La vieja Europa

Daniel Wagman
Periódico CNT

En los últimos meses han venido apareciendo diversas noticias en los medios de comunicación relativas al incremento de la delincuencia en el año 2001, y en casi todas ellas se relaciona este aumento con la inmigración.

"El ministerio de Interior atribuye a la inmigración el aumento de la criminalidad en más de 9.8%», decía un titular de El País, 3 de Enero, 2002. «El director de la Policía achaca a la inmigración irregular la subida de la delincuencia en un 10.52%», decía otro en El Pais, 11 de Febrero, 2001.

En estos artículos se puede leer que «según fuentes consultadas, ese efecto ha provocado la llegada masiva de inmigrantes "sin ganas de trabajar, únicamente con animo de delinquir"», o que «la policía afirma que el 50% de los delitos conocidos fueron cometidos por extranjeros», que «la media española de homicidios es 2,61 por cada 100.000 habitantes, la mas alta de la Unión Europea» o que «Zapatero sostiene que "Las cuotas de inseguridad en España han subido hasta niveles nunca registrados"».

Las dos cuestiones que aquí se relacionan, delito e inmigración, son ambas motivo de una gran preocupación social y un tratamiento alarmista, simplista o superficial de las mismas puede tener efectos muy negativos para el conjunto de la sociedad. Pero en el caso del tratamiento que se ha dado a estas cuestiones en los últimos meses sucede además algo mucho más grave: los datos y conclusiones presentados son en gran medida complemente erróneos, cuando no falsos.

La intención de este texto es apuntar a algunos de los errores y equivocaciones existentes en la presentación de aquellos datos en los que se establece una relación entre la delincuencia y la inmigración, además de presentar algunos criterios alternativos para el análisis de estos fenómenos.

Empecemos por plantearnos tres preguntas:

Primero, ¿es cierto que se está produciendo un incremento alarmante de la delincuencia?

Segundo, ¿es cierto que un alto porcentaje de delitos los cometen inmigrantes?

Tercero, ¿son la "tolerancia cero" o la "impunidad cero" -más policía, mayor dureza punitiva- las respuestas más adecuados frente a una situación de incremento de la delincuencia?

1. ¿Es cierto que se está produciendo un incremento alarmante de la delincuencia?

Los artículos de prensa a los que se está haciendo referencia se publicaron casi todos a raíz de la difusión por parte del Director General de la Policía Nacional de los datos sobre la delincuencia en el año 2001. Uno de los datos más destacados es que en 2001 hubo 1.015.640 delitos "conocidos" por las fuerzas de seguridad , 90.000 más que en el año 2000, o un incremento de un 10%. Casi todo este aumento se produjo en delitos contra la propiedad, con un descenso en general en todas las otras categorías de delitos: contra las personas, contra la libertad, tráfico de drogas etc.

Lo primero que se debe tener claro es que las cifras recogidas por el Ministerio de Interior son de delitos "conocidos", es decir, delitos descubiertos por la policía o denunciados por los ciudadanos. En otras palabras, no son los delitos cometidos, sino aquellos de los que se tiene constancia. En algunos tipos de delito, como el asesinato, se conocen casi todos los cometidos, sin embargo en otras categorías sólo se conoce un pequeño porcentaje, tal es el caso de la violencia doméstica, donde la gran mayoría de las víctimas no denuncian. Otros delitos, como el tráfico de drogas, sólo se conocen cuando se detiene a alguien, ya que apenas existen denuncias de las "víctimas".

Dos cosas se desprenden de esto: en primer lugar, los datos de delitos conocidos tienen una relación más que tenue con él número de delitos reales; y en segundo lugar, la variación de un año a otro de delitos "conocidos" no tiene que estar relacionada con variaciones en el numero de delitos cometidos. Esta falta de relación se explica por varias razones.

La primera de ellas es que la percepción de las personas con respecto a la utilidad de denunciar o su voluntad de hacerlo puede variar considerablemente. Por ejemplo, las campañas en las que se anima a las mujeres a denunciar los malos tratos, junto con la formación impartida a la Policía y a la Guardia Civil con respecto a los procedimientos que se deben seguir en estos casos, pueden dar lugar a un aumento en las denuncias. De hecho, en 1997, hubo 3.500 denuncias de malos tratos en el ámbito familiar, y en 2000 esta cifra se duplica a 7.122 casos. Obviamente, no se puede concluir que se ha duplicado el numero de delitos de malos tratos, e incluso se podría pensar que el aumento de denuncias influye positivamente de cara a un descenso de estos casos.

Un factor que puede haber influido últimamente en el aumento del número de denuncias es la creciente aceptación por parte de la ciudadanía del servicio de denuncias por teléfono 902 102 112 o por Internet [www.policia.es], que lleva sólo un par de años en funcionamiento . Una vez más, una medida que facilita la denuncia puede aumentar el número de "delitos conocidos", sin que ello indique un aumento en el número de delitos.

