa medida, un tema enormemente conflictivo". El Ya defendía sus puntos de vista de la forma siguiente: "Estamos contra los que piden una amnistía que ponga en la calle a todos [...] La naturaleza de los delitos de terrorismo exige que se los trate con tanto más rigor cuanta más benevolencia merezcan los delitos genuinamente políticos".
Con algunos de los presos que salen en libertad, los viejos dinosaurios del PCE como Marcelino Camacho, Simón Sánchez Montero, Luis Lucio Lobato o Francisco Romero Marín, el régimen organiza montajes publicitarios de altos vuelos, lo que demostraba el verdadero significado de las "medidas de gracia" fascistas: los reformistas eran puestos en libertad para predicar la reconciliación y silenciar a los que aún permanecían dentro de las mazmorras fascistas. El mensaje de estos conciliadores era claro: a partir de entonces en las cárceles se vivía muy bien y la policía ya no torturaba. El dirigente del PCE(r) José Balmón coincidió en el Hospital Penitenciario de Carabanchel con Carrillo en diciembre de 1976, pero mientras él se recuperaba de las graves lesiones padecidas en los interrogatorios policiales, Carrillo pasaba unas breves vacaciones a la sombra a cuerpo de rey. Al tiempo que lavaban la fachada del régimen, los viejos oportunistas denuncian las acciones resueltas de las masas y, por supuesto, las de las organizaciones armadas. Mientras ellos salían por la puerta, los revolucionarios seguían llenando las celdas de los penales. Sacaron a sus presos y se olvidaron de los demás: ese era su ejemplo de solidaridad.
Pero los planes les salieron mal, tanto a Fraga como a Camacho. Sus llamamientos a "mantener la calma" no tienen ningún eco, y son cada vez sectores más amplios los que se lanzan a la lucha, realizan asambleas, convocan manifestaciones y se enfrentan a la policía en la calle sin ningún complejo. El pueblo comenzó a organizarse de forma independiente para una larga batalla por la amnistía: se fundan las Gestoras Pro-Amnistía en Euskal Herria, Socorro Rojo, AFAPP, ACPG y numerosos colectivos antirrepresivos.
Así se deslinda de forma definitiva el campo entre el fascismo y su leal oposición, por un lado, y la clase obrera y el pueblo, por el otro. Las divergencias radicaban, por un lado, en la concepción general de la amnistía, porque los reformistas consideraban las "medidas de gracia" como parte integrante de su "reconciliación nacional" con el régimen fascista; como decía un editorial de Gaceta Roja (nº 36, 1 de enero de 1977) "el fascismo se mostraba clemente y a cambio el pueblo y sus hombres y mujeres de vanguardia renunciaban a la lucha, mientras los pacifistas y legalistas aparecían como los artífices de la victoria". En sus comunicados, los GRAPO exigían la liberación de los presos políticos, y no hablaban para nada de gracia ni de clemencia.
Por el otro lado, las divergencias también afectaban a los métodos de lucha, pues mientras los conciliadores preconizaban los encierros en las iglesias, los pliegos de firmas y el pacifismo, las organizaciones populares desarrollaron las asambleas, las barricadas, las manifestaciones y el enfrentamiento directo con la policía con todos los medios de defensa que podían tener a su alcance. Así lo exponía un artículo titulado El insulto real de la revista Aurora (nº 8, agosto de 1976) órgano del Comité Local de Madrid del PCE(r):
"Al igual que el fascismo, el revisionismo sabe, máxime después de haber pasado por la escuela de la Guerra Nacional Revolucionaria del 36-39, que uno de los puntos sensibles en la conciencia popular, es la salida de los mejores hijos del pueblo de las mazmorras fascistas, aquellos que lucharon por lograr la auténtica libertad y democracia para los diversos pueblos del actual Estado español, así como el reconocimiento y homenaje a aquellos que ofrendaron como héroes sus vidas a la causa sagrada del pueblo en su lucha contra el fascismo y el retorno de los exiliados políticos.
"Es a partir de este hecho conocido y a través de la delineación de la política de reconciliación nacional por parte del partido revisionista de Carrillo, como empieza éste a cada determinado tiempo a montar campañas de amnistía por medio de manifestaciones pacíficas, cartas a distintas autoridades eclesiásticas y políticas, manifiestos y comunicados a la prensa, con el único fin, pues lejos de ellos estaba lograr las auténticas libertades populares (entre ellas la amnistía), de aparentar el control del movimiento popular antifascista a ojos del capital monopolista y encalar así la fachada del edificio estatal bastante manchado de sangre, con los colores de las falsas libertades burguesas". [Los reformistas] "han conseguido al fin lo que estaba ya pactado de antemano: la amnistía para los revisionistas y la libertad de actuación para estos y sus socios los platajunteros, mientras los auténticos luchadores siguen siendo torturados en las comisarías y pudriéndose en las cárceles".
El indulto no engañó a nadie. Las movilizaciones por la amnistía se recrudecieron a finales de 1975 con la campaña "para Navidad todos a casa", que obligan al gobierno a reiterar su negativa a liberar a todos los presos antifascistas. El presidente del Gobierno, Arias Navarro, expuso oficialmente: "Una amnistía general vendrá como culminación de nuestro proceso de normalización, cuando la democracia esté lista para funcionar. Nosotros no vamos a poner en libertad a gentes que meramente vayan a subvertir lo que nosotros estamos tratando de edificar". Quedaba claro que la libertad se limitaba a los colaboradores y aduladores del régimen fascista; los demás eran "terroristas" que había que mantener encerrados.
Pero las masas no se dejaron intimidar por las amenazas de los jerifaltes del régimen ni por las exhortaciones de los conciliadores, cuyas declaraciones son ampliamente difundidas por la prensa fascista de nuevo cuño que aparece por aquellas fechas (Diario 16, El País). En marzo de 1976, además de las luchas que culminan en Vitoria con el asesinato de cuatro obreros, se convoca una nueva semana pro-amnistía en Euskal Herria.
Esta nueva medida sirve para que la oposición domesticada intensifique sus criticas hacia la lucha resuelta contra el fascismo y, especialmente, hacia la lucha armada guerrillera, mientras encubren los crímenes y las torturas de la policía. Habían conseguido sacar a sus presos para que alabaran el maravilloso cambio que se estaba produciendo en España y ya sólo quedaban dentro los "terroristas", unos 180 antifascistas a los que el gobierno se negó a liberar porque representaban a aquellas organizaciones que no se rindieron a sus pies.
Pero no consiguieron embaucar a las masas; antes de que Suárez inaugurara su nuevo gobierno, el 8 de julio de 1976 comenzó una nueva semana pro-amnistía, con manifestaciones, charlas y movilizaciones que culminaron en una impresionante concentración de 100.000 personas en Bilbao, seguidas de la explosión de más de 40 bombas por los GRAPO el 18 de julio dirigidas contra monumentos fascistas. Durante ese verano, en las fiestas populares, la reivindicación de la amnistía estuvo omnipresente en todos los actos a través de pancartas, carteles, pegatinas y concentraciones, exigiendo la liberación de los últimos 180 antifascistas que permanecían aún encarcelados.

2. La Operación Cromo

Durante el invierno de 1976, mientras el gobierno preparaba su campaña de referéndum para inaugurar la farsa de la transición, las organizaciones populares convocaron una nueva campaña "Para Navidad todos a casa" y, una vez más, a las luchas populares se uniría la lucha guerrillera de los GRAPO, que el 11 de diciembre ejecutarían uno de los operativos armados más ambiciosos de toda la historia de la lucha antifascista: el secuestro de Oriol y Villaescusa, denominada en clave "Operación Cromo". Era el primer secuestro múltiple y enfilado, además, contra dos de las personalidades más señaladas del régimen fascista: Oriol Urquijo, presidente del Consejo de Estado y Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. A cambio de su liberación, los GRAPO exigían la libertad de 15 presos políticos de distintas organizaciones antifascistas, lista que se compuso siguiendo el criterio de pertenencia a organizaciones que hubieran practicado la lucha armada contra el fascismo, o al menos se hubieran planteado la cuestión con un mínimo de seriedad. También se incluyeron a algunos otros que habían sido condenados a muerte por el régimen o bien en procesos judiciales de gran resonancia pública porque, de alguna forma, resultaban emblemáticas en la lucha por la amnistía. El objetivo de los GRAPO era expresar su voluntad unitaria en la lucha por la amnistía en contra del enemigo común, acumular fuerzas y romper el sectarismo imperante entre las distintas fuerzas antifascistas. Sólo uno de los presos cuya libertad exigían era miembro de su propia Organización.
Como siempre, el gobierno trató de confundir y lanzar mensajes equívocos a través de los medios de intoxicación. Sólo 48 horas después de comenzar el operativo, un portavoz de la presidencia del gobierno aseguraba que "bajo ningún concepto" liberarían a los presos incluidos en la lista, y que el gobierno no estaba dispuesto a claudicar frente a la Organización guerrillera. Entonces los GRAPO decidieron apurar al máximo, anunciando la próxima ejecución de Oriol si el día 17 de diciembre no se cumplían sus condiciones. Urgentemente el Ministro del Interior, Martín Villa, fue trasladado a Prado del Rey en un helicóptero; presa de un patente estado de nervios, apareció en televisión tres minutos antes de que expirase el ultimátum de los GRAPO volviendo a hablar de medidas de gracia: "Ha sido y es propósito del gobierno llegar a un uso generoso de la clemencia que haga restañar viejas heridas. El gobierno no tienen ningún inconveniente en decir públicamente lo que es cierto a nivel de sus trabajos internos de que realmente estaba preparando una serie de disposiciones que procuren ampliar el campo para la aplicación de medidas en las que pueda ser incrementada la posibilidad integradora entre los españoles". Ante esta declaración, los GRAPO por su parte anunciaron: "Ante la promesa, aunque vaga, hecha por el gobierno de una amnistía, creemos que la única seguridad que tenemos de que tales promesas lleguen a hacerse realidad, es retener a nuestro prisionero".
Con Oriol a buen recaudo, diversas organizaciones antifascistas, entre ellas el PCE(r) y los GRAPO, convocaron una huelga general para el 10 de enero de 1977, en el transcurso de la cual falleció el joven José Manuel Iglesias en Sestao (Vizcaya). Además de los operativos guerrilleros, en Madrid se multiplicaron las movilizaciones populares pro-amnistía a comienzos de 1977, ocasionando la policía una orgía de sangre al reprimir las manifestaciones con saña y asesinar a Mari Luz Nájera y Arturo Ruiz en plena calle.
Pero el secuestro se prolongó durante dos meses y, finalmente, la policía consiguió localizar a los comandos que mantenían retenidos a Oriol y Villaescusa, abortando el operativo guerrillero que, sin embargo, no fue un fracaso, porque no transcurrió un mes antes de que se convocara otra nueva semana pro-amnistía que forzó al gobierno a sacar más presos de las cárceles el 14 de marzo. Como escribió el periodista vasco Portell: "A la vista de los hechos, es un error pensar que el proceso de la amnistía se ha alargado por culpa de la violencia. En cierto modo, la amnistía ha sido un triunfo de la violencia armada o callejera porque el gobierno no ha sabido sacar a todos los presos a la calle a tiempo". En efecto, la lucha por la amnistía demostró que la lucha guerrillera no paralizaba (y mucho menos suplantaba) la lucha de masas; por el contrario, la combinación de ambas formas de lucha es lo que permitió obtener que más presos antifascistas salieran a la calle. Justo el día anterior al secuestro de Oriol, el Ministro de Justicia Landelino Lavilla había anunciado que ya no habría más amnistías: "Hoy por hoy no hay nada. Los límites con que se dio la amnistía son amplios. Se ha discutido mucho si la aplicación se hacía bien o no. Y diría que se ha hecho, en términos generales, bien. El límite final de los delitos de sangre es un límite sustantivo. En resumen, no estoy preparando ningún otro decreto-ley sobre amnistía". Después de las movilizaciones populares y las acciones armadas de los GRAPO, tendrían que volver sobre sus pasos y promulgar otras dos leyes de amnistía.
Pero tampoco salieron todos; dentro quedaron 27, entre ellos los militantes de los GRAPO que habían caído en la "Operación Cromo"; el gobierno seguía queriendo mantener rehenes para amenazar y chantajear al movimiento popular. Una vez más, no consiguieron sus objetivos; las movilizaciones continuaron por los pueblos y barrios, muy especialmente en Euskal Herria, culminando en abril en una nueva semana pro-amnistía, reprimida salvajemente por la policía, que asesina a cinco manifestantes en Euskal Herria y hiere a otros 300 en una orgía de sangre sin precedentes. La durísima represión no consiguió paralizar las movilizaciones populares, por lo que continuaron las asambleas, las concentraciones, los sabotajes y las manifestaciones masivas a lo largo de todo el verano, hasta que en octubre de 1977 el gobierno se vio obligado a conceder el último indulto, saliendo todos los presos antifascistas, excepto los militantes de los GRAPO. Por tanto, en España nunca se promulgó una verdadera amnistía, no hubo un solo día sin presos políticos a lo largo de toda la transición. En este punto tampoco hubo ningún cambio respecto al régimen franquista, por lo que los GRAPO no se pueden sentir vinculados por la nueva Constitución ni por ninguna de las innovaciones introducidas y están plenamente legitimados para continuar con la lucha guerrillera.
De hecho, este último indulto de octubre de 1977 lo redactó el gobierno pensando precisamente en dejar dentro a los militantes de los GRAPO, que jamás salieron de la cárcel y cumplieron a pulso más de 20 años de condena. El Tribunal Supremo promulgó tres sentencias el 26 de junio y 8 de noviembre de 1978 y el 30 de marzo de 1979 confirmando que la amnistía no alcanzaba a los GRAPO. En la primera de ellas justificaba la negativa al indulto porque los GRAPO "oponen a la política de reconciliación nacional, la violencia popular servida por comandos especiales" y porque, además, no luchaban por la autonomía de las nacionalidades oprimidas sino por la autodeterminación. La última sentencia añadía que "en los GRAPO no se aprecia un móvil de restablecimiento de las libertades públicas, que no pueden entenderse lícitamente realizadas por medio de la lucha armada desestabilizadora de la democracia".
Esta resolución del Tribunal Supremo era muy significativa porque se refería a un comando de los GRAPO que había sido sorprendido en el metro de Barcelona repartiendo octavillas, lo que trató de impedir un policía, que resultó acribillado por el comando. Es un ejemplo de cómo la policía "defendía las libertades" y cómo los GRAPO se tenían que proteger con armas para difundir sus posiciones políticas. Es importante destacar que alguno de los magistrados del Tribunal Supremo que dictaron estas resoluciones, como Hijas Palacios, eran los viejos verdugos del Tribunal de Orden Público que el nuevo régimen ascendía en pago a sus servicios. Incluso su Presidente, Adolfo de Miguel, era un fascista redomado que acabó defendiendo como abogado a los golpistas del 23-F. Entre los jueces, como entre los demás cuerpos represivos del Estado, también destacaban por encima de todos, los fascistas de la vieja escuela de la guerra civil.
Por otro lado, el mismo mes de octubre de 1977 en que se arrancó el último indulto, se encarceló a todo el Comité Central del PCE(r) mientras celebraba un Pleno en Benidorm. Es otro de los detalles que ilustran la transición y el cambio de fachada del fascismo. En una declaración inmediatamente posterior a su ingreso en prisión, los dirigentes del PCE(r) afirmaban:
"Al mismo tiempo que éramos conducidos a la prisión [...] fue aprobada la ley sobre la amnistía. Esta es la tercera o la cuarta de las leyes que han cocinado en poco tiempo y, como las otras, lleva el sello inconfundible del fascismo, de los llamados 'poderes fácticos' y, además, ha sido negociada en el pacto vergonzante de la Moncloa a cambio de un nuevo proyecto de ley 'antiterrorista' que será gemelo a los anteriormente aprobados por las Cortes ¿a quién pretenden engañar?
"Esta ley, que aparentemente está dirigida sólo contra el PCE(r) y otras organizaciones 'violentas', es en realidad un duro desafío que lanza el gobierno, los monopolios y todos sus criados contra el movimiento obrero y popular; una advertencia en el sentido de que en el futuro no permitirán las luchas de las masas y de sus organizaciones de vanguardia para la defensa del pan y la libertad; es además una carta blanca para la actuación de los cuerpos represivos y de la policía paralela que oculta el gobierno bajo la denominación de 'grupos paralelos'.
"Por supuesto a esos grupos la policía no los detiene ni los va a detener, no pregona sus monstruosos crímenes, como el de la calla del Correo, el de la calle de Atocha o el más recientemente cometido en la revista 'El Papus', no los van a desarticular, ¿cómo podrán hacerlo si son ellos mismos y cuentan con al apoyo y la complicidad del gobierno?".
No conformes con esto, los fascistas y sus lacayos reformistas redactaron por aquellas mismas fechas una Constitución en cuyo artículo 62 se prohibió para siempre volver a promulgar amnistías o indultos generales. Por eso la lucha por la amnistía conduce hoy al enfrentamiento directo con el Estado fascista.
Al mismo tiempo que la Constitución, se aprobó también una nueva ley antiterrorista, que prorrogaba indefinidamente el estado de excepción, sancionaba la privación de los más elementales derechos, favorecía la práctica de torturas a los detenidos, y permitía luego juzgarles ante la Audiencia Nacional, un tribunal especial de tipo político que asumía las competencias de los consejos de guerra y el Tribunal de Orden Público para encarcelar a los revolucionarios con largas condenas.

