La vieja Europa

Marcos Roitman Rosenmann
La Jornada
El gobierno del Partido Popular, en un acto de arbitrariedad política que contraviene todo espíritu de dialogo y negociación con las organizaciones sindicales, aprueba por real decreto ley la entrada en vigor de la reforma laboral para la protección del desempleo. Sin embargo, el uso del real decreto es una atribución sólo utilizable según el artículo 86.1 de la Constitución española "para casos de extraordinaria y urgente necesidad". ¿Qué urgencia y qué necesidad se tiene de aprobar esta propuesta? Pero eso no es todo. Asimismo, pretende legitimar dicho acto haciendo que el Parlamento en sesión próxima al 20 de junio, fecha de la huelga general, vote el decreto para poder comenzar inmediatamente su trámite como proyecto de ley. Ello permitiría al partido en el gobierno nacional hacer concesiones a sus aliados incorporando las enmiendas de los grupos más afines. Por lo demás, la mayoría absoluta del Partido Popular asegura de antemano el triunfo de esta forma de procedimiento y la posterior aprobación en julio de la ley definitiva. El resultado esperado es claro, provocar la deslegitimación de la convocatoria de huelga general anunciada por los sindicatos. No tendría sentido manifestarse contra una ley que se presenta ya como irreversible, según el gobierno. La decisión esta tomada y no se renegocia, mejor dicho no se negocia ni antes ni después. Como dijese el ministro de Trabajo, "con consenso o sin consenso" él seguirá adelante por el bien de todos los españoles.
No hay duda, las formas empleadas por el gobierno del Partido Popular explicitan el talante autoritario que precede a sus actuaciones de política contingente. Así, aunque la huelga general del 20 de junio fuese un éxito, el gobierno de José María Aznar no estaría dispuesto a entrar en negociación. Los sindicatos pueden ejercer el derecho de huelga, pero ello no incidirá en el desarrollo posterior de la ley.
Estas dos maniobras, utilización arbitraria del artículo 86.1. de la Carta Magna, circunstancia que ha generado un malestar en los partidos mayoritarios de oposición, y celeridad en la aprobación por el Parlamento, dejan en evidencia su concepción antidemocrática del ejercicio del poder público y recuerda el origen dictatorial de la mayoría de sus dirigentes. Un ejemplo puede ayudar. En un acto de afirmación celebrado recientemente por el Partido Popular, que recuerda lo "mejor" del franquismo, Aznar defendió la decisión de no dar un paso atrás en la reforma de prestaciones por desempleo. Para ello se apoyó en el siguiente tópico: "El gobierno lo que tiene que hacer es gobernar, tomar decisiones y se tomarán pensando en la responsabilidad ante el país y para mejorar las cosas". Todo tiene su sentido. El concepto de gobernabilidad y de responsabilidad propuesto por Aznar coincide curiosamente con los criterios emanados por las organizaciones patronales en cuanto a la dirección que deben tomar las reformas sobre el mercado laboral y las prestaciones por desempleo. Los empresarios se sienten cómodos con el decreto ley y lo apoyan. Sólo le piden que profundice más en ellas.
Por otro lado, Aznar pretende con un discurso asentado en valores patrióticos descalificar la convocatoria a huelga al considerarla un acto contrario a la construcción de una España moderna. Para el presidente de gobierno, el objetivo de la huelga general "es hacer daño a España". Constituye un acto premeditado cuya lógica consiste en "no aceptar la mayoría absoluta del Partido Popular obtenida en las elecciones", razón más que suficiente para legitimar su decreto ley. Bajo estos principios, manifestar su rechazo a la convocatoria de huelga general es, para el presidente de gobierno, un acto de responsabilidad afincado en la defensa de los valores patrios, en la integridad de España y en una buena imagen proyectada durante sus dos mandatos. Por el contrario, apoyar su convocatoria en la víspera de la cumbre europea a celebrar en Sevilla, un acto irresponsable y antiespañol.
La descalificación a ejercer el derecho de huelga cuando los trabajadores lo consideren oportuno y nadie duda que esta oportunidad lo sea, va tomando la forma de ser un acto cuasiterrorista. El gobierno del Partido Popular se obstina en presentar la huelga como una acción inadmisible de los sindicatos en momentos decisivos para España. Desde el Ministerio de Trabajo se habla de deslealtad patriótica. Mas aún, las descalificaciones se orientan a transformar la huelga en una convocatoria que, según el gobierno, oculta fines políticos predeterminados que por el momento no quiere develar. Habla de conspiración sindical contra el gobierno y el Partido Popular. Por consiguiente, presenta la huelga general como un intento de manipulación de los trabajadores por los sindicatos y señala que en el fondo sus dirigentes están de acuerdo. Busca crear confusión y tilda de oportunistas a los partidos políticos que apoyan o muestran comprensión a las demandas sindicales. Pero igualmente les otorga el placé de ser los instigadores materiales de la misma. Según Aznar es una trama diseñada contra el gobierno por sus grandes éxitos. Envidia de unos frustrados. La dualidad está creada. España contra sus enemigos. Los huelguistas son antiespañoles. Hacer huelga va contra España. Con estas formas discursivas el diálogo se vuelve imposible. La descalificación es absoluta. El mensaje es claro: conmigo o sin ti.
En contraposición, pocos son quienes se asoman a este llamado de huelga general considerando que no es un acto de presión, sino el último recurso de los trabajadores para poder modificar un real decreto ley que no ha querido ser discutido y negociado con los representantes sindicales, y cuyo objetivo es recortar las prestaciones sociales por desempleo. La mayoría olvida que quienes van a secundar la convocatoria verán menguadas sus nóminas de junio próximo. Se les descontará una parte proporcional de las vacaciones, de los pagos extras y otros beneficios acordados por convenio. En sueldos exiguos como son los de la mayoría de los trabajadores españoles, dichos descuentos representan una parte proporcional importante de sus ingresos mensuales. Sin embargo, asumen su costo solidariamente.
El gobierno y el Partido Popular pretenden desconocer la nobleza que supone emprender una huelga general donde las posibilidades de diálogo son exiguas y las de negociación casi inexistentes si se lleva a cabo el procedimiento diseñado por el gobierno para su debate en el Parlamento antes del día 20 de junio. Cuando la huelga general se presenta como un atentado contra España afloran las esencias políticas involucionistas y reaccionarias del gobierno del Partido Popular y su caudillo Aznar. Su táctica del insulto, el desprecio y su aversión al diálogo y la negociación muestran su desprecio a las formas democráticas de entendimiento. Cualquier reivindicación de los trabajadores en España puede caer en la actualidad bajo el epíteto de ser una reivindicación bolchevique o filocomunista. Poco se puede esperar de empresarios y gobernantes que legitiman la reforma sobre prestaciones por desempleo al considerar que una parte importante de los ciudadanos españoles en paro entran en la categoría de vagos y malos trabajadores. Debemos recordar que la mejor época del liberalismo coincidió con el desarrollo de la esclavitud. Tal vez estemos retornando al pasado. Como en tiempos de Franco: ¡¡¡Arriba España!!! Viva su caudillo Aznar.