De inmigrantes a ciudadanos
Antonio Gómez Movellán
Viento Sur nº 56

En quince años el fenómeno de la inmigración en el Estado español ha pasado de ser casi inexistente o invisible a tener un gran impacto social. Antes de la ley de 1985 -primera ley sobre inmigración - no existía una legislación o regulación que abordara la inmigración, por el contrario existía -y todavía existe- una estructura administrativa consolidada para regular los aspectos relativos a la emigración española y a su retorno. Este tránsito de una sociedad generadora de emigración a una sociedad receptora de población inmigrante ha sido lento y ha tenido que ver con el desarrollo económico interno, el crecimiento de nuestro producto interior y a algunos aspectos que tienen que ver con la "modernización" de nuestra sociedad (incorporación de la mujer al mercado laboral, despoblación espectacular de las zonas rurales, control demográfico etc). De todas formas, en los finales años 70 ya comienza a observarse cierta inmigración que procedía de países del cono sur latinoamericano (argentinos, chilenos, uruguayos). Esa primera inmigración respondía, en ocasiones, a motivaciones políticas (caso de la inmigración del Cono Sur) y generalmente era una población que solía tener lazos familiares en España, además era una población cualificada profesionalmente. Fue una inmigración que se integró plenamente en la sociedad, aunque surgieron entonces ya los primeros brotes de xenofobia (acuérdese del termino que se acuño entonces de "sudacas") y las primeras trabas administrativas que poco a poco fueron resolviéndose. Por lo demás el número de inmigrantes era insignificante ya que en esa época los extranjeros extracomunitarios no alcanzaban las 70.000 personas.

La nueva inmigración

A partir de mediados de los ochenta comienza a instalarse en España una inmigración que tiene poco que ver con aquella de los años setenta. Algunos rasgos básicos interesa señalar:

-Es una inmigración más numerosa, con un crecimiento constante. Hemos pasado de 70.000 inmigrantes en 1985 a 550.000 residentes extracomunitarios en el 2001-sin contar la inmigración clandestina-
- Es una inmigración con una procedencia geográfica muy diversificada: se consolida la población marroquí (sobre todo rifeña), cierta presencia de población subsahariana e incremento espectacular de la población procedente de Latinoamérica, pero no de los países del Cono Sur sino de los países mas empobrecidos -Ecuador, República Dominicana, Perú- o con fuertes problemas políticos y de violencia internos-Colombia-.
-La inserción española en el proceso de construcción europea y en alianzas militares ha generado también un crecimiento de la población inmigrante del ámbito europeo( población polaca y Rumana) o el acogimiento temporal de población que huye de conflictos bélicos en gran medida provocados por las alianzas militares en las que España esta envuelta-(Bosnios, kosovares...).
-Es una inmigración que aporta una diversificación étnica y cultural a la sociedad española. La existencia de nuevas razas, lenguas y nuevas religiones -sobre todo la religión musulmana- tiene un impacto social que no se puede desconocer y que actúan objetivamente como elementos enriquecedores de nuestra sociedad pero que suelen servir de pretexto para fomentar la xenofobia.
-Un rasgo esencial de la nueva inmigración es que es netamente laboral, económica y que suele insertarse en los sectores de la producción donde la mano de obra es mal pagada y sobreexplotada, es decir en ocupaciones consideradas como no especializadas del mercado laboral y vinculado a la economía sumergida o clandestina.

Todos estos rasgos hacen que la inmigración en España tenga un gran impacto social; en primer lugar un impacto público y político: la inmigración ya está en el centro de la discusión pública y de la política y este asunto figura por primera vez, en las prioridades de los partidos políticos, de los sindicatos, de las autoridades gubernamentales y en general de todo el entramado institucional. Igualmente está teniendo un impacto muy importante en los medios de comunicación donde el fenómeno de la inmigración, independientemente del tratamiento informativo que pueda recibir, forma parte de las primeras paginas y de los titulares. Tiene un impacto en la convivencia cotidiana ya que pese al segregacionismo existente, el contacto con inmigrantes, por parte de la población española, comienza a ser cotidiano: como compañeros de trabajo en determinados ámbitos laborales, como vecinos en determinados barrios y distritos de las ciudades, como empleados y cuidadores de miembros de nuestras familias-servicio domestico, cuidadores de ancianos o niños, etc-, contacto cotidiano como padres y madres en el ámbito de la educación escolar, etc...