La propia actuación de la policía es otro elemento que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar el número de delitos "conocidos". Una mayor eficacia policial al principio puede dar lugar a que se descubran más delitos y a que se realicen más detenciones, creando así la sensación de que hay más delincuencia. Una campaña organizada para una mayor represión de los delitos contra la seguridad vial o de los relacionados con el tráfico de drogas obviamente daría lugar a un mayor número de casos "conocidos" de estos delitos, pero ello tampoco implicaría que se hubieran producido más delitos de estos dos tipos.

Las actitudes y prácticas de la estructura policial a la hora de recibir las denuncias pueden dar lugar a que el número de delitos conocidos varíe considerablemente en un breve espacio de tiempo. Ya se han mencionado más arriba los nuevos mecanismos que facilitan la realización de las denuncias por Internet y telefónicamente. Pero es también posible que el repentino aumento de "delitos conocidos" en el año 2001 sea una repercusión más del "Plan 2000", iniciado a principios de 1999 por la Policía Nacional.

Este plan incluía, entre otras cosas, un sistema de bonificaciones monetarias a los agentes de policías en aquellos lugares donde se consiguiera "reducir la delincuencia", llegando a ser dichas bonificaciones de hasta 30.000 pesetas al mes. Dado que la policía sólo mide la delincuencia por el número de denuncias o de personas detenidas, este plan de "productividad" tuvo un efecto inmediato, y tremendamente nocivo: cuantos menos denuncias recogidas y detenciones realizadas, más dinero cobraban los agentes.

Por su lado, las altas esferas policiales sólo deseaban mostrar que el Plan era un éxito y apuntarse un tanto con ello, jactándose además, en palabras de la Jefatura del CNP de Extremadura de que «la criminalidad ha sido reconducida, de tal manera que se considera un éxito sin precedentes en la historia policial española y europea». Es interesante observar que los cinco delitos que la CNP se había propuesto reducir en 1999 eran: las sustracciones en vehículos, las sustracciones de vehículos, los tirones, los robos con violencia y los robos en inmuebles. Según sus datos, el CNP consiguió reducir en un año los "delitos conocidos" en un 7.33%. Pero, precisamente, éstos son básicamente los mismos delitos donde se da ese "alarmante aumento" de un 10% en el año 2001. Así, en 1998 el CNP registraba 683.000 "delitos conocidos", pero en 1999 la cifra se redujo a 670.000 y en 2000 a 624.000. En este mismo periodo, la Guardia Civil, que no participaba en este genial plan de productividad, registraba entre 1998 y 1999 13.000 "delitos conocidos" más, y 10.000 al año siguiente.

Parece, pues, razonable pensar que el "alarmante" aumento de la delincuencia en 2001 se debe en gran medida a que las aguas volvieron a su cauce en el seno del CNP. En 2001, el CNP reportaba 680.000 delitos, casi los mismos que en 1998, aunque hay que reconocer que la Guardia Civil registraba un aumento importante de 30.000 "delitos conocidos" entre el año 2000 y 2001. Sin embargo, si comparamos el total de "delitos conocidos" entre 1998 y 2001, veremos que el aumento es inferior al 5%, lo cual no es tan alarmante para un periodo de 3 años, máxime cuando se ha dado un importante aumento de la población en ese mismo periodo.

Vale la pena preguntarse si el interés del CNP en revelar este supuesto "alarmante" aumento de delito no estará motivado por el interés de conseguir importantes aumentos en sus presupuestos. De hecho, a raíz de las "alarmantes" noticias, el consejo de Ministros aprobó el 15 de febrero, abrir 6.587 nuevas plazas de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Aun así, en 2001 se registran menos delitos que en 1989 y 1990, a pesar de las afirmaciones del Señor Zapatero: 2001= 1.015.640/ 1989 = 1.030.996 & 1990 = 1.021.050) y el porcentaje de delito por persona es aún menor, ya que la población española ha aumentado, en gran parte debido a la llegada de un importante número de inmigrantes.

Otra falacia muy importante es la creencia de que el número de personas detenidas o el número de reclusos reflejan el nivel de delito de una sociedad. En el primer caso es importante recordar que alrededor de un 90% de las personas detenidas nunca son juzgadas . El número de detenciones puede aumentar tanto por una mayor eficacia policial, o, por el contrario debido a un mal funcionamiento de la misma, como el detener a gente sin pruebas o con pruebas dudosas, pero en cualquiera de los dos casos no tiene por qué indicar un aumento de la delincuencia.

