La vieja Europa

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH)
El juez de la Audiencia Nacional española, Baltazar Garzón, vuelve a dar otro paso en su cruzada contra los independentistas vascos. Acaba dictar, el 27 de este mes, un auto en que declara la ilegalidad y la prohibición de las actividades públicas y privadas de Herri Batasuna, por un período de tres años, prorrogables hasta cinco, lo que derivó en violentas represiones, cierre de locales, persecución a sus militantes.
Su resolución tiene como base la cuasifranquista ley de Partidos Políticos, que votó el Parlamento el 22 de junio, que no es otra cosa que una ley a la medida de la política de aniquilamiento de la ETA y de los partidos independentistas. El artículo 9 de la ley proclama que un partido político podrá se declarado ilegal cuando su actividad "vulnere los principios democráticos".
Garzón, "democrático" si los hay, basado en esta ley ordena prohibir "todas las actividades orgánicas públicas, privadas e institucionales en todos los organismos públicos, registros, bancos, notarios, fundaciones, asociaciones, sociedades, etc, de Herri Batasuna"; suspende también del suministro de electricidad, agua, teléfono y comunicaciones. Deja en suspenso la "capacidad de participar como partido en cualquier actividad de ámbito nacional o internacional; la de convocar manifestaciones, concentraciones y caravanas, así como la de organizar actividades propagandísticas"; encomienda a la policía la cancelación de la página web y otros servicios que pudiera tener contratados Batasuna en Internet. Además, ordena que se comunique la decisión a los diferentes medios de prensa, radio y televisión para impedir la contratación de espacios publicitarios. Se insta además a las autoridades francesas aplicar en su territorio el auto de suspención de Batasuna, promoviendo la clausura de la sede que este partido tiene en la ciudad de Bayona, situada en el País Vasco francés. Finalmente en su auto de suspención se encarga de aclarar que no se trata "de suspender las actividades de un partido político para privar a los ciudadanos de un medio de participación democrática", sino de combatir una organización terrorista. El juez justifica la suspensión en que Batasuna es "una de las partes o estructuras que forma parte del complejo o grupo terrorista" cuyos atentados "han sido sistemáticamente dirigidos contra sectores de población definidos y, a veces, en forma indiscriminada", por lo que no debe dudarse en calificarlos como "crímenes contra la humanidad".
La fama de Baltazar Garzón como defensor de los derechos humanos y perseguidor de genocidas como Massera o Pinochet, impulsor de la "globalización de la justicia" y de la Corte Internacional de Justicia Penal, para "actuar en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero", es la que le ha permitido actuar en su país como el brazo ejecutor de la política del estado real español, persiguiendo, encarcelando y avalando la tortura contra los vascos que luchan por la libertad. Aclárese que cuando el Juez habla de luchar contra el terrorismo se refiere a aniquilar a organizaciones como la ETA y no a bandas paramilitares o al terrorismo de estado.
La democracia borbónica mantiene en las cárceles del País Vasco a más de 600 presos y presas independentistas vascos, casi todos bajo el régimen de la Ley Antiterrorista.
Todos ellos son víctimas de la sistemática aplicación de torturas y malos tratos por parte de la policía y fuerzas de seguridad que operan en el País Vasco.
"Garzón (...) sabe que la Audiencia Nacional es la cúspide de la pirámide de todo un entramado del Estado español para luchar contra los disidentes políticos y para frenar las ansias de libertad de los pueblo que quieren emanciparse del yugo español. Por eso sabe que cuenta con un instrumento excepcional, como es la Ley Antiterrorista, que permite incomunicar o torturar a lo detenidos. De esas tareas se encargan fundamentalmente la Policía y la Guardia Civil. Pero para que el engranaje funcione, es necesaria la figura del Juez de la Audiencia Nacional, en el que se basa todo este tinglado siniestro. El Juez es el que decreta la incomunicación; el Juez es que tolera la tortura; el Juez es que autoriza la prórroga... En definitiva, los Jueces de la Audiencia Nacional están para dar cobertura a la Policía Nacional y a al Guardia Civil con la Ley Antiterrorista", describe uno de los abogados de los presos vascos en el libro Garzón. La otra cara, de Pepe Rei.
Existen numerosas denuncias de organismos españoles como el TAT (Torturaren Aurkako Taldea) e internacionales como Amnesty contra graves hechos de tortura contra militantes de ETA y Batasuna y han comparecido ante Garzón cerca de 200 ciudadanos vascos detenidos por diferentes cuerpos policiales por haber sido objeto de brutales torturas entre 1994 y 1997. El juez miró para otro lado o se basó en los informes médicos policiales, declarando que "no han existido malos tratos o torturas".
Si bien estos son los aspectos en los que la careta democrática de este juez de la realeza española se derrumba estrepitosamente, la persecución a las organizaciones independentistas es sistemática y toma la forma de cierre de periódicos, radios, locales, prohibición de aparición pública, etc. El concepto de democracia es bastante relativo para el Juez.
El régimen español arrastra del franquismo los métodos de tortura y persecución a los vascos que luchan por su independencia y en la figura de Garzón encontramos a un juez que comulga con estos principios y es su fiel representante. En él se encarna lo más recalcitrante de la famosa teoría de los dos demonios, que pone en pie de igualdad a genocidas y a militantes de organizaciones independentistas, todos sentenciados por "crímenes contra la humanidad".
Sin compartir en absoluto los métodos ni la política de organizaciones vascas como la ETA, los defendemos ante los ataques del Estado español y sostenemos que bajo ningún concepto se puede asimilar a asesinos y genocidas como Pinochet o Videla que desde el terrorismo de estado aniquilaron en América Latina a millares de luchadores con el pueblo vasco y sus organizaciones que luchan por la independencia y contra la opresión del Reino de España. Defendemos el derecho de las nacionalidades oprimidas a decidir sobre su propio destino y reclamas plenos derechos políticos y de organización para el pueblo vasco.