La deriva autoritaria del gobierno Aznar
Juan Agulló
Masiosare

En 1996 el Partido Popular del actual presidente español, José María Aznar, accedió al poder enarbolando la bandera del nuevo centro. Por aquel entonces, casi todos los países de la Unión Europea e incluso Estados Unidos estaban gobernados por el centro–izquierda. Seis años después las cosas han cambiado: la socialdemocracia ha pasado a la oposición y la moderación que solía pregonar la derecha está desapareciendo. Prueba de ello es que de los hechos se está pasando a las palabras. Hace unos días lo expresaba el propio Aznar: "Que se caigan todas las máscaras de hipocresía que hay en la política europea1"

"EL MILAGRO AZNAR HA TERMINADO", exclamó José María Fidalgo, secretario general de Comisiones Obreras2, mientras convocaba a los trabajadores españoles a una huelga general para el 20 de junio. "Aznar –razonó Fidalgo– ha dislocado las tres patas sobre las que se cimentaban el crecimiento económico y la paz social: la política, la económica y la social". Según el dirigente sindical, el actual presidente español es culpable de haber fomentado la crispación política; de haber perdido el control de la economía (la inflación y el desempleo se han disparado en los últimos meses) y de haber desdeñado la vieja tradición europea de concertación social.

La primera huelga general convocada bajo el gobierno Aznar será, pues, una movilización contra los recortes en la prestación por desempleo (que, según los sindicatos, es "uno de los pilares del Estado del Bienestar") pero, sobre todo, contra la reciente decisión gubernamental de imponer dichos recortes por decreto, es decir, menospreciando las negociaciones con la patronal y los sindicatos, y, por supuesto, ignorando la capacidad legislativa de un Parlamento que, para mayor surrealismo, desde 2000 se encuentra controlado por el Partido Popular (PP) que preside Aznar.

La criminalización de la oposición

En España hay resquemor ante la que, eufemísticamente, ha sido definida como "reforma" de las prestaciones por desempleo. La situación económica se ha deteriorado desde la entrada en vigor del euro y mientras tanto, la precariedad laboral y el desempleo, siguen siendo de los más elevados de Europa. El descontento, pues, es un hecho sobre todo entre los más jóvenes. Para muestra, un botón: en el momento en el que el paro general fue convocado por los sindicatos, el periódico El País realizó una encuesta a nivel nacional. El 56% de los que respondieron pensaba que "había motivos" para la huelga; el 60% consideraba al gobierno "responsable" de la misma y por último, el 58%, aseguraba que secundaría la movilización.

El logro de la misma, sin embargo, es algo que todavía está por verse. De hecho, hace unos días, los sindicatos policiales3 denunciaron que el Ministerio del Interior no sólo ha puesto en estado de máxima alerta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sino que, además, estaría tratando de "criminalizar" a los huelguistas. Días más tarde, algunos medios de comunicación, denunciaron que la policía estaba enviando cartas a las empresas en las que se les reclamaba información sobre "el posible seguimiento de la huelga que harán sus trabajadores". Nadie lo desmintió. La oposición ve en todo esto una sutil conminación a que la patronal dificulte el ejercicio de un derecho constitucional "so pena de represalias".

Hay más: a lo largo de las últimas semanas, en los medios de comunicación gubernamentales o afines al gobierno se está asistiendo a una sistemática y contundente ofensiva ideológica. Los argumentos más repetidos son que la "reforma" de las prestaciones por desempleo se hace para evitar el fraude4; que, por lo tanto, no hay motivos para convocar una huelga general y que "dejar de trabajar" el día antes del Consejo Europeo que se celebrará en Sevilla (para clausurar el semestre español de presidencia europea5) es una "deslealtad" que dañará "la imagen" exterior de España. Los medios también señalan que la huelga general responde a un "capricho" de los sindicatos que tiene por objeto que Aznar "no se vaya de rositas", esto es, que no deje la presidencia del ejecutivo sin haber protagonizado confrontaciones sociolaborales dignas de consideración. Débil argumento que, sin embargo, suele ser compensado con otro algo más contundente: la debilidad política del principal partido de oposición (el PSOE, socialdemócrata) habría desplazado la iniciativa opositora hacia el movimiento sindical. Aquí, algo de razón hay, pero también olvidos. Ya pocos recuerdan que cuando Aznar logró hacerse reelegir con mayoría absoluta en marzo de 2000, se marcó tres objetivos muy claros: derrotar al PSOE en las regiones históricamente controladas por éste; al nacionalismo periférico (catalán y, sobre todo, vasco) y al "poder sindical".