También se suele citar como muestra del incremento de la delincuencia el hecho de que se ha producido un aumento en el número de reclusos en las cárceles del estado, llegando 47.000 el número de personas que cumplen hoy condena. Sin embargo, la relación entre los índices de delincuencia y el número de presos es bastante discutible, como lo indica el hecho de que hay menos "delitos conocidos" en 2001 que en 1990, cuando había sólo 33.000 presos. En primer lugar, no se pueden utilizar las cifras de presos convictos para medir el índice de delincuencia de un año determinado. Es decir, el aumento de presos convictos (no en espera de juicio) en 2001 es más bien un reflejo del número de delitos cometidos hace más tiempo. Serviría quizás para medir los índices de delincuencia de periodos más largos, siempre superiores a dos años. Por otro lado, el número de presos preventivos tampoco está en función del aumento de las detenciones, como lo viene a demostrar el hecho de que en 2001 hubo un 3% más de detenciones, y, sin embargo, el número de presos preventivos aumentó en un 10%.

Es importante reconocer que el número de personas encarceladas no guarda una relación automática con el nivel de delito, sino que es el resultado de una serie de complejos procesos de decisión en toda una diversidad de ámbitos. Entre ellos se encuentran: las decisiones sobre qué actos constituyen delito en el código penal; las condenas que se les imponen; las presiones sociales o políticas para perseguir con más recursos ciertos delitos, o vigilar más estrechamente ciertos colectivos; las políticas policiales y judiciales; la utilización o no utilización de alternativas a la cárcel; la decisión de los equipos de las instituciones penitenciarias a conceder la libertad condicional...

Por ejemplo, la nueva tendencia judicial a aumentar la cantidad de droga cuya pertenencia se considera delito a la hora de fijar condena implicará una reducción en el número de presos, sin que ello guarde relación alguna con la incidencia de la delincuencia. El código penal de 1995 cambió las condenas de muchos delitos, y lo que es aún más importante eliminó las redenciones automáticas. Los equipos de tratamiento tienen ahora mucho más poder para conceder o no la condicional, y de hecho en el caso de algunos delitos se está aumentando mucho tiempo de estancia en la cárcel en comparación con el de los presos condenados por los mismos delitos bajo en antiguo código penal, en algunos casos hasta el doble de tiempo. Obviamente, las condenas más largas implican un mayor porcentaje de población encarcelada, una vez más sin que esto tenga ninguna relación con el número de delitos cometidos.

La conclusión que se puede extraer de todo ello es que medir el nivel de delito en la sociedad y sus variaciones es algo mucho más complejo de lo que se pretende hacer creer. Como hemos podido ver, los datos ofrecidos por el Ministerio de Interior de los "delitos conocidos" tenían graves errores. Además cuando se los compara con los datos de la Fiscalía o del Consejo General del Poder judicial, su debilidad se hace aún más evidente.

En 1999, por ejemplo, la fiscalía inició 3.500.000 diligencias penales. De éstas, se archivaron 500.000 casos por no ser considerados delito, y otros 300.000 por ser únicamente faltas. 2.000.000 están sobreseídos por desconocerse al autor. Esta ultima cifra constituye el doble de todos los "delitos conocidos" por el Ministerio de Interior. Una discrepancia parecida se produce con respecto a los datos del CGPG, que en 2000 abrió alrededor de 5 millones de diligencias previas penales. Ninguno de los tres estamentos es capaz de explicar tales discrepancias.

No se pretende afirmar aquí que la reducción de la delincuencia no es un objetivo importante, sino de dejar claro que para llevar a cabo esa reducción es fundamental conocer su realidad. De los argumentos expuestos más arriba no se concluye que no haya aumentado el delito, algunos delitos habrán aumentado, otros no. Lo que sí se puede poner en duda a juzgar por los datos disponibles es que se haya producido un "alarmante incremento" de la delincuencia, o la afirmación de que "nunca hemos tenido tanto delito". Asimismo, se puede afirmar que existen importantes lagunas en los mecanismos necesarios para conocer esta problemática.

Quizás uno de los ejemplos recientes más exagerados de esta falta de rigor, que incluso tendría un aspecto cómico si no fuera un tema tan dramático, son los datos utilizados referentes a asesinatos y homicidios. Según los datos facilitados por el Ministerio de Interior en 2001 había 1.234 asesinatos y homicidios (además de 81 homicidios imprudentes). Este dato ha dado lugar a afirmaciones diversas en prensa o incluso en el informe del PSOE sobre la delincuencia de que España tiene la tasa de homicidios más alta de Europa: 2,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo una lector más cuidadoso de las estadísticas del Ministerio sobre "víctimas de delitos" puede observar que se indica que el número de personas muertas por asesinato y homicidio en 2001 eran en realidad de ¡601 personas!. Indica además que había 248 víctimas de homicidio y asesinato que ¡no sufrían lesiones! La explicación es sencilla: los datos del Ministerio juntan tentativas y consumaciones en estas cifras. La cifra real de muertos es sólo de 8 más que en el año 2000 y muy parecida a las cifras de los años 1992 al 1995. A la vez, da una tasa de homicidio de 1,5 personas por cada 100.000 habitantes, una media más baja que el 1,7% del conjunto de los países de la Unión Europea.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es si es adecuado hablar del delito en su totalidad. Según los datos del Ministerio del Interior, entre 2001 y 2000 hubo un 3% menos de "delitos conocidos" contra las personas, un leve descenso entre los "delitos conocidos" contra la libertad sexual, y un 15% menos de delitos conocidos contra la seguridad vial. Si estas cifras reflejan verdaderamente una reducción en estos delitos, parece que debería ser causa de alegría y un logro que contrapesa en parte el hecho de que casi la mitad del "alarmante incremento de delito" fuese debido al aumento de los delitos denunciados de hurto y sustracción en los vehículos. Estos últimos delitos desde luego son molestos, y costosos para sus víctimas, pero en términos de gravedad comparada los descensos en muchas categorías de delito en 2001 a lo mejor es una noticia positiva igualmente importante de resaltar.

