La vieja Europa

Vicente Romano
Rebelión
Como todo el mundo puede apreciar, la introducción de las televisiones privadas no se ha traducido en una mejora de la calidad de la programación, sino más bien al contrario. La radiodifusión pública, esto es, el conjunto de radios y televisiones públicas (municipales, autonómicas y estatales), se ha degradado progresivamente en su afán por competir con las privadas sobre la base de la comercialización y la conquista de la audiencia, o sea de los reclamos comerciales. Muchas de las críticas que se le hacen a la radiodifusión pública están, pues, justificadas. Sin embargo, no hay por qué abandonar toda esperanza.
La introducción de la TV privada se ha hecho antes de que se le haya permitido a la pública desarrollar sus capacidades y explotar sus posibilidades. La privatización equivale a una expropiación del ciudadano, por suponer una limitación o mutilación del sistema público. Restringir el sistema público significa reducir los procesos de aprendizaje en la sociedad democrática. Como sistema de comunicación abierto, la democracia se convierte así en un círculo cerrado de opiniones. La opinión pública pasa a ser la opinión publicada de los pocos que tienen el poder para publicar, es decir, el acceso a y la propiedad de los medios.
En vez de imitar o reproducir los peores rasgos de la privada, la radiodifusión pública debiera acentuar, por el contrario, sus diferencias y cualidades específicas. Los comprobados inconvenientes de la comercialización constituyen un fuerte argumento en favor de la RTV pública, incluidos los "nuevos medios". Si lo que se pretende es el pluralismo democrático para solucionar los conflictos sociales, hay que impedir que los intereses comerciales unilaterales se apoderen de los medios "viejos" a través de los "nuevos". De lo que se trata fundamentalmente es de defender y proteger la libertad de la RTV pública y su carácter esencial de servicio público frente a los intereses particulares, independizarla de las coacciones y servidumbres comerciales, gubernamentales y partidarias.
Mientras el objetivo de la RTV privada es el máximo beneficio, el de la pública debe ser conseguir la mejor programación posible. En términos generales, la finalidad principal de la comunicación es mejorar la calidad de la vida y la formación de opinión, voluntad y sentimientos democráticos. De ahí que el principio rector deba ser el de la rentabilidad social y no el del beneficio privado, como en la sanidad pública, por ejemplo.
De lo que se trata, por tanto, es de mejorar la RTV pública, de desarrollar sus potencialidades como servicio público, es decir, como cosa pública, del pueblo. Se cumple esta tarea cuando hay una oferta de información que va desde la noticia local a las del mundo, cuando se ofrece esparcimiento, cultura, educación y formación continuada para los grupos más diversos; cuando se toma en cuenta la diversidad de las regiones, de los grupos sociales, de las opiniones políticas, etc.; cuando los programas se suministran de modo impecable desde el punto de vista técnico y de producción.
La radiodifusión pública debiera avanzar más allá del ofrecimiento de los rituales sociales y presentar las motivaciones y experiencias de sus participantes, comunicar también las de quienes no participan y preguntarles por qué no comparten las opiniones socialmente corrientes. Sólo cuando se escucha y se muestra la otra parte nos acercamos a la objetividad (y realidad) postulada en los programas. La verdad implica numerosos matices.
El pluralismo debe reflejarse también en su organización, con representantes de los grupos y gremios socialmente relevantes. La democratización de la RTV pública (y también de la privada) implica necesariamente su democratización interna. En este sentido no sólo hay que preguntarse por las oportunidades que tiene el ciudadano de satisfacer sus necesidades de información y esparcimiento y de articular su opinión en el proceso democrático. También hay que preguntarse por el papel que desempeñan los trabajadores de las empresas en el desarrollo de las mismas y en su programación. Para eso hay que mejorar y ampliar el derecho de cogestión de la redacción de los programas y reforzar la información crítica de temas del mundo laboral. Los intereses de los trabajadores deben reflejarse también en los programas de entretenimiento para competir con las series extranjeras de violencia y corrupción.
El punto de partida para el desarrollo de la comunicación pública no deberían ser los intereses comerciales de unos grupos cada vez más minoritarios que ya monopolizan otros medios de comunicación como la prensa o el libro, sino el acceso libre de todos a una información amplia y plural. Política de medios es sinónimo de lucha por el acceso a los medios.
Entendidos como servicio público, los medios, especialmente la RTV, tienen cometidos claros que aún no han desarrollado:
* Dirigirse a toda la masa de usuarios con todas sus posibles diversificaciones.
* Demostrar que es posible realizar un servicio público con éxito, de manera que los medios privados se vean obligados a imitarlos.
*La responsabilidad social de promover la creatividad.
*Hablar a las minorías y hacer reflexionar a la mayoría sobre ellas.
* En este sentido le incumbe al Estado y a las administraciones públicas salvaguardar las culturas nacionales.
Como servicio público, la RTV pública tiene la noble misión de fomentar la conciencia crítica del ciudadano. Esta labor no puede hacerla la RTV privada, interesada en vender su mercancía barata al mayor número posible de consumidores.
La RTV pública puede y debe ofrecer la igualdad de oportunidades para todos. El sistema público puede y debe asegurar que todos los grupos de la población tengan acceso a los medios, es decir, que sus contenidos sean democráticos, plurales y críticos. Por otro lado, el control público reduce el peligro de abusos y permite a las emisoras la mayor libertad posible.
