Existe en España un grupo dedicado a preservar la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista. Lleva el nombre de Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y sus reclamos han llegado hasta el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de que colabore y tome parte de ese objetivo.
Esperan que la ONU obligue a España a abrir las fosas comunes donde se supone que se encuentran las personas desaparecidas durante la Guerra Civil. Pero la petición que efectúan incluye la entrega de sus restos a los familiares para que les den digna sepultura, que se cree una comisión de la verdad como en otros países donde ha habido dictaduras, y que se retiren de España todos los símbolos franquistas que "ofenden la dignidad de las víctimas". La Asociación destaca que son 30.000 los desaparecidos españoles a lo largo de la Guerra Civil y cita algunos casos masivos: en Mérida 3.500; en Oviedo 1.600; en Gijón 2.000; en Sevilla 2.500 y en Teruel la suma de 1.005. En realidad, toda España está llena de fosas. Y justamente por eso la ARMH, desbordada por las solicitudes formuladas desde todo el país, ha recurrido a las Naciones Unidas.
La iniciativa se apoya en la "Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas", de 1992, emitida por la ONU y firmada por España, como por casi todos los países del globo. La declaración obliga a todos los estados a disponer los medios necesarios para buscar a los desaparecidos o sus cadáveres.
Será difícil establecer con exactitud cuántos muertos causó la represión franquista. Sin embargo, la paulatina apertura de algunos archivos, sobre todo militares, ha permitido que el trabajo de los historiadores haya avanzado mucho en los últimos años. Según ellos, entre 1936 y 1943 hubo aproximadamente 150.000 víctimas mortales en actos de represalia, campos de concentración y trabajo y cárceles. A esa conclusión se arribó durante el desarrollo del congreso titulado "Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la Guerra Civil y el franquismo", celebrado durante octubre pasado en Cataluña. El congreso, pionero en España en tratar específicamente sobre estos temas, arrojó resultados escalofriantes. Según el historiador Javier Rodrigo, del Instituto Universitario Europeo de Florencia, en España funcionaron 104 campos de concentración.
Entre 1936 y 1939 pasaron por ellos alrededor de 370.000 personas, muchas de las cuales murieron por las malas condiciones higiénicas y alimentarias. Los campos cumplían la doble función de "depuración" y de "clasificación de los detenidos". En su interior los presos podían permanecer por un tiempo indeterminado a la espera de que llegaran cargos en su contra, o hasta ser integrados al ejército a modo de conscriptos, enviados a la cárcel, a batallones de trabajo o, directamente, podían ser fusilados.
El sistema de campos funcionó hasta 1942, pero las colonias penitenciarias y los batallones de trabajadores continuaron existiendo hasta bien avanzada la década de 1950. Según otros estudios, fueron aproximadamente 400.000 personas las que se vieron obligadas a estos trabajos forzados.
Tuvieron a su cargo el levantamiento de más de 30 embalses y canales, cárceles como la de Carabanchel, en Madrid; viaductos y líneas férreas, como la de Madrid-Burgos y Madrid-Galicia.
Construyeron fábricas, trabajaron en pozos mineros y fueron explotados por empresas privadas, recibiendo un 25% del salario que les correspondería. El otro 75% se lo quedaba el Estado.
La recuperación de la memoria histórica ha dado sus frutos institucionales. Tanto es así que el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, semanas atrás, una ley destinada a honrar la memoria y reconocer la tragedia de los llamados "esclavos del franquismo". Se trata de los republicanos que entre 1937 y 1970 fueron condenados a trabajos forzados.
España descubre en estos días que las dictaduras no mueren con sus promotores y jerarcas. Que sus marcas se prolongan en el tiempo y en el cuerpo social como heridas abiertas a la espera de ser descifradas y reconocidas. Por tal motivo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica apuesta, como tantos otros grupos y comisiones de la verdad formadas en coyunturas posdictatoriales, al fiel esclarecimiento de los hechos. Sólo así confirmarán que el régimen franquista es cosa del pasado.
Martín Lozada. Profesor de Derecho Internacional. Universidad Fasta - Bariloche
La vieja Europa