Existen otras metodologías para medir la realidad del delito. Ninguna es exacta, pero ciertas técnicas, como los estudios de victimización, donde se pregunta a una muestra de personas si han sido víctimas de delito y cómo, o los estudios de autoinculpación, donde las personas reconocen si han cometido diferentes delitos- pueden facilitar más datos para conocer la realidad de la situación. Siendo como es una cuestión tremendamente compleja, parece sorprendente el poco interés que las instituciones políticas, policiales, judiciales o mediáticas muestran por conocer mejor estas metodologías o técnicas. Apenas recurren a la ayuda de los profesores y expertos en criminología. No se dedican recursos en la investigación de nuevas metodologías, y todavía se pone menos voluntad en el desarrollo de nuevas prácticas de trabajo, de plataformas de discusión y de nuevas herramientas aplicadas a la tarea de conocer la realidad de delito, como paso fundamental para prevenirlo.

Lo que es mucho más común es la utilización irresponsable o demagógica de los datos, llegando incluso a la pura falsificación de los mismos para sus propios fines. Y esto se puede decir tanto con respecto a los cuerpos de seguridad del estado, como a la Administración, los representantes políticos, los medios de comunicación y la sociedad en general. Podría suceder que una de las mayores fuentes de inseguridad en la sociedad fuera no tanto la existencia de delito, sino la extendida alarma creada en torno a ella debido a la ignorancia o el interés.

2. ¿Es cierto que un alto porcentaje de delitos los cometen los inmigrantes?

Uno de los mitos más extendidos y arraigados en nuestra sociedad, y con consecuencias más destructivas para las personas que inmigran, es considerar a éstas responsables de un porcentaje desproporcionado de los delitos que se cometen. Los estereotipos que buscan criminalizar a las personas inmigrantes son, y han sido, una constante en todas las sociedades receptoras, y suponen un importante factor de distorsión en las percepciones y debates sobre los problemas que surgen a raíz de los distintos movimientos demográficos migratorios. Estos estereotipos nunca han tenido mucha relación con la realidad, pero sí una enorme importancia en el desarrollo de las políticas, actitudes y relaciones sociales en todas las sociedades que se han enfrentado a esta problemática.

El fenómeno de la construcción de estereotipos criminalizadores de las personas inmigrantes es un tema muy complejo para tratar en profundidad aquí. Pero sí queremos explorar uno de sus aspectos: la utilización de datos supuestamente rigurosos y científicos para demostrar esta hipotética mayor tendencia criminal entre los inmigrantes. Se trata de analizar las afirmaciones y datos antes citados y, al mismo tiempo, dar algunas claves sobre cómo entender la relación entre el delito y las personas inmigrantes. Como iremos viendo, los datos son, en el mejor de los casos, de dudosa fiabilidad o están mal interpretados, cuando no resultan tendenciosos o manifiestamente falsos.

La consideración de que el número de personas detenidas es un buen indicador del nivel de delito que existe en la sociedad, así como afirmar que las personas detenidas son un fiel reflejo de las personas que delinquen, es más que problemática y ha supuesto uno de los factores que han permitido dar por cierta una desproporcionada participación de inmigrantes en la comisión de delitos. Para entender este fenómeno analizaremos paso a paso la afirmación ampliamente reiterada que adjudica el 50% de los delitos a los inmigrantes.

Esta afirmación se debe a un dato del Ministerio del Interior que indica que en 2001 se realizaron 232.146 detenciones por delitos y faltas. A la vez, el ministerio deja caer la cifra de 116.139 extranjeros detenidos, justo la mitad. Lo que no se aclara en ningún momento es que, de estos 116.000 detenidos, sólo 58.199 lo fueron como sospechosos de haber cometido un delito y 7.192 por faltas, mientras que el resto de los extranjeros detenidos lo fueron por estancia ilegal, lo cual no es un delito sino un problema administrativo. De repente, el porcentaje se reduce a casi la mitad: algo más de 65.000 extranjeros detenidos por delitos o faltas, es decir, el 28% del total.