3. Una reforma penitenciaria para exterminar a los presos

En 1977 los reformistas han salido de la cárcel y no solamente se integran para lavar la cara del régimen, sino que, en pago a sus servicios, les nombran diputados y les ofrecen elevados cargos públicos en la vieja burocracia fascista para que continúen con su tarea embaucadora y servil. El número de presos políticos va creciendo con bastante rapidez y la continuación de las viejas prácticas carcelarias (torturas, brutalidad, castigos) les convierte en cómplices cada vez más activos de los fascistas.
Inicialmente el gobierno juntó en las mismas cárceles a presos políticos y sociales, para aparentar que todos eran iguales y que ya no había presos políticos. Pero influenciados por los presos políticos y por las movilizaciones por la amnistía, los presos comunes comenzaron a organizarse y crearon la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) reivindicando sus derechos, la derogación de la Ley de Peligrosidad Social y unas mejores condiciones de vida en la prisión. Los presos políticos, con su ejemplo y experiencia, contribuyeron a organizar a sus compañeros, a elaborar las reivindicaciones y a defenderse de los carceleros, luchando codo con codo.
Al mismo tiempo, la experiencia de la lucha por la amnistía, sirve de acicate para reclamar un indulto general a favor de los presos sociales, estimulando su combatividad. Según datos oficiales de la Fiscalía, durante 1977 se produjeron más de 50 motines de presos comunes por todas las cárceles españolas, 9 de ellos con grandes destrozos e incendios. El PCE(r) apoyó siempre la lucha de los presos sociales y, con relación a los motines de aquel año manifestó: "Nuestra posición al respecto es muy clara: el Partido y sobre todo nuestros camaradas presos en las cárceles apoyan las numerosas luchas y motines protagonizadas por los presos comunes contra las brutales condiciones a que son sometidos; además el Partido sostiene que los verdaderos delincuentes, mafiosos y gangsteres son el gobierno, los banqueros, la policía, el ejército, los Carrillo, los Felipe González, etc. Ahora bien, lucharemos para impedir que se ponga en el mismo plano a los presos políticos, todos ellos privados de libertad por luchar por la libertad del pueblo, y a los presos comunes, aunque está en nuestro Programa Mínimo la elaboración de un Código Penal sobre una base democrática y revisión de las causas de los presos sociales" (Gaceta Roja nº 57, 15 de noviembre de 1977). En la Gaceta Roja nº50 de 1 de agosto del mismo año también se decía:
"Los presos comunes son víctimas de la sociedad capitalista y en las cárceles se les somete a una situación verdaderamente desesperada, por lo que nuestro Partido considera justa su lucha, la apoya y la estimula; tal es lo que hacen nuestros camaradas encarcelados. La COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) está demostrando llevar una lucha antifascista; no cabe duda de que ahí hay elementos honrados; por esa razón, repetimos, nuestro Partido les apoya, como lo prueba el hecho de que camaradas y simpatizantes hayan participado activamente en las manifestaciones de las proximidades de la cárcel de Carabanchel cuando la policía estaba realizando tan salvajes masacres contra los presos. "Sin embargo, algunos anarquistas y otros elementos están tratando de confundir al pueblo hablando de los presos comunes como si fueran igual que los presos políticos, pidiendo 'amnistía para los presos sociales' y olvidándose de los antifascistas encarcelados. Eso mismo le conviene al fascismo para que cunda la confusión y no se pueda ver la represión contra los luchadores antifascistas.
"Por esta razón, queremos dejar claro que entre la COPEL y el movimiento organizado de la clase obrera va un abismo y que entre los presos comunes (muchos de los cuales no reparan en robar el sobre a un obrero) y los comunistas y antifascistas caídos en la lucha, no se puede establecer comparación alguna. Por liberar a estos camaradas no cejaremos en la lucha".
Los levantamientos y motines obligan al régimen a maniobrar a su viejo estilo. El autor de la nueva ley penitenciaria, Carlos García Valdés, explicó con claridad sus planes: ya no habría más indultos, por lo que sólo quedaba poner en marcha la reforma de las cárceles. El gobierno no tardó en dar muestras evidentes de que esa reforma sería como todas las demás que se estaban poniendo en marcha: un lavado de cara del viejo régimen fascista, que para nada cambiaría su esencia terrorista. El propio García Valdés en una entrevista preveía su fracaso y, ante tal eventualidad, amenazaba con levantar campos de concentración con alambradas, porque "no queda más por hacer". Y así sucedió.
Frente a los motines de los presos sociales, la Dirección General de Prisiones reaccionó aislando a los miembros más conscientes de la COPEL, incomunicándoles y sometiéndoles al permanente hostigamiento de los carceleros en los celulares. Necesitaba sofocar el interior de las cárceles, y en ello se empeñó a lo largo de 1978, periodo en el que fueron sentando las bases de la reforma penitenciaria, aprobada en setiembre de 1979, apoyándose en los viejos carceleros fascistas, que la transición asciende a directores y jefes de servicios, por su amplia experiencia represiva. Las fuerzas antidisturbios se instalan permanentemente en las galerías de las cárceles y sofocan a sangre y fuego cualquier protesta.
La represión contra los presos comunes resultó brutal: apaleamientos, "suicidios", celdas de castigo, traslados nocturnos y, finalmente, las drogas, que comienzan a entrar a raudales en las prisiones a partir de aquel año. Mientras la Constitución abolía la pena de muerte, los presos comunes más conscientes eran asesinados por docenas en los penales. En España uno de los silencios mejor guardados es el del número de muertos en las cárceles. Jamás se han proporcionado cifras oficiales, pero se sabe que superan los 200 al año. En este marco es donde se produce el asesinato del preso político anarquista Agustín Rueda Sierra el 13 de marzo de 1978, apaleado hasta la muerte por el director, los jefes de servicios y otros carceleros de Carabanchel. Nueve días después, un comando de los GRAPO ejecuta al Director General de Prisiones Jesús Haddad Blanco como represalia. El 10 de abril del siguiente año, los GRAPO también intentaron ejecutar al responsable máximo de la reforma penitenciaria, Carlos García Valdés, Director General de Prisiones en sustitución del anterior, que salvó la vida gracias a que en el último momento se le encasquilló el arma al miembro del comando que iba a disparar contra él. García Valdés había amenazado a los presos de los GRAPO diciéndoles públicamente que también sabía construir cárceles para "fieras".

4. Comunas en el interior de la cárcel

El primer y más importante problema que enfrentaron los presos del PCE(r) y de los GRAPO tras su ingreso masivo en prisión a comienzos de 1977, fue el de preservar su condición de presos políticos y llevar una vida colectiva y organizada en el interior de las cárceles. Era la única posibilidad de sobrevivir en las duras condiciones que trataban de imponerles. Dentro de la cárcel, las presas forman la Comuna Carmen López Sánchez y los presos la Comuna Carlos Marx.
La comunas de presos políticos del PCE(r) y de los GRAPO surgen tras las primeras detenciones masivas en 1977 en las cárceles de Carabanchel y Yeserías, con el objetivo de convertir la cárcel en una escuela de formación política, en un ambiente de trabajo y de disciplina que permita a los comunistas y antifascistas presos frenar los intentos carcelarios de sumirles en la ociosidad, la desesperación, y la degradación que todo presidio impone. Un papel fundamental han desempeñado siempre la limpieza, la seriedad y el orden, porque la lucha no acaba con la detención, sino que sólo cambia de forma al llegar a la cárcel y hay que mantener bien alta la vigilancia y no relajarse, porque entonces la cárcel devora al recluso.
Se crea un comité dirigente y varias células o comandos, cada uno de ellos con tareas específicas a desempeñar, dentro de un plan general trazado por el comité de dirección. Las comunas de presos políticos expresaban los ideales de sociedad por los que luchaban: solidaridad, igualdad y propiedad colectiva. Pero no se trataba sólo de poner en común los recursos de cada cual; no se trataba sólo de unidades de consumo colectivo, a través de la cuales se repartía la ayuda proveniente del exterior, sino fundamentalmente unidades de producción. Por ello, el centro de la actividad de las comunas era el trabajo productivo, consistente en la fabricación artesanal en lana u otros materiales, de bolsos, tocas, mantones, bufandas y otros artículos, así como la confección de tarjetas y carteles con dibujos de contenido político. El objetivo es la financiación completa de los gastos de toda la comuna, para evitar que el encarcelamiento suponga un gasto añadido a las familias.
Por otro lado, por esa vía, se consiguen difundir consignas políticas, continuar la labor de propaganda y complementar la labor del Partido en la calle.
Otro de los objetivos fundamentales es el estudio y la discusión política de todos los militantes, para lo que se fue formando una biblioteca muy completa, con la ayuda de amigos, de distribuidoras y de librerías. Los libros sirven de material fundamental para el estudio y la elaboración de análisis de lo más diversos, no solamente sobre cuestiones políticas, sino también económicas, culturales, históricas, etc. Un material de trabajo fundamental es la prensa, que aportan las visitas de todos los rincones del país, e incluso del extranjero. También se elaboran murales y dazibaos en los que se resumen las discusiones o se plantean críticas para sean conocidas por todos.
Sin embargo, no todo es el trabajo; los fines de semana se utilizan para la expansión y la diversión, especialmente las de carácter colectivo. Aquí juegan un papel fundamental el aprendizaje de canciones revolucionarias, los actos culturales, recitales de poesías y representaciones teatrales, concursos de dibujos, juegos de mesa, competiciones deportivas, etc.