Pero quizás el rasgo más característico sobre el fenómeno migratorio, lo constituye el hecho que esta nueva inmigración esta segregada en función estricta de los espacios productivos y como corolario de esta segregación comienza a existir un segregacionismo espacial: en determinadas áreas y distritos de las ciudades, en determinados colegios, etc. y es esta segregación tan profunda la que está en el origen de la xenofobia y el racismo; y no nos referimos a un racismo y una xenofobia "Skin" o "neonazi"-que también- sino a una xenofobia aún más peligrosa y más poderosa: la institucional y la que se da en la sociedad. El segregacionismo de la población inmigrante significa su separación de la población y su reclusión en espacios "propios"; sin duda la integración plena de los inmigrantes en la sociedad es un asunto complejo que tiene que ver con la lucha contra la discriminación en el derecho y en las leyes pero también en el mercado laboral, en el acceso a los servicios universalizados, a la educación y a la formación en igualdad de condiciones, etc.; es un asunto complejo que tiene su origen en una desigualdad radical de origen del inmigrante. Piensese que en aquellos Estados donde existe una amplia experiencia histórica en la recepción de población inmigrante la integración plena no se ha producido y han tenido que pasar varias generaciones para que los inmigrantes hayan adquirido derechos plenos de ciudadania, por no hablar de igualdad social o de "igualdad de oportunidades". Por ejemplo, en Francia-que es un Estado que tiene una concepción radical sobre la ciudadania y la igualdad- hemos visto que personas de segunda y tercera generación de origen inmigrante ,a pesar de ser ciudadanos franceses con plenos derechos, mantienen una percepción identitaria diferente a la "nación francesa"; en EE.UU.,donde la inmigración forma parte del proceso de construcción nacional , los recien llegados, es decir los hispanos, pese a adquirir la nacionalidad estadounidense-no sin dificultades- , constituyen el ultimo escalón de la "nación", después de los "afroamericanos". También podríamos poner el ejemplo de los Turcos en Alemania o los paquistaníes en el Reino Unido.

Las políticas migratorias en Europa

La explosión xenófoba del El Ejido en el año 2000, sirvió para que la sociedad reflexionara acerca del incremento del racismo en España. Algunos analistas han subrayado la paradoja que significa el auge de la xenofobia en un país que ha generado tanta emigración desde los años 50, en un país que aun mantiene cerca de dos millones de "nacionales" en el exterior y que constituyó, en su momento, un elemento central para explicar el "milagro" económico español. Sin duda que muchos de los problemas que tuvieron los emigrantes españoles de los años sesenta en centro Europa son los mismos que tienen los inmigrantes en la España de hoy: problemas de "entrada", de visados, de papeles, de reagrupación familiar y un largo etcétera. Sin embargo se están observando diferencias importantes entre el proceso inmigratorio de la de la posguerra europea y el que se da en la actualidad. En efecto, después de la segunda guerra mundial algunos países europeos requerían de mano de obra en cantidades industriales y aunque los trabajadores extranjeros no fueran bien recibidos -en verdad fueron considerados "ciudadanos de segunda clase"- ,al menos eran recibidos. Todo ello tuvo que ver con la expansión económica de ese periodo; sin embargo, desde 1974, se comienza a escuchar en los países de la Comunidad Europea la expresión "cierre de fronteras". Con la llegada de la crisis y el estancamiento económico y el crecimiento del desempleo todos los gobiernos europeos sin excepción comenzaron a reformar sus legislaciones sobre extranjeros y asilados; estas reformas -de los años setenta y ochenta tuvieron en común algunos putos en común: se reforzaron los sistemas y requisitos de entrada de extranjeros en Europa, se establecieron cupos laborales para la "regulación del flujo" de entrada de extranjeros,se reforzaron policialmente las fronteras exteriores de la Unión Europea, se establecieron regulaciones que condicionan la estancia a la obtención de un permiso de trabajo, se restringieron derechos de los extranjeros que ya estaban adquiridos, endureciéndose y limitando requisitos para el reagrupamiento familiar y para la adquisición de un status de residencia permanente, se endurecieron los requisitos para la adquisición de la nacionalidad de extranjeros, se incrementaron las medidas de expulsión expeditiva de extranjeros en situación de estancia ilegal, seestablecieron regulaciones que hacen posible una mayor arbitrariedad administrativa para la interpretación de las leyes evitando controles jurídicos, el refugio pasó a ser considerado una cuestión de "extranjería" más y no una cuestión de "derechos humanos" y en fin se estableció una especie de política común de visados tendentes a limitar el flujo de inmigrantes desde el origen.