Pero analicemos este 28% con más detalle. El dato, en primer lugar, se refiere al conjunto de extranjeros, no sólo a los inmigrantes, y esta diferencia es importante. Una buena parte de los extranjeros detenidos no son inmigrantes, con o sin permiso de residencia, sino personas en tránsito, bien como turistas o bien aquéllas cuyo viaje a España constituye la propia comisión del delito, como sucede casi siempre con los correos de la droga.

Descontados ambos grupos, se calcula que alrededor del 60% de los extranjeros detenidos se pueden considerar inmigrantes, es decir, que viven en España con o sin permiso. Con ello no queremos minimizar el problema de que la gente que viene de paso cometa delitos, sino puntualizar que no se puede achacar a los inmigrantes los delitos cometidos por estos miles de personas que no residen en España. Pues bien, descontados éstos, la cifra de inmigrantes detenidos por delitos y faltas sería de aproximadamente 40.000, lo que supone el 17% del total. Si se calcula que los inmigrantes, tanto con permiso como sin él, constituyen el 4 a 5% de la población, esta cifra indicaría una sobrerrepresentación entre los detenidos de tres a cuatro veces. Sin embargo, hay otros factores que explican que esta desproporción entre detenidos no refleja tal desproporción de inmigrantes en la comisión de delitos.

Por un lado, algunos delitos cometidos por inmigrantes se originan precisamente por no tener legalizada su estancia, como sucede con una gran parte de los más de 5.000 extranjeros detenidos por el delito de falsedad documental. Tampoco en este caso se trata de justificar su delito, sino de ver que el problema surge de su irregular situación administrativa.

Pero hay otro factor importante a tener en cuenta cuando se examina el porcentaje de inmigrantes entre las personas detenidas. En casi todas las sociedades el grupo de mayor actividad delictiva es el de hombres jóvenes. Y es notorio que las personas de este grupo están muy sobrerrepresentadas entre la población inmigrante en España. Es decir, si existe un nivel delictivo entre los inmigrantes más alto que la media nacional, en alguna medida se deberá no al hecho de ser inmigrantes, sino hombres jóvenes. Esto se ve claramente también en los detenidos de nacionalidad española: si comparamos el número de detenidos con la población total y luego sólo con la población activa, en el segundo caso el porcentaje se multiplica por dos veces y media. Pues bien, lo mismo sucede entre la población inmigrante, o más aún, pues ofrece un porcentaje mucho más alto de población activa. No existen datos fidedignos para medir la importancia de esta variable, pero es innegable su existencia, que modifica sustancialmente a la baja el supuesto mayor nivel delictivo entre los inmigrantes.

En un principio se podría argumentar, de la misma manera, que la sobrerrepresentación de inmigrantes en la comisión de delitos no se debe a su carácter de inmigrantes, sino a que son pobres. De hecho, es uno de los argumentos que se emplea para explicar el supuesto alto nivel de delincuencia entre inmigrantes, incluso entre gentes bienintencionadas. Sin embargo, éste es un terreno muy confuso, ya que no queda nada claro que haya una relación necesaria entre pobreza y delito. Obviamente, en algunos tipos de delito sí se da esta relación, ya que, por ejemplo, pocos ricos sustraen objetos de coches, pero, al mismo tiempo, los pobres no tienen muchas oportunidades para cometer delitos como el de Gescartera. Hay datos y argumentos muy sólidos que ponen en duda la creencia generalizada de que la gente pobre comete más delitos que los que pertenecen a otras clases sociales. El hecho de que los pobres estén sobrerrepresentados en las cárceles se debe a dinámicas discriminatorias, no a que cometan más delitos, un tema que trataremos a continuación.

Al llegar aquí, ya hemos reducido muchísimo la supuesta sobrerrepresentación de las personas inmigrantes entre los que cometen delitos. Pero queda por analizar otro factor de enorme importancia, y es la existencia de una amplia discrecionalidad en la actuación de las distintas instancias relacionadas con la represión de la delincuencia, que determina en buena medida quién acaba atrapado dentro del sistema penal. Esta discrecionalidad se manifiesta a muchos niveles, pero uno de los más determinantes son las estrategias, prácticas y prejuicios de la policía, que pueden hacer que ciertos colectivos estén mucho más expuestos a ser detenidos que otros. Esto es lógico: si ciertos tipos de personas están etiquetados como más proclives al delito, sufrirán más vigilancia, serán más sospechosos y tendrán más posibilidades de ser parados y registrados por la policía, lo que resultará en más posibilidades de ser detenidos que otras personas. Pero también sucederá que las detenciones se basarán en pruebas más dudosas.