5. El aislamiento penitenciario

La reforma penitenciaria de García Valdés estaba directamente enfilada contra estas comunas de presos políticos en el interior de las cárceles. Para destruirlas, esta reforma mantiene los viejos hábitos represivos, mientras desarrolla otros nuevos, como la supresión de la entrada de paquetes, admitiendo únicamente la distribución del pésimo rancho carcelario, lo que acarrea a los reclusos graves enfermedades, especialmente cuando la pena a cumplir es prolongada. A los presos se les priva de todas sus pertenencias y se les obliga a redactar instancias permanentemente para demandar los objetos de uso cotidiano, como una forma de tenerles continuamente sometidos a sus expensas. Otro de los inventos introducidos son las porras eléctricas, que además del golpe proporciona descargas de alto voltaje.
Pero la verdadera innovación que comienza a imponerse como método de aniquilamiento de los presos, es el aislamiento. En palabras de Andrés Márquez, que fue Director General de Prisiones con el PSOE, "la máxima seguridad se consigue con el máximo aislamiento" (Ya, 16 de abril de 1986). La reducción del espacio disponible es la esencia de la incomunicación; del sistema de galerías se pasó al sistema de módulos, verdaderas cárceles dentro de las cárceles. En un espacio reducido las posibilidades de control son mayores y se le hace sentir al preso todo el peso del régimen penitenciario de una manera mucho más individualizada.
El aislamiento penitenciario exigió la construcción de nuevos presidios calificados de "máxima seguridad", de nuevos espacios arquitectónicos diseñados para la incomunicación absoluta del recluso: incomunicación con sus compañeros, incomunicación con sus familiares y, finalmente, incomunicación también con el exterior, materializada en intervención de comunicaciones, censura de correspondencia y privación de prensa, radio y televisión. Para reforzar la incomunicación, los nuevos penales se edifican en lugares aislados y deshabitados, de difícil acceso, obligando a que las visitas sean esporádicas. Las viejas prisiones enclavadas dentro del casco urbano son demolidas progresivamente y con los réditos de la especulación de los terrenos urbanos se construyen las nuevas. La incomunicación es la garantía de la impunidad, de que el carcelero puede cometer cualquier crimen en la más absoluta indefensión.
La incomunicación penitenciaria en España tuvo un nombre propio: Herrera de la Mancha, una prisión terminada de construir en febrero de 1979 e inaugurada el 22 de junio de ese mismo año con la llegada de los primeros presos. Herrera fue la primera cárcel de nuevo tipo construida en España. Aislada a 200 kilómetros de Madrid, en medio de la meseta castellana, sin posibilidad de acceso en transporte público, con una estructura modular para los presos, con viviendas unifamiliares al lado para los funcionarios y un cuartel de la Guardia Civil a la entrada: era el laboratorio de la reforma penitenciaria, en el que se iba a ensayar inmediatamente el régimen de exterminio de los presos políticos. "La reforma penitenciaria no es Herrera, pero pasa por Herrera", dijo García Valdés, resumiendo su obra. Los GRAPO estuvieron a punto de volar esta prisión al poco de su construcción. A mediados de 1978 consiguieron apoderarse de los planos y reunieron suficiente información para derribarla con explosivos, pero la policía detuvo en octubre de aquel año a un comando en Barcelona cuando cargaba en varios vehículos los explosivos dispuestos para transportarlos hasta Herrera y la acción no prosperó lamentablemente.
De modo que el gobierno pudo inaugurarla en el verano de 1979 en el más absoluto de los sigilos. Entonces fueron recluidos allí algunos de los más importantes dirigentes de la COPEL que quedaban con vida y que se habían destacado en la convocatoria de las protestas y motines. Al llegar en el furgón de la Guardia Civil, les esperaban los carceleros armados con porras y distribuidos en dos hileras, que los presos tuvieron que atravesar para entrar en prisión entre golpes, patadas y puñetazos. Mientras esto sucedía en la primera cárcel de la "democracia", los parlamentarios aprobaban por unanimidad la nueva ley penitenciaria, y aplaudían puestos en pie a García Valdés, que recibía su correspondiente dosis de gloria en la tribuna del público.
Así fue la inauguración de este presidio, por lo demás a tono con las demás reformas fascistas. En el interior comenzó a experimentarse un régimen de vida basado en la humillación del preso, principio elemental para que el carcelero pueda expresar su omnipotencia: cacheos con desnudo integral, controles nocturnos, recuentos en fila, instancias para obtener lo más elemental, censura de correspondencia, intervención de comunicaciones, andar pegado a la pared mirando al suelo, recuentos permanentes, música militar para ambientar, videocámaras por todas partes, etc.
Pero el aislamiento no era un invento español sino un sistema de destrucción científica de los revolucionarios encarcelados largamente preparado en diversos países occidentales. Fue ensayado por primera vez a finales de los años cincuenta en los Estados Unidos en el marco de los planes de la CIA conocidos por los nombres clave de "Artichoque", "Pájaro Azul", "M.K.-Ultra" y "M.K.-Delta", que se conocieron al ser publicados por el presidente Carter en 1977. Una de las fundaciones de la CIA, la "Sociedad de Investigaciones sobre Ecología Humana" era quien llevaba a cabo tales experimentos psiquiátricos de privación sensorial, estudiando los efectos que producía el aislamiento humano, así como las posibilidades de llevar a cabo lavados de cerebro y operaciones quirúrgicas de lobotomía.
Fue Alemania quien desarrolló en Europa estos experimentos en 1971 cuando los primeros militantes de la Fracción del Ejército Rojo fueron detenidos. Se llevaron a cabo en la Clínica Psiquiátrica y Neurológica de Hamburgo-Eppendorf, bajo la dirección del doctor Jan Gross. Esta Clínica estaba regida por el Departamento Especial de Investigaciones 115, a su vez financiado por la Asociación Alemana de Investigaciones con muchos millones de marcos. El instrumento principal de los experimentos era una "cámara de silencio", una habitación completamente insonorizada y desprovista de cualquier estímulo óptimo o acústico, y equipado con aparatos dispuestos para registrar las reacciones humanas ante el aislamiento más completo.
Tras estos primeros experimentos, los planes de aislamiento e incomunicación fueron llevados a las prisiones para someter a todos lo que se negaran a acatar las normas impuestas por el Estado. Desde un principio estos planes fueron por todos como una forma de tortura blanca, sin hullas visibles. Así, el "programa Start" puesto en práctica en Estados Unidos en 1973 fue prohibido en febrero de 1974; el 4 de julio de 1978 una resolución de la Comisión Europea de Derechos Humanos decía, en referencia a la cárcel de Stammheim, en Alemania: "La doctrina científica, fonológica y psicológica internacional, mantiene que la incomunicación puede perjudicar gravemente, por sí misma, la constitución física y psíquica: apatía crónica, fatiga, debilidad emocional, perturbaciones de concentración, disminución de las aptitudes intelectuales y perturbaciones en el sistema neuro-vegetativo". En el mismo sentido se pronunciaba Amnistía Internacional en un Memorándum presentado al gobierno alemán sobre el aislamiento en las cárceles de máxima seguridad de los presos de la Fracción del Ejército Rojo.
Justamente cuando los planes de aislamiento penitenciario comenzaban a ser destapados como una forma de tortura y destrucción psíquica, se inauguraba la prisión de Herrera de la Mancha, a la que seguiría en 1982 la de Meco y luego todas las demás: Nanclares de la Oca, Daroca, Topas, Villanubla, etc. Como dijera Enrique Galavís, que sucedió García Valdés en la Dirección General de Prisiones, a los presos de los GRAPO había que encerrarles en cajones de hormigón armado (Radio Nacional, 11 de febrero de 1980). En torno a la construcción de nuevas cárceles, empresas constructoras como Huarte se enfangaron en un escándalo de corrupción de muchos millones de pesetas con el PSOE e incluso exportaron el prototipo, construyendo centros de exterminio en Perú y otros países latinoamericanos.

6. "Cajones de hormigón armado"

La inauguración de Herrera en junio de 1979 fue un ensayo general para recluir luego allí a los presos políticos del PCE(r) y de los GRAPO. Tras la fracasada experiencia de mezclarles con los presos sociales, los presos del PCE(r) y de los GRAPO son agrupados en la prisión de Soria en enero de 1978. El gobierno rompía así su anterior política de mezclarlos con los presos comunes; reconocía su estrepitoso fracaso y se veía forzado a dar marcha atrás, recuperando el carácter "especial" de los presos políticos. En agosto de 1978 los presos se ven obligados a organizar un motín en la cárcel de Soria frente a la excarcelación de dos de ellos para entregarles de nuevo a la policía. Los antidisturbios asaltan la cárcel, acompañados de los bomberos, para aplastar la revuelta. Esto sirvió de excusa para tratar de introducir el régimen de aislamiento que luego implantarían en Herrera de la Mancha. Para impedirlo los presos tuvieron que iniciar su primera huelga de hambre "a tumba abierta".
Por aquellas fechas los GRAPO propusieron públicamente por vez primera un programa de cinco puntos, entre los que se contaba la amnistía, para cesar en sus actividades armadas que servía a la vez para que el movimiento de resistencia tuviera claros los objetivos políticos más importantes de la lucha, y para negociar con el gobierno una tregua. Pero en aquellos momentos, el gobierno no había apurado aún todas las posibilidades represivas y sus planes se centraban en las detenciones masivas y loa asesinatos selectivos. El número de presos políticos crecía por ello de manera imparable y su situación empeoraba progresivamente. Una constante de la política penitenciaria fue siempre la consideración de los revolucionarios encarcelados como rehenes a través de los cuales pretendían atemorizar al movimiento popular, por un lado, y presionar a las organizaciones revolucionarias, por el otro. Dentro de las cárceles los presos políticos experimentaban, en su propia forma de existencia, todos los vaivenes de la lucha política: la debilidad o fortaleza del gobierno y la debilidad o fortaleza de las masas.
A cada momento político, el gobierno respondía con medidas penitenciarias de lo más variadas: celdas de castigo, palizas, reagrupamiento, dispersión, traslados etc. En la noche del 26 al 27 de diciembre de 1978, de improviso, los 36 presos que el PCE(r) y los GRAPO tenían entonces en la cárcel, son sacados de la cama a punta de metralleta, esposados y trasladados a la prisión de Zamora, ocupando los de ETA la de Soria y los demás presos políticos son trasladados a la de Segovia. Inicialmente estas tres prisiones se convierten en los centros especiales de reclusión de todos los presos políticos, cuyo número aumenta sin cesar año tras año.
En la prisión de Segovia, un preso común enviado por la dirección intenta asesinar al militante de los GRAPO Fernando Silva acuchillándole varias veces. En la de Zamora los presos se vieron obligados a emprender tres huelgas de hambre de duración superior a los 20 días, en enero, noviembre y diciembre, reclamando una mejora en las condiciones de vida y un trato digno de los carceleros. En la huelga de hambre de 1980, a los presos se les prohibió comprar agua mineral, ordenando el director "que beban agua del río". Olegario Sánchez Corrales padeció una grave infección a causa del mal estado del agua. El caso trascendió a los medios de comunicación, y la población exigió la instalación de una depuradora, que obtuvieron.
Los asaltos de la policía política a la prisión son periódicos: mientras recluyen a los presos en el patio durante horas, abren sus celdas, las registran, destrozan los objetos personales y se llevan las pertenencias más insospechadas.
En la prisión de Zamora comienza la preparación de la espectacular fuga de cinco dirigentes de los GRAPO, que logran evadirse el 17 de diciembre de 1979. En represalia, el gobierno divide la comuna de presos políticos en tres grupos: 22 de ellos son trasladados a Herrera de la Mancha y Puerto de Santa María, y el resto queda en Zamora.

