Diario de Cádiz

De los lunes al sol a la vida a la sombra. El paro y la precariedad laboral se han convertido en el Sur de Europa en dos grandes puertas que se abren de par en par a la marginación y se dan de bruces en la exclusión social. "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo". Artículo 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH) reveló ayer un dato que no por intuido resulta menos inquietante: más del 58% de los gaditanos en edad de trabajar está parado o carece de un empleo lo suficientemente estable y justamente remunerado como para resultar digno. Isabel Gala y María Ortega hicieron público este dossier ayer, 54 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz.
La cifra procede de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) contrastados con los que proporcionó el Inem sobre paro registrado y el tipo de contratos laborales en vigor. Es decir, a los desempleados se sumaron los trabajadores que padecen "contratos-basura" (formación y prácticas, entre otras modalidades), las contrataciones por obras y servicios, las eventuales y el, simple y llanamente, trabajo mal pagado en favor del abaratamiento de los costes laborales. "Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social". Artículo 23.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ya casi no hace falta recordar que la provincia padece una tasa de paro del 27,40% ( EPA, tercer trimestre de 2002) o de un 16,23%, según el Inem (octubre de 2002), como prefieran. Tampoco suena raro a estas alturas que el índice de precariedad laboral se sitúe en torno a un 30% desde comienzos de la década de los 90.
¿Economía sumergida?, claro, de algo hay que comer, viene a decir el informe. Según un reciente estudio del Consejo Económico y Social de Andalucía, ese buscarse la vida al margen de la legalidad representa el 21,7% de la actividad económica de la comunidad autónoma. Cádiz vuelve a aparecer a la cabeza del ranking.
En ese camino hacia la marginación y la exclusión social son las mujeres las que salen peor paradas, valga la redundancia, ya que sólo fueron las beneficiarias del 36% de los contratos firmados durante el pasado mes de octubre.
¿Las causas de esta situación? la APDH las halla en una cultura de trabajo que fomenta la competencia y el individualismo, en las políticas neoliberales basadas en el poder omnímodo del mercado y en las últimas reformas laborales en beneficio exclusivo de los empresarios sin que se produzca en contrapartida la promesa que las impulsó: la creación de empleo estable.
¿El resultado? Un 15,60% de la población entra en el capítulo de "pobres y vulnerables", es decir, forman parte de hogares cuyos ingresos se sitúan por debajo del umbral de la pobreza (unos 260 euros por persona/mes), según la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2000. Sobre otro 9,40% pesa la etiqueta de "pobres y excluidos" porque soportan peores condiciones de vida aun, que se agudizan entre las familias más numerosas. En el otro extremo, cada vez son más las mujeres solas que sacan adelante a sus hijos con míseros sueldos. La capital gaditana continúa a la cabeza en estas cifras, seguida de El Puerto, San Fernando y Chiclana.
Paro, juventud y analfabetismo son tres de los grandes rasgos de de la pobreza en la provincia de Cádiz, según el estudio de la APDH, que cita numerosas fuentes, entre otras el solvente informe Foessa de 1996 de Cáritas.
Según este último documento, la edad media de las personas empobrecidas es de algo más de 28 años, sube más arriba de los 35 en los casos de precariedad social y baja al filo de los 21 en los casos de extrema pobreza.
Por otro lado, el analfabetismo sigue constituyendo un factor histórico de la pobreza, que afecta sobre todo a los más mayores. La APDH estima que actualmente hay en la provincia 23.982 personas mayores de 65 años analfabetas, de las cuales 7.968 son varones y 16.013, mujeres, según los datos del Instituto Nacional de Estadística que cita Derechos Humanos.