En la actualidad las limitaciones que se ponen a los movimientos migratorios tiene, en parte, esta motivación de contracción del mercado laboral o por lo menos están justificadas de esta forma, sin embargo es evidente que desde finales de ochenta en Europa se asiste a un ciclo económico expansivo que hace que se requiera mano de obra emigrante, además de factores de demográficos que plantean y plantearán en el futuro problemas para el mantenimiento del crecimiento y desarrollo económico. Pero a pesar de este desarrollo económico y de la necesidad de contar con la población inmigrante para asegurar la estabilidad económica, las legislaciones y controles duros que se establecieron a principios de los años ochenta se han mantenido, aunque últimamente algo suavizadas. Lo que es evidente es que pese a estos rígidos controles las entradas de población inmigrante se sigue produciendo y existen indicios que indican que las corrientes migratorias se intensificarán en los próximos años debido la creciente desigualdad Norte -Sur, a los efectos de la globalización económica y a la necesidad de mano de obra en un mercado cada vez más desregulado. La globalización económica que conlleva la precarización laboral y el desmantelamiento de derecho laboral de posguerra aboga por un tipo de control de la inmigración en función estricta de las necesidades de mano de obra en algunos sectores laborales muy concretos. La inmigración se convierte junto a otros colectivos de trabajadores en una especie de colchón amortiguador, en momentos de recuperación económica, sobre las tendencia de alzas de salarios y sobre la adquisición de otros derechos sociales. La inmigración junto a otros sectores laborales precarizados se están convirtiendo en una especie de mercado de mano de obra secundaria, sobreexplotada laboralmente con bajos salarios y atemorizada: es decir un mercado de mano de obra ideal para cualquier patronal.
Otro rasgo que caracteriza la inmigración contemporánea, en los países desarrollados, es que, paradójicamente, cuanto más restrictivas son las leyes de inmigración más cantidad de irregulares o extranjeros en situación de estancia ilegal producen. De hecho nunca en la Europa contemporánea han existido tantos inmigrantes en situación de estancia irregular. Y lo mismo sucede en países de fuerte tradición de recepción de inmigración como los EEUU o Australia. Mientras que en los años 60 se consideraba la inmigración un asunto que tenia que ver sobre todo con el desarrollo económico, con la necesidad de mano de obra en la actualidad la inmigración se ha convertido en un asunto no solo social sino de "seguridad interna" de "orden público". Es decir se da a la inmigración un enfoque, un tratamiento no solo social sino, sobre todo, policial.
Parece que, en Europa, existe una tendencia a consolidar unas legislaciones y unos dispositivos de control de fronteras muy rígidos y al tiempo existe cada año más inmigrantes clandestinos..
Otro rasgo novedoso que caracterizan las políticas migratorias en la Europa de hoy es que el control de los flujos migratorios ya no los realiza un solo país sino que se ha convertido en un asunto de interés común para los Estados. La regulación de los flujos migratorios es algo que en Europa siempre ha existido. Cada Estado, de acuerdo a las necesidades de su desarrollo económico, a cuestiones de tipo geopolítico y de relación con sus antiguas colonias o debido a otras motivaciones ha regulado siempre la entrada de población extranjera y las condiciones de estancia de la misma. Piénsese, además, que la mayoría de los países sureños de la Unión Europea fueron países migratorios hasta prácticamente los años 80. Los Estados receptores de la emigración de los años 60 y setenta modelaron los flujos migratorios a su antojo. Así por ejemplo Suiza, - que no es miembro de la Unión Europea pero a estos efectos es lo mismo- prefirió trabajadores españoles e italianos a trabajadores turcos y españoles-caso de Alemania- o Argelinos -caso de Francia- o paquistaníes, africanos o caribeños- caso de Gran Bretaña-.