7. La batalla de Herrera de la Mancha

En la prisión de Herrera de la Mancha a los 26 presos trasladados, sin mediar palabra, se les aísla, se les desnuda completamente, se les encierra en sus celdas, y luego se les viste con un mono para apalearles brutalmente y no dejar huellas de sangre en la ropa. Joaquín Vieites, uno de los presos trasladados, pierde el conocimiento de los golpes que recibe y se le tienen que practicar varios puntos de sutura.
Se inicia una dura batalla, un forcejeo en el que los carceleros quieren imponer un régimen de exterminio para que los presos claudiquen y se arrepientan, y los presos defienden su dignidad como personas y como revolucionarios en la única forma que disponen: con la huelga de hambre. Las huelgas comienzan a hacerse intermitentes (10, 20, 30 días) con cortos periodos de recuperación que apenas son suficientes para superar la debilidad física. Durante 1980 los presos realizan tres huelgas de hambre, con un total de 50 días de ayuno.
Pero poco a poco, a través de las organizaciones de solidaridad, los presos consiguen dar a conocer la verdadera situación en el interior de la prisión de Herrera, el régimen de exterminio que allí trataban de implantar los carceleros, hasta el punto que el gobierno se vio obligado a constituir una Comisión parlamentaria para tapar el escándalo.
Finalmente los presos consideraron que no podían continuar el desgaste físico, porque los carceleros tenían todas las de ganar. La disyuntiva estaba entre la aniquilación silenciosa o la muerte en la lucha. Era necesaria una postura firme y definitiva. Se idea un nuevo método de huelga de hambre, consistente en el escalonamiento, con el fin de presionar al máximo, y prolongar la situación para romper el muro de silencio que el gobierno había urdido. El 14 de enero comienza una huelga de hambre de dos presos en Herrera, a los que poco a poco y en grupos de dos se les van uniendo presos y presas de otras cárceles, como Yeserías, Carabanchel, Zamora y Puerto de Santa María.
Desde la cárcel de Carabanchel, los presos difunden el 21 de febrero un comunicado anunciando que los objetivos se habían cumplido, pero avisaba al mismo tiempo de la posibilidad de que todo fuera una trampa: "Esperamos de estos carceleros todo tipo de componendas, pero no nos van a engañar", advertían. Y no les faltó razón. Las mejoras no duraron mucho. Dos días después se produjo el golpe de Estado y el gobierno estimó que, ante la amenaza militar, los presos no reanudarían la huelga.
Durante la noche del golpe de Estado, la columna militar al mando del general Pardo Zancada, después de asaltar la sede de la televisión, se encaminó hacia la prisión de Carabanchel, con objeto de llevarse a los presos políticos allí recluidos y fusilarlos. No pudieron penetrar al interior del recinto y, durante un tiempo, se entabló una fuerte tensión con la guardia civil que custodiaba la cárcel, hasta que, finalmente, desistieron en su intento.
El gobierno contaba con esta amenaza implícita, así como también con el agotamiento de los presos que, según sus cálculos, no tendrían capacidad para responder a una nueva agresión en ese momento. Los meses de verano se avecinaban y esperaban conseguir la complicidad silenciosa de los medios de comunicación.
Los presos aguantaron como pudieron las nuevas provocaciones que siguieron inmediatamente al acuerdo: volvieron las humillaciones, los cacheos arbitrarios, los desnudos integrales, etc. Las exigencias para cumplir los acuerdos se convierten en sanciones en celdas de castigo y largos periodos de aislamiento, acompañados en algunos casos de brutales palizas. Una nueva huelga se hacía inevitable, pese a que las condiciones no eran favorables, por la amenaza permanente de los militares con el golpe de Estado.
El 14 de marzo de 1981 comienza la huelga de hambre de los presos políticos del PCE(r) y de los GRAPO contra el régimen de exterminio impuesto en la cárcel de Herrera de la Mancha. Es Juan José Crespo Galende quien la inicia y a él le siguen escalonadamente más presos de Herrera y otras cárceles. Las exigencias son bien simples: un trato digno y humano y la salida de la cárcel de Herrera de la Mancha, exigencias que deberían ser garantizadas por un organismo de solvencia.

8. Un pulso entre el gobierno y los GRAPO

Esta huelga, según expresión de Emilio Tavera, Inspector General de Prisiones, y personaje de confianza del gobierno, era un "pulso" entre los GRAPO y el gobierno, con su actitud absolutamente intransigente, confiado en que los presos se hundirían rápidamente. Como todas las huelgas "a tumba abierta" se convirtió en una batalla prolongada en la que los presos tuvieron que sortear infinidad de obstáculos, presiones y trampas en las condiciones más duras que se pueda imaginar.
El 28 de abril Crespo Galende comienza a padecer vómitos de sangre en medio de grandes dolores, mareos y malestar general. A causa de los vómitos apenas puede tomar agua mineral, ya que le produce náuseas. No obstante su deterioro físico, se le traslada a Madrid para asistir a juicio e ingresa en la prisión de Carabanchel y de ahí, a los 40 días de huelga, al Hospital Penitenciario, donde es aislado completamente, prohibiéndole la compañía de sus camaradas. A merced de los carceleros, es presionado y coaccionado por todos los medios posibles para que deje la huelga. Poco a poco son numerosos los presos en huelga que van llenando el Hospital Penitenciario, sometidos a las mismas presiones e incluso alguno de ellos es apaleado por los carceleros. El Ministerio de Justicia envía al Hospital Penitenciario a grupo de psicólogos para que logren que los presos desistan de la huelga.
Ante la grave situación de Crespo, el 2 de junio el Ministro de Justicia Fernández Ordóñez accede a recibir a una comisión de abogados de los presos, que remite al Director General Enrique Galavís, que hasta ese momento se había negado a recibirles. Accede a que los presos en huelga sean examinados por un médico independiente, porque los presos sospechan que el agua mineral que bebían estaba tratada y contenía vitaminas. Y en efecto, el médico confirma las sospechas, porque concluye que, dentro de la gravedad, Crespo podía continuar otros 150 días en huelga de hambre. Por ello los presos se declaran también en huelga de sed el día 5 de junio. Crespo reitera una y otra vez que no volverá vivo a Herrera de la Mancha "a recoger colillas del suelo". Mantuvo una lucidez extraordinaria, incluso en los peores momentos, y acuñó la frase que definiría a esta huelga: "Morir para sobrevivir"; para poder vivir dignamente dentro de las cárceles había que luchar hasta la muerte y demostrar al Ministro del Interior Rosón y a toda su guardia pretoriana, que los presos políticos no estaban dispuestos a dejarse aplastar ni a arrastrarse como gusanos por los módulos de sus presidios.
La campaña de intoxicación en la prensa no cesa ni un solo día. En declaraciones a la prensa, el Director del Hospital Penitenciario llega a decir que Crespo Galende se encuentra perfectamente, y que incluso come golosinas. Sin embargo, el Ministro de Justicia, Fernández Ordóñez, amenaza públicamente con la alimentación forzosa de los presos, ante el peligro inminente de un fatal desenlace.
La Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial, celebrada en 1975, estableció expresamente al respecto: "El preso no será forzado a tomar alimentación artificial cuando rehuse tomar alimentos y, según el médico, sea capaz de sopesar racional y realistamente las consecuencias de esa decisión voluntaria. Tal opinión del médico sobre la capacidad del preso para sopesar su decisión deberá ser corroborada por, al menos, otro médico independiente. Las consecuencias de negarse a tomar alimentos serán explicadas por el médico al preso". En fin, la decisión no era distinta que en cualquier otro caso en el que un enfermo no quiere seguir los consejos de su médico, estando éste obligado a respetar la decisión de aquel.
Pero el gobierno trató de imponer sus intereses políticos por encima de todo y de todos, no vacilando en el momento de emplear la violencia más brutal, tanto contra los presos en huelga como contra quienes se negaban a la alimentación forzada. Los presos del Hospital Penitenciario fueron atados a la cama y alimentados a la fuerza con suero por vía intravenosa. Crespo entra en un estado de semi-inconsciencia, con momentos de delirio; pierde la consciencia repetidas veces en un espacio muy corto de tiempo. El 8 de junio entra en coma y es trasladado al Hospital de La Paz. Los médicos aseguran que su estado es gravísimo y que hay que temer un desenlace inminente en un breve plazo de tiempo. El gobierno desmiente la noticia y habla de recuperación y mejoría. A pesar de su grave estado y de las protestas de los médicos, Crespo es rodeado de una nube de policías que ocupan la planta del Hospital, le atan a la cama de pies y manos y le inyectan suero para prolongar su agonía.
El 19 de junio, tras 97 días en huelga de hambre, Crespo Galende muere. Había comenzado a militar en la organización de Euskal Herria del PCE(r), y cuando fue detenido, pertenecía al aparato central de propaganda de este Partido. Como a sus demás camaradas, no se le aplicó la amnistía ni los jueces tuvieron en cuenta tampoco el carácter político de la actividad por la que resultó condenado. Le detuvieron antes de aprobarse la Constitución y le asesinaron en nombre de esa misma Constitución antidemocrática. Era la primera vez que en España moría un preso político en huelga de hambre: ni siquiera en tiempos de Franco la barbarie había llegado hasta esos extremos.
Pero la huelga no acaba ahí: otros presos se siguen sumando a la huelga y son varios los que se debaten entre la vida y la muerte. Desde la muerte de Crespo todos los presos que siguen en huelga se niegan a ser visitados por los médicos, a recibir cualquier forma de tratamiento y a ser trasladados a hospitales para impedir la prolongación de su agonía artificialmente. Pero el gobierno comienza a trasladar por la fuerza a los presos a las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales para sacar al problema del ámbito carcelario, como si se tratara de una cuestión meramente sanitaria, inyectarles suero y prolongar indefinidamente su agonía. Ante esta situación, los presos se declaran también en huelga de sed.
Los trabajadores de los hospitales se niegan a colaborar con el gobierno en la alimentación forzada, ante lo que tuvieron que presionarles, prohibiéndoles hablar con los huelguistas y amenazándoles con procesarles por colaboración con "banda armada". El Colegio de Médicos de Madrid y el Grupo de Médicos Vascos contra la tortura se pronuncian a favor de los presos y en contra de la alimentación forzosa.

9. El gobierno comienza a negociar con los presos

En la calle son numerosas las luchas y muestras de solidaridad, lo que sitúa al gobierno de Suárez en una posición de debilidad; carece de solidez para mantener la huelga indefinidamente y se ve obligado a negociar. Sus planes han vuelto a fracasar, pero intenta maniobrar y confundir hasta el final: utiliza de intermediario al ex-ministro franquista Enrique de la Mata, entonces Presidente de la Cruz Roja, para que negocie. El ex-ministro presenta un documento a los abogados de los presos en el que se reconoce alguna de las reivindicaciones, pero no se menciona la salida de la cárcel de Herrera. Los presos rechazan el documento, e incluso en algunas prisiones se suman en masa a la huelga.
El gobierno está en una situación tal de debilidad, por el empuje de las movilizaciones de solidaridad, que no puede admitir una nueva muerte. Intenta nuevas vías de aproximación. El 25 de junio convoca a los abogados de los presos a una reunión en la Dirección General de Prisiones, en la que reconoce que tiene que terminar la huelga como sea y que están dispuestos a hacer concesiones. El punto fundamental es la exigencia de los presos de salir de la prisión de Herrera de la Mancha, su reagrupamiento en otra cárcel en unas condiciones de vida dignas y con garantías públicas de que los acuerdos se cumplirán esta vez. El Director General, Enrique Galavís, firma el documento y anuncia públicamente a través de los medios de comunicación su compromiso de respetar los acuerdos y de reagrupar a los presos fuera de Herrera de la Mancha en el plazo de seis meses.
La victoria de los presos en la huelga hubiera resultado impensable sin el amplio movimiento de solidaridad y apoyo desplegado durante los tres meses que se prolongó. El gobierno no contaba para nada con unas muestras de simpatía tan extensas y decididas. Calculaban que la campaña de intoxicación desatada en los medios de comunicación durante los años anteriores, les daría buenos dividendos, y hasta el final jugaron esa baza. Incluso trataron de aprovechar la huelga de hambre para continuar su campaña de tergiversaciones y embustes. Pretendían transmitir la falsa imagen de una acción a la desesperada de los presos, en la más absoluta de las soledades.
Pero en su editorial, el diario Ya se mostraba sorprendido por las muestras de apoyo recibidas por los presos de todas las partes del mundo y de los ámbitos sociales más dispares. "¿Qué pasa?" se preguntaba el editorial, alarmado ante el repudio de la política de exterminio del gobierno y la ola de protestas desatadas en numerosas ciudades y pueblos. El periódico no se lo podía explicar y el gobierno tampoco. Fracasó el aislamiento de los presos y se hundió el muro de silencio. Las luchas desencadenadas mostraron que quien se encontraba aislado y desprestigiado era el gobierno. Fueron ellos los primeros sorprendidos por esas muestras de aliento, procedentes de sectores sociales tan diversos y alejados entre sí. Habían filtrado a la revista "Interviú" que no cederían aunque falleciesen todos y cada uno de los presos, pero su actitud intransigente se vino abajo rápidamente, ante la imposibilidad de conseguir el aislamiento social de los presos.
Fueron las movilizaciones populares de todo tipo las que rompieron ese cerco de complicidad con la política de exterminio del gobierno, incrementando el prestigio y la influencia del PCE(r) y los GRAPO entre amplios colectivos populares, especialmente entre los obreros. Al impresionante despliegue contribuyó también la coincidencia de la huelga de los presos políticos del PCE(r) y de los GRAPO con la del IRA en Irlanda del norte.
Todo ello contribuyó a romper el silencio cómplice urdido entre el gobierno y la prensa. Los teletipos acabaron fundiéndose. Fueron muy numerosas las declaraciones y artículos de intelectuales y personalidades progresistas apoyando las reivindicaciones de los presos. El valor cualitativo de todas estas muestras de solidaridad hacia los presos políticos es enorme. Hoy los presos políticos en España son, fundamentalmente, militantes de organizaciones armadas, lo que exige una conciencia más elevada y un compromiso también mayor, porque todos los movimientos de solidaridad han sido objeto de persecución, detenciones y torturas, en un desesperado intento de aislar a los presos de la población trabajadora.

