La vieja Europa

Luis Hernández Navarro
La Jornada

Lo dijo George W. Bush: la España de José María Aznar es una pieza clave de la estrategia estadunidense de lucha contra el terrorismo. Como gendarme del Imperio, su armada detuvo ilegalmente en alta mar un carguero con armamento norcoreano -que Estados Unidos dejó después en libertad sin informar a los hispanos-, sus policías investigan los atentados en Kosovo y su sistema de justicia persigue y encarcela a los independentistas vascos.
Pero en España y en el resto del mundo, el combate al terrorismo no es sólo la lucha contra el fundamentalismo islámico radical, sino una verdadera cacería de brujas en contra de todo tipo de disidencia social. En Estados Unidos se han reducido las libertades civiles y se ha dado a los servicios de inteligencia permiso para matar. Se toleran las agresiones israelíes contra el pueblo palestino. Desobedientes civiles en Italia han sido detenidos y acusados de atentar contra la seguridad del Estado. Y se quiere presentar al movimiento contra la globalización neoliberal como enemigo del progreso.
Es en este contexto que, en el Estado español, se ilegalizó a Batasuna, se han restringido las libertades de reunión, manifestación y palabra, y se ha tratado de satanizar el nacionalismo vasco, aun en sus expresiones más moderadas, presentándolo como simple comparsa de ETA. La exclusión por sus ideas de la vida política institucional de un partido legal con representación parlamentaria y gran número de alcaldes y concejales, así como la negativa a reconocer legitimidad a las expresiones nacionalistas abertzales son eslabones centrales en la estrategia de criminalizar la protesta social.
Una operación de esta naturaleza ha sido posible porque, al lado del justo malestar de las víctimas del terrorismo y el temor de la ciudadanía, en España existe una política informativa de Estado hacia el contencioso vasco que impide la cobertura equilibrada. Hay un consenso básico entre los responsables gubernamentales de la lucha contra ETA y medios de comunicación para abordar el asunto.
Es así como la mayoría de los medios de comunicación, bajo el argumento de que es necesario luchar contra el terrorismo, haciendo a un lado sus principios éticos y el profesionalismo que les caracteriza en otros temas, han dejado de diferenciar entre opinión e información. Más allá de sus agendas han unificado los términos semánticos en los que se refieren al conflicto. El tratamiento informativo que proporcionan se basa en la espectacularidad y la manipulación política. Con frecuencia presentan como noticia filtraciones proporcionadas por el Ministerio de Información. No presentan las opiniones del conjunto de las partes involucradas en el contencioso ni contextualizan los hechos.
En una investigación efectuada por Antoni Batista acerca de la forma en que se trata a ETA en los medios escritos, con base en un análisis de 960 noticias de 10 periódicos entre 1987 y 1996, se demostró que 30 por ciento de las noticias ofrecidas como hechos probados posteriormente resultaron falsas. No puede resultar extraño entonces que según el estudio de Reporteros sin Fronteras sobre la libertad de prensa, España ocupe en este rubro apenas el lugar 29.
Este consenso informativo ha sido posible debido a la concentración de los grupos multimedia en el Estado español. Se trata de una concentración que abarca prensa escrita, radio, televisión, cine y editoriales. Dos grandes grupos: Prisa (editor de El País y propietario de Santillana) y Unedisa (que publica Marca y El Mundo), seguidos por el Imperio Lagardère (dueña de Salvat y de la distribuidora Sgel) controlan segmentos claves de la industria cultural española.
El poder de mercado de los consorcios mediáticos hegemónicos está estrechamente asociado con los principales partidos políticos españoles: Prisa con el PSOE y El Mundo con el Partido Popular. Su influencia en la vida intelectual y cultural española es abrumadora. La posibilidad de que alcancen resonancia voces y figuras por afuera de sus redes es muy limitada.
La influencia de Prisa rebasa, además, el ámbito del Estado español. Desde 1999 enfrentó la saturación de su mercado creciendo en América Latina: hoy 25 por ciento de sus ingresos provienen de esta región. En total tiene 388 emisoras radiales. En México posee 50 por ciento de Radiópolis, la cadena de radio de Televisa.
La presencia de Prisa en México es parte de un nuevo fenómeno. Según declaró recientemente en México el rey Juan Carlos, los negocios de sus paisanos en estas tierras han dejado de ser meras tiendas de abarrotes o zapaterías para concentrarse en áreas más lucrativas: 300 empresas han invertido mil millones de dólares durante los últimos 10 años.
Lo mismo puede decirse de las relaciones entre políticos y órdenes religiosas. Vicente Fox ha forjado relaciones estrechas con el gobierno de Aznar, mientras Felipe González asesora a empresarios mexicanos, y el Opus Dei y los Legionarios de Cristo fortalecen sus lazos binacionales.
Si las relaciones con España son claves para la economía, la política y la cultura en México: ¿a quién puede extrañar que el subcomandante Marcos mueva sus piezas hacía allí? Y si el contencioso vasco es asunto central en el futuro de las luchas de liberación en la medida en que está en juego la criminalización de las ideas: ¿a quién le molesta que el EZLN busque dar una oportunidad a la palabra para resolver ese conflicto?