En la actualidad asistimos a un proceso de control de fronteras y de política de inmigración comunitarizado o de ámbito europeo. A partir de los años 80, existe una tendencia en Europa a crear un ámbito intergubernamental con relación a las políticas de inmigración y de asilo. Estas iniciativas han tenido diversos orígenes pero al final lo que ha quedado es un sistema de colaboración bastante acabado sobre estas materias. Estas iniciativas intergubernamentales -con el famoso Acuerdo de Schengen a la cabeza- tienen como objetivo controlar los flujos migratorios, restringir, de una u otra manera, las demandas de asilo y homogeneizar las legislaciones nacionales sobre una serie de criterios genéricos.
El origen de esta urgencia por controlar estrictamente los flujos migratorios tiene que ver con la entrada en vigor de la libre circulación de personas en el seno de la Unión Europea y la gradual desaparición de las funciones fronterizas. No cabe duda que la organización de un espacio interior sin fronteras requiere controles extraordinarios en las fronteras exteriores. Eso ocurre con las mercancías pero también con las personas..
En la actualidad, lo que esta en la agenda de los gobiernos de la Unión Europea son cuatro asuntos: en primer lugar, reforzar los mecanismos de colaboración intergubernamental o comunitarios para el control de flujos migratorios, en segundo lugar, reforzar los mecanismos policiales contra la inmigración clandestina, en tercer lugar, frenar las demanda de asilo en Europa y finalmente, presionar a los paises de europa central y orienta(PECOS) - para que adopten políticas muy estrictas de control de fronteras si es que quieren incorporarse a la Unión Europea.
Todos los otros asuntos relacionados con la inmigración: derechos de los inmigrantes, "ciudadanía" del residente en cada Estado nacional, adquisición de nacionalidad, reglamentación de su estancia, de su expulsión etc, son asuntos que se considera deben ser manejados al nivel de cada Gobierno, de cada Estado. Es decir la Unión Europea se preocupa, en estos asuntos, solo por el control de la inmigración pero no por los derechos de los inmigrantes o de su integración en las sociedades europeas. Los pasos que se han ido dando, desde el Acuerdo de Schengen-que es un Acuerdo intergubernamental- hasta la "incorporación" de éste en la dinamica de "comunitarización", mediante el Tratado de Amsterdam, además de las listas de paises que requieren visado para entrar en la Unión Europea, así como las distintas convenciones de Asilo, constituyen una politica presidida por el control común de fronteras, el control desde el "origen" de la inmigración y la lucha contra la inmigración clandestina representa. En este campo, como en otros, la Unión Europea sufre un serio déficit social.

La política de inmigración en España

Es en este contexto europeo en el que se debe analizar la política inmigratoria la seguida en España por diferentes gobiernos. Pese a que en 1985 las cifras de población inmigrante eran insignificantes pronto se adoptaron los patronos legislativos restrictivos que existían en los países centrales de Europa e incluso se superaron. En efecto, la primera ley de inmigración de 1985 era una de las más duras de la Unión Europea. Por no contemplar no contemplaba siquiera la residencia permanente del inmigrante -elemento básico en una ley de inmigración-, el sistema de contratación era muy farragoso y complicado y la residencia estaba estrictamente condicionada al permiso laboral. El régimen sancionador de la ley era durisimo y cualquier infracción conllevaba la expulsión. La ley era tan restrictiva que pronto provocó un número impresionante de inmigrantes clandestinos. La entrada en vigor de la ley de extranjería supuso que una gran parte de los residentes extranjeros en España se convirtieran en inmigrantes ilegales de ahí que el gobierno tuvo que establecer unos procesos de regularización extraordinarios para legalizar su residencia de acuerdo a los nuevos criterios restrictivos de la ley. La situación dramática de las muertes en el Estrecho ha estado provocada, en cierta medida, por el mantenimiento de estos patrones legislativos tan duros para la entrada y permanencia en España de los trabajadores extranjeros. A partir de los años 90 se producen una serie de reformas normativas tanto en las leyes como en sus reglamentos que tienen como justificación el hecho de que España se esta