10. El movimiento de solidaridad con la huelga de hambre

En Euskal Herria, cuna natal de Crespo Galende, donde la lucha de resistencia es más consciente y extendida, se manifestó más contundentemente la amplitud del apoyo popular a la causa de los presos políticos. El diario Egin publicó un comunicado de apoyo y solidaridad de los presos de ETA llamando al pueblo trabajador vasco a sostener las reivindicaciones de sus compañeros encarcelados. Las presas políticas de ETA y otras organizaciones recluidas en la cárcel de Yeserías, también publicaron comunicados de condena contra el gobierno.
El 28 de abril se celebró una encartelada ante el consulado británico en Bilbao, gritando consignas a favor del IRA y los GRAPO. Pocos días después, familiares de presos y miembros de las Gestoras Pro-Amnistía y de la AFAPP se encadenan en el Ministerio de Justicia en Madrid, resultando detenidos varios de ellos. El 23 de mayo una gran manifestación recorrió las calles de San Sebastián, cortando el tráfico en varias calles, hasta que los antidisturbios la disolvieron con dureza. El 1 de junio la ACPG organiza un encierro en el consulado de Francia en Vigo. El 6 de junio la AFAPP organiza otro encierro en la catedral de San Isidro en Madrid, procediendo la policía al desalojo tres días más tarde, por lo que el encierro continuó en la sede de la Cruz Roja.
Las muestras de apoyo arreciaron tras la muerte de Crespo Galende. El 19 de junio, nada más conocerse la noticia del fallecimiento, se celebraron espontáneamente manifestaciones en Portugalete y Mondragón y, al día siguiente, la izquierda abertzale convoca manifestaciones por toda Euskal Herria. En Hernani se celebró una asamblea a la que acudieron unas 1.000 personas y otras similares se convocaron en Ondárroa y Rentería, que acabaron en otras tantas manifestaciones. Bilbao y San Sebastián aparecen ocupadas por policías antidisturbios para impedir las concentraciones. Almería, Albacete, Lugo, Alcalá de Henares y otras localidades aparecen envueltas en pancartas exigiendo al gobierno que acceda a las reivindicaciones de los presos políticos. En Cádiz la policía desaloja un encierro convocado en los locales de una asociación de vecinos en apoyo a la huelga.
Numerosos colectivos convocaron al funeral de Crespo Galende celebrado el 27 de junio en Las Carreras (Vizcaya), donde se produjo una impresionante manifestación de duelo que ocupó toda la carretera nacional que atraviesa el pueblo. También se convocaron manifestaciones en Pamplona, Bilbao, Eibar y Rentería, extendiéndose las muestras de solidaridad. Los trabajadores de Lemóniz y de reparaciones mecánicas de Altos Hornos de Vizcaya difundieron comunicados de apoyo a los presos políticos. En Cádiz se celebró una manifestación el día 14 y la policía impidió otra el día 23, provocando saltos y barricadas en varias calles del centro de la ciudad. El 5 de julio también se recordó la muerte de Crespo Galende en la concentración anti-OTAN celebrada en la Casa de Campo de Madrid. Otro mitin se convocó en Vigo, tras finalizar la huelga, en el que intervinieron los abogados de los presos políticos y miembros de la ACPG. Los apoyos continuaron durante la manifestación del Dia da Patria Galega el 25 de julio en Santiago de Compostela, que la prensa calificó como "A manifestación pola amnistía".
Al año siguiente de la muerte de Crespo todavía se siguieron celebrando numerosas conmemoraciones. En Las Carreras (Vizcaya), un homenaje con intervención de Eva Forest y otros ex-presos políticos convocaba a unas 800 personas, que acudieron hasta el cementerio a inaugurar una placa en su memoria. En Madrid el 20 de junio se celebró un mitin en el antiguo cine Olimpia de Lavapiés, convocado por MC, LCR y AFAPP, en el que se leyeron numerosas muestras de adhesión al acto de distintos colectivos.
Se pagó un altísimo precio: la muerte de Crespo Galende y varios otros con secuelas indelebles en su estado de salud. Angel Collazo perdió la razón a consecuencia de la huelga, y Luis Rodríguez inició también a partir de entonces una crisis que le llevó al suicidio tres años después. Pero los planes de exterminio de Rosón fracasaron estrepitosamente; en las condiciones más difíciles que cabe imaginar, un grupo de presos, aislados y amordazados, obtuvieron sus exigencias. Y no menos importante fue su victoria moral, ganándose la admiración y el apoyo de millones de personas, en España y en todo el mundo. Nada más ponerse en práctica, la reforma penitenciaria quedaba al descubierto, como el resto de las que pusieron en práctica desde 1975. Por el contrario, el prestigio y la influencia de los presos políticos se elevó hasta cotas antes desconocidas. Demostraban que aún en las condiciones más precarias era posible enfrentarse con éxito a la política terrorista del gobierno y hacerle retroceder.

11. Reagrupamiento y nueva dispersión

Los presos políticos no fueron reagrupados a los seis meses, como se acordó en las negociaciones con el Director de Prisiones, Enrique Galavís. Tardaron más de dos años, ya que la salida de Herrera de la Mancha no se completó hasta octubre de 1983, cuando los presos del PCE(r) y GRAPO son concentrados de nuevo en la cárcel de Soria. Entre medias, la UCD había cedido los trastos de gobernar al PSOE.
Para las organizaciones de solidaridad hasta entonces se luchaba sobre todo para denunciar, especialmente, que seguían existiendo presos políticos en España; a partir de entonces se planteó claramente el problema de su liberación.
Desde 1983 hasta 1987 los presos pueden convivir en comuna y realizar una vida colectiva en unas condiciones de vida aceptables, sin que se plantearan problemas graves con los carceleros. Tras la huelga los presos políticos pasaron a constituirse en una realidad asumida a regañadientes en los medios oficiales; una realidad con la que, si no se podía acabar, había que negociar. En el verano de 1983 delegados del gobierno se entrevistan con presos del PCE(r) y de los GRAPO por vez primera y cuatro años después, se inician las conversaciones de Argel con militantes de ETA. En todas ellas, la existencia de presos políticos se convierte en un punto esencial.
Pero la estrategia antisubversiva del gobierno del PSOE dará un giro en 1987, intensificando todas las medidas represivas e incluyendo a los presos políticos como rehenes para poder doblegar a las organizaciones revolucionarias. En 1987 se frena la escalada de asesinatos de los GAL contra refugiados vascos, que Francia comenzará a expulsar masivamente hacia España, el Tribunal Constitucional, presidido por Tomás y Valiente, legitima la ley antiterrorista, que se incorpora definitivamente al Código Penal común y, finalmente, todos los partidos parlamentarios se ponen de acuerdo, y de su consenso surgen los pactos antiterroristas de Ajuria Enea y Madrid. Dentro de esta ofensiva, los presos políticos desempeñaban un papel de primer orden, y el gobierno iniciará su dispersión para tratar de que claudiquen y se arrepientan, introduciendo una cuña que divida al movimiento de resistencia.
Hasta entonces el régimen ensayó el exterminio, la claudicación pura y simple de los presos y, a través de ellos, de las organizaciones revolucionarias; a partir de entonces, la estrategia es más modesta, ya que sólo persigue "gestionar" el problema que para él supone la persistencia de unos 800 presos políticos de muy distintas organizaciones antifascistas, libertarias, comunistas e independentistas. Reconoce la existencia de un colectivo importante de presos políticos, pero tata de lograr su arrepentimiento, al tiempo que su escisión, el fomento de rencillas permanentes entre ellos. En una entrevista concedida en 1990 a la revista "Época", Múgica reconocía que las dispersión tenía por objeto "impedir que los presos se organicen o reciban continuamente visitas de abogados y familiares". La dispersión y el arrepentimiento eran las dos caras de la misma moneda. La dispersión inaugurada ese año trataba de forzar su claudicación.
Dos personajes son claves en esta estrategia. Por un lado, el Director General de Prisiones, Antoni Asunción, posteriormente ascendido a Ministro del Interior del PSOE. Por el otro, un personaje siniestro que entonces no era conocido, ya que ocupaba un cargo anónimo como máximo responsable de seguridad dentro la Dirección General de Prisiones: el comandante de la guardia civil Rafael Masa González, que venía de dirigir los comandos parapoliciales de los GAL en la etapa más criminal de la guerra sucia, directamente implicado en el asesinato de Brouard y en las torturas a Linaza. Quedaba claro, por tanto, que la dispersión no era más que una continuación de la misma guerra sucia dirigida por el Estado contra las organizaciones revolucionarias e independentistas.
Al tiempo que la dispersión, los arrepentidos empiezan a ser utilizados en los medios de comunicación, lo mismo que en los comienzos de la transición lo fueron los conciliadores y reformistas. Bajo la batuta de la policía política se inicia una campaña de guerra psicológica en la que los arrepentidos colaboran para tratar de engañar, tergiversar y confundir a los trabajadores y al pueblo en general. Se les pone en libertad para realizar entrevistas, difundir comunicados en vastas campañas publicitarias de amplia repercusión en prensa, radio y televisión, tratándoles como expertos conocedores de las organizaciones a las que traicionaron.
La maniobra de los arrepentidos fue un fracaso absoluto. No consiguieron más que rendir a un puñado insignificante de presos políticos. En noviembre de 1984 fueron 14 los miembros de los GRAPO en prisión que abandonaron la Organización en bloque, de los que sólo uno de ellos se prestó a redactar un infamante libro.
Los presos de ETA fueron dispersados primero, en enero de 1987, y el 24 de julio le toca el turno a los del PCE(r) y GRAPO, previa destrucción de las comunas que venían manteniendo en las cárceles de Soria, los hombres, y de Carabanchel, las mujeres. Sin previo aviso, los hombres son trasladados a las cárceles de Almería, Ocaña y Daroca, y las mujeres a las de Córdoba, Castellón y Basauri. Al llegar a los nuevos destinos muchos presos tuvieron que declararse otra vez en huelga de hambre ante las lamentables condiciones de vida que se les trató de imponer. Aprovechando la dispersión, los carceleros se cebaron con saña para doblegar a los presos políticos. El 18 de abril de 1989 Aurora Cayetano, Alicia Artímez y Eva Alonso Arce, presas en la cárcel de Castellón, fueron apaleadas e introducidas en celdas de aislamiento tras protestar por el recorte arbitrario en el tiempo de comunicaciones con las visitas. Un grupo de carceleros entró en sus celdas y la emprendió con ellas a patadas y puñetazos en el estómago. Como consecuencia de la paliza, Alicia perdió la sensibilidad en el brazo derecho y falta de movilidad desde los dedos de las manos hasta el pectoral y una lesión en el nervio cubital a la altura del codo.

