20 de diciembre del 2002
Piratas en el golfo
Higinio Polo
El asalto a un buque coreano, realizado por dos barcos de guerra españoles
en aguas del océano Índico, ha consumado el ridículo que
el gobierno de Madrid ha escenificado ante las cancillerías mundiales,
y el desenlace del peligroso acto de guerra ha mostrado, una vez más,
la actuación subalterna de empleados agradecidos que los militares y
el gobierno español mantienen con los Estados Unidos de América.
Recordemos el incidente: Washington abriga sospechas sobre la carga que transporta
un barco norcoreano, que navega por aguas internacionales, y sin ningún
mandato de las Naciones Unidas y haciendo caso omiso de las leyes internacionales
que regulan el tráfico marítimo, decide encargar a la Marina de
guerra española que asalte el carguero para inspeccionar su carga. En
un verdadero acto de guerra, realizado además contra un barco civil,
los marinos españoles asaltan el buque y lo toman por la fuerza. El contralmirante
español Moreno Susana hace después entrega del barco a los militares
norteamericanos.
La intervención era un claro acto de piratería marítima,
realizado con prepotencia y con la soberbia de la fuerza, amparados apenas los
buques españoles en la solicitud -en realidad, las órdenes- de
los militares norteamericanos. Ya consumado el despropósito, pocas horas
después, los militares españoles convertidos en mamporreros de
Estados Unidos, en piratas por encargo de Washington, quedaron en evidencia
cuando los medios de comunicación norteamericanos informaron del asalto
antes siquiera de que el gobierno español pudiese hacer una declaración
oficial del incidente. Al ministro español de Defensa, Federico Trillo,
no le quedó más opción que intentar justificar como pudo
un gravísimo acto de piratería realizado en aguas internacionales.
El patético ministro Trillo, en un vergonzoso acto que no vale el sueldo
que le pagan, no tuvo más remedio que acogerse a peregrinas razones:
balbuceó supuestos derechos de la OTAN -¡decididos unilateralmente en
Praga apenas unos días atrás, y sin valor jurídico internacional!-,
mencionó la lucha contra el terrorismo y pretendió acogerse a
la Convención de Jamaica. Sabía que pisaba terreno pantanoso.
El gobierno de Washington no tuvo piedad: dejó que el gobierno español
saliera del embrollo como pudiera.
Añadiendo al delito la mentira, el gobierno español optó
por endosar su propia acción al carguero coreano, afirmando oficialmente
que el barco era "prácticamente pirata", aunque el gobierno norteamericano
se vio forzado después a admitir que ni el barco realizaba ninguna operación
ilegal, ni el transporte de armas que llevaba era ilícito. Pero la desvergüenza
norteamericana -que les ha llevado a destacar en la zona del golfo Pérsico
y frente al cuerno de África a una flota de guerra que pretende realizar
"inspecciones amistosas" a los barcos que crea conveniente, sin ningún
derecho legal para ello, aunque supuestamente con el acuerdo del barco afectado,
sabiendo que en el caso de que se niegue recurrirán simplemente a la
fuerza- cuenta para imponer su voluntad con el acuerdo de sus dóciles
aliados, como el ministro Trillo.
En esa Operación Libertad Duradera que supuestamente combate al
terrorismo, España participa ahora con la fragata Navarra y el
buque de apoyo Patiño -los responsables del acto de piratería
contra Corea del Norte-, pero también han permanecido en la zona cercana
al golfo Pérsico otros buques, como la fragata Numancia o la fragata
Santa María, que tuvo recientemente problemas por el consumo de
drogas entre los militares españoles destinados en él.
Quebrantando una vez más las condiciones de la entrada de España
en la OTAN, marginando al Parlamento en la toma de decisiones, ignorando a los
diputados para decidir sobre la nueva doctrina de la alianza militar dirigida
por los norteamericanos, el gobierno español se permite contribuir a
una peligrosa política de guerra haciendo caso omiso de los deseos del
pueblo español.
