Escribía Ramón Jauregi recientemente (El País, 1 de octubre), refiriéndose a la propuesta de Ibarretxe, que su "razonamiento es sencillo. El autogobierno no es suficiente. Caminemos hacia la independencia a través de la autodeterminación (...) Sus planes son fáciles de intuir. Apoyado en PNV-EA-IU, recabará y obtendrá el apoyo de la comunidad nacionalista: desde el potente sindicalismo nacionalista hasta la Iglesia vasca y sectores culturales y universitarios del País, pasando por grupos pacifistas y afines. Si se siente respaldado en las municipales del próximo año, lanzará un movimiento municipalista y después de presentado su proyecto articulado a finales del año que viene, lanzará un órdago a ETA, para que renuncie a la violencia, y al Estado, para que asuma y apruebe su proyecto. Una consulta en ese contexto, acompañada de un cese de violencia semipactado, obtendría un amplio respaldo de una población harta y desesperanzada, motivada al sí por el miedo y el señuelo de la paz. Éste es su plan. Un gran engaño y una enorme trampa." No hay datos que nos lleven a pensar que ésa sea, precisamente, la intención del lehendakari.
Sin embargo, la interpretación de Jauregi no deja de ser interesante y, sobre todo, muy grave. Pues el líder socialista vino, en definitiva, a alertar sobre los peligros de un escenario de cese de violencia. Y buena nota parece haber tomado Garzón de esta posibilidad.
El auto de 16 de octubre no es novedoso en su género: no hay cita alguna de la violación de ningún artículo del Código Penal vigente; no hay ningún imputado; se solicitan pruebas a posteriori y, lo que es más sorprendente aún, no se determina ningún tipo de medida preventiva para frenar el presunto "genocidio de baja intensidad".
El auto tampoco es novedoso en las reacciones que ha suscitado. La solidaridad de los poderes del estado y el imperio mediático con la aberración jurídica no se ha hecho esperar, como de costumbre.
Pero el auto sí es novedoso en sus contenidos. Dice que "aunque ETA no existiera o desapareciera la Kale Borroka, o ésta no se hubiera producido nunca, Batasuna, por los métodos que utiliza, constituye desde el punto jurídico-penal una asociación ilícita". No deja de ser sorprendente este paso, habida cuenta que los autos anteriores se han empeñado precisamente en identificar Batasuna con ETA. Por otra parte, considera que el resultado de la política desarrollada por Batasuna "ha producido un éxodo", según consta "acreditado indiciariamente". Y, finalmente, señala que el objeto de esta actividad era "predeterminar con una determinada tendencia ideológica la composición del cuerpo electoral llamado a decidir la eventual y futura consulta de un referéndum de autodeterminación, para así asegurar el resultado afirmativo de aquél".
Resulta evidente que el citado auto pretende malograr un eventual ejercicio del derecho de autodeterminación u otro tipo de consulta, todo ello en un eventual escenario de fin de la actividad armada por parte de ETA.
Si Batasuna constituye una asociación ilícita al margen de la existencia y de la actividad de ETA y la kale borroka, el ámbito político y social que representa no podrá reanudar sus actividades en ningún caso, en aplicación de la Ley de Partidos (ni siquiera aunque ETA diese por finalizada la actividad armada). Esto, consecuentemente, haría imposible una suma política a favor de una consulta.
Asimismo, una hipotética consulta convocada o impulsada por las fuerzas soberanistas no suspendidas sería declarada ilícita, ilegal y antidemocrática, porque cualquier censo electoral, de aquí en adelante, será impugnado, bien políticamente, bien en los tribunales. Ni Irlanda ni Quebec: Sahara. El mensaje es muy claro: "Perded toda esperanza; no ganaréis con la paz".
De aquí en adelante, lo que ETA haga o deje de hacer, pierde relevancia a marchas forzadas. A muchos nos gustaría que ETA hubiese pensado, durante todos estos años en una hipótesis real de autodeterminación, porque un proceso de esa naturaleza, requiere entre otras muchas cosas, de la adhesión ilusionada de amplios sectores de la ciudadanía, lo cual, en ningún caso puede lograrse mediante el ejercicio de la coacción y la violencia.
Los capataces del pacto por las libertades y contra el terrorismo, le han tomado la medida a este proceso: se proponen anular la disidencia política hasta hacer estallar, si hace falta, la sociedad vasca, inventando una farsa, tan grande como peligrosa. La apelación a una persecución genocida toca a las identidades culturales y nacionales, a las adhesiones comunitarias, a los legítimos sentimientos de identificación y pertenencia. Son asuntos que el ciudadano corriente no suele tener racionalizados plenamente, y que se viven de un modo más o menos natural, conformando lo que que podemos llamar solidaridades primarias. Son materias muy sensibles, muy personales y muy respetables, con las que ningún político o juez en su sano juicio juega en una democracia moderna. Pero este no parece ser el caso.
Con diferentes matices, estilos y maneras, con más tribunales o con menos, el pacto PP-PSOE no descansa. Quedó claro en el período 98-00, y más aún ahora: cualquier cese de la violencia va a ser interpretado como una trampa. Es la profecía que se autocumple; porque, entre otras cosas, se actúa como se hizo en el período de Lizarra-Garazi, para desbaratar esa oportunidad desde todos los poderes del estado. "Cualquier escenario que os sea más favorable será, de aquí en adelante, un escenario trampa a desbaratar política y/o judicialmente".
La conclusión es clara: llegan tiempos de resistencia. Y por ello hemos de identificar nuestro punto más fuerte, quizá nuestro único punto fuerte, que no es sino la sociedad vasca. Podrán generar la farsa mediática de una fractura social insoportable; de una sociedad divida a mitades entre insensibles y amenazados. Pero será un intento vano. Los adalides del pacto antiterrorista no tienen ningún escenario de confrontación real que no sea el electoral, y en ello están. Por ello, una resistencia democrática y civil, socialmente plural, constituye la mejor baza ante los embates de quienes se empeñan en negar una salida democrática al conflicto.
Casualmente, o quizá no tanto, entre el dictamen de la comisión de autogobierno del Parlamento Vasco de julio, y la propuesta del lehendakari, hay una diferencia llamativa: la participación de la sociedad civil ha quedado muy recortada en la propuesta. Si allí se hablaba de una participación efectiva, real, propositiva, ahora se visualiza la sociedad como destinatario de propuestas "precocinadas". No nos parece que este sea el camino.
Creemos que en un escenario de auténtica resistencia como el que se nos presenta, es preciso reflexionar sobre el papel que deben desempeñar las instituciones. Es posible que las instituciones representativas no deban entrar de forma sistemática en dinámicas de resistencia del tipo de la desobediencia, por ejemplo. Pero no parece discutible, y sí posible, que unas instituciones gobernadas por fuerzas soberanistas deban preparar, apoyar y amparar a una sociedad que se niega a la perpetuación de conflicto y tiene derecho una solución, aunque deba buscarla, incluso, más allá de las instituciones y los procedimientos hoy vigentes. Debe ser, por tanto, la hora de la sociedad.
La vieja Europa