12. Contra la dispersión

El 21 de agosto de 1989 dos militantes de los GRAPO presos en Almería inician una huelga de hambre contra el aislamiento que venían padeciendo desde hacía un año, exigiendo unas condiciones dignas de reclusión, así como el cese de las vejaciones y provocaciones continuas por parte de los carceleros. Los demás presos anuncian que irán incorporándose semanalmente a la huelga en grupos de dos. Para alejarles del problema y ocultar la situación existente dentro de la prisión de Almería, el gobierno ordena el traslado de los dos primeros presos. El 1 de setiembre, durante su traslado al Hospital Penitenciario, los presos son brutalmente maltratados por los carceleros. El día 5 la huelga se extiende, declarándose en huelga de hambre otros cuatro presos políticos de la cárcel de Soria en solidaridad con sus camaradas de Almería. Un mes después están ya en huelga 25 presos en las prisiones de Madrid, Soria, Basauri, Daroca y Castellón.
El 14 de setiembre la AFAPP de Madrid organiza el primer acto de solidaridad con los presos en huelga y, dos días después, la policía cargó brutalmente contra varios familiares que se manifestaban encartelados ante el Ministerio de Justicia. El día 19 otros familiares ocupan la sede de la Cruz Roja en Bilbao.
Ante el cariz que empezaban a tomar los acontecimientos y la proximidad de las elecciones convocadas por el PSOE para el mes de octubre, la Dirección General de Prisiones comienza a maniobrar para ganar tiempo, dividir a los presos y desmoralizar al movimiento de solidaridad. La subinspectora de Sanidad Penitenciaria, Maria Angeles Granados, se compromete formalmente ante el director del Hospital Penitenciario Jaime Vinuesa y la juez de Vigilancia Penitenciaria Manuela Carmena, a trasladar en un plazo breve a los siete presos del PCE(r) y de los GRAPO presos en la cárcel de Almería a otra cárcel, en unas condiciones normales y con la posibilidad de poder desarrollar vida en común entre ellos. Los presos, entonces recluidos en el Hospital Penitenciario, aceptan la oferta y anuncian el fin de la huelga.
Pero celebradas las elecciones generales, el PSOE incumple sus promesas, y el 10 de noviembre dispersa a los siete presos que se encontraban en el Hospital Penitenciario. Además de ellos son dispersados otros nueve presos del PCE(r) y de los GRAPO. En uno de aquellos traslados, el 12 de aquel mismo mes, Carmen Cayetano, presa política de los GRAPO, es objeto malos tratos al llegar a la cárcel de Sevilla II, donde se le ata a la cama y se la desnuda a la fuerza por las carceleras.
El día 30 de noviembre los presos políticos responden a la nueva maniobra de dispersión con otra huelga de hambre, exigiendo su reagrupamiento en una misma prisión. En el comunicado que difunden para dar a conocer sus reivindicaciones, denuncian el aislamiento, que comenzó con la dispersión y la prohibición de contactos entre ellos, así como su incomunicación respecto del exterior, con la que buscan un exterminio silencioso que oculte las torturas permanentes, los "suicidios" provocados o la innovación de los fondos reservados para cárceles, tras los que se camuflaba el "GAL carcelario", un plan para liquidar a los presos políticos aprovechando provocaciones o a presos comunes cómplices de sus planes.
Un mes después son sesenta los presos en huelga de hambre por su reunificación, entre los que destaca el preso anarquista Pablo Serrano, que se había unido a la comuna de presos políticos de la cárcel de Soria.
Como sucedió en la huelga anterior, de nuevo el Fiscal General del Estado, Javier Moscoso, amenazó con la alimentación forzosa y ordenó a los fiscales que se opusieran a los jueces de Vigilancia Penitenciaria contrarios a forzar la voluntad de los huelguistas. Idéntica postura manifestará posteriormente su sucesor en el cargo, Leopoldo Torres. El Ministro de Justicia, Enrique Múgica califica las posiciones contrarias a alimentar a los presos a la fuerza como "colaboración al suicidio". Finalmente, en contra de todas las normas deontológicas de la Medicina, el Tribunal Constitucional en pleno, presidido una vez más por Tomás y Valiente, aprobó la medida del gobierno de alimentación por vía intravenosa en sus sentencias de 27 de junio y 19 de julio de 1990. En lugar de defender los derechos de los presos, como era su deber, el Tribunal Constitucional los eliminaba definitivamente, e incluso impedía que los presos por sí mismos pudieran luchar por conseguirlos, tratando de quebrar su voluntad de una manera total y definitiva. Como decía un preso en una carta: "No nos dejan morir, pero tampoco vivir".
Una vez recabado este imprescindible apoyo, el Director General de Prisiones, Antoni Asunción, ordena a sus carceleros que vigilen día y noche a los presos en huelga de hambre que están ya dentro de los hospitales para obligarles a la alimentación por sonda, atándoles a la cama de pies y manos e introduciéndoles tubos de plástico en la nariz o jeringuillas en las venas. A los presos les ataban a la cama de pies y manos, bien con vendas en los hospitales, con esposas (en Meco) e incluso con correas de cuero, como en Yeserías o en Logroño. Luego a la fuerza les introducían sondas, bien para alimentarles son suero por vía intravenosa, pinchándoles en los brazos, bien introduciéndoles una sonda por la boca o por la nariz. Este último método era el más doloroso, ya que exige una gran relajación, de manera que hubo casos en los que les causaron graves desgarros en las vías respiratorias a los presos. A pesar de ello, en una nota oficial difundida el 1 de junio, el Ministerio de Justicia negará la evidencia, desmintiendo que se estuviera alimentando a los presos.
Josefina García Aramburu, presa en la cárcel de Basauri (Vizcaya), describió así la alimentación forzosa en una carta fechada en enero de 1990: "A los 45 días decidieron alimentarnos a la fuerza. A mí me daban 48 horas de vida, como máximo, y a Carmen poco más. Total, que hemos estado nueve días con la alimentación, aunque boicoteándola como hemos podido. Carmen no bebió una gota de agua en todo el tiempo, aparte de que inventó una serie de técnicas para impedir la entrada de la alimentación. En cuanto a mi, durante los cinco días que estuve en la UCI me violaron por todas partes: vena yugular, sondas por la nariz y por todas partes [...] Te aplican una sonda que garantiza un alimento con todo tipo de vitaminas, hierro, potasio, calcio, etc.; se llama Precitene. Si te llevan a la UCI, empiezan por suero en vena y el Precitene. Luego te abren la yugular y te meten otro suero distinto. Un poco más tarde, te quitan el suero de la yugular y te meten lo que llaman alimentación parenteral (una bolsa con una pasta blanca, con todos los ingredientes de una comida), tres kilos en 24 horas. El suero que te desconectan de la yugular, te lo añaden con el otro por la vena. A las 48 horas te quitan la alimentación de la yugular y te vuelven a meter suero. Y ya, para rizar el rizo, aparte de la medicación que consideran necesaria, albúmina por la yugular y hierro por la boca. Toda yo era un complejo de sondas y cables, porque también está lo de los electrolitos, o como se llame, conectados a una pantalla que te controla el corazón. Y para colmo, las sondas y los sueros, conectados a bombas que pitan cada vez que hay una anomalía o se acaba la comida o el suero. Y lo peor del caso es que en la UCI, atada o no, no tienes opción de quitarte nada. Para cuando has logrado quitarte el primer engendro, ya tienes a todo el personal encima".
El traslado a centros hospitalarios y la alimentación forzosa tenían también otros objetivos secundarios: aparentar que se trataba de un problema sanitario y no político, desviar la atención y enfrentar a los presos con los médicos y no con el gobierno. Eso mismo trataron de hacer con los jueces de vigilancia penitenciaria, siempre con la pretensión de poner al gobierno en un segundo plano, fuera de la polémica. A eso contribuyeron muchas de las polémicas, artificialmente infladas desde la prensa, que presentaban el problema desde una perspectiva seudohumanista como un "suicidio" como un ejercicio de "libertad personal" y no como una forma de lucha contra el exterminio en las prisiones. Una vez rotos todos los diques del silencio, la intoxicación pasaba a primer plano, con la colaboración de toda clase de sesudos universitarios y columnistas.

La juez Manuela Carmena, sin embargo, reconoció públicamente que el gobierno era el responsable de la huelga de hambre por haber incumplido las promesas que en su presencia transmitió a los presos.
Las movilizaciones populares se sucedieron desde el primer momento sin descanso. Convocadas por la AFAPP, un grupo de personas se concentraron ante el Ministerio de Justicia para protestar por la dispersión de los presos y sus condiciones de vida en las cárceles. Al día siguiente, otras cien personas repiten la misma concentración ante la prisión de Soria. El 11 de enero se celebran manifestaciones en Vitoria, Bilbao, San Sebastián y Pamplona en apoyo a los presos en huelga, convocadas por AFAPP, Salhaketa, LKI, EMK, CNT, ESK-CUIS y CGT. En Vigo se celebra un concierto en solidaridad con los presos en la Asociación de Vecinos Val do Fagoso. En Eibar, un sabotaje en solidaridad con los presos, suspende las emisiones de televisión para la zona. En Madrid, el 19 de enero se celebra una manifestación convocada por AFAPP, LCR y MC a la que acuden varios cientos de personas en apoyo a los presos. El 31 de diciembre varias organizaciones (LCR, MC, PCOE, PCV y libertarios) convocan una concentración en Valencia pidiendo el reagrupamiento de los presos. El 2 de febrero unas 500 personas se manifiestan en Madrid en apoyo a las reivindicaciones de los presos y, en Bilbao, otra manifestación de unas 300 personas, es disuelta por la policía. En sendos comunicados públicos, tanto el Grupo de Abogados Jóvenes y como la Asociación contra la Tortura apoyan las exigencias de los presos, critican las medidas del gobierno y responsabilizan a Múgica y Asunción de la vida de los huelguistas. En otro comunicado público, Herri Batasuna mantiene esa misma posición, así como las Madres Unidas contra la Droga. En Bilbao y San Sebastián se celebran concentraciones convocadas por AFAPP, LKI, EMK, CNT, IT y Kemen. Las Gestoras responsabilizan al PSOE, y en concreto a Enrique Múgica, Ministro de Justicia, de la vida y del estado de salud de los presos.
En Vigo se crea la Plataforma de Solidaridad con los Presos Políticos, integrada por diversos partidos políticos y movimientos de solidaridad, convocando a una manifestación en Santiago el 18 de marzo, a la que asistieron unas 500 personas.
El "Heraldo de Aragón" informaba el 2 de febrero de la formación de un Comité Pro-Reunificación que había apedreado la sede del PSOE en Zaragoza, acción que reivindicaron, advirtiendo que proseguirían con los sabotajes si el gobierno no accedía a las reivindicaciones de los presos. También informaba de un documento redactado por 65 escritores e intelectuales aragoneses exigiendo al gobierno que negociara con los presos, a lo que se ofrecían en su comunicado, y exigiendo un trato digno en las cárceles a todos los presos.
En Catalunya, seis organizaciones, Crida a la Solidaritat, Lliga Comunista de Catalunya, Moviment de Defensa de la Terra, Partit dels Comunistes de Catalunya y Confederació General del Treball, se pronuncian conjuntamente a favor de los presos en un comunicado enviado al delegado del gobierno en Barcelona, criticando la actitud del gobierno.
También del exterior llegan muchas muestras de solidaridad, entre ellas, la del Partido Comunista de Hungría (marxista-leninista) y del Partido Comunista de Turquía (marxista-leninista). En Hamburgo grupos de manifestantes ocupan las oficinas del Parlamento Europeo y el Consulado español, mientras en Frankfurt asaltan la sede del Partido Social-Demócrata y la Fracción del Ejército Rojo llevó a cabo una acción armada que reivindicó el comando "José Manuel Sevillano". En Zurich se producen concentraciones y sabotajes ante el Consulado español en protesta por las condiciones de vida y la dispersión de los presos políticos, y se atacan reiteradamente las oficinas de Iberia. En Bruselas grupos de saboteadores destruyen varias delegaciones de bancos españoles y el 5 de febrero miembros del Comité de Apoyo a los Presos Políticos de España se encadenan ante el Consulado, difundiendo un comunicado contra el gobierno español. Algunos días después ocupan el Consulado en Lieja y cuatro resultan detenidos en el desalojo posterior de la policía. El Grupo de Mujeres Marxistas-Leninistas de Zurich manifiesta su solidaridad con los presos y publica un comunicado, en el que afirma: "Vuestra lucha en las cárceles es nuestra lucha, podéis contar con todo nuestro apoyo solidario, porque con vuestro ejemplo transformáis las oscuras mazmorras de la burguesía en trincheras de combate". Los presos políticos belgas de las Células Comunistas Combatientes y los franceses de Acción Directa se pusieron en huelga de hambre en solidaridad con sus camaradas españoles. También todos los presos políticos alemanes de la Fracción del Ejército Rojo se declararon rotatoriamente en huelga de hambre en solidaridad con sus compañeros españoles el 22 de enero: "Con nuestra acción solidaria, queremos expresar que hacemos frente común contra el mismo adversario. La victoria o derrota en España significa la victoria o derrota en toda Europa occidental", afirman en su comunicado. El colectivo alemán de abogados de presos políticos envían una carta a Múgica exigiéndole que cumpla con las reivindicaciones de los presos. También se constituye una Comisión Internacional en apoyo a los presos en huelga de hambre, compuesta por unos 100 abogados y médicos de Holanda, Alemania, Suiza, Francia, Italia y España, difundiendo un comunicado en el que llaman a defender a los presos políticos en su lucha contra la tortura física y psíquica, y por su reagrupamiento. Otra Comisión Internacional similar se constituyó en México.

