La vieja Europa

Armando Tejeda

Madrid, 4 de junio. La Unión Europea (UE) está planteándose incluir entre la batería de medidas que pretende aplicar para luchar contra la migración "ilegal", una que significará un viraje radical en sus políticas fronterizas: condicionar los recursos que destina a financiar el desarrollo de países pobres -únicamente 0.33 por ciento del PIB- a que éstos apliquen un férreo control en sus fronteras para evitar que continúe la escalada migratoria a naciones europeas.
De cara a la próxima cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la UE en Sevilla, el presidente de turno de la unión y mandatario español José María Aznar realiza en estos días una gira de preparación del encuentro multilateral, en la que repite con insistencia que es momento de que "se caigan todas las máscaras de hipocresía que hay en la política europea ante el fenómeno de la inmigración", por lo que apremió a los mandatarios alemán, holandés, belga y finlandés a que apoyen las propuestas en esta materia.
Entre las medidas que pretende Aznar que se aprueben está el endurecimiento de las políticas de asilo, la creación de una policía única europea destinada a la lucha contra la migración, agilizar el proceso de expulsión y condicionar los fondos de ayuda al desarrollo al "eficiente" control fronterizo de los países pobres, sobre todo de los que proceden los flujos migratorios más numerosos del continente: los del Magreb, Africa subsahariana, los balcanes, Asia central y América Latina.
El presidente de la Comisión Europea, el italiano Romano Prodi, envió una carta al presidente en turno para manifestarle su beneplácito para que en la cumbre de Sevilla, del próximo 21 y 22 de junio, se "desarrollen vínculos entre política de cooperación con países terceros y la cooperación que éstos brindan a la UE en materia de inmigración ilegal", que el propio Aznar pretende discutir con los mandatarios.
Prodi sostiene que la ayuda que presta la UE debe utilizarse para "afrontar las raíces de los frujos migratorios desestabilizadores", entre las que cita "los confli

ctos, la pobreza y el mal gobierno".
Por su parte, Aznar dijo a los mandatarios europeos que Sevilla será el escenario de una profunda reforma a la política de inmigración y asilo, por lo que instó a que en las medidas a aprobar "se caigan todas las máscaras de hipocresía que hay en la política europea, ya que mirar hacia otro lado provoca más trastornos y perturbaciones en las sociedades".
El líder derechista reiteró que Europa quiere "una inmigración basada en flujos ordenados en la legalidad" y que como tal, la UE tiene "todo el derecho a advertir a esos países que no cumplen realmente con sus obligaciones que adoptará medidas en consecuencia".
El mandatario holandés, Wim Kok, tras escuchar las propuestas de Aznar advirtió que Europa tampoco puede convertirse "en una fortaleza", y advirtió que es necesario continuar con la política de asilo, si bien esta es una visión minoritaria en el seno de la UE.
La Cámara de Diputados italiana aprobó este martes una nueva ley de inmigración que restringe la entrada y estadía de inmigrantes, y que además comprende la toma de huellas dactilares para los ciudadanos no pertenecientes a la UE y quienes pueden convertirse en "delincuentes" de reincidir en el ingreso ilegal al país, reportaron agencias de prensa.
La medida, que se hace eco de duras leyes aprobadas previamente por británicos y daneses, fue aprobada por 270 votos de la mayoría de derecha contra 203 de la coalición opositora El Olivo y de Refundación Comunista. Un texto que se da por hecho será avalado en definitiva por el Senado, también dominado por el oficialismo.
La nueva ley Bossi-Fini (por el apellido de los líderes de la derecha que la redactaron) fue criticada por la oposición de izquierda al calificarla como un proyecto "injusto, racista, fascista, desagradable y avasallador, que sólo creará un clima de temor y odio". Los comunistas calificaron de "indigno" equiparar a los inmigrantes ilegales con criminales.
Se estima que 1.7 millones de extracomunitarios residen en forma ilegal en Italia, una comunidad que equivale a 2.2 por ciento de la población.