convirtiendo en un país de inmigración y que ello, en el contexto de la Europa sin fronteras, supone el control de los flujos migratorios. En los noventa se persisten en las reformas legislativas restrictivas Se comienza reformando la legislación civil sobre adquisición de nacionalidad en la cual se suprimen las reglas favorables a los emigrantes españoles o sus descendientes y se introduce la exigencia de justificación por el interesado de buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española para la adquisición de nacionalidad española. Además, en el caso de adquisición de nacionalidad, se obstaculizan los trámites administrativos de tal forma que una tramitación normal, hoy se pude demorar mas de tres años. Se procede a continuación a modificar la ley de asilo y refugio de 1984 por la ley de modificación 9/1994, esa reforma se justifica por los compromisos que el gobierno español ha ido adquiriendo en el marco Schengen o en el de la Unión europea de armonización de legislación en materia de asilo y tiene un sentido claramente restrictivo, tratando de frenar las solicitudes de asilo, por la no- admisión a trámite. Además desaparece la distinción de asilado y refugiado y lo que se pretende es lograr una gran discrecionalidad administrativa en la resolución y elevar a la categoría de derecho las "solicitudes de asilo abusivas". Además esta ley no regula los casos de los denominados refugiados de "facto" que son desplazados por cuestión de guerras.
En fin, si estas han sido las modificaciones legales más significativas habría que añadir que ellas han ido acompañadas por toda una normativa de rango menor que afecta a las condiciones de entrada, de expulsión de extranjeros, de libertades y derechos de los trabajadores extranjeros, de condiciones laborales etc. y que en general significan trabas administrativas y mayores requerimientos. En el caso español todo ello ha ido acompañado, además, por la perdida de privilegios de los nacionales iberoamericanos en la legislación de extranjeros.
A mediados de los noventa-1996- se aprueba un reglamento de la ley de extranjería que pese a reforzar todos los sistemas de entrada y de expulsión de extranjeros contenía un único elemento positivo que fue el establecimiento de un permiso de residencia permanente transcurridos seis años de residencia legal. La introducción de este elemento fue posible por las presiones de los inmigrantes y de los sindicatos y organizaciones políticas como la nuestra, además que el PSOE tenia presiones en su propio seno para introducir o corregir, por vía reglamentaria, lo que la ley no contemplaba y parecía básico: el derecho de los extranjeros a residir de forma permanente y no provisional en España.
Desde 1993 se comienzan a establecer en España, las políticas denominadas de "cupos", es decir el establecimiento anual de un cupo de permisos de trabajo para determinados sectores laborales(básicamente servicio domestico, construcción y sector agrícola).En teoría los que se pretende es controlar la inmigración desde el "origen", pero en la practica los cupos no han sido más que otra forma de "legalizar" a los inmigrantes clandestinos. Sin embargo este mecanismo de "regularización" de los clandestinos ha sido un fracaso. Por poner un ejemplo piénsese que en 1998 fue convocado un cupo de 26.000 permisos y fueron presentadas 70.000 solicitudes. La realidad es que la tan cacareada política de "control de flujos" ha sido un fracaso ya que se ha generado una bolsa de inmigración clandestina importantisima, que parcialmente ha intentando resolverse con los distintos procesos de "regularización".
En todo este tiempo el Estado y sobre todo su aparato policial, ha ido adquiriendo cierta experiencia y sus practicas no suelen estar sometidas a demasiados controles. Piénsese que en el año 1998 fueron decretados la apertura de 80.000 expedientes de expulsión, que 21.000 personas pasaron por los denominados "centros de internamiento para extranjeros" y que miles de personas fueron deportados en las mismas fronteras y aeropuertos por no hablar de las detenciones indiscriminadas que se producen en determinados distritos de las grandes áreas metropolitanas. También en este tiempo los inmigrantes han desarrollado formas de autoorganización en diferentes asociaciones y los sindicatos y diversas organizaciones no gubernamentales o las iglesias han desarrollado servicios de solidaridad y asistencia elemental.