13. La huelga más larga

Progresivamente el estado de salud de los presos se va deteriorando. El 27 de diciembre son ya ocho los presos hospitalizados a causa de su grave estado, esposados a sus camas y alimentados a la fuerza. Sin embargo, la Ministra Portavoz del Gobierno, Rosa Conde, afirma desconocer el estado de salud de los presos. El Director General de Prisiones, Antoni Asunción, trata de criminalizar a la abogada Francisca Villalba, acusándola de coordinar la huelga de los presos, a otro abogado, Juan Manuel Ruiz, se le impide la visita a los presos hospitalizados en Guadalajara y a Juan Manuel Olarieta a las presas de Castellón y Bilbao. Las quejas ante el Colegio de Abogados de Madrid se multiplican, por lo que sus corruptos dirigentes, en colaboración con "El País" y la Dirección General de Prisiones, desatan una provocación para tapar el escándalo, especialmente aprovechando la ejecución del médico torturador. En lugar de atender la queja y defender a sus afiliados, los jerifaltes del Colegio de Abogados de Madrid orquestaron una campaña de calumnias, en plena sintonía con el gobierno, acusando al colectivo de abogados de presos políticos de formar parte integrante de la Organización antifascista, transmitir las órdenes de la dirección a los presos y colaborar en la ejecución de los médicos torturadores.
Los abogados de los presos Angel Elías, José Esteban, Francisca Villalba, Juan Manuel Ruiz y Fernando Burillo envían el 6 de febrero un escrito al Parlamento Europeo para que interceda ante el gobierno español y uno de ellos, José Esteban Armentia, se entrevistó con el diputado laborista Ken Coates, responsable de la Subcomisión de Derechos Humanos. Como era previsible, esta gestión no sirvió para nada, salvo para poner de manifiesto, por si cabían dudas, que los "derechos humanos" de que tanto alardean son sólo para ellos, y no para los obreros y el pueblo trabajador.
El 7 de febrero uno de los presos en huelga, F.J. Ros Díaz, hospitalizado en Guadalajara, tras setenta días en huelga de hambre, se declara también en huelga de sed. Al mismo tiempo se refuerzan las medidas de intervención y censura de correspondencia para aislar a los presos. Varios de ellos son trasladados en ambulancias de una cárcel a otra. En enero ya son 24 los presos hospitalizados. Ante la negativa de los presos, la dirección del Hospital Penitenciario solicita al juez de Vigilancia Penitenciaria autorización para proceder a reconocer a los presos y hacerles pruebas médicas. La Dirección General emite una circular para que los traslados de los presos a los hospitales vayan acompañados de una autorización del juez de Vigilancia Penitenciaria para que puedan ser inmediatamente alimentados contra su voluntad. La AFAPP pone los hechos en conocimiento de Amnistía Internacional y el Colegio de Médicos de Madrid, solicitándoles que impidan la alimentación forzada, considerando que es una forma de tortura y de prolongar su agonía innecesariamente. La Asociación Médica Colegial ratificó el criterio de la Asociación Médica Mundial en contra de la alimentación forzada. Por su parte, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública difunde un comunicando dando la razón a los presos y oponiéndose a su alimentación forzosa. Pero una organización supuestamente humanitaria, como Amnistía Internacional, puso de manifiesto a lo largo de esta huelga su naturaleza falaz y rastrera, al oponerse a la alimentación forzosa en Marruecos, pero apoyarla en España. Demostraban así su naturaleza imperialista, pretendiendo aparentar que sólo existen violaciones de los derechos humanos en los países tercermundistas, pero no dentro de la misma Europa.
El 30 de enero el Ministro de Justicia, Múgica Herzog, manifiesta públicamente que el gobierno no negociará con los presos en huelga de hambre, porque la considera un chantaje. El Ministro del Interior, Corcuera, manifiesta su pleno apoyo al Ministro de Justicia y apoya su política de dispersión. Por su parte, Antoni Asunción asegura que los familiares están coaccionando a los presos para que continúen con la huelga indefinidamente. En el colmo de la frivolidad y la desfachatez, llegó al extremo de comparar la huelga de hambre con las "anorexias nerviosas" que suelen padecer los adolescentes con su obsesión por las dietas y el adelgazamiento (El Mundo, 2 de octubre de 1990).
El 27 de enero, un grupo especial de la Guardia Civil secuestra para interrogarle a Jesús Cela en Coruña, que acababa de salir de prisión en huelga de hambre. Los jefes de este grupo encubierto eran el Ministro del Interior, Corcuera, el Secretario de Seguridad, Rafael Vera, y el Director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Le intimidan, le presionan y finalmente le anestesian para trasladarle a Burgos en un coche, donde le abandonan.

14. Respuesta militar de los GRAPO

El 29 de enero, dos médicos de Zaragoza desafiaron públicamente las resoluciones del juez de Vigilancia Penitenciaria y propusieron alimentar a la fuerza a los presos políticos por su cuenta, alineándose descaradamente con las posiciones del Ministerio del Interior. El 27 de marzo de 1990 el médico del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, José Ramón Muñoz Fernández (primo del fiscal general del Estado y ex-ministro Javier Moscoso), uno de los responsables de la alimentación forzosa a los militantes de los GRAPO en huelga de hambre, es ejecutado de varios disparos en su consulta privada. En el comunicado subsiguiente reivindicando la acción, los GRAPO calificaban la huelga de hambre de sus presos como "la más larga sesión de tortura que conoce la Historia" para descalificar a los que hipócritamente hablaron de "respeto a la vida" como excusa para atar a los presos a las camas y colocarles sondas en los brazos y la nariz, alargando así de forma indefinida una agonía macabra "que hace palidecer los experimentos médicos de los nazis". El comunicado manifiesta también que su Organización "jamás ha ‘hecho política’ con el sufrimiento de los presos ni demás víctimas de la represión del Estado. En todos los casos, nos hemos limitado a denunciar y a enfrentar las arremetidas que el Gobierno ha dirigido contra nosotros y las demás organizaciones populares de la manera que ha sido posible hacerlo según las circunstancias. Esto es particularmente cierto respecto a las condiciones que vienen padeciendo todos los presos políticos. Como es sabido, en ningún momento hemos promovido en las prisiones otra cosa que no fuera preservar un régimen de vida interno mínimamente aceptable; los presos del PCE(r) y los GRAPO nunca han creado situaciones que pudieran servir de argumento a gobernantes y carceleros para justificar la dispersión ni otro tipo de represalias contra ellos". Los GRAPO afirman que "no existe otra alternativa a esa situación que proseguir la huelga hasta el final, hasta lograr la reunificación: o esto o tendríamos que resignarnos a verles morir lentamente, aislados en un agujero inmundo, asesinados en silencio. No creemos que esta última alternativa pueda ser aceptada por ninguna persona honrada y sensata". Reconocen que el Gobierno había conseguido hacer recaer el mayor peso de la huelga de hambre sobre los propios presos, "de modo que, dadas las condiciones generales existentes, el movimiento organizado popular no ha podido reemplazarlos en el lugar que ocupan en este duro combate. En esto consiste, fundamentalmente, la política socialfascista, criminal, del felipismo: en la utilización que vienen haciendo de los presos políticos como auténticos rehenes en manos del Estado, a fin de debilitar al movimiento popular e intentar chantajearlo".
El comunicado apunta también a una de las claves de la terrible prolongación de la huelga de hambre: intentar llevar a los GRAPO al terreno de las respuestas inmediatas "para así distraer nuestras fuerzas, acorralarlas y destruirlas fácilmente". Los GRAPO no entraron en la provocación del golpe por golpe, ni en una escalada de acciones desesperadas en apoyo a sus camaradas presos, aunque durante la misma ejecutaron a dos guardias civiles, a un policía nacional, hirieron de gravedad a dos altos mandos del ejército y, finalmente, el 7 de septiembre dos militantes armados con pistolas entraron en la consulta privada de otro médico, Jose Luis Casado Martínez, también en Zaragoza, y otro de los responsables de la alimentación forzosa. Pero éste ya había abandonado la consulta y se salvó de su ejecución. El 7 de junio de aquel mismo año, los GRAPO volaron el chalet de Galavís con él dentro, pero aunque destrozaron la casa y el coche, el ex-Director General de Prisiones salvó su vida. Con esta acción los GRAPO lograban alcanzar a tres de los más significados dirigentes del exterminio de los presos desde la Dirección General de Prisiones, acabando con uno de ellos y demostrando que estos criminales tan destacados nunca van a quedar inmunes.

15. La muerte de Jose Manuel Sevillano

A Jose Manuel Sevillano le conducen desde la cárcel de Soria al Hospital Penitenciario en la primera semana de enero de 1990 por su situación de extrema debilidad. El 25 de enero le trasladan de nuevo desde allí al Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde ya se encontraban Milagros Caballero, Carmen Muñoz, Rosario Narváez, José Antonio Ramón Teijelo, Buenaventura García, Ramón Foncubierta y Antonio Lago. Permaneció allí hasta el 1 de marzo y durante todo ese tiempo fueron alimentados a la fuerza. Teijelo tuvo una gravísima infección general (asepsis) y le tuvieron que sacar líquido de la columna vertebral y medicarle con antibióticos. El 1 de marzo los presos consiguieron arrancarse la sonda y, en represalia, todos ellos son trasladados de nuevo al Hospital Penitenciario. La orden parte de la policía, una vez informados del hecho, ya que los médicos se vieron obligados a informarles de todas las incidencias. En el Hospital Gregorio Marañón no se les respetó su intimidad, ya que debían estar en su habitación con la puerta abierta para que la policía pudiera vigilarles permanentemente, y en ocasiones entraban dentro de ella, a pesar de la oposición de los médicos.
La policía se adueñaba cada vez más de los hospitales y comenzaron a centrarse en José Manuel Sevillano casi desde un principio, dada su firmeza en seguir con la huelga hasta sus últimas consecuencias: en lugar de trasladarle en ambulancia fue conducido en un furgón de la guardia civil, en las peores condiciones imaginables.
En el Hospital Penitenciario a los presos se les vuelve a enchufar la alimentación forzosa hacia mediados de marzo, aunque consiguen negociar con los carceleros la forma de administración. Para evitar permanecer atados a la cama con la sonda de plástico introducida por la nariz, acuerdan que la alimentación se les suministre por vía oral: un ATS penitenciario les llevaba un vaso de plástico con un suero líquido llamado Pentaset; en presencia del funcionario, Jose Manuel Sevillano aparentaba que se lo tomaba y cuando se marchaba, escupía su contenido en el lavabo.
En Zaragoza la alimentación también era por vía nasogástrica, lo que le produjo a Olegario Sánchez Corrales una fuerte gastroenteritis. Por ello, en unión de sus otros dos compañeros (José Balmón y Francisco Cela) se la quitaron el día 13 de marzo en el Hospital; en represalia, fueron trasladados a las cárceles de Daroca y Torrero. El regreso a las cárceles provocaba numerosas infecciones, ya que a la extrema debilidad del preso se le unía la suciedad propia y característica de las prisiones. Y sin embargo, la intoxicación propagandística no cesaba ni un momento, tratando de minimizar la gravedad de la situación y desacreditar a los presos en huelga. Por ejemplo, Diario 16 de Aragón narraba el 23 de marzo los hechos como si los presos volvieran a la huelga después de un paréntesis, comiéndose "un estofado" el día de su "despedida" del Hospital Miguel Servet.
El desenlace se acelera cuando en un análisis médico, los carceleros detectaron la extrema debilidad de Jose Manuel Sevillano y le introdujeron a la fuerza una sonda por la nariz para alimentarle y reanimar su estado general. El 18 de abril, junto con los demás presos, Jose Manuel Sevillano vuelve a rechazar la alimentación forzada y consigue arrancarse la sonda. La dirección del Hospital Penitenciario, en lugar de enviarles al Hospital Gregorio Marañón, traslada a Sevillano a la cárcel de Meco, donde ingresa en la enfermería. Era una medida de fuerza para presionar y agotar todas las posibilidades represivas: a pesar de la gravedad de la situación, los que rehusaran la alimentación forzosa no serían ya trasladados a hospitales sino a las cárceles. También a Buenaventura García le trasladaron a Segovia, a Juan Manuel Pérez Hernández a Ocaña, a Josefa Alarcón y a las demás presas a Avila.
A las pocas horas de ingresar en la enfermería de Meco, a Jose Manuel Sevillano le da un primer ataque cardiaco, que el gobierno se preocupó de silenciar para que no trascendiera; le reaniman con urgencia y se ven obligados a trasladarle de nuevo al Hospital Penitenciario el 25 de abril, donde se le alimenta a la fuerza por vía nasal. Allí es recluido en una habitación conjuntamente con Juan Manuel Pérez Hernández, Fernando Fernández y Luis Cabezas Mato; en otras habitaciones se concentraban ya la mayor parte de los presos, pero sin poder comunicarse entre ellos.
El 12 de mayo le da a Sevillano un segundo ataque cardiaco y los médicos le consideran muerto, pese a lo cual le trasladan urgentemente al Hospital Gregorio Marañón para reanimarle. Estaba en coma y en el Hospital le mantienen artificialmente con vida, para que el gobierno ganara tiempo y se preparara para la muerte, que sólo se produciría cuando ellos lo consideraran oportuno. Al mismo tiempo filtraron la noticia de su muerte para desmovilizar y desorientar al movimiento en la calle.
En el pueblo de Jose Manuel Sevillano, Marchena, localidad andaluza de jornaleros y trabajadores del campo, tropas especiales de la guardia civil tomaron posiciones y entraron en las viviendas de las personas más luchadoras para atemorizarlas ante el próximo desenlace y presentar un funeral en silencio con la sola presencia de los familiares más allegados.
Murió Sevillano y el gobierno no pudo impedir que numerosas personas se concentraran en el cementerio de Marchena para rendirle homenaje, sucediéndose también las manifestaciones, concentraciones y otras formas de protesta en muchas ciudades y pueblos de toda España.