La ilegalización de la diferencia

La batería argumental del gobierno, sin embargo, varía según el enemigo del que se trate. En el "caso vasco", por ejemplo, lo que se piense fuera de España parece resultarle irrelevante al ejecutivo. La feroz disputa que allá mantiene la derecha nacional con la regional por la hegemonía política no entiende de imágenes. De hecho, la ofensiva de Aznar en el País Vasco se está dirigiendo contra algo más que la ETA y contra lo que el gobierno de Madrid considera su "entorno": el nacionalismo pacifista de vieja tradición antifranquista también está en su punto de mira. El último capítulo en la confrontación ha venido dado por la aprobación, en el Parlamento nacional y con el apoyo del PSOE, de una "ley de partidos" que, en la práctica, va a permitir al gobierno ilegalizar a Batasuna (brazo político de ETA) y lo que, según no pocos observadores españoles y extranjeros (como la Conferencia Episcopal o Amnistía Internacional) resulta más grave: a cualquier partido político que en el futuro se niegue a aceptar el status quo.

Además, ocurre que la citada "ley de partidos" no es un hecho aislado en el contexto del deterioro que las instituciones democráticas vienen padeciendo en España desde hace algunos años. Recientes iniciativas gubernamentales como los llamados "juicios rápidos", por ejemplo, también han hecho saltar las alarmas. Hace algunas semanas, sin ir más lejos, un magistrado se atrevió a plantear que "en busca de la virtud de la rapidez se ha caído en el defecto de la precipitación". Con esta afirmación el juez Santiago Vidal se refería a la indefensión a la que se vieron confrontados algunos de los globalifóbicos detenidos durante la cumbre de la Unión Europea que se celebró el pasado mes de marzo en Barcelona. Obviamente, la denuncia cayó en saco roto. Nada raro si se tiene en cuenta que la reciente remoción política de un procurador regional tampoco logró concitar especiales indignaciones. Ni tan siquiera mediando –como mediaba– la posible imputación por delito electoral del actual ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas.

Como sea, si hay algo claro es que el intervencionismo del que hace gala el gobierno Aznar, trata siempre de escudarse en un armazón legislativo. Ejemplo más reciente: las reformas que el Ejecutivo quiere introducir –aprovechando el Consejo europeo de Sevilla–a una ley de inmigración que aprobó hace tan sólo dos años. Principales novedades: se pretende que los inmigrantes ilegales jamás sean susceptibles de ser legalizados; que no tengan acceso a servicios básicos como salud, educación o vivienda y que se suspenda toda cooperación política y económica con aquellos países del Sur que no controlen sus flujos migratorios. En realidad nada excesivamente radical si se tienen en cuenta las diatribas contra los inmigrantes, no ya de la extrema derecha austriaca, francesa u holandesa, sino del primer ministro británico Tony Blair quien, a la salida de un reciente encuentro con José María Aznar, amenazó con utilizar la marina militar de Su Majestad para controlar los flujos migratorios en el Mediterráneo Sur.