Está demostrado que 3-4 canales bien utilizados ofrecen suficientes posibilidades de pluralidad, diversidad y equilibrio. Lo que importa no es el número de botones sino la diversidad de opiniones. El aumento de canales no basta. Si todos ofrecen la misma música, los mismos espectáculos banales, la misma información protocolaria, etc., no será una RTV para todos, sino para los creadores de uniformidad y conformismo, para la compensación fácil de las angustias y frustraciones de esta "sociedad libre de mercado" y para el adoctrinamiento autocrático y totalitario.
La RTV pública puede y debe poner el acento en la calidad de los programas y ofrecer alternativas a la programación actual, donde hay:
*más protocolo que reportaje en la información;
*más espectáculo ostentativo que humor en el entretenimiento;
*más banalidad que originalidad en la música y en la cultura.
Por último, la RTV pública debería respetar al menos el derecho de los usuarios a recibir los programas, ya sean culturales, informativos, de esparcimiento, etc, en su integridad, esto es, sin las constantes interrupciones de los reclamos comerciales que impiden su comprensión y disfrute.
Para mejorar la RTV pública habría que abandonar precisamente los criterios comerciales, la lógica financiera, y buscar la rentabilidad social, o sea, contribuir a aumentar la calidad de vida, a perfeccionar la organización social. Para eso habría que diversificar más la programación y descentralizar la producción (o, en su caso, crearla), frente a la distribución masiva de series extranjeras de violencia. Exponer y expresar más conflictos, multiplicar la discusión primaria, el intercambio cara a cara.
Tendrían que trabajar más en el sitio. Las redacciones deberían expresar las cuestiones básicas, es decir, las que plantea la propia gente, y no las que impone la industria de los sondeos, la demoscopia.
Las insuficiencias organizativas repercuten en la calidad de los programas. Es imaginable que una nueva calidad en la programación, unida a las nuevas técnicas, fuerce una mejora de la organización. Así ocurre, por ejemplo, cuando el programa expresa lo que dice el pueblo y no sólo lo que cuentan sus representantes. La orientación por la cuota de audiencia impone límites y elude la realidad.
La vieja RTV era un medio de representación, la nueva debe orientarse como servicio para todos. Esta reorientación tendría que reflejarse en la organización. La presión de fuera proviene de las luchas por el poder de los grupos minoritarios. La radiodifusión no parece todavía estar preparada para la cooperación entre comunicadores y receptores. La cooperación entre ambos puede contrarrestar la presión externa, nacida de los pequeños grupos que pugnan entre sí por el poder de la información en España.
Por último, la programación democrática no debería reproducir lo que ya tiene validez. No debiera distribuir los desechos de otros, sino buscarse su material en el compromiso empírico de la comunicación primaria: producir, en vez de reproducir. Indagar lo que los sujetos esperan de la vida, en vez de confirmar las representaciones generales. Descubrir causas, en vez de reiterar justificaciones. Investigar las ventajas de la paz, en vez de aceptar las desventajas de la guerra.
El discurso ideológico fatalista sobre la RTV pública acompaña al proceso de reestructuración del capital en el sector de la comunicación, un sector, por lo demás, estratégico. Conviene tener presente que se trata de un sector decisivo para la soberanía nacional y el dominio democrático del futuro. Son muchos y muy diversos los intereses que están en juego: económicos e industriales, políticos y estratégicos, humanos y culturales.
La privatización en beneficio del capital financiero no es la única solución para dominar las nuevas tecnologías de la comunicación. Hay que crear, por el contrario, un nuevo espacio público, que permita el debate democrático sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías. Este debate público y democrático debe apoyarse, por un lado, en el fortalecimiento del servicio público, guiado por su renovación, esto es, por la invención de nuevas formas, y, por otro, en la extensión de los principios de servicio público al conjunto de la comunicación social.
La renovación del servicio público podría efectuarse con arreglo a los criterios siguientes:
a) Al ser público, cosa pública, del pueblo, implica que los trabajadores de los medios y los usuarios deben participar en su gestión. Esta gestión no tiene por qué seguir los criterios de rentabilidad financiera que imperan en la empresa y gestión privadas.
b) La cooperación con el servicio privado, ya sea local, nacional o multinacional, debería regirse por los principios y normas de servicio público, es decir, de interés general. Estos principios pueden apoyarse en el Artículo 20 de nuestra Constitución, en el desarrollo de este artículo y del Estatuto de RTVE. Pero sobre todo en el pluralismo: de opiniones, social, cultural, regional, de formas, de significados, de creación, etc., en suma, pluralismo concebido como ausencia de estética oficial.
Hay que reivindicar la ampliación del espacio público de la comunicación, y no su limitación. El espacio público deber ser del público, o mejor dicho, de los públicos, el lugar de encuentro del pluralismo de opiniones y formas, única manera de hacer que la comunicación sea transparente.
Los medios de comunicación, en general, y los públicos, en particular, desempeñan un papel constituyente en la democracia. Conocer y publicar, hablar de la utilidad del conocimiento, significa preguntar por la utilidad de los medios públicos de comunicación, Y la cuestión de la utilidad del conocimiento lleva necesariamente a la objetividad de la información y a la de su democratización. De ahí la necesidad de defender una RTV pública.