20 militantes contra la globalización capitalista detenidos por subversión del orden económico

John Brown
Rebelión

La noche del 15 de noviembre de 2002, una veintena de personas cuya actividad política se sitúa en el marco del Red Sur Rebelde (Rete Sud Ribelle) fueron arrestadas en Nápoles y Cosenza por orden del juzgado de Cosenza. La mayoría de ellos han sido transferidos a las prisiones de alta seguridad para terroristas y mafiosos de Trani y Latina. Estas detenciones se producen en el marco de una vasta encuesta policial y judicial sobre las diferentes redes del movimiento, que después de la gran movilización de Génova contra el G8 tiene la finalidad explícita de criminalizar en primer lugar el sector "desobediente" para intimidar y desmovilizar después a los demás. En efecto, las jornadas de Génova fueron determinantes para la definición de una respuesta represiva contra el movimiento "antiglobalización".En primer lugar, las fuerzas de policía practicaron en la propia Génova una represión brutal y arbitraria contra los manifestantes cuyo punto culminante fue el asesinato de Carlo Guiliani. La maniobra de intimidación y de terror dio un giro brusco y amenazó incluso con volverse contra sus propios promotores. La encuesta judicial sobre la muerte de Carlo y sobre la brutal irrupción de la policía en la escuela Diaz (que servía de dormitorio y de Media Center), puso al día documentos que prueban la implicación de las "fuerzas del orden" en la fabricación de pruebas policiales (unos agentes de policía fueron filmados y fotografiados cuando introducían cócteles molotov en la escuela para justificar el asalto brutal de la policía contra jóvenes inermes), así como en una vasta serie de provocaciones. Además, las circunstancias de la muerte de Carlo, distan de ser fortuitas, pues la orden de disparar fue dada a los Carbinieri por el ministro del interior.
La respuesta de los Carabinieri y de la policía ante la indignación suscitada por sus actos consistió en "demostrar" la existencia de una trama subversiva y violenta que habría sido la única responsable de los acontecimientos de Génova. Así, se constituyó un dossier bajo las órdenes del General Ganzer (jefe del grupo de operaciones especiales de los Carabinieri y responsable ya en los años setenta de la represión contra los sectores "autónomos" de la izquierda radical italiana). Este dossier, elaborado durante tres meses sobre la base de escuchas telefónicas y de interceptaciones de correos electrónicos, circuló por varios juzgados italianos, que lo han rechazado por su falta de rigor. Solamente el fiscal de Cosenza lo consideró admisible. Sin embargo, juzgó conveniente esperar a que acabara el Foro Social Europeo de Florencia para proceder a las inculpaciones y arrestos basándose en estas presuntas pruebas.
Todos los motivos de acusación se basan en la participación de los acusados en las manifestaciones de Génova y, previamente, en las movilizaciones contra la OTAN de la primavera de 2001 que tuvieron lugar en Nápoles. Se les acusa de haber creado una organización subversiva de la que serían los principales responsables. De hecho, a una organización como la Red Sur Rebelde, que practica la desobediencia civil y el activismo no violento en el marco de la estrategia de las ex - Tute Bianche y actuales Desobedientes, se le reprocha el oponerse violentamente al orden establecido. Ahora bien, el fiscal de Cosenza y los servicios de información de los Carabinieri no han podido establecer más que un único acto de violencia: el arrojar verduras -sobre todo, alcachofas- a una barricada policial durante las manifestaciones de Nápoles...El resto de la acusación contra los peligrosos "subversivos" no es menos ubuesco.
En efecto, a nuestros camaradas se les reprochan los motivos de incriminación recogidos en los artículos 270, 271 y 272 del Código Penal italiano. Este Código Penal, cuyo autor es el eminente penalista fascista Arturo Rocco (ministro de justicia de Mussolini) constituye un peligroso residuo antidemocrático en la legislación italiana. Su objetivo inicial era liquidar, en el marco de la instauración del Estado fascista, toda forma organizada del movimiento obrero. Así, incrimina la liquidación de la sociedad de clases: "Artículo 271 Asociaciones subversivas-Cualquiera que en el territorio del Estado promueva, constituya, organice o dirija asociaciones que tengan por objetivo el establecer violentamente la dictadura de una clase sobre las demás, o suprimir violentamente una clase social, o, en general, subvertir violentamente el orden económico y social constituido en el Estado, será susceptible de una pena de reclusión de cinco a doce años". La misma pena es aplicable a quien se asocie para subvertir por medio de la violencia cualquier "orden político o jurídico de la sociedad". Lo que caracteriza a este texto como fascista, aparte de su datación y origen, es la doctrina jurídica que lo inspira: en efecto, si el derecho penal del Estado democrático liberal castiga actos, en el derecho penal totalitario, ya sea fascista o nazi, lo que se persigue es la "peligrosidad". Ahora bien, la asociación para subvertir la sociedad de clases o el orden económico y social de forma violenta no está definida por un acto sino por una intención, y respecto al acto, éste permanece en la indefinición que tanto gusta a la policía. En el derecho penal fascista, como en la nueva legislación "antiterrorista" que se generaliza desde la aparición de movimientos de protesta contra el orden neoliberal y con mayor virulencia aún tras el 11 de septiembre de 2001, la intención es un elemento fundamental de la inculpación. Quizá se podría decir que estos actos sólo son punibles si se realizan "violentamente" y que este texto no es tan gravemente liberticida. El problema es que en ninguna parte del texto se define la violencia y que se puede suponer que el legislador considera acto de violencia la liquidación de la sociedad de clases en general, porque eso sería violentar un orden natural.