16. Balance político de la huelga

Tras la muerte de Sevillano y la posterior ejecución por los GRAPO de un coronel del Ejército en Valladolid, el gobierno logra imponer el silencio más absoluto en todos los medios de comunicación, y el movimiento de solidaridad, agotado después de tantos meses de lucha, también entra en un reflujo. Se pierde la iniciativa, aparece el cansancio e incluso la desmoralización ante la intransigencia del gobierno y la falta de perspectivas. Pero la huelga seguiría aún durante varios meses más. Los presos continuaban al borden de la muerte. A Juan Manuel Pérez Hernández también le dio un ataque y entró en coma, consiguiendo reanimarle los médicos. Sin embargo, la muerte clínica le paralizó el riego del cerebro, que quedó seriamente dañado. Los hechos fueron entonces cuidadosamente silenciados por los carceleros. Fueron sus propios compañeros quienes se apercibieron de las lesiones cerebrales que empezaba a padecer. Un informe médico-penitenciario elaborado varios años después en la prisión de Tenerife, describía así su situación: "Permaneció en la unidad de cuidados intensivos incluso en estado de coma y bajo nutrición parenteral. Dicha nutrición parenteral se mantuvo a su reingreso en el Centro Penitenciario de Madrid II, y fue necesaria la utilización de sujeción mecánica para mantener la alimentación parenteral. Sin embargo, el propio interno se retiraba la sonda de alimentación, por lo que se produjeron, dada la mala alimentación, trastornos bioquímicos y neurológicos. Esta situación se prolonga hasta marzo de 1991". Desde entonces, Juan Manuel Pérez quedó con secuelas indelebles y debió continuar en prisión porque la Dirección General de Prisiones, incumpliendo sus propias leyes, se negó a su liberación, pese a que la enfermedad es progresiva y se acentuaba con el solo transcurso del tiempo, las malas condiciones de reclusión en la cárcel y la falta de tratamiento médico. Padece una encefalopatía de Wernike-Korsakov por déficit de vitamina B1. Otros presos que siguieron la huelga hasta el final quedaron en silla de ruedas con enfermedades idénticas o parecidas, como Milagros Caballero, Ramón Foncubierta, Luis Cabezas y Sebastián Rodríguez Veloso. Ante la gravísima situación de todos los presos, el 8 de febrero de 1991 la dirección del PCE(r) les ordena el cese de la huelga de hambre que venían manteniendo desde hacía 14 meses. La resolución final de la huelga tenía que llegar desde fuera de la cárcel. A causa de su estado y de la dispersión, los presos políticos no podían tomar por sí mismos la decisión. Sobre ella pesó también el agotamiento del movimiento de solidaridad, que debía recuperar la iniciativa de nuevo bajo otras condiciones que la propia continuación de la huelga no permitían abrir. El gobierno sólo estaba dispuesto a ceder ante la muerte de varios de los presos "precio demasiado alto, que no estábamos dispuestos a pagar de ninguna manera", dijo este Partido. Pero además, la alimentación forzada mantendría con vida a verdaderos cadáveres, postrados para siempre con padecimientos físicos muy graves: "Había un límite -expuso el PCE(r)- que no debíamos rebasar: el sacrificio no se podía convertir en algo estéril y hasta contrario a los fines que se perseguían desde el comienzo de la huelga no podía conducir a una muerte asegurada de antemano".
En marzo el Comité Central publica un comunicado en relación con la huelga de hambre. El balance inicial que en aquel momento realiza la dirección de este Partido es el siguiente:
"No se ha conseguido arrancar nada al Gobierno, hemos perdido al camarada Sevi y la salud del resto de los camaradas se halla bastante quebrantada. Pero el Estado y las fuerzas reaccionarias que lo respaldan no han logrado destruirnos ni llevar a los camaradas presos al terreno de la desmoralización, la claudicación y el arrepentimiento, tal como se habían propuesto. Su derrota política y moral es más que evidente. En cambio, los presos conservan su moral y su espíritu de combate intactos. Además, a lo largo de esta lucha han ganado el reconocimiento y el apoyo de gran parte de los trabajadores. "No obstante, tenemos que reconocer que ese apoyo aún no es suficiente, pues no se traduce en una lucha política consciente y organizada para imponer al Estado las reivindicaciones de los presos, la amnistía y otras muchas reivindicaciones y derechos. Este es el sentido de nuestra lucha, en este camino estamos y en él seguiremos batallando sin desfallecimientos. La huelga de hambre recién finalizada ha supuesto un paso muy importante dado en esa dirección, y aunque momentáneamente, el enemigo de clase se haya impuesto por la fuerza, no nos ha vencido en ningún terreno. Por el contrario, ha perdido la batalla de la opinión pública, ha sido desenmascarado en su verdadero carácter socialfascista ante los ojos de todo el mundo, se ha visto obligado a tener que mostrar su absoluta falta de moral y su impotencia frente a los que se atreven a luchar".
Después, se abriría un debate público en la prensa del PCE(r) para analizar las experiencias y hacer balance. En octubre de 1991 el nº 16 del órgano "Resistencia" publica un artículo titulado "Un debate necesario" en el que resume las discusiones, en las que participan tanto de los presos, como de los militantes de la clandestinidad, pasando por los que se habían solidarizado, e incluso organizaciones y amigos del extranjero. Así por ejemplo, la Redacción de "Il Bolletino" difundió una declaración en la que concluía: "Los presos políticos españoles han conseguido concluir esta batalla manteniendo intacta su identidad política de clase y su firmeza revolucionaria, contribuyendo así a desenmascarar la naturaleza real del Estado español".
Por su parte, en su balance, el PCE(r) comienza exponiendo que el momento de iniciación de la huelga no fue elegido deliberadamente por ellos, sino que vino impuesto por la provocación del gobierno, que fue quien tomó la iniciativa. De ese modo pretendían desviarles de los planes que tenían trazados de reorganización y acumulación de fuerzas. Una vez los más los presos políticos no eran más que rehenes que trataban de utilizar para entrar en un "cuerpo a cuerpo" en el que el Partido se vería obligado a volcar todas sus energías y así tendrían la oportunidad de liquidarles en una batalla desigual.
Pero si el Partido no podía caer en la trampa, tampoco podía dejar abandonados a los presos a su suerte, porque eso significaba dejar manos libres al gobierno para que se ensañaran con ellos. Pero al mismo tiempo el grueso de la lucha debió recaer sobre las espaldas de los propios presos. Los planes del gobierno rebasaban el estrecho marco de las cárceles: se trataba de un proyecto estratégico en el que estaba en juego toda la política antiinsurgente de reinserción y exterminio masivo. Para inclinar la balanza a favor de los presos se requería un amplio movimiento de solidaridad de la clase obrera y otros sectores populares de abierto carácter político y con perspectiva de sacar a los presos de las cárceles.
Debido al carácter mismo de la lucha, el gobierno no podía retroceder, ya que ello hubiese tenido graves repercusiones políticas para todo el sistema. En primer lugar, les hubiese forzado a ponerse a la defensiva; el ejemplo de firmeza y resistencia por parte de los presos y la constatación de que es posible obligarles a recular, sirviese de ejemplo y estímulo para la clase obrera y demás sectores populares apabullados por la política explotadora y represiva del Estado. Eso hubiera significado arrojar por la borda todo lo que habían logrado recuperar en más de diez años, les hubiera retrotraído otra vez a 1977. Lo que ponía de manifiesto la intransigencia del gobierno no era una posición de fortaleza sino de debilidad y crisis. Pero al tiempo, no saldrían de la crisis retrocediendo más que como último recurso; antes agotarían todo el arsenal represivo a su alcance. De ahí lo que se produjo: el más absoluto cierre de filas de todos los grupos parlamentarios en torno a unas reivindicaciones de lo más simples y sencillas. Estaban dispuesto a pagar todos los costes políticos que fuesen necesarios antes que ceder a los presos lo más mínimo. No bastó la firmeza de los presos, ni tampoco las acciones guerrilleras: sólo un poderoso movimiento de masas de carácter político les hubiera obligado a ello.
El gobierno intentó arrepentir y dividir a los presos, pero todos sus intentos acabaron volviéndose contra ellos mismos. El fracaso de sus planes represivos acabó con el consenso y con todos los pactos antiterroristas, enfrentándose entre sí el PP con el PSOE, y estos a su vez con los partidos nacionalistas. La guerra sucia también se volvió contra sus propios patrocinadores, envueltos en varios procesos por asesinato, pertenencia a banda terrorista y malversación de fondos públicos. El PSOE acabó hundido y enfangado en un mar de corrupción y escándalos de todo tipo.
El 31 de marzo de 1992, después de varios intentos fallidos en las cárceles de Meco y Cartagena, se fuga de la prisión de Granada el militante de los GRAPO Fernando Silva Sande.
Una de las últimas hazañas de los socialfascistas consistió en la reorganización de toda la burocracia carcelaria. Trasladaron las cárceles del Ministerio de Justicia al de Interior, rematando así la labor que iniciaron en 1987 con la dispersión. La policía se adueñaba de las prisiones para perseguir a los revolucionarios hasta el mismo interior de sus mazmorras. Se cumplieron así los vaticinios de García Valdés: fracasada la reforma penitenciaria, habría que poner a un militar, un guardia civil o un teniente coronel de la policía al frente de la Dirección General de Prisiones. También elevaron el rango administrativo de la Dirección General de Prisiones, transformándola en una Secretaría de Estado, lo que la convertía en un departamento directamente dependiente del gobierno y sometido a una clara orientación política, imprescindible para gestionar el papel de rehenes de los presos políticos frente a las organizaciones revolucionarias a las que pertenecen. Dentro del nuevo organigrama carcelario, se ha constituido una "célula política" para la dirección de la represión, de la que forman parte policías, guardias civiles y agentes secretos del CESID especializados en la lucha contrasubversiva. Esa "célula política" está en contacto permanente con el subdirector de seguridad de cada cárcel, cargo de nueva creación y verdadero comisario político de las prisiones.
Inmediatamente después de la huelga de hambre, Antoni Asunción creó el FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) en el que se registran pormenorizadamente todos y cada uno de los movimientos de los presos sometidos a él: cartas, visitas, situación familiar, condenas, evolución personal, etc. Todos los presos sometidos a este régimen están en un aislamiento absoluto, trasladados periódicamente de celda y de penal, registradas sus pertenencias con frecuencia, etc. En una de las circulares que envió durante la huelga de hambre, el comandante Masa ordenaba lo siguiente: "En relación con las comunicaciones de los presos del GRAPO orales sujetas a intervención, se viene observando, al traducir las cintas, que los comunicantes se pasan mensajes por escrito, obstaculizando de esta forma el control audiotécnico de la comunicación. En consecuencia, sería aconsejable que se impidiese a los comunicantes introducir en los locutorios papeles, bolígrafos, lápices o cualquier instrumento que pudiera utilizar a tal fin" (Cambio 16, nº 958, 2 de abril de 1990). Luego estas instrucciones concretas fueron complementadas con todas las Circulares oficiales de 28 de mayo y 13 de setiembre de 1991, 28 de febrero de 1995 y 21/96, en las que se organiza y regula todo el régimen especial FIES, que supone el ingreso en departamentos especiales de la cárcel, aislados y separados de los demás presos, en celdas de las que son cambiados periódicamente, con sólo dos horas de acceso al patio, siempre en solitario, comiendo dentro de la misma celda, sin disponer de ropa, que le suministra un carcelero, esposados cada vez que salen de la celda, cacheados y registrados sistemática y humillantemente, incluso por rayos X y con desnudo integral, etc.
La huelga de hambre también sirvió para que el PSOE elaborara un plan de construcción de 18 macrocárceles, con un presupuesto de 160.000 millones de pesetas, capaces de albergar a unos 20.000 nuevos presos. Para llenar estas nuevas cárceles, los socialfascistas elaboran un nuevo Código Penal en 1995 que eleva considerablemente las penas y establece nuevas figuras de delito, especialmente dirigidas contra el movimiento de resistencia popular: insumisos, okupas, saboteadores nocturnos, etc. Aprueba también la "ley Corcuera" por la que se establece una control absoluto sobre la población, extendiendo a todos las normas que habían venido experimentando desde hacía años en la ley antiterrorista. El PP no haría luego más que completar esta labor con otras dos medidas: la ley de videovigilancia y el plan de "Policía 2000" para la invasión represiva de las calles y barrios. Al tiempo, a escala europea se han puesto en marcha los "Pactos de Schengen" y la Europol. Con todas estas disposiciones, el número total de presos en las cárceles ha alcanzado casi los 50.000, frente a los menos de 10.000 que había en los años sesenta, en pleno franquismo. El número de carceleros también se ha multiplicado por cuatro desde 1979 en que se promovió la reforma penitenciaria.
Antes de hundirse, el PSOE tuvo que enfrentar otra huelga de hambre en enero de 1996, que se prolongó durante 15 días. El gobierno se vio obligado a sentarse a negociar, aunque a las dos semanas la huelga se reanudó durante otros 38 días más. Con ella se obtuvo un reagrupamiento parcial de los presos, una cierta mejora en las condiciones de vida dentro de las cárceles y la liberación de dos de los presos que enfermaron gravemente durante la huelga de hambre: Milagros Caballero y Juan Manuel Pérez.
La crisis del PSOE favoreció la victoria electoral del PP en marzo de 1996. Estos habían expuesto en su programa electoral dos claves fundamentales de su estrategia: la negativa a cualquier clase de negociación y el cumplimiento íntegro de las penas. Al día siguiente de la toma de posesión ya estaba desdiciéndose de todas sus bravatas.
Mientras, los presos de los GRAPO empezaban a salir en libertad después de más de 20 años de condena, con numerosas luchas y huelgas de hambre sobre sus espaldas. Todo el enorme peso del aparato represivo carcelario no había podido con ellos y son el mejor ejemplo de que contra el fascismo se puede resistir y vencer. Así se lo vienen reconociendo en los numerosos homenajes populares que cada uno de ellos ha recibido de sus vecinos y compañeros de trabajo, en los que miles de personas de diferentes localidades les han expresado su simpatía y reconocimiento. Se lo tienen bien merecido, sin duda.