La exigencia de un cambio de política inmigratoria
El gobierno, a mediados de los noventa, ya era consciente que no se podía mantener una política migratoria basada en la ley del 85 sino que había que crear condiciones de cierta "integración" a la población inmigrante que se instalaba en España con una vocación de permanencia y al mismo tiempo era necesario reforzar una política muy rigurosa en el control de los flujos migratorios; En 1997, el servicio de estudios del Banco Bilbao Vizcaya presentó un informe en el que concluía que el mercado laboral español requeriría de 200.000 extranjeros anualmente durante diez años para garantizar las necesidades de mano de obra y para compensar la caída demográfica; el propio presidente Aznar declaró, a principios de 1999, que España necesitaría un millón de extranjeros de aquí al 2005 para cubrir las "lagunas" del mercado laboral. La ONU publicó en ese mismo año un informe prospectivo en el que se concluía que España necesitaría de doce millones de inmigrantes hasta el año 2045. También en 1999, la patronal de la construcción y algunos sindicatos agrícolas presionaron al gobierno para traer mano de obra extranjera, presión que se ha concretó en un Acuerdo firmado entre el gobierno español y el gobierno de Marruecos para traer trabajadores marroquíes por un periodo máximo de nueve meses con el animo de crear una especie de mercado laboral de población inmigrante de "quita y pon".
Es decir, las presiones por reformar la ley de extranjería provenían no solo de los inmigrantes o de los sindicatos sino de la patronal y también de las autoridades gubernamentales.
Es en este contexto que el grupo parlamentario de Izquierda Unida, CiU y el grupo mixto presentaron, a mediados de 1998, diferentes proyectos de reforma de la ley de extranjería del 85. Finalmente, los grupos parlamentarios acuerdan retirar sus proyectos y elaborar una única proposición de ley con el objetivo de avanzar en el tramite legislativo. Ciu, junto con IU, fueron los grupos parlamentarios más activos por lo que se refiere a impulsar una reforma legislativa, sin embargo, el Gobierno, en este proceso, fue dando una gran autonomía a su grupo parlamentario preveyendo que el calendario legislativo haría decaer esta proposición de ley y quizás por ello la proposición de ley que aprobó el Congreso de Diputados en el mes de noviembre era demasiado "avanzada" para el Gobierno. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores lanzaron rápidamente una campaña para parar esta reforma ya que entendían que existían ambigüedades que contradecían un control riguroso de las fronteras y de los sistemas de expulsión de la inimigracion ilegal. Lo que el Ministerio del Interior quería garantizar era una gran libertad a la hora de actuar contra la inmigración ilegal. Este es el fondo de la critica que el gobierno tenía en relación a la proposición de ley elaborada por el Congreso de Diputados. Rápidamente el gobierno, con la inestimable ayuda de CiU, llegan un acuerdo para moderar los "avances" de la reforma y utilizan el Senado -¿alguien dice que el Senado no sirve para nada?- para enmendar de cabo a rabo la propuesta de reforma que había elaborado el Congreso
El origen del desasosiego en relación a la proposición de ley del Congreso no estaba, como se dijo, en Tampere sino en los despachos del Ministerio del Interior y de Asuntos Exteriores. La proposición de ley del Congreso era un acuerdo, como dijo nuestro diputado Pablo Castellanos, de "minimos" entre los grupos parlamentarios y en absoluto era una proposición de ley radical en materia de inmigración: existían fuertes controles para los inmigrantes irregulares y se sancionaba los contingentes o cupos. Sin embargo lo que el Ministerio de Interior no podía aceptar eran ciertas ambigüedades en cuanto al sistema de sanciones, expulsiones e incluso en relación a los Centros de internamiento para extranjeros. Además se rechazaba tajantemente el sistema de regularización permanente para los "ilegales".