Este fenómeno de discriminación se manifiesta igualmente en los distintos estamentos de la administración de Justicia. Así, a la hora de que los fiscales decidan o no encausar a alguien, o al determinar qué cargos le imputan. Pero también en el distinto rasero que emplean los jueces en relación con la presunción de inocencia, en la concesión de la libertad provisional, al emitir sentencias de culpabilidad, al fijar la condena o a la hora de considerar alternativas punitivas a la cárcel. Asimismo se extiende al personal de instituciones penitenciarias en cuanto a la concesión de permisos, del tercer grado o de la libertad condicional. Y estas prácticas discriminatorias se ven favorecidas por el hecho de que, muy a menudo, la capacidad de defensa de los inmigrantes y otros extranjeros está mermada, bien por mayor desconocimiento de sus derechos, o bien por un menor acceso a una defensa de calidad. La existencia de estos procesos de discrecionalidad hace que los datos sobre quiénes están encarcelados, como sobre quiénes son detenidos, sean muy pocos fiables a la hora de concluir que reflejan realmente quiénes cometen delitos en nuestra sociedad.

Esta discriminación puede afectar a los sectores más pobres de la población, y grupos minoritarios como el de los inmigrantes, o grupos étnicos autóctonos, como los gitanos en el caso de España. Es normal. Los mismos prejuicios que existen en el conjunto de la sociedad se dan entre la policía, fiscales y jueces, incluso sería raro que no fuera así. Pero se trata de que tales prejuicios influyen en las decisiones de estos agentes, lo que se ve, además, favorecido por la gran discrecionalidad de que gozan sus actuaciones.

En todos los países donde se han llevado a cabo investigaciones comparativas del trato -policial, judicial y penitenciario- que reciben los inmigrantes y las minorías étnicas autóctonas en relación con el que se da a los miembros de la sociedad mayoritaria, se ha encontrado algún grado de trato desfavorable para los primeros, y en algunos casos muy acentuado. En España apenas se han estudiado estos fenómenos, y a priori hay un profundo convencimiento entre los agentes del sistema penal de que es imposible que se produzcan tratos discriminatorios. Sin embargo, aunque complejas, existen metodologías que permiten detectar y cuantificar dónde y a qué nivel funcionan estos mecanismos discriminatorios, pero para llevarlas a cabo se requiere dedicar los recursos necesarios y voluntad.

Lo más problemático de la propagación de la idea de que los inmigrantes cometen más delitos es que se llega a convertir en una profecía que se autocumple. Al justificarse una mayor vigilancia por la mayor sospecha que recae sobre ellos, aumentan sus niveles de detención y encarcelamiento, lo que, a su vez, se presenta como una nueva prueba de su mayor nivel de criminalidad, que justifica, de nuevo, una mayor vigilancia. El círculo perfecto.

Aunque no se dispone de datos que permitan determinar la importancia de la discriminación y las diferencias en la realidad demográfica para explicar la sobrerrepresentación de los inmigrantes entre los detenidos, se puede suponer significativa. En este sentido, si se aplicaran estos factores correctores, sería mas que imprudente afirmar que los inmigrantes cometen proporcionalmente más delitos que los ciudadanos españoles.

Pero aun suponiendo que se den más delitos entre los inmigrantes que entre los españoles, es fundamental reconocer varias cosas. En primer lugar, que tal variación será ligera si se tienen en cuenta los factores antes citados. Segundo, que una abrumadora mayoría de inmigrantes mantiene los mismos comportamientos en relación con el respeto a la ley, a los derechos de los demás y a la convivencia que el resto de la población. En tercer lugar, no tiene sentido hablar, en este contexto, de los inmigrantes como si fueran un colectivo único con un rasgo común que se manifiesta en una diferente manera de relacionarse con las normas, las leyes y el delito. "Los inmigrantes" representan una tremenda heterogeneidad de culturas, de procedencia, de motivaciones y oportunidades para emigrar, de rasgos demográficos, de tiempo de residencia y de situaciones legales, y carece de todo sentido hacer generalizaciones sobre sus comportamientos como grupo en relación con la ley.

Por ultimo, si existiera más actividad delictiva entre los inmigrantes, habría que preguntarse si ésta se debe a rasgos propios de sus culturas, menos respetuosas con los derechos de los demás, o en realidad la causa más importante estaría en el hecho de que ellos mismos ven atropellados sus derechos y su dignidad.

Cabe preguntarse qué pasa con las personas que no pueden regularizar su situación, que viven en la ilegalidad por no tener o no poder conseguir los permisos necesarios, que son víctimas de relaciones laborales ilegales y de un sinfín de prácticas discriminatorias y prejuicios, como denegarles el acceso a una vivienda, la entrada en un local o ser acosadas sistemáticamente por la policía. Y, por si esto fuera poco, son presentados en los medios de comunicación, y vistos por la mitología social, como gentes peligrosas y conflictivas.

Es lógico pensar que entre las personas que se enfrentan a estas realidades, la confianza en la legitimidad de la justicia, en el mutuo respeto como base de la convivencia y el deseo de cumplir con las leyes son puestos a pruebas mucho más duras que las que cualquier otro ciudadano tiene que afrontar.