Cuando los quince misiles que transportaba el barco coreano fueron descargados
en el puerto yemení de Hodeida, en el mar Rojo, los propios Estados Unidos
habían reconocido ya -no podían hacer otra cosa- el derecho del
gobierno del Yemen a comprar armamento para la defensa de su país. La
postura española, calificada por muchos observadores como propia de un
país lacayo, está ahora lejos de ser airosa: tanto el gobierno
de Corea del Norte como el del Yemen han protestado formalmente ante Madrid,
y ni siquiera está descartado que España deba pagar indemnizaciones
por el acto de piratería. De modo que, tras el fiasco, ignoradas las
protestas del Yemen y de Corea del Norte ante los gobiernos de España
y de los Estados Unidos, constatado una vez más el desprecio norteamericano
por las normas civilizadas en las relaciones internacionales, apenas cabe formularse
algunas preguntas. A la primera pregunta (¿por qué razón puede
España comprar misiles, pero no puede hacerlo el Yemen?) debería
contestar el general Pardo de Santayana, jefe del Estado Mayor del Ejército
de Tierra español, que apenas hace unos meses reclamaba la compra de
misiles y de un sistema de defensa antimisiles para España. A la segunda,
(¿es conveniente para España servir de plataforma de agresión
para otros países, como ya ha ocurrido con Yugoslavia, Afganistán
o Irak?) debería contestar el ministro Trillo y el presidente del gobierno
Aznar. A la tercera, (¿va a continuar España ejerciendo la piratería
en aguas internacionales?) se ha contestado ya con el mantenimiento de los barcos
españoles en la zona próxima al golfo Pérsico.
Quedan por añadir algunas enseñanzas. Ahora, si barcos de otros
países asaltan algún buque español sospechoso en aguas
internacionales, ¿qué podrá alegar España? ¿Podrán
apresarse a partir de ahora barcos norteamericanos sospechosos de participar
en el contrabando de tabaco, de drogas o de armas? No sería la primera
ocasión en que lo hacen, precisamente: recuérdese el escándalo
Irán-Contra, que puso de manifiesto una trama de venta ilegal de armamento
organizada por el propio gobierno norteamericano para financiar a los bandidos
nicaragüenses y para obtener recursos para sus actos terroristas en Nicaragua.
Recuérdese también la denuncia del Parlamento Europeo sobre el
escandaloso contrabando de tabaco impulsado por compañías norteamericanas,
implicadas en tratos con barcos y organizaciones piratas y narcotraficantes.
Recuérdese, por último, las complicidades financieras de bancos
norteamericanos en el blanqueo de enormes cantidades de dinero procedente del
tráfico de drogas.
Washington sabe lo que quiere. "Teníamos derecho a inspeccionar la carga,
pero no a decomisarla", afirmó después Ari Fleischer, portavoz
de la Casa Blanca, intentando justificar el acto de piratería urdido
por los gobiernos de Washington y de Madrid. Fleischer, un virtuoso de la mentira,
ha llegado a afirmar que los misiles Scud que transportaba el barco coreano
"pueden ser cargados con material nuclear, químico o bacteriológico",
y lo afirmaba sin pestañear, aunque todos los especialistas saben que
Yemen, el destinatario de los misiles, está muy lejos de contar con armamento
semejante. Pero la soberbia norteamericana -ayudada por la ciega obediencia
de gobiernos como el español, más inclinados al halago y al servilismo
ante el amigo americano que a la defensa de sus propios intereses nacionales
y de su dignidad como país- revela su desprecio por el derecho internacional
y su opción por el recurso a la fuerza. Las palabras de Ari Fleischer
para justificar la violación de las leyes internacionales muestran de
nuevo la indiferencia norteamericana ante los derechos del resto del mundo.
Porque esa Operación Libertad Duradera que supuestamente combate
al terrorismo está sirviendo en realidad para ampliar el esfuerzo de
guerra norteamericano, para imponer nuevas relaciones coloniales, para realizar
actos de piratería, para quebrar las leyes internacionales del mar. Y
todo eso lo saben los generales del ejército español:
ese honor del que alardean los militares españoles y el ministro Trillo
en las salas de banderas y en los actos castrenses, deberían mostrarlo
en sus actuaciones internacionales, y en el abandono de su patética relación
de subordinados con Washington, aunque mucho me temo que, pese a sus proclamas,
y a la vista de su ejercicio de piratas en el golfo, el gobierno de Madrid y
los responsables del ejército español ignoran el valor de la dignidad.