El vaciamiento de las instituciones

En los últimos meses, el Parlamento español está trabajando a destajo: se han aprobado leyes extremadamente controvertidas que se han confrontado a fuertes resistencias políticas y sociales. Pese a todo, el llamado rodillo del PP ha funcionado: las votaciones unívocas y sin fisuras se han convertido en una marca de la casa. En ningún caso han sido consideradas dignas de reflexión acusaciones como la de que se pretendían instaurar sutiles medidas de censura en Internet; la de que se podían estar vulnerando los derechos del niño en la ley del menor; la de que se estaban sentando las bases para la violación de la autonomía universitaria o la de que, por cuanto a las cuestiones educativas se refiere, se estaba dando un trato de favor al sector privado en general y a la Iglesia católica en particular.

Nada de eso parece preocupar a un Ejecutivo empeñado en desactivar la capacidad de control de instituciones tradicionalmente progresistas, independientes o, cuando menos, críticas con el orden establecido. En realidad pareciera como si el gobierno se hubiera propuesto transformar la mayoría electoral de la que tanto suele presumir en una hegemonía sociopolítica de nuevo cuño. Hegemonía que, lógicamente, pasa por el respeto de las formalidades democráticas, siempre y cuando éstas se ajusten a lo prescrito por la recientemente fortalecida Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, auténtico laboratorio ideológico de la derecha española.

Prueba evidente de la crisis institucional que se está viviendo en los últimos tiempos en la España de Aznar es el reciente abandono que la oposición en bloque realizó del Parlamento. Desde las filas de la derecha se puso el grito en el cielo y se calificó ese día, con cinismo mesurado, como "el más triste de la democracia". Nadie se molestó en explicar, sin embargo, por qué el ejecutivo se empeña en ausentarse cada vez más de las sesiones semanales de control parlamentario al gobierno o por qué este año el Debate sobre el estado de la nación (algo así como el Debate sobre el estado de la Unión) ha sido pospuesto para mediados del próximo mes de julio (en esas fechas, la mayoría de los españoles se encuentra de vacaciones).

Teniendo en cuenta la actitud de la derecha, es cierto que las sesiones de control parlamentario se están convirtiendo cada vez más en escenificaciones huecas de contenido pero escenificaciones que, al fin y al cabo, terminan por poner en apuros al gobierno. A este respecto son dignos de recordar, por ejemplo, los denodados esfuerzos que hubo de hacer el Ejecutivo para justificar su tibieza política durante el intento de golpe de Estado en Venezuela o su negativa a que los casos de desapariciones políticas durante la Guerra Civil española y el franquismo fueran investigados. La respuesta a tanto desmán, quizás, la dio hace unos días el ex presidente italiano democristiano Francesco Cossiga (1985–1992): "Por su manera de hacer y su vida, no entiendo como a Aznar no se le considera un falangista". La Falange fue el partido de Franco…

NOTAS

1. Dichas palabras fueron pronunciadas por José María Aznar el pasado 4 de junio en referencia a la política migratoria europea. El mismísimo presidente de la Comisión Europea –el democristiano italiano Romano Prodi– se vio obligado a recordar que, en cualquier caso, las políticas migratorias europeas siempre habrán de respetar la Convención de Ginebra, que es la que regula las corrientes migratorias mundiales.

2. Comisiones Obreras es el sindicato español más importante por afiliación. Le sigue de cerca la Unión General de Trabajadores (UGT, socialista).

3. La Unión Federal de la Policía, el Sindicato Unificado de la Policía y el Sindicato Profesional de Policía Uniformadarepresentan, aproximadamente, a dos tercios de los 62 mil policías que hay en España. Desde hace algunos meses mantienen un conflicto laboral con sus superiores.

4. Un informe del Ministerio de Trabajo señala que el fraude en el cobro de las prestaciones por desempleo asciende a tan sólo un 5%. El que se produce en las contrataciones temporales, sin embargo, frisa el 50%. El gobierno español, pese a ello, no tiene previsto tomar medidas contra los empresarios que realizan contrataciones fraudulentas.

5. La presidencia de la Unión Europea es rotatoria: cada seis meses la asume el primer ministro de uno de los países miembro. Al margen de las cumbres extraordinarias que puedan convocarse, suelen celebrarse dos cumbres en cada "presidencia": una al principio y otra al final.