Quizás uno de los retos más importantes que se debe plantear este país en el futuro inmediato es cómo asegurar que el aumento de la población inmigrante no llegue ser una fuente de tensiones o conflicto. Un objetivo que dependerá no tanto de cómo actúen estos nuevos convecinos, sino de las actitudes y acciones de la sociedad española y sus instituciones. Los cambios demográficos que implica la inmigración pueden ser una fuente de enriquecimiento para todos o una fuente de problemas y conflictos, depende de nosotros.

Por eso, la percepción que existe y se comunica sobre los inmigrantes es de enorme trascendencia, aunque, desgraciadamente, noticias como las reseñadas al principio de este texto son los peores ejemplos de cómo tratar el complejo tema de la participación de inmigrantes en la delincuencia. Esta manera tremendamente irresponsable de abordarlo, lejos de buscar una solución, sólo puede favorecer futuros y muy graves conflictos.

Ahora bien, este fenómeno no es nuevo, históricamente los movimientos inmigratorios, al igual que las minorías étnicas, han sido víctimas del mismo estereotipo de criminal, que ha competido con otros, como considerarlos fuente de problemas de higiene, salud y contagio, cuando no de contaminación cultural.

La creciente tendencia de relacionar la inmigración con la criminalidad es una de las más peligrosas y destructivas que enfrentamos. Por eso es de suma gravedad e irresponsabilidad que los representantes políticos y los medios de comunicación contribuyan a fomentar aún más estos estereotipos. Aunque la explicación parece clara: se trata de que vengan inmigrantes que trabajen barato y duro, pero hay que tenerlos achantados y temerosos. Y para que no se les vea como víctimas de la explotación, los prejuicios y la discriminación, y como buenas vecinos y compañeros, qué mejor que crear la percepción social de que son conflictivos, irrespetuosos y peligrosos, indignos de nuestra solidaridad.

3. ¿Son acertadas las propuestas de más policía y "tolerancia-impunidad" cero?

Independientemente de que se tengan dudas más que fundadas sobre el "alarmante incremento" de delito, es importante reconocer que existe delito en la sociedad; y cualquier iniciativa que ayude reducir la delincuencia y la inseguridad y el coste y sufrimiento que causan es positiva . Pero parece interesante examinar y poner en tela de juicio dos ideas muy arraigadas en relación con el problema de la delincuencia: la de que aumentar las fuerzas policiales es una solución útil y la de que frente al delito hay que emplear más dureza, entendida como mayor uso de la encarcelación.

En lo que concierne al numero de fuerzas policiales, actualmente en España hay más de 185.000 agentes de policía, entre Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzainza, Mossos de Escuadra, y policía municipal (unos 50.000). Esta cifra da una media de 485 agentes de policía por cada 100.000 habitantes, un porcentaje que, según datos de la ONU, solo esta superado en Europa Occidental por el Norte de Irlanda, con 520 por cada 100.000. Detrás irían Grecia, con 383, Austria con 367 y Francia con 349. Así, a primera vista, se diría que el estado español no se queda corto en fuerzas policiales. Tampoco parece que el índice de delincuencia sea aquí mál alto que en otros países del entorno, lo que haría necesario que un número más elevado de fuerzas de seguridad.

Por otro lado, son muchos los que opinan que no es importante aumentar la cantidad de fuerzas policiales, sino mejorar su preparación y su eficacia. En tercer lugar, es necesario relativizar la influencia del trabajo policial a la hora de reducir el delito. Obviamente, su labor es importante, pero mucho más importantes son ciertos factores políticos, sociales, culturales y económicos como variables que influyen en el aumento o la reducción del nivel de delito. Tampoco parece muy acertada la idea de que la eficacia principal de la policía se debe a su presencia física en la calle. Igual o más importante que su cantidad o el tiempo que pasen patrullando las calles es su labor en la investigación de las denuncias, su contacto y confianza con la comunidad, su forma de tratar a los ciudadanos, incluyendo a las personas sospechosas de delito. Incluso la exigencia que sea la policía la principal responsable en tarea de reducir la delincuencia es un grave error, un error que incluso debilita la posible eficacia de su trabajo.

En lo que sí coinciden casi todas las opiniones es en la necesidad de agilizar los procesos judiciales, lo que no deja de ser algo de puro sentido común y deseable desde la ética y la justicia. La rapidez es importante no sólo para ayudar a paliar la angustia de las víctimas, sino también para reducir el abuso de la prisión preventiva en el caso de personas todavía "inocentes". Hay personas que pasan hasta 4 años en la cárcel sin haber sido juzgadas, lo cual es imperdonable en un estado de derecho. Esta agilización es un objetivo fácil de conseguir, sólo requiere voluntad y medios, y cuesta trabajo entender que aún no se hayan conseguido mejoras en este terreno, cuando hace ya bastantes años que se tiene conciencia del problema.

