Juan Gasparini

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento de la Convención en la materia, le encargó ayer martes a España en Ginebra que mejore la legislación, y le hizo observaciones que son motivo de preocupación. España sometió un informe escrito y debió responder a preguntas de los diez expertos de este órgano de la ONU la semana pasada. Las ONG acreditadas fueron escuchadas por el Comité en reuniones por separado.
Le correspondió al relator de este Comité para el examen español, el chileno Alejandro González Poblete, leer las cuatro carillas en audiencia pública. Indicó que España 'proporciona poca información acerca de la aplicación practica de la Convención'. Estimó que si bien el Estado debe 'proteger a sus ciudadanos de la violencia y el terrorismo criminal ', esa 'legítima reacción debe ser compatible con que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura'.
La ONU mostró inquietud, además, por la 'dicotomía' entre la afirmación del gobierno que en España no se practica la tortura, 'y la información recibida de fuentes no gubernamentales, que revela la persistencia de casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado'. Al respecto, González Poblete añadió las denuncias 'de abuso sexual y violación contra inmigrantes supuestamente por motivaciones racistas o xenófobas'.
El comité critico también las disposiciones de la detención incomunicada hasta un máximo de 5 días para los detenidos por delitos graves, porque 'independientemente de los resguardos legales para decretarla, facilita la comisión de actos de tortura y malos tratos'. Manifestó asimismo preocupación por 'la prolongada dilación de la investigaciones judiciales respecto a denuncias de tortura', por la abstención de la administración, en ciertas ocasiones, 'de iniciar procedimientos disciplinarios cuando hay un proceso penal en curso, a la espera del resultado de la acción penal', lo cual puede facilitar la prescripción de infracciones de tortura. Fustigó al propio tiempo los casos de malos tratos en el transcurso de ejecución de mandatos de expulsión y 'las severas condiciones de reclusión de los presos clasificados en el denominado Fichero de Internos de Especial Seguimiento', porque parecería 'que las condiciones materiales de reclusión y, en especial, la de privación sensorial que sufren estos internos, estarían en contradicción con métodos de tratamiento penitenciario dirigidos a su readaptación'.
Para garantizar el respeto de la Convención, la ONU le propone a España que tipifique el delito de tortura en mejor adecuación para con el texto del Tratado. Le pide que estudie la posibilidad de que se graben en video los interrogatorios policiales de los detenidos por cargas penales graves y que el control forense de estos se amplié a un medico de confianza de la persona privada de su libertad. A su vez le recuerda que debe 'realizar investigaciones prontas e imparciales y enjuiciar a los presuntos autores' de torturas, y si corresponde 'sin perjuicio de su suspensión a la espera del resultado de la acción penal', abriendo sumarios 'disciplinarios'. Finalmente el Comité alienta a España a que los procesos de expulsión, 'en particular de menores, sean conformes a la Convención', y que difunda todas estas consideraciones a lo largo del país 'y en todos los idiomas que proceda'.[...]
* Juan Gasparini es colaborador de CNN en español