En definitiva, el gobierno, bien a través de la política de visas bien a través de los sistemas de sanciones y expulsiones lo que pretendía era tener las manos libres para aplicar una política de control de los flujos migratorios muy dura en función estricta de las necesidades de mano de obra. Sin embargo, en el ultimo momento de la tramitación de la reforma pactada entre Ciu y el PP, Coalición Canaria no colabora para garantizar la mayoría absoluta necesaria requerida para aprobar la ley en el Congreso. Al parecer las exigencias de Coalición Canaria fueron tan excesivas que el PP no pudo aceptarlas. Por todos estos avatares la ley elaborada elaborada por la Comisión Constitucional del Congreso fue aprobada finalmente con los votos en contra del PP que ya anunció su intención de reformarla si ganaba las elecciones-como finalmente ha ocurrido-
Es decir, desde el mismo momento de la aprobación de la ley 4/2000 el gobierno anunció su intención de tirarla abajo en esta legislatura. Sin embargo esta ley no era tan avanzada, como se hizo hacer creer a la opinión pública; en realidad contenía muchos elementos de continuidad en todo lo que se refería al "control del flujo migratorio" pero introducía ciertos derechos sociales y cívicos a los inmigrantes clandestinos, que, además, tenían medios para protegerse ante una posible expulsión.
El PP desde que ocupó de nuevo el gobierno llevó adelante una campaña claramente xenófoba con la intención de acabar con la ley 4/200. Fue la campaña del "efecto llamada" que concluyó con la presentación por parte del gobierno de un proyecto de reforma de la ley más breve en la historia de la democracia.
La contrarreforma legislativa...
La publicación en el BOE el día 23 de diciembre del 2000 de la contrarreforma de la ley de inmigración ha sido el mensaje navideño que el Parlamento y el Gobierno lanzó a los inmigrantes. Mucha ha sido la demagogia y la propaganda gastada sobre el "efecto llamada" para que la sociedad diera por bueno un endurecimiento de la ley que pretende la inmigración y la estancia de los inmigrantes en nuestro país; la explosión xenófoba de El Ejido parecía haber caído pronto en el olvido.
El proyecto de reforma presentado por el gobierno apenas sufrió modificaciones sustanciales ya que las enmiendas "negociadas" por el gobierno con el PSOE y CiU fueron de poco calado. Todo la contrarreforma responde a una visión meramente policial de la inmigración, donde el control rígido de la entrada y de los "ilegales" se convierte, en sí mismo, en el elemento básico de la política migratoria. Subyace la pretensión de crear un mercado laboral secundario, un contingente de mano de obra de segundo orden y bajo coste salarial –con escasas posibilidades de exigir derechos, dada su inseguridad jurídica -, cuando no clandestino y más fácilmente explotable.
Esta reforma acaba de un plumazo con los avances que había supuesto la ley 4/2000 y así lo han considerado el grueso de las organizaciones de inmigrantes, de derechos humanos, las organizaciones caritativas de las iglesias y los sindicatos. Es decir, es una reforma que se hizo en contra de la opinión organizaciones sociales.
Las claves de la contrarreforma pueden enunciarse de la siguiente manera:

-Se establece un núcleo duro de política inmigratoria (visados, expulsiones y control de la estancia) claramente restrictivo y donde se pierden garantías y protección jurídica efectiva.
-Se establece una distinción radical entre inmigrantes "legales" e "ilegales", retrotayendonos a la ley del año 1985
-Se establece un sistema de reagrupación familiar en el que este derecho no queda garantizado y se introducen medidas restrictivas.
-El derecho al sufragio en las elecciones municipales no queda garantizado y el acceso a la función pública es negado
-El sistema de acceso a la residencia queda totalmente condicionado al permiso de trabajo y se eliminan, en la practica, el sistema de regularización permanente que contempla la ley vigente.
-La visión policial y de control del "ilegal" recorre la mayoría del articulado de esta ley, endureciéndose el sistema de sanciones y estableciendo mecanismos de expulsión expeditiva de extranjeros por "estancia ilegal" y reforzando las "medidas cautelares" a través de los Centros de Internamiento.
-El derecho de asilo queda tocado de gracia ya que se transfieren de una manera abusiva las funciones de "autoridad" pública a las compañías de transportes.

Para la ley recién aprobada la inmigración es un fenómeno que tiene que ver, exclusivamente, con las necesidades de mano de obra en algunos sectores del ya muy precarizado mercado laboral y en todo caso con un problema de "orden público". Esta visión de la inmigración apunta hacia una mayor segregación social de los inmigrantes en nuestro país y traerá consecuencias muy negativas para el futuro, reforzando la xenofobia y el racismo.