La segunda idea, la de que frente el delito hay que hacer mayor uso de la cárcel, requiere un amplio debate social. No es éste el lugar para profundizar en este debate, pero sí se puede señalar que es necesario relativizar el papel de la cárcel como factor de disuasión frente el delito y todavía más como lugar de reinserción. Tampoco es la única manera, ni necesariamente la mejor manera de defender y ayudar las víctimas del delito a hacer frente a lo que les ha ocurrido. Hay indicios de que una aplicación excesiva de la cárcel puede llegar incluso a aumentar la actividad delictiva, básicamente porque para muchísimas personas la cárcel no representa una experiencia de rehabilitación y de reinserción, sino que constituye una experiencia profundamente destructiva, que sólo les conduce a desarrollar unas actitudes fuertemente antisociales y a aprender nuevas formas de delinquir.

Una muestra de esta realidad es el hecho de que alrededor del 20% de los presos adictos se enganchó a la droga en la cárcel, lo cual será para muchos de ellos un factor importante cuando vuelvan a delinquir una vez en libertad. Ya va siendo hora de empezar a preguntarse si los 5 millones de pesetas por presos y lo que cuesta actualmente el sistema penitenciario no podrían estar mucho mejor invertidos en programas encaminados a la reducción de delito. Es importante abrir espacios de debate y de investigación y desarrollar maneras nuevas de hacer frente al delito y de plantearse su prevención, el tratamiento de los infractores y el trabajo con las víctimas.

Otro debate fundamental para atajar el problema de la delincuencia es el relacionado con el tráfico y consumo de drogas. Docenas de miles de personas detenidos todos los años, 15.000 presos, una tercera parte del total, están condenados por trafico (y la gran mayoría son de las escalas mas bajas de la cadena de ventas), un porcentaje importantísimo de los delitos contra la propiedad son cometidos por adictos, estos son los resultados de muchos años de "guerra contra la droga", una guerra que por otro lado no ha mostrado ninguna eficacia a la hora reducir el abuso de los estupefacientes. ¿No sería importante plantear una ruptura radical con esta fracasada prioridad represiva, con enormes costes sociales y económicos? Un factor importante en la reducción del delito desde sus altos niveles de comienzos de 1990 es que a partir de entonces bajó notablemente el precio de las drogas al tiempo que mejoraba su calidad, lo cual dio lugar a que muchos adictos dejaran de robar para mantener su hábito/enfermedad.

Así pues, una propuesta muy sencilla frente al delito sería dejar de dedicar tanto esfuerzo policial y penal al delito de trafico de estupefacientes, lo cual no sólo permitiría a la policía dedicar más tiempo a otros tipos de delito, sino que también haría que bajara aún más el precio de la droga y, por consiguiente, que hubiera menos delitos contra la propiedad, y permitiría que muchos adictos llevaran una vida un poco mas digna. El dinero ahorrado (se calcula que la represión del tráfico de droga cuesta unos 500.000 millones de pesetas al año) se podría dedicar a programas de prevención y tratamiento de las toxicomanías, mejores y más extensos de los que hay en la actualidad. Y no se ha demostrado que exista una relación de causa - efecto entre el descenso de los precios de la droga y el aumento en el abuso de las mismas: la lucha contra el abuso entra en el terreno de la educación.

Desde luego, la utilización de frases demagógicas, como las de "tolerancia cero" o "impunidad cero", no es la mejor ayuda si se quiere plantear un debate y analizar cuáles son los problemas reales de la delincuencia en nuestra sociedad y proponer nuevas y valerosas formas de hacerle frente.

El debate en torno al problema de la delincuencia que ha tenido lugar últimamente en los diferentes medios de comunicación ha sido un lamentable espectáculo. Primero, aparecieron filtraciones de datos parciales por parte de los mandos de la policía. La prensa recogió estos datos sin cuestionarlos mínimamente y sin investigar su veracidad o sus implicaciones, en algunos casos por desidia, en otros porque los datos sensacionalistas sobre el aumento de la delincuencia venden bien, y aún en otros como arma arrojadiza contra el gobierno, tomando el incremento de la delincuencia como una muestra de su gran fracaso. A otros medios les interesa hacer hincapié en las hipotéticas relaciones entre los índices de delito y la inmigración como una forma de favorecer unas políticas más duras en su contra.

La oposición se lanza a la palestra con declaraciones aún más alarmistas sobre la inseguridad, acusando al gobierno de ser blando con los criminales y presentando unas propuestas de "impunidad cero" carentes de todo contenido. El Ministro de Interior toma entonces cartas en el asunto y a modo de respuesta amplía y supera los datos falsos con un discurso más que ambiguo, en el que viene a decir que no hay tanta delincuencia, pero la que hay es culpa de los inmigrantes. Pero, por si acaso, se aprueba de repente la creación de 6500 puestos más de agentes de policía.

Todos contentos y la casa sin barrer, ya que al final probablemente lo único que se ha conseguido es aumentar la xenofobia y la paranoia, la desconfianza, la aprensión y la inseguridad para todos, nativos e inmigrantes. Eso sí que tiene delito.