Pero los motivos de acusación contra los rebeldes meridionales -de hecho, contra el conjunto del movimiento- no se quedan ahí porque se les aplica igualmente el artículo 272 que penaliza la "propaganda" para liquidar la sociedad de clases. Así, una responsable de la radio del movimiento, "Radio Gap", ha sido encarcelada por ese hecho.
Igualmente, la desobediencia civil o el simple hecho de protestar u obstaculizar actos del gobierno son asimilados a la subversión: "Artículo 289- Atentado contra los órganos constitucionales y contra las asambleas regionales. Será castigado con reclusión de al menos diez años, si el delito no es aún más grave, cualquiera que cometa un acto destinado a impedir, total o parcialmente, incluso de forma temporal: 1) al Presidente de la República o al Gobierno el ejercicio de las competencias o de las prerrogativas que le son atribuidas por la ley; [...]Una pena de reclusión de uno a cinco años será aplicada si el acto sólo tiene como finalidad perturbar el ejercicio de esas competencias, prerrogativas o funciones". En efecto, el delito de "lesa-Berlusconi" puede costar muy caro si se organizan actos, como manifestaciones y huelgas para impedir la adopción o aplicación de políticas antisociales o belicistas, se impide o al menos perturba el ejercicio de las competencias y de las funciones del gobierno.
Nuestro movimiento, que se opone a la globalización capitalista y al programa de dominación neoliberal, que por medio de la desobediencia civil ha perturbado cónclaves de responsables políticos en Seattle y Praga, así como en Barcelona, Niza o Sevilla; que se opone y se opondrá por todos los medios a la guerra, que difunde información contra el orden existente y trata de organizar a las mayorías sociales para otro mundo sin clases, sin explotación y sin guerras, es el objetivo directo de estas detenciones. Los rebeldes meridionales italianos están hoy en prisión, pero la amenaza planea sobre el conjunto del movimiento. Esta legislación italiana no es un simple residuo del pasado: adquiere una siniestra actualidad en el marco del control político y policial del movimiento contra la globalización capitalista y del movimiento obrero.
Estos artículos del Código Rocco, que sirvieron para ilegalizar al conjunto de las organizaciones obreras de la península [italiana] en los años treinta, renacen hoy de sus cenizas, regurgitados del pasado por el fiscal de Cosenza. Su historia es ejemplar de lo que ha sido la excepción italiana durante el siglo veinte. El Código Penal italiano, que es obra del ministro de justicia de Mussolini, ha sido mantenido hasta nuestro días por los distintos ministros de justicia italianos, especialmente por...el dirigente comunista Palmio Togliatti, que fue titular de esta cartera durante el segundo gobierno Badoglio (después de la caída de Mussolini). También fue utilizado durante los años setenta para liquidar el movimiento del "68 prolongado" italiano y encarcelar, junto con miles de camaradas, a activistas e intelectuales revolucionarios como Toni Negri, Franco Piperno, Oreste Scalzone. Entonces fueron acusados de inspirar a las Brigadas Rojas, aunque toda su práctica política y su reflexión teórica era una denuncia del militarismo de esta "variante enloquecida-variante impazzita" del movimiento. Hoy en día, los artículos liberticidas del Código Rocco deben ser abrogados en Italia. En Europa, paralelamente a las luchas contra las políticas neoliberales y contra la guerra debemos poner en pie una vasta campaña de defensa de las libertades civiles y de los derechos políticos y sindicales amenazados por las legislaciones de excepción, ya tengan una antigüedad de 70 años o de algunos meses. Nuestros camaradas tienen que ser liberados inmediatamente. No podemos tolerar la amalgama entre resistencia social, activismo revolucionario y terrorismo.
(Traducción del francés: Beatriz Morales Bastos)