La vieja Europa

Una colaboración de Attac del Pais Valencià nos desvela el aumento de la criminalización de los colectivos que se oponen a esta globalización.
Cuatro jóvenes llevan varios días presos en la cárcel de Picassent, acusados de terrorismo. Después de una manifestación con la que grupos de jóvenes contestaban otra de la extrema derecha, y del desalojo policial y violento de una casa ocupada en la calle de la Reina, los cuatro fueron detenidos, registrados sus domicilios y encarcelados.
El juzgado de Instrucción nº 2 de Valencia instruye el sumario, secretísimo, y se habla de penas que oscilan entre los 10 y los 14 años de prisión. Los cargos: asociación ilícita y terrorismo. Acabáramos.
Cierto que las últimas reformas del Código Penal, sobre todo en su artículo 577, apuntan sospechosas novedades que tienden a fortalecer la lucha contra el terrorismo y para ello añaden al terrorismo tout court lo que antes se decía terrorismo de baja intensidad, terrorismo de kale borroka. No sabemos exactamente los criterios que permiten hablar de terrorismo también en el segundo caso y, aunque se entiende el propósito, son más que discutibles sus riesgos, porque lo que sabemos, y lo deducimos por lo visto precisamente estos días en Valencia, es que cualquier hecho que tenga que ver con la crítica que las bien o mal llamadas tribus urbanas realizan al sistema será enmarcado rápidamente dentro de esa catalogación de terrorismo que contempla el Código Penal.
Así pues, cualquier actitud de disenso, cualquier actitud que ponga en cuestión la versión feliz y oficializada de ese sistema, será puesto en la picota, primero por el legislador y más tarde, desde una complicidad con él, que en el caso de los cuatro detenidos es más que elocuente, por el juez encargado de asunto. Se produce de este modo una estigmatización del discrepante, toda vez que su discrepancia no es la oficializada a través de los métodos de lucha que tradicionalmente se vienen aceptando en las democracias modernas, sino que, conscientes de que su voz no se deja oír, de que es inútil (dada la desproporción de medios) cualquier pretensión reivindicatoria, esos discrepantes tratan de nivelar sus limitadas capacidades difusoras con medios imaginativos y a veces gónicos. Y aún un paso más: aquella estigmatización se alarga también a quienes comparten o simpatizan con una determinada visión ideológica incompatible con los valores dominantes.
O sea: que los cuatro jóvenes están detenidos y a las puertas podemos estar usted y nosotros sólo con que mostremos alguna proximidad con los encausados, o la policía y el Delegado del Gobierno sospechen algún asomo de esa proximidad.
Y sobre la acusación de terrorismo que pende sobre los detenidos: ¡qué barbaridad, qué pasada se ha pegado el señor juez instructor del caso! Los actos terroristas, según el Código Penal, son aquellos que quieren subvertir el orden constitucional, acabar con la paz pública, dinamitar los cimientos del Estado.
Sin embargo, y por aquella reforma del art. 577 del Código Penal,cualquier nimia alteración del orden urbano, cualquiera, será considerada un acto terrorista. La ley que regula los catalogados como actos terroristas aparece como una excepción (por ejemplo, para frenar la kale borroka), pero cuando se trata de castigar las propuestas de algunos colectivos urbanos como el okupa, esa excepcionalidad se generaliza y todo, sin excepción ninguna, entra en el saco del terrorismo.
Después, llega un juez simpatizante con la parte legisladora y convierte aquella excepcionalidad en la cosa más natural de mundo y aplicable a cualquier hijo de vecino que cante las verdades del porquero a los de arriba.
Pero no trivialicemos. Ahora mismo hay en la cárcel cuatro jóvenes okupas,acusados de terrorismo. La indefensión a que se están viendo sometidos es inadmisible en un estado que se autoproclama de derecho. Las garantías constitucionales brillan por su ausencia. La presunción de inocencia se la ha saltado el juez proclamando cargos de terrorismo y penas que pueden oscilar entre los 10 y los 14 años de cárcel. Las pruebas son débiles a más no poder.
Si eso es así, entre otras irregularidades que rodearon la detención y posterior encarcelamiento de los jóvenes, ¿cómo podrá mantener la Audiencia Nacional las acusaciones y petición de penas que se hacen desde el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valencia? Porque si ese juez mantiene sus cargos, la causa pasará a la Audiencia Nacional. Y nos consta que no es la primera vez que esa instancia le devuelve los papeles por haberse excedido en sus decisiones. Esperemos que al final se imponga la cordura y las cosas queden en su justo punto, un punto que ha de reconocerse, para empezar, en el respeto a las garantías que el proceso seguido contra los cuatro jóvenes exige y, claro está, la correspondencia imprescindible entre cargos imputados y penas solicitadas por los mismos.
Y aún otra cosa: todo este asunto se da en un contexto político complejo. El gobierno del PP está en horas bajas y bastante culpa de eso la tiene la inseguridad ciudadana que se vive, sobre todo, en la ciudad de Valencia.
Sucesivos fracasos en su política contra la delincuencia ha provocado críticas mediáticas, de la oposición y de la propia ciudadanía. A la vez, hay un reciente candidato de su partido a la presidencia de la Generalitat, Francisco Camps (que antes fue Delegado del Gobierno y alguna responsabilidad tendrá en la situación) y un nuevo Delegado del Gobierno, Juan Cotino, que antes fue Director General de la Policía (y también contará con responsabilidad en el estado de cosas). Eso y la proximidad de las elecciones hacían que el PP necesitara un golpe de efecto para contrarrestar aquellas críticas y ensalzar, de paso, su gestión hasta ahora fallida en las áreas que comentamos.
Por ello, pensamos que ha habido en la detención de los cuatro jóvenes okupas un oportunismo despreciable por parte del Partido Popular y a la vez, y ya van no sabemos cuántas, la criminalización de los movimientos que, como el okupa, se mueven en el territorio de la contestación justa y coherente contra las injusticias y las arbitrariedades del sistema.
Esperamos pues, y exigimos, que los cuatro jóvenes sean puestos en libertad y que la instrucción del caso, si es que continúa abierta por decisión judicial, se haga ajustada a derecho y se respeten las totales garantías que nadie puede hurtar, bajo ninguna excusa, a los detenidos.
Magdalena López
* Firman también este artículo Ernest García, Javier de Lucas, Alfons Cervera, Josep-Vicent Marqués, Rafa Xambó y Ana Poyatos.
Publicado en el diario Levante el 25-10-2002