...y la contestación social protagonizada por los inmigrantes
La muerte en accidente de tráfico de 12 "sin papeles" ecuatorianos, en la madrugada del 3 de enero cuando iban a trabajar a una plantación de Lorca (Murcia) provocaron protestas masivas protagonizadas por los inmigrantes generalizándose "encierros" de inmigrantes en iglesias, universidades y locales asociativos, logrando un gran impacto público y generando una gran solidaridad social. Estas protestas han puesto en evidencia algunas claves esenciales para comprender lo que pasa con la inmigración en España.
En primer lugar, se ha puesto en evidencia que una gran parte de los trabajadores inmigrantes en España están "sin papeles". En efecto, el método normal por la cual un inmigrante se hace "legal" es haber estado muchos años "ilegal". El 80%, si no más, de los 500.000 inmigrantes residentes legalmente en España ha estado en alguna ocasión "ilegal". Esta situación es producto directo de una legislación muy dura con relación a la inmigración; una legislación que se niega a reconocer lo que pasa en la realidad y que no ofrece mecanismos claros que favorezcan la estancia regular.
En segundo lugar, se ha puesto en evidencia que la mano de obra inmigrante, con papeles o sin papeles, no solo es necesaria para la economía española sino que es insustituible en algunos sectores económicos y del todo imprescindible en otros. En efecto, muchos sectores económicos dependen en exclusiva de esta mano de obra, nos referimos al sector agroexportador de algunas comarcas y regiones pero también a servicios diversos como el domestico y otros en las grandes áreas metropolitanas y en general constituye un porcentaje muy significativo y creciente del peonaje de sectores como la construcción y otros servicios.
En tercer lugar, se ha puesto en evidencia que los trabajadores inmigrantes sometidos al trabajo sin papeles están sufriendo unas condiciones laborales pésimas: sin derechos y sobreexplotados; además la Administración laboral hace la vista gorda ante esta especie de neoesclavitud. Sin duda existe una sobreexplotacion que es provocada por la "ilegalidad": se ha constituido una especie de mercado de mano de obra secundario, donde los bajos salarios van unidos a condiciones laborales del siglo pasado. Esta situación tiene efectos muy negativos, además, sobre la capacidad contractual de la mano de obra "regular" no especializada lo que esta generando una xenofobia "popular".
En cuarto lugar, se ha puesto en evidencia que la contrarreforma legislativa emprendida por el gobierno y sancionada por las Cortes es un fracaso sobre los objetivos mismos que la ley prentende alcanzar: "regular racionalmente los flujos migratorios" y "frenar la inmigración ilegal". La ley, que la Cortes de Aragón consideran anticonsticuional en muchos de sus disposiciones, ha entrado con mal pie provocando un desbordamiento del aparato administrativo dedicado a la inmigración, que solo podrá resolverse regularizando a todos los sin papeles. En cuanto a su eficacia para el futuro, auguramos que generará bolsas importantes de inmigración clandestina tal y como venia sucediendo hasta ahora. Los mecanismo de contratación que esta ley establece son tan poco ágiles que ya esta siendo descalificada por distintos sectores del empresariado.
En quinto lugar, las protestas y los encierros de miles de inmigrantes por todo el territorio del Estado está demostrando que las organizaciones sindicales y algunas ONG'S "bien instaladas" no han estado a la altura de las circunstancias: tendrán que reflexionar si su papel va a seguir siendo el de meros gestores subsidiarios del Ministerio de Trabajo y del Ministerio del Interior o si van, en verdad, a abrir sus puertas a la autoorganización de los trabajadores inmigrantes apoyando decididamente sus reivindicaciones y para ello los sindicatos deberían tirar por la ventana muchos de sus planteamientos "reivindicativos" neocorporativistas , replantear su trabajo sindical en algunos sectores laborales-sobre todo en aquello sectores del mercado laboral donde existe una mayor precariedad-, además de desburocratizar sus organizaciones.
Finalmente la situación socioeconómica de los inmigrantes confronta a la sociedad española con una incógnita que se irá despejando en los próximos años: o bien se consolida una inmigración segregada social y economicamente o bien se apuesta por una sociedad en la que los inmigrantes dejen de serlo y se conviertan en ciudadanos con plenos derechos.
Madrid, 